Loredana Hernández Barboza, de 23 años y originaria de Venezuela, responde desde una ubicación desconocida a la que llama “el exilio”. Habla calmadamente, sonríe. “Me gusta bailar, me gusta mucho leer. Intento ser una persona resiliente, positiva”, se describe. Aún no encuentra una definición para eso que vive hoy: despertar entre paredes blancas en ese algo que “no es hogar”, lo mismo que enfrentan muchas familias de presos políticos en Latinoamérica.

Se trata de una persona que vive en una familia rota debido a la prisión política del régimen de Nicolás Maduro, igual que al menos otras 300. 

Hernández Da Costa fue condenado a 16 años de prisión acusado de conspiración, a pesar de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU exigió su liberación inmediata en 2020, tras documentar diversas violaciones a sus derechos humanos. Originalmente, se le acusó de ocho delitos, entre ellos, traición a la patria, asociación para delinquir y obstrucción a la justicia. “Durante tres años lo inculparon de todo”, recuerda Loredana. “48 horas antes le ofrecieron aceptar que había conspirado y entonces le quitaban los otros ocho delitos”. Las autoridades nunca pudieron probar ninguna de las imputaciones.

“Él nunca va a aceptar algo que no hizo”, afirma Loredana. Desde su perspectiva, su padre es una persona con principios. Más allá del uniforme, ella encuentra a “un ser muy correcto que hoy está tras las rejas”. Disciplina, transparencia y amor son los valores que asegura haber recibido de él.

A Loredana nadie le dijo cómo ver de frente la prisión política, mucho menos el exilio. Nadie parece saber cómo hacerlo. “He buscado manuales para entender la situación de mi padre”, confiesa. “Nadie nos prepara para eso, en la escuela y la casa siempre nos enseñan que si haces las cosas bien te va a ir bien, pero no nos dicen cómo lidiar con el caso contrario”.

“Me siento muy adolorida. Ya no es tristeza, ahora es dolor con desesperación porque me levanto y no tengo esperanzas”, comparte. Loredana sabe que su papá está vivo, pero asume el luto de la separación. “Como sé que mi papá está mal, yo siempre voy a estar mal”. 

“No puedo ser explícita en mis deseos de verlo libre porque pueden leerlo como que estoy tramando algo. Lo que hago es escribir lo mucho que lo amo, lo mucho que lo admiro”, comparte. “Al final, siempre termino triste y llorando. Es todo un proceso porque, aunque sé que es mi método de comunicar, es muy doloroso”.

Conserva la fe en la liberación y el reencuentro. Esa misma que la llevó a sumarse a la campaña “Latinoamérica Sin Presos Políticos”, que busca poner en la conversación pública alrededor de mil 400 casos solo en Nicaragua, Cuba y Venezuela, de donde Loredana debió salir por seguridad.

Definir lo que quedó atrás

Loredana tiene claro que en Venezuela hay una dictadura, pero —subraya— “para mí es algo sin nombre, no podría definir un sistema donde traten tan mal a las personas y se encarguen de destruir familias creando un problema colectivo, porque no es solo mi caso”.

De cualquier manera, todos los días escribe al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab Halabi. “Libere a mi padre” es el mensaje que cotidianamente manda a su bandeja de entrada. “Le escribo a los ministros, escribo a la delegación de Naciones Unidas y les mando la medida de liberación inmediata que ellos hicieron para recordarles que necesito que me acompañen en esta protesta”. 

“Es un Estado ilegal, que actúa de forma arbitraria”, califica. “Los ciudadanos no somos enemigos del Estado. Queremos que liberen a los presos políticos. No queremos que los destierren, queremos vivir en paz, porque el destierro es lo peor que se puede hacer contra una persona que ama tanto su país”.

Exilio a cambio de libertad: presos políticos en Nicaragua

Carlos Salinas Maldonado confiesa que lloró en el momento en que se enteró de que 222 personas habían sido expatriadas de Nicaragua. “Pero me sequé las lágrimas y me puse a trabajar”, dice. Él es uno de los periodistas que lograron huir antes de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les quitara la libertad: no pisó las cárceles de El Chipote —denunciada como centro de tortura por organismos de derechos humanos— ni La Modelo, pero tampoco ha vuelto a ver Managua ni su natal León desde hace al menos cinco años.

En la misma línea va la declaración del pasado 10 de febrero de Dora María Téllez —la ‘Comandante Dos’, como la llamaban sus compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional— : “Cada día que no me ahorcaba era un triunfo sobre Ortega”. El 9 de febrero, mientras su vuelo alcanzaba altura suficiente para llegar a Washington, la dictadura les convirtió en apátridas acusándolos de traición a la patria.

Para entender mejor: La liberación y la expulsión de los presos políticos en Nicaragua

“La ambición de una tiranía es la que de tu propio país se te vuelva extraño”, decía el escritor Sergio Ramírez en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2021, también exiliado por Ortega, y con orden de aprehensión luego de publicar su novela Tongolele no sabía bailar y de convertirse en uno de los críticos más duros de su otrora compañero de lucha. “Expatriados, despatriados, desterrados. Extrañados […] Pero entonces uno vuelve a la poesía”.

Como ellos, miles de personas se encuentran entre la migración y la diáspora —otras formas para llamar al exilio y al desplazamiento forzado— para no volverse un folio entre las más o menos mil 400 personas presas políticas en América Latina, según conteos recabados por “Latinoamérica Sin Presos Políticos”. La cifra no es exacta porque los regímenes autoritarios no transparentan sus atropellos.

Mientras tanto, centenares de familias siguen esperando la hora de los reencuentros.