Nicaragua liberó y expatrió a 222 presos políticos, pero se estima que otras mil 400 personas viven en esa situación en AL
Loredana Hernández Barboza, de 23 años y originaria de Venezuela, responde desde una ubicación desconocida a la que llama “el exilio”. Habla calmadamente, sonríe. “Me gusta bailar, me gusta mucho leer. Intento ser una persona resiliente, positiva”, se describe. Aún no encuentra una definición para eso que vive hoy: despertar entre paredes blancas en ese algo que “no es hogar”, lo mismo que enfrentan muchas familias de presos políticos en Latinoamérica.
Se trata de una persona que vive en una familia rota debido a la prisión política del régimen de Nicolás Maduro, igual que al menos otras 300.
Es hija del general Héctor Armando Hernández Da Costa, uno de los detenidos como probables responsables del atentado contra Maduro ocurrido el 4 de agosto de 2018, en el que drones kamikaze explotaron apenas a unos metros del mandatario durante su participación en un evento conmemorativo de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Hernández Da Costa fue condenado a 16 años de prisión acusado de conspiración, a pesar de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU exigió su liberación inmediata en 2020, tras documentar diversas violaciones a sus derechos humanos. Originalmente, se le acusó de ocho delitos, entre ellos, traición a la patria, asociación para delinquir y obstrucción a la justicia. “Durante tres años lo inculparon de todo”, recuerda Loredana. “48 horas antes le ofrecieron aceptar que había conspirado y entonces le quitaban los otros ocho delitos”. Las autoridades nunca pudieron probar ninguna de las imputaciones.
“Él nunca va a aceptar algo que no hizo”, afirma Loredana. Desde su perspectiva, su padre es una persona con principios. Más allá del uniforme, ella encuentra a “un ser muy correcto que hoy está tras las rejas”. Disciplina, transparencia y amor son los valores que asegura haber recibido de él.
Dolor y desesperación
A Loredana nadie le dijo cómo ver de frente la prisión política, mucho menos el exilio. Nadie parece saber cómo hacerlo. “He buscado manuales para entender la situación de mi padre”, confiesa. “Nadie nos prepara para eso, en la escuela y la casa siempre nos enseñan que si haces las cosas bien te va a ir bien, pero no nos dicen cómo lidiar con el caso contrario”.
“Me siento muy adolorida. Ya no es tristeza, ahora es dolor con desesperación porque me levanto y no tengo esperanzas”, comparte. Loredana sabe que su papá está vivo, pero asume el luto de la separación. “Como sé que mi papá está mal, yo siempre voy a estar mal”.
Lo recuerda feliz: “Somos responsables, disciplinados, pero sobre todo somos muy alegres”. Han escrito una canción en conjunto, mediante cartas que deben redactarse con sumo cuidado pues el gobierno las leerá antes de entregarlas.
“No puedo ser explícita en mis deseos de verlo libre porque pueden leerlo como que estoy tramando algo. Lo que hago es escribir lo mucho que lo amo, lo mucho que lo admiro”, comparte. “Al final, siempre termino triste y llorando. Es todo un proceso porque, aunque sé que es mi método de comunicar, es muy doloroso”.
Conserva la fe en la liberación y el reencuentro. Esa misma que la llevó a sumarse a la campaña “Latinoamérica Sin Presos Políticos”, que busca poner en la conversación pública alrededor de mil 400 casos solo en Nicaragua, Cuba y Venezuela, de donde Loredana debió salir por seguridad.
“Queremos que nos acompañen”, pide. “Me alegra muchísimo que otros países latinoamericanos no estén en una dictadura, pero es importante mirar a nuestra historia y ser conscientes de que tú, yo o cualquiera puede estar en esta situación. Aprendamos de nuestra historia”.
Definir lo que quedó atrás
Loredana tiene claro que en Venezuela hay una dictadura, pero —subraya— “para mí es algo sin nombre, no podría definir un sistema donde traten tan mal a las personas y se encarguen de destruir familias creando un problema colectivo, porque no es solo mi caso”.
De cualquier manera, todos los días escribe al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab Halabi. “Libere a mi padre” es el mensaje que cotidianamente manda a su bandeja de entrada. “Le escribo a los ministros, escribo a la delegación de Naciones Unidas y les mando la medida de liberación inmediata que ellos hicieron para recordarles que necesito que me acompañen en esta protesta”.
“Es un Estado ilegal, que actúa de forma arbitraria”, califica. “Los ciudadanos no somos enemigos del Estado. Queremos que liberen a los presos políticos. No queremos que los destierren, queremos vivir en paz, porque el destierro es lo peor que se puede hacer contra una persona que ama tanto su país”.
Exilio a cambio de libertad: presos políticos en Nicaragua
Carlos Salinas Maldonado confiesa que lloró en el momento en que se enteró de que 222 personas habían sido expatriadas de Nicaragua. “Pero me sequé las lágrimas y me puse a trabajar”, dice. Él es uno de los periodistas que lograron huir antes de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les quitara la libertad: no pisó las cárceles de El Chipote —denunciada como centro de tortura por organismos de derechos humanos— ni La Modelo, pero tampoco ha vuelto a ver Managua ni su natal León desde hace al menos cinco años.
En la misma línea va la declaración del pasado 10 de febrero de Dora María Téllez —la ‘Comandante Dos’, como la llamaban sus compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional— : “Cada día que no me ahorcaba era un triunfo sobre Ortega”. El 9 de febrero, mientras su vuelo alcanzaba altura suficiente para llegar a Washington, la dictadura les convirtió en apátridas acusándolos de traición a la patria.
Para entender mejor: La liberación y la expulsión de los presos políticos en Nicaragua
“La ambición de una tiranía es la que de tu propio país se te vuelva extraño”, decía el escritor Sergio Ramírez en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2021, también exiliado por Ortega, y con orden de aprehensión luego de publicar su novela Tongolele no sabía bailar y de convertirse en uno de los críticos más duros de su otrora compañero de lucha. “Expatriados, despatriados, desterrados. Extrañados […] Pero entonces uno vuelve a la poesía”.
Como ellos, miles de personas se encuentran entre la migración y la diáspora —otras formas para llamar al exilio y al desplazamiento forzado— para no volverse un folio entre las más o menos mil 400 personas presas políticas en América Latina, según conteos recabados por “Latinoamérica Sin Presos Políticos”. La cifra no es exacta porque los regímenes autoritarios no transparentan sus atropellos.
Mientras tanto, centenares de familias siguen esperando la hora de los reencuentros.
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La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abre las puertas para que empresas privadas asuman funciones de la industria petrolera venezolana que previamente estaban reservadas para el Estado.
Un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez pusiera en marcha un polémico proceso de estatización de la industria petrolera en Venezuela, el país sudamericano acaba de dar media vuelta para abrirles los brazos (y los pozos) a muchas de esas mismas empresas internacionales que hace dos décadas fueron expropiadas y estatizadas.
Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos orientada básicamente a abrir las puertas para que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la explotación petrolera en formas en las que legalmente no podían hacerlo desde 1976, cuando se produjo la nacionalización del petróleo.
Aunque estas compañías siempre han mantenido algún tipo de presencia en el negocio petrolero venezolano, desde que se produjo la nacionalización petrolera en 1976 el Estado venezolano ha tenido una gran preponderancia que se acentuó mucho durante la presidencia de Chávez.
“50 años y 28 días después, hoy concluye formalmente la etapa de la nacionalización petrolera. También hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”, escribió en la red X este jueves José Ignacio Hernández, un abogado venezolano experto en derecho constitucional y administrativo que trabaja como consultor para empresas internacionales.
En otro mensaje, Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), pareció coincidir con esta visión.
“Hoy fue sepultado el modelo de soberanía petrolera de Chávez. El sector privado puede producir y exportar crudo. La participación del Estado puede ser reducida a niveles mínimos, a discreción del Ministerio, sin consultar a la Asamblea Nacional. El fin de la revolución”, escribió.
El nuevo giro se produce a menos de un mes de la operación militar con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; y tras la cual el gobierno de Donald Trump anunció que su país iba a recuperar la industria petrolera venezolana y que las grandes petroleras estadounidenses iban a invertir hasta US$100.000 millones en ello.
Desde entonces, EE.UU. ha asumido un rol preponderante en el negocio petrolero en Venezuela al punto de hacerse cargo de vender el crudo y de administrar el fruto de sus ventas.
El gobierno de Trump ha dejado claro que espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siga sus instrucciones insinuando no tan veladamente que, de lo contrario, podría correr una suerte similar a la de Maduro.
Fue Rodríguez quien puso en marcha el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos la semana pasada.
¿Cuáles son los principales cambios?
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos está dirigida a atraer la inversión privada en el sector petrolero de Venezuela y, para lograrlo, está dando un paso inédito al permitir que empresas privadas asuman “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a la estatal Pdvsa.
En el caso de las empresas mixtas (conformadas por asociaciones entre Pdvsa y compañías privadas, en las que la estatal venezolana seguirá teniendo al menos una participación del 50%) se permitirá que el socio minoritario pueda asumir las riendas.
Además, por primera vez se abre la puerta para que estas empresas privadas comercialicen el crudo.
Orlando Ochoa, consultor económico independiente y senior visiting fellow en el Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido), explica a BBC Mundo que, aunque estos cambios relacionados con la gestión son una novedad dentro de la ley, en la práctica era algo que ya se venía haciendo con las empresas Chevron, Repsol y la empresa francesa Maurel & Prom.
Algo similar ocurre con la comercialización del crudo. “En la práctica Chevron ya lo venía haciendo, a Repsol se le autorizó y Maurel & Prom también. Además, la ley dice ‘permitirá’ por lo que se mantiene una amplia discrecionalidad estatal”, agrega.
Otros cambio importante se produce en relación con las regalías y los impuestos que deben pagar estas empresas al participar en la actividad petrolera venezolana.
La nueva Ley de Hidrocarburos mantiene la regalía que deben pagar las empresas por explotar el crudo venezolano en un 30%, pero establece la posibilidad de que ese porcentaje se rebaje en función de la viabilidad económica del proyecto.
También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del impuesto sobre la renta por la misma causa.
Además, se derogó una ley que obligaba a las empresas a pagar contribuciones especiales al fisco cuando el precio del petróleo alcanza “precios extraordinarios” y se eliminó la obligación que tenían de pagar una serie de impuestos previstos en leyes de áreas muy diversas como ciencia y tecnología, deportes, lucha contra las drogas, pensiones.
“En términos fiscales, hay una racionalización inicial al eliminar las cargas parafiscales e impuestos estatales o municipales que tendían a sobrecargar. Sin embargo, queda una alta discrecionalidad en los términos fiscales, pues quedará por determinar en qué casos se aplica una regalía y una tasa de impuesto sobre la renta y en cuáles otra”, apunta Ochoa.
Otro cambio relevante se produce con la introducción de la posibilidad de dirimir cualquier conflicto en relación con esos contratos petroleros a través de mecanismos alternativos de resolución de competencias como el arbitraje.
Este es un elemento de mucho interés para las empresas extranjeras, sobre todo, después de la experiencia de las estatizaciones realizadas por Chávez de forma forzosa.
Orlando Ochoa advierte, no obstante, que el texto de la ley habla de “arbitraje independiente”, pero no especifica que se trate de “arbitraje internacional”, por lo que el texto queda un poco ambiguo en este tema.
En todo caso, la cuestión de un posible arbitraje internacional en asuntos petroleros levanta polémica en Venezuela tanto por razones políticas como jurídicas, pues la Constitución prevé que los contratos de interés público deben resolverse en los tribunales nacionales y no darán lugar a reclamos internacionales, y estos contratos petroleros tienen una gran probabilidad de ser considerados como de interés público.
Ochoa considera probable que los términos de este tipo de mecanismos se establecerán de forma específica en los términos y condiciones de cada contrato.
Sin embargo, mientras exista esa previsión en la Constitución sobre los contratos de interés público habrá un cierto margen para la impugnación y la polémica.
Esta posibilidad, de hecho, se conecta con otra modificación relevante a la Ley de Hidrocarburos, pues en su nueva versión ya no exige que el Parlamento venezolano apruebe los contratos petroleros suscritos por el Ejecutivo, sino que simplemente establece que el Legislativo debe ser informado sobre los mismos.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó que el texto no mantuviera el requerimiento de que los contratos fueran aprobados por el Parlamento y argumentó que se trata de acuerdos de “interés público”.
Una reforma cuestionada…¿e insuficiente?
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha recibido duras críticas desde perspectivas muy diversas.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como “un retroceso histórico” que forma parte de “una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera”.
Mientras que Andrés Izarra, quien fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, publicó un artículo en el que consideraba como inconstitucionales muchos de los cambios por, entre otras cosas, transferir a agentes privados actividades petroleras reservadas al Estado.
“La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan”, escribió en un artículo publicado en la web Aporrea.org.
Expertos petroleros como Francisco Monaldi han considerado la ley como “muy deficiente” y han criticado la excesiva discrecionalidad que otorga al gobierno.
Orlando Ochoa considera la ley como un paso importante en la dirección correcta al reducir el peso del Estado y abrir un espacio para el sector privado, pero también apunta deficiencias.
“Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, algo que no estaría mal si hubiera una trayectoria razonable, el problema es que en los últimos 20 años Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos de deuda, suspendió pagos a contratistas y a socios. Todo esto antes de las sanciones”, señala.
“Entonces, en el contexto de las empresas mixtas queda un socio estatal que, pese a ser mayoritario, tiene poco músculo financiero y poca capacidad técnica”.
Ochoa considera que estos cambios generan un estímulo para las empresas que ya están operando en Venezuela porque ahora tendrán un mejor marco de términos y condiciones. Sin embargo, cree que se debe ir más allá.
“Si Venezuela quiere atraer nuevas empresas internacionales para levantar realmente la producción tiene que hacer mucho más que esto”, dice.
Frente a las críticas que ha recibido la reforma, tanto Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han señalado la necesidad de que Venezuela saque provecho del hecho de tener las mayores reservas probadas del mundo, extrayendo el crudo para poner esa riqueza en función del desarrollo del país.
No es un argumento nuevo para los venezolanos.
Ideas similares sustentaron la Apertura petrolera, un proceso impulsado en la década de 1990 cuando Venezuela quería aumentar su producción petrolera pero no disponía de los recursos para hacerlo, por lo que recurrió a autorizar contratos de servicio para que empresas privadas participaran en la producción petrolera.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición contra el país y fue con miras a ponerle fin que inició su estatización petrolera en 2001.
“Es positiva para el país, es la siembra del petróleo, es la diversificación de la economía, es darle mayor solidez a la industria petrolera”, declaró Chávez.
“De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las razones de esto es el mal manejo de la industria petrolera”, agregó según reseñó BBC Mundo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces.
En aquel momento, Venezuela producía 2,8 millones de barriles de petróleo diarios y era el cuarto productor de petróleo del mundo. En la actualidad, es el productor número 20 y extrae menos de un millón de barriles diarios.
En cuanto a la pobreza, cifras de la Cepal ubicaban la pobreza en 2001 en un 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar este dato sobre Venezuela hace más de una década al no recibir más información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, registra que 73,2% de los hogares en Venezuela se encuentran en situación de pobreza de ingresos, de esos 36,5% se ubican en situación de pobreza extrema, según datos de 2024.
Así, al parecer, ciertamente Venezuela requiere ahora más que nunca convertir esa riqueza en el subsuelo en desarrollo para sus ciudadanos.
La pregunta es si los cambios que se están dando serán suficientes para conseguirlo.
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