Secretaria de Seguridad de EU acusa a Sheinbaum de incitar protestas en Los Ángeles; “es absolutamente falso”, dice la presidenta
En medio de la ola de manifestaciones por las redadas contra migrantes ordenadas por el gobierno de Donald Trump, y el reciente despliegue de 700 marines en Los Ángeles, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las protestas.
“Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y yo la condeno por eso. Ella no debería estar animando protestas violentas como las que estamos viendo”, declaró.
“La gente tiene derecho a protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable”, declaró en un evento al que también asistió el mandatario estadounidense.
🔴Acusan a Sheinbaum de incitar protestas violentas
En la Oficina Oval, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EU, acusó a la presidenta mexicana de fomentar protestas.
“Claudia Sheinbaum salió e incitó a más protestas en Los Ángeles, y la condeno por eso. No debería… pic.twitter.com/d70AVmYM2q
— Azucena Uresti (@azucenau) June 10, 2025
Durante su intervención, Noem también defendió la facultad de Donald Trump de enviar a elementos de la Guardia Nacional a Los Ángeles.
“Estoy increíblemente orgullosa del presidente por activar a los guardias nacionales y por enviar a estos marines”, añadió.
Los enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad comenzaron el viernes 6 de junio en Los Ángeles, la segunda ciudad del país en número de habitantes y hogar de una importante población latina, tras decenas de arrestos llevados a cabo por la policía federal de inmigración (ICE).
La Cancillería informó que 42 migrantes mexicanos fueron detenidos; cuatro de ellos ya fueron deportados.
Sheinbaum responde a Kristi Noem
Luego de la declaración de Kristi Noem, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que eso era “absolutamente faso” y publicó un video con la declaración que hizo en la que condena las manifestaciones violentas.
“Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores, que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México. Estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones y que este malentendido se aclarará”, escribió en su mensaje.
¿Qué ha dicho Sheinbaum sobre las protestas?
Apenas el lunes, Sheinbaum hizo un llamado a los mexicanos en Estados Unidos a no caer en provocaciones y manifestarse de manera pacífica.
“No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro que condenamos la violencia venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones”, dijo.
La mandataria condenó los actos violentos e indicó que se continuarán utilizando todos los canales diplomáticos y legales para expresar la inconformidad de su gobierno con las prácticas que criminalizan la migración.
Asimismo, Sheinbaum hizo un “llamado respetuoso pero firme” al gobierno de Estados Unidos a actuar de acuerdo con el debido proceso, respetando la dignidad humana y al Estado de Derecho en los procesos migratorios
Esta mañana, la mandataria hizo un llamado a Estados Unidos para apostar por una reforma migratoria integral que reconozca el papel de los mexicanos en su sociedad y que son necesarios para la economía de ese país.
Además, reiteró que no es con redadas ni con violencia como se debe atender el tema migratorio, sino con una reforma.
🇲🇽”No es con redadas, ni violencia”: la presidenta @Claudiashein considera que se debe implementar una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos.
Añadió que “son necesarios para la economía de EU” y deben ser reconocidos pic.twitter.com/UV5Og7htvy
— Animal Político (@Pajaropolitico) June 10, 2025
Trump llama “insurrectos y agitadores” a quienes protestan en Los Ángeles
Donald Trump culpó de los disturbios en Los Ángeles a quienes llamó “insurrectos” y “agitadores profesionales”, tras enviar militares de la Guardia Nacional para sofocar las protestas contra las redadas migratorias.
“Son malas personas, deberían estar en la cárcel”, añadió.
Además, aprovechó para criticar al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, considerado como posible candidato presidencial para 2028.
“Ha hecho un trabajo pésimo. Mire, me cae bien Gavin Newsom, es una buena persona, pero es tremendamente incompetente, todo el mundo lo sabe”, declaró.
Newsom desafió al zar fronterizo de Trump, Tom Homan, durante el fin de semana a que lo arrestara, después de que afirmara que el gobernador y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían enfrentar cargos federales por intentar obstaculizar a los agentes de inmigración.
“Yo lo haría si fuera Tom”, dijo Trump sobre si Homan debería detener a Newsom.
El gobernador de California criticó la decisión “demente” del “dictatorial” de Trump, de desplegar cientos de marines en Los Ángeles después de días de protestas contra las redadas antiinmigrantes.
“Los marines de Estados Unidos han servido honorablemente en múltiples guerras en defensa de la democracia”, publicó Newsom en X. “No deberían ser desplegados en suelo estadounidense enfrentándose a sus propios compatriotas para cumplir la fantasía demente de un presidente dictatorial. Esto es poco estadounidense”, añadió.
Con información de AFP.
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El gobierno dice que la ley “devuelve la dignidad” a los militares y policías que combatieron el terrorismo, pero las familias de las víctimas denuncian que se abre la puerta a la impunidad.
Los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno siguen coleando y generando polémica en Perú.
La presidenta Dina Boluarte, promulgó este miércoles una ley que amnistía a los militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la guerra que enfrentó al Estado peruano y las guerrillas de ultraizquierda de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000.
En un acto solemne en el Palacio de Gobierno de Lima en el que estuvo acompañada por los diputados que promovieron su aprobación y de altas autoridades, Boluarte firmó una ley que, dijo, hace “justicia” y “honra” a quienes lucharon contra el “terrorismo”.
“Muchos de estos hombres y mujeres entregaron su vida en defensa de la paz que hoy gozamos. Otros sobrevivieron, pero cargaron durante años con el peso de juicios interminables, de acusaciones injustas, de un dolor que no solo alcanzó a ellos, sino también a sus familias”, declaró.
Con la ley, dijo la presidenta, “les devolvemos la dignidad que nunca debió ser cuestionada”.
La ley desató la indignación de los familiares de las víctimas.
“La ley premia a los violadores de derechos humanos y cierra las investigaciones aún en curso”, denunció Gisela Ortiz, portavoz de las víctimas de la matanza de La Cantuta de 1992, en la que miembros del servicio de inteligencia y de la Policía secuestraron y asesinaron a diez personas en una universidad de los alrededores de Lima.
Teófila Ochoa, sobreviviente de la masacre de 69 personas de una comunidad indígena perpetrada por una patrulla militar en Accomarca en agosto de 1985, dijo que le “duele como peruana” que se aprueben leyes para que “sean libres los asesinos que han quemado, matado y violado a nuestros familiares”.
Tania Pariona, de la Coordinadora de Derechos Humanos, una organización local, le dijo a BBC Mundo que “la amnistía busca imponer una política de olvido forzoso sobre los hechos ocurridos entre 1980 y 2000, cuando hay familias que llevan décadas esperando a recibir justicia”.
La medida también ha sido cuestionada fuera de Perú.
Un grupo de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió en julio que la aprobación de la amnistía pondría al Estado peruano “en claro incumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, cuyas normas “prohíben amnistías o indultos por crímenes tan graves”.
Y la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nancy Hernández López, requirió al Estado peruano que suspendiera la tramitación de la polémica ley hasta que el tribunal regional analice cómo afecta su contenido a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dos de las más destacadas de aquellos años y por los que fue condenado el entonces presidente Alberto Fujimori.
El conflicto peruano dejó cerca de 70.000 muertos, un 30% causados por agentes del Estado, según estimó el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
A quién beneficia la amnistía
La norma amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú “que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000”.
Los miembros de estas organizaciones que ya hayan sido condenados disfrutarán de la amnistía si han cumplido 70 años, lo que, según las organizaciones de víctimas, permitirá que, dado el tiempo transcurrido, todos ellos salgan de la cárcel o queden sin castigo.
La norma beneficia también a los milicianos de los Comités de Autodefensa, una especie de patrullas ciudadanas que proliferaron durante el conflicto en las zonas con una menor presencia de las fuerzas estatales.
Entre los potenciales beneficiados por la medida están mandos militares que han eludido la acción de la justicia, como el general José Valdivia Dueñas, que mandaba las fuerzas que en mayo de 1988 acabaron con la vida de 29 personas en Cayara, Ayacucho.
Otros, como Santiago Martín Rivas, encarcelado por liderar el llamado Grupo Colina, el comando que perpetró las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, podrían salir de prisión sin haber cumplido su condena ni indemnizado a las víctimas.
Otro que podría ser liberado es Telmo Hurtado, un exmilitar conocido como el “carnicero de los Andes”, condenado en 2016 a 23 años de cárcel por dirigir la matanza de Accomarca.
“No hay una cifra oficial, pero tenemos certeza de por lo menos 156 casos con sentencia firme y 600 en proceso que quedarían cancelados”, dijo Pariona, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Quién promovió la amnistía y por qué
La ley de Amnistía fue aprobada con los votos de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, condenado por crímenes contra los derechos humanos y delitos de corrupción cometidos durante su mandato.
Otros congresistas de derecha votaron a favor, entre ellos el almirante retirado Jorge Montoya, quien redactó el proyecto y se quejó porque “más de 1.200 familias” de policías y militares han sufrido durante años las llamadas de la Fiscalía a sus seres queridos.
El fujimorista Fernando Rospigliosi, defensor de la ley, dijo que con él se hace justicia a “quienes con coraje y amor a la patria” se enfrentaron al “terrorismo”.
Qué puede pasar ahora
Las organizaciones de víctimas han iniciado protestas y medidas legales para impedir la aplicación de la amnistía.
Tienen sus esperanzas puestas en la CIDH, que les ha dado la razón otras veces.
La presidenta de este tribunal internacional ha convocado a los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta a una audiencia pública sobre el tema el próximo 21 de agosto a la que también ha citado al Estado peruano.
Pero Perú ya ha ignorado algunas de sus resoluciones desde que Dina Boluarte es presidenta, como cuando liberó Fujimori en virtud de un polémico indulto que la corte consideró ilegal.
Semanas antes de firmar la ley, Boluarte proclamó que “Perú no es colonia de nadie”. “No permitiremos la intervención de la Corte”, prometió.
Sin embargo, hay voces que sostienen que serán los jueces quienes finalmente decidan en cada caso si se aplica la amnistía.
Mantienen que la ley es inconstitucional y quebranta los compromisos adquiridos por Perú como estado firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que podrían aplicar el principio jurídico conocido como “control difuso de constitucionalidad” o “convencionalidad”, que permite a un juez dejar de aplicar en un caso de su competencia una norma que le parezca contraria a la Constitución peruana o a la citada Convención.
Según Omar Cairo, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “todos los jueces peruanos, por mandato del articulo 138 de la Constitución, tienen el deber de inaplicar la Ley de Amnistía”.
David Lovatón, asesor legal de DPLF, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y el estado de derecho en América Latina, pronostica que “Ciertamente los militares, policías y civiles investigados, procesados o condenados por graves violaciones de derechos humanos exigirán la aplicación de esta ley en las respectivas carpetas fiscales o procesos judiciales, pero corresponderá a los jueces evaluar si procede –o no–, constitucional y convencionalmente, este pedido”.
Lovatón cree que “esta nueva Ley de Amnistía es claramente incompatible con la Convención Americana a la luz de la sostenida jurisprudencia de la Corte Interamericana a partir del caso Barrios Altos vs. Perú del año 2001, que ha proscrito en nuestro continente toda norma o medida estatal como amnistías, indultos o prescripciones, que pretendan la impunidad de graves violaciones de derechos humanos”.
Lo más probable es que la controversia jurídica sobre los crímenes cometidos en el conflicto peruano continuará, un nuevo ejemplo de que aún supuran heridas que al país le cuesta cerrar.
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