Israel acusa a Hamás de incumplir puntos del proyecto de tregua en Gaza para “obtener concesiones” mientras bombardea Palestina
Israel acusó a Hamás de dar marcha atrás en algunos puntos del frágil acuerdo de tregua y liberación de rehenes en la guerra de Gaza, y efectuó nuevos bombardeos, a la espera de que su gobierno dé luz verde al proyecto anunciado.
La tregua, anunciada por los mediadores Catar y Estados Unidos el miércoles, entraría en vigor el domingo e implicaría el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, que una vez finalizado pondría fin a la guerra de más de 15 meses que ha dejado decenas de miles de muertos en Gaza.
Pero la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que Hamás “ha incumplido partes del acuerdo alcanzado con los mediadores e Israel en un intento por obtener concesiones de último minuto”, en un comunicado.
Y advirtió que su gabinete no se reunirá para aprobar el acuerdo “hasta que los mediadores hayan notificado a Israel que Hamás ha aceptado todos los elementos del acuerdo”, agregó el texto.
De su lado, un alto dirigente de Hamás, Sami Abu Zuhri, rechazó estas acusaciones y aseguró que no tenían “ningún fundamento”.
En Gaza, la Defensa Civil indicó que Israel había bombardeado varias zonas del territorio palestino desde el anuncio del acuerdo, matando al menos a 73 personas e hiriendo a cientos.
En respuesta, el brazo armado del movimiento palestino Hamás advirtió que los continuos bombardeos israelíes en Gaza, tras el anuncio de un acuerdo de tregua que entrará en vigor en los próximos días, ponen en peligro a los rehenes que serían liberados.
“En este estadio, cualquier agresión y bombardeo del enemigo podría convertir la libertad de un prisionero en tragedia”, declararon las Brigadas Ezedin Al Qasam en Telegram, que afirmaron que durante la jornada, los ataques israelíes golpearon una posición donde se encontraba una rehén, sin dar más detalles sobre su suerte.
Celebraciones y angustia tras anuncio de tregua en Gaza
Tras más de un año en punto muerto, las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás se aceleraron en los últimos días antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deje la Casa Blanca para ser reemplazado el lunes por el republicano Donald Trump.
Varios países y organizaciones celebraron el pacto, recibido con júbilo en una Franja de Gaza devastada por la guerra que estalló el 7 de octubre de 2023 por el sangriento ataque de Hamás en Israel que dejó mil 210 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP en base a los datos oficiales israelíes.
Los comandos islamistas también se llevaron a 251 personas a Gaza, algunas de ellas ya muertas. El ejército israelí afirma que 94 siguen retenidas, aunque 34 de ellas sin vida.
Tras el asalto, Israel emprendió una campaña en la Franja de Gaza que se ha cobrado la vida de al menos 46 mil 707 personas, sobre todo civiles, según datos del Ministerio de Salud gazatí que la ONU considera fiables.
Los “detalles finales” del acuerdo todavía están cerrándose, afirmó la oficina de Netanyahu. El consejo de ministros de Israel tiene que reunirse este jueves para examinarlo y aprobarlo.
Mientras tanto, en Israel y Gaza, hubo celebraciones pero también angustia. Un residente de Ciudad de Gaza Fadl Naeem dijo a AFP que se sentía “muy feliz, pero al mismo tiempo, [tenía] una profunda tristeza”.
“Hemos perdido nietos, padres, hermanos, primos, vecinos y nuestras casas” en la guerra, dijo.
Por su parte, en Tel Aviv, el jubilado Simon Patya dijo que sentía una “gran alegría” de que algunos rehenes regresaran vivos, pero también una “gran tristeza por aquellos que regresan en bolsas, y eso será un golpe muy fuerte, moralmente”.
Dos líderes de partidos de extrema derecha en el gabinete de Netanyahu se opusieron públicamente al acuerdo, entre ellos el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que lo consideró “peligroso”, y su par Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que lo calificó de “desastroso”.
Los principales puntos del acuerdo fueron revelados por el primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, y por Joe Biden, países que junto a Egipto mediaron entre ambas partes.
El pacto prevé una primera fase de seis semanas a partir del domingo en la que se implementará un alto el fuego, se liberarán 33 rehenes y las tropas israelíes se retirarán de las zonas densamente pobladas.
Segunda fase del alto al fuego en Gaza sigue en negociaciones
La segunda fase, todavía en negociación, contempla la liberación del resto de rehenes y la retirada de las tropas israelíes, dijo Biden.
La tercera y última fase se centrará en la reconstrucción del devastado territorio palestino y en la devolución de los cadáveres de los rehenes muertos.
El primer ministro catarí explicó que se instalará en El Cairo un mecanismo de seguimiento gestionado por Egipto, Catar y Estados Unidos para que cumpla el acuerdo.
Biden aseguró que el acuerdo implicará un alto al fuego “completo y total” en la primera fase y el “fin definitivo de la guerra” en la segunda.
También anticipó un aumento de la ayuda humanitaria para la población de Gaza.
La UE anunció el jueves un paquete excepcional de 123 millones de dólares para abordar la crisis humanitaria en el territorio palestino.
Lastrada por la pobreza, el desempleo y un bloqueo israelí impuesto desde 2007, la asediada Franja quedó devastada por la guerra y la mayoría de sus 2.4 millones de habitantes fueron desplazados y viven en duras condiciones.
“No puedo creer que esta pesadilla de más de un año esté llegando a su fin”, dijo Randa Sameeh, una desplazada de Ciudad de Gaza en el campo de refugiados de Nuseirat.
También lee: Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, testifica por primera vez en su juicio por corrupción
El acuerdo no resuelve el suspense sobre el futuro político de este territorio, controlado desde 2007 por un Hamás ahora muy débil.
Israel se opone a que sea ahora administrado por Hamás o la Autoridad Palestina, que dirige con competencias limitadas Cisjordania, pero los palestinos rechazan cualquier injerencia extranjera.
Relacionado
La ley Laken Riley podría entrar en vigor antes de que comience su mandato Donald Trump, que ha prometido mano dura contra la inmigración ilegal.
Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación.
Lo recoge una nueva y polémica ley que podría entrar en vigor incluso antes de que el próximo lunes 20 de enero Donald Trump inicie su mandato como presidente del país norteamericano.
El aún proyecto de ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado, es obra del Partido Republicano de Trump pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas.
La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
Sus defensores creen que aumentará la seguridad ciudadana, mientras las voces críticas aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los migrantes.
Analizamos en qué consiste esta ley, cuáles serán sus repercusiones y por qué es tan polémica.
Así es la ley
El nombre de la ley, Laken Riley, es el de una estudiante de enfermería de 22 años brutalmente asesinada en febrero del año pasado en el estado de Georgia.
El venezolano de 26 años José Ibarra interceptó a Riley mientras hacía ejercicio en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, intentó violarla y, como la víctima se resistía, la golpeó hasta la muerte, según lo revelado en el juicio.
Ibarra, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre, es un migrante indocumentado venezolano que tenía pendientes acusaciones previas de al menos dos delitos menores en Estados Unidos, uno de ellos el hurto de varios productos en un supermercado.
El caso generó conmoción en la sociedad estadounidense. Los conservadores argumentaron que, si el agresor hubiera sido detenido y expulsado por sus casos previos, Laken Riley todavía estaría viva.
Esto llevó al Partido Republicano a proponer, un mes después del suceso, una ley específica para evitar casos similares.
De hecho, bajo la ley Laken Riley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.
La ley se alinea con las políticas de línea dura que Trump previsiblemente aplicará en su próximo mandato.
El republicano prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, enfocándose inicialmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La ley Laken Riley, según algunos expertos, facilitará la deportación de quienes estén acusados de cometer estos delitos menores, que se tramitará durante su arresto y sin necesidad de juicio.
Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.
Por otro lado, las autoridades de cada estado podrán demandar al gobierno federal si creen que no está aplicando correctamente las leyes sobre migración.
Los incumplimientos denunciables de Washington incluirían liberar a migrantes en custodia, no arrestar a personas con orden de expulsión, otorgar libertad condicional de forma inadecuada a irregulares o no aplicar restricciones de visados a los países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EU.
La tramitación
La ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado controlado por los demócratas y regresó a la cámara baja.
El pasado 7 de enero los congresistas la volvieron a aprobar con 264 votos a favor, (entre ellos 48 demócratas) y avanzó de nuevo al Senado.
Allí corrió mejor suerte que en la primera ocasión, ya que todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter a debate el texto para su posible enmienda y aprobación.
Expertos señalan que la derrota en las elecciones de 2024, en las que la inmigración fue un tema central de campaña, ha llevado a muchos demócratas a respaldar propuestas más restrictivas en esta materia, e incluso el propio partido está cambiando su enfoque al respecto.
“Estoy a favor de dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como ésta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto”, afirmó recientemente John Fetterman, senador del Partido Demócrata por Pensilvania, uno de los “estados péndulo” que cambiaron su voto a republicano el pasado noviembre.
La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días, y según analistas, existe la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el día 20 en la Casa Blanca.
En todo caso, está en fase de deliberaciones y existen discrepancias entre republicanos y demócratas sobre su contenido final.
Mientras los republicanos defienden aprobar el texto íntegro original, los demócratas han señalado su intención de enmendar aspectos controvertidos, como la posibilidad de detener y deportar, sin necesidad de pruebas ni juicio, a migrantes acusados de pequeños delitos.
Por qué es polémica
La aparente violación de la presunción de inocencia de los detenidos es el aspecto más polémico de esta nueva ley, que ha generado una oleada de críticas de quienes la consideran incompatible con los valores democráticos y constitucionales de Estados Unidos.
Sus defensores argumentan que, al privar de libertad o expulsar a presuntos delincuentes, se protegerá a las comunidades de delitos cometidos por personas en situación irregular.
También sostienen que la posibilidad de deportación por delitos menores disuadirá a los migrantes indocumentados de involucrarse en actividades ilegales.
Mientras, las voces críticas la consideran una amenaza a las protecciones constitucionales y un retroceso en los principios de justicia.
“Es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva; se puede detener a cualquier cantidad de personas y meterlas en el sistema de justicia penal simplemente por haber sido acusadas, sin condena ni admisión de culpabilidad”, declaró este domingo en un programa televisivo Pramila Jayapal, una de los congresistas que han criticado el proyecto de ley en el dividido Partido Demócrata.
Los detractores de esta polémica legislación argumentan que la detención sin fianza de cualquier migrante acusado -aunque no necesariamente condenado- de delitos menores como el hurto eliminaría el derecho a audiencias individualizadas, algo garantizado incluso en casos de delitos graves en el sistema de justicia penal.
Esto plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés).
El NILC también advierte que obligar a las autoridades migratorias a detener a las personas antes de que puedan asistir a sus audiencias penales podría obstaculizar gravemente el trabajo de los fiscales, aumentar el caos en los tribunales y complicar la resolución de casos criminales.
Los detractores de la ley también creen que la avalancha de trabajo que caería sobre jueces y fiscales por delitos menores como hurtos o robos les restaría tiempo y recursos para abordar casos de delitos más graves.
La organización Voto Latino argumenta que la ley no mejorará la seguridad pública ya que no hay evidencia de una correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad.
Esta ONG considera la ley Laken Riley una herramienta política para estigmatizar a los migrantes y acentuar las divisiones sociales.
Otro aspecto polémico es la capacidad que la ley otorga a los estados para demandar al gobierno federal sobre acciones relacionadas con políticas migratorias.
Según el NILC, esto podría convertir los tribunales en escenarios de interminables disputas entre los estados y Washington, obstaculizando la implementación efectiva de la ley.
Sus defensores, sin embargo, alegan que permitirá a las autoridades locales, que conocen más de cerca los problemas de sus comunidades, participar de forma más activa a la hora de aplicar y supervisar las leyes de inmigración.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- ¿Cuánto aportan los migrantes indocumentados a la economía de EE.UU.? (y cómo puede afectar una deportación masiva como la que propone Trump)
- Qué cambia realmente con la nueva propuesta del gobierno de Biden para migrantes que solicitan asilo en EE.UU.
- El costo del “sueño americano”: los migrantes que mueren debido a las condiciones de trabajo extremas en EE.UU.
