Decenas de jornaleros migrantes conformaron brigadas para remover árboles caídos y escombros en las zonas afectadas por los fuertes vientos y los incendios en Los Ángeles, California, que han dejado, hasta ahora, cinco personas muertas.
“Este es un acto de solidaridad y la forma en la que estamos acostumbrados a responder cuando la comunidad enfrenta una tragedia” dijo a la agencia EFE Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés), que agrupa a trabajadores inmigrantes, la mayoría dedicados a la construcción, jardinería y limpieza.
“Este es un trabajo que hacemos de corazón y no esperamos nada a cambio. Tal vez la entrada o la calle que estemos limpiando sea la de una persona que se ha dejado contaminar por la retórica antiinmigrante de Donald Trump, pero eso no nos interesa porque un país se construye con actos de amor no con odio”, añadió el activista, que tuvo que evacuar su vivienda.
Y es que el presidente electo de EU ha reiterado que una vez que regrese a la Casa Blanca firmará una orden para cerrar las fronteras del país a los migrantes indocumentados e iniciará el mayor plan de deportación masiva en la historia de Estados Unidos.
Además, se comprometió a continuar el muro en la frontera sur con México, e incluso dijo que está dispuesto a usar al Ejército para detener y deportar a 11 millones de migrantes.
Las labores de remoción de árboles, que bloquean las entradas de las casas y las vías de evacuación, están a cargo de los bomberos y otros empleados, pero ahora se encuentran ocupados sofocando las llamas, por lo que los trabajadores migrantes han asumido esta labor.
Para el nicaragüense Roberto Morales, que llegó a Estados Unidos hace cuatro años, realizar esta labor representa “el orgullo de ser migrante” y es una respuesta a la retórica de Trump, que ha prometido deportaciones masivas desde el primer día de su Gobierno, el próximo 20 de enero.
“No entiendo porque nos quieren deportar, no somos criminales, somos personas que podemos aportar y servir como lo estamos haciendo ahora”, declaró a EFE, Roberto, quien se unió a otros inmigrantes voluntarios de Guatemala, El Salvador, México y Cuba.
Barrios enteros de los suburbios de Los Ángeles quedaron devastados por incendios que este jueves siguen sin poder ser contenidos, atizados por fuertes ráfagas de viento.
Un incendio de 6 mil 900 hectáreas de extensión en la localidad de Pacific Palisades se convirtió en “uno de los más destructivos desastres naturales de la historia de Los Ángeles”, dijo la jefe de bomberos Kristin Crowley, mientras que otro de más de 4 mil hectáreas en Altadena también está “cero por ciento” controlado, indicó el jefe de bomberos del condado, Anthony Marrone.
“Altadena está devastada”, remarcó Judy Chu, la congresista estadounidense que representa a la región y que visitó un centro de evacuación donde se refugiaron unos mil residentes desplazados por las llamas.
Más de 130 mil personas en toda el área aledaña a esta metrópolis del oeste de Estados Unidos afrontaban órdenes de evacuación, mientras los meteorólogos advirtieron que las condiciones “críticas” de viento y sequía no han terminado, si bien han disminuido.
“Es probable que el fuego siga avanzando con incendios en curso o nuevos focos” durante todo el jueves y el viernes, indicó un boletín del Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (SNW por sus siglas en inglés).
Las llamas, que se desplazan rápidamente avivadas por fuertes ráfagas de vientos, ya arrasaron más de 2 mil edificaciones, muchas de ellas mansiones valoradas en millones de dólares.
Es una tragedia que los medios estadounidenses describen como la peor en la historia de Los Ángeles.
El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, informó que se reportaban cinco muertes y se teme que haya más decesos.
Con información de EFE y AFP
Las autoridades confirmaron la identidad de cuatro cuerpos que mostraban señales de tortura
La Fiscalía General de Ecuador confirmó que los cuatro cuerpos que se encontraron incinerados y con señales de tortura cerca de una base militar corresponden a los de cuatro niños que salieron a jugar fútbol el pasado 8 de diciembre y nunca volvieron a su casa.
Poco antes, un juez había ordenado la captura de 16 miembros de las fuerzas militares del país por su posible rol en el asesinato.
“Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada“, publicó la fiscalía en su cuenta en la red social X.
El caso ha generado indignación en Ecuador, donde cientos de personas salieron a la calle a pedir el regreso de Steven Medina, de 11 años, Saúl Arboleda de 15, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años.
Luego del anuncio de la fiscalía, en las calles que rodeaban la institución se veían las caras de dolor y rabia por un crimen que cerró de manera violenta el que fue un difícil 2024 en cuestión de seguridad para el gobierno del presidente Daniel Noboa.
El caso se convierte en uno de los momentos más difíciles para un presidente que ha basado su estrategia de lucha contra el crimen en la declaratoria del estado de excepción, el cual otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad para afrontar a las bandas al margen de la ley.
La indignación por el caso empujó a muchas personas a salir a protestar, exigiendo el regreso de los niños sanos y salvos.
Por ello, horas después de conocerse la identidad de los cuerpos y el escabroso final de los 4 niños, la Asamblea Nacional de Ecuador declaró 3 días de luto por la “desaparición forzada y asesinato” de los menores.
“Exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional y a la justicia ejercer todo el peso de la ley en este caso”, dijo la rama legislativa en un comunicado publicado en X.
Hasta el momento no ha habido respuesta del gobierno de Noboa ni de las altas esferas militares del país.
Sin embargo, este domingo se celebró el entierro de los niños, después de que sus restos fueran entregados a los familiares en ataúdes sellados con plástico, informó el diario ecuatoriano El Universo.
“Justicia para nuestros niños”, gritaron las madres y familiares de los niños en el cementerio Ángel María Canals, en el suburbio de Guayaquil, precisó el periódico.
La prensa ecuatoriana reportó que los familiares de las víctimas insistieron en que no descansarán hasta que los responsables de estas muertes sean sentenciados.
La desaparición de los cuatro muchachos cerca de Guayaquil generó de manera inmediata una polarización entre la población, en parte impulsada por las distintas versiones de los hechos que comenzaron a circular al conocerse el caso.
En una declaración inicial, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a “grupos delincuenciales”.
Pero días después, Loffredo cambió la versión y reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla de 16 militares que se movilizaban en dos vehículos.
Los militares “observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer”, explicó.
“Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido”, señaló el ministro en declaraciones a la radio City.
Esta versión indignó a los familiares, y a miles de ecuatorianos que los apoyaban, e hizo que la gente se fuera a las calles con carteles exigiendo el regreso de los menores, algunos con el lema de “son futbolistas, no terroristas”.
A la hora del anuncio de la fiscalía, muchos de esos manifestantes expresaron su dolor a las afueras del edificio.
Con la detención de los 16 militares, se espera que comience un proceso de esclarecimiento de los hechos para entender qué fue lo que verdaderamente ocurrió esa tarde del 8 de diciembre.
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