
Un enfrentamiento entre militares guatemaltecos y un presunto grupo armado mexicano que incursionó en territorio del país centroamericano dejó ese lunes un soldado herido y un civil muerto, informó el Ejército.
“Presuntos grupos armados ilegales ingresaron al territorio nacional, específicamente en la línea divisoria Guatemala-México”, en poblados de los departamentos de Huehuetenango y San Marcos (ambos al suroeste), dijo a periodistas la vocera del Ejército, Pamela Figueroa.
Explicó que los delincuentes realizaron disparos en contra de diferentes comunidades del área, pero soldados guatemaltecos que realizaban recorridos de rutina respondieron lo que “suscitó el enfrentamiento”.
Un oficial resultó herido en una de sus extremidades inferiores y está fuera de peligro, precisó.

“Soldados del Ejército de Guatemala se encontraban realizando patrullajes de rutina en la Aldea Agua Zarca, Huehuetenango; en el momento que fue detectado uno de estos grupos, se produjo un enfrentamiento, respondiendo de inmediato al ataque, un Oficial Subalterno resultó herido en una de las extremidades inferiores, encontrándose fuera de peligro; asimismo, una persona civil fallecida”, informó en un comunicado el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef).
Las fuerzas armadas reforzaron las operaciones en esa zona, lo cual permitió la localización de “armamento, explosivos y accesorios, así como equipo de vigilancia, conocido como drones. Además, se logró la detención de una persona, agregó.
La frontera entre los dos países se ha visto sacudida por acciones de delincuentes mexicanos, e incluso en junio pasado las fuerzas armadas mexicanas incursionaron en Guatemala durante un operativo contra el crimen organizado.
El 8 de junio, agentes del estado mexicano de Chiapas cruzaron la frontera hacia Guatemala, en un hecho que culminó con cuatro presuntos criminales muertos.
La acción provocó una protesta de Guatemala y un pedido de disculpa de México.

El Gobierno de Guatemala entregó una nota de protesta dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, luego de que fuerzas federales y estatales mexicanas ingresaron a territorio guatemalteco durante una persecución en la que fueron abatidos cuatro presuntos criminales.
Tras la nota de protesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México “ofreció una disculpa al gobierno de Guatemala por los hechos ocurridos en el límite internacional a la altura del puerto fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla”.
Los Pakales y presuntos miembros del crimen organizado se enfrentaron a tiros ante la presencia de policías y militares de Guatemala, hecho por lo cual el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, acusó complicidad.
Ambos países comparten una frontera de casi mil kilómetros donde abundan los pasos ilegales y la inseguridad. En algunas zonas operan grupos de narcotraficantes de las dos naciones.
En agosto de 2024, tras una inédita huida de campesinos mexicanos a Guatemala para protegerse de la violencia entre grupos narcos rivales, los dos países acordaron realizar operaciones conjuntas de seguridad en la frontera común.
En la actualidad, unos 100 mexicanos que huyeron en agosto pasado de la violencia del narcotráfico en su país están refugiados en una aldea de Guatemala, cerca de la frontera bilateral.
Con información de AFP.

El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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