Viajó a EU para pagarle el tratamiento a su hijo enfermo. Lo detuvieron. Luego desapareció
Para entender mejor
José Manuel Ramos Bastidas jamás pisó los Estados Unidos. No en libertad, al menos. Se fue de Venezuela en enero de 2024, con la esperanza de ganar suficiente dinero para hacerse cargo del tratamiento médico de su hijo recién nacido. A causa de una afección respiratoria congénita, el “milagrito” de la familia padecía un cuadro grave de asma y requería frecuentes hospitalizaciones. El costo del tratamiento era imposible de asumir con el escaso sueldo que Ramos ganaba lavando autos en la devastada economía venezolana, así que recorrió miles de kilómetros y atravesó media docena de países hasta llegar a la frontera estadounidense.
Ramos no ingresó al país de manera ilegal. Siguió las normas establecidas por el gobierno de Biden para los inmigrantes que solicitan asilo. Hizo una cita a través de una aplicación del gobierno y, cuando se la concedieron, se entregó para solicitar protección. Un funcionario de migración y un juez determinaron que no cumplía los requisitos, y Ramos no apeló la decisión.
El gobierno lo detuvo hasta que pudiera ser deportado a Venezuela.
Meses después, Donald Trump fue elegido presidente y comenzó su campaña de deportación masiva. Una de sus primeras medidas fue trasladar en avión a la base militar estadounidense de Guantánamo (Cuba) a grupos de inmigrantes venezolanos a los que había calificado de pandilleros peligrosos.
Ramos, de 30 años, entró en pánico y llamó a su esposa para decirle que le preocupaba que le ocurriera lo mismo. En una videollamada grabada por ella, mostró un documento que, según él, era la prueba de que las autoridades de inmigración habían acordado deportarlo a Venezuela. Pero le preocupaba que no cumplieran su promesa.
“Tengo familia”, dijo mirando a la cámara. “Simplemente soy un venezolano trabajador. No he cometido ningún delito. No tengo récord en mi país ni en ningún lado”.
Un mes después, un Ramos más optimista volvió a llamar. Parecía confiado en que los funcionarios estadounidenses lo enviarían a casa. La familia de Ramos empezó a preparar su regreso. Planeaban hacerle una torta, prepararle su plato de pollo preferido e ir juntos a la iglesia para dar gracias a Dios por traerlo sano y salvo a casa.
Nunca volvieron a saber de él.
El 15 de marzo, un día después de esa llamada, Ramos y más de 230 venezolanos fueron enviados a la prisión de máxima seguridad CECOT de El Salvador, una de las más conocidas del hemisferio occidental. Sin presentar pruebas contra cada uno de esos hombres, el gobierno los acusó de pertenecer al Tren de Aragua, la banda que nació en una prisión venezolana a la que calificó de organización terrorista.
En los cuatro meses transcurridos desde la deportación masiva, una de las más significativas de la historia reciente, el gobierno de Trump ha revelado pocos detalles sobre los antecedentes de las personas deportadas, a las que llamó “monstruos”, “criminales enfermos” y “lo peor de lo peor”. Varias organizaciones de noticias han informado que la mayoría de los deportados no tenían antecedentes penales. ProPublica, The Texas Tribune y un equipo de periodistas venezolanos de la Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News fueron más allá y descubrieron que los registros del propio gobierno estadounidense demostraban que este sabía que la gran mayoría de los hombres no tenían condenas por delitos violentos en EE.UU. También revisamos los registros de las autoridades en Sudamérica y descubrimos que sólo unos pocos habían cometido delitos violentos en el exterior.
Ahora, un análisis de caso por caso de los deportados, aunado a entrevistas con sus abogados y familiares, revelan una realidad chocante: la mayoría de los hombres no se escondía de las autoridades federales de inmigración, sino que se acogía al sistema de inmigración estadounidense. O bien sus casos estaban en curso, lo cual normalmente debería haberlos protegido de ser deportados, o ya se había ordenado su deportación y las reglas establecen que primero se les debería haber dado la opción de ser devueltos a un país de su elección.
Como el propio Ramos, más de 50 de los deportados utilizaron la aplicación del gobierno llamada CBP One para concertar una cita con los agentes fronterizos e intentar entrar al país. Otros cruzaron de manera ilegal y luego se entregaron a los agentes fronterizos, lo que suele ser el primer paso para solicitar asilo ante un tribunal de inmigración.
Según nuestro análisis, a casi la mitad los deportaron a pesar de que sus casos todavía estaban en proceso. Más de 60 tenían solicitudes de asilo en curso, incluidos varios que estaban a apenas unos días de una audiencia en la que un juez podría haber dictaminado si se les permitiría quedarse. Los jueces o los funcionarios federales dictaron órdenes de expulsión para unos 100, y algunos incluso aceptaron pagar su propio viaje de regreso a casa. Otros, como Ramos, estuvieron detenidos todo el tiempo que pasaron en Estados Unidos. No tuvieron oportunidad de cometer ningún delito en el país.
Por su parte, muchos de los que habían entrado al país con autorización asistían sin falta a sus audiencias judiciales y controles de inmigración. Al menos a nueve personas ya les habían concedido protección temporal (o TPS, por sus siglas en inglés), que permite vivir y trabajar en Estados Unidos a personas procedentes de países afectados por catástrofes u otras circunstancias extraordinarias.
En su gran mayoría, se trataba de hombres que habían seguido las normas del sistema de inmigración del país.
Luego el gobierno de Trump cambió las reglas.
Un día antes de las deportaciones a El Salvador, Trump invocó una ley poco utilizada del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros y declaró que el Tren de Aragua estaba invadiendo el país. Los funcionarios del gobierno argumentaron que la declaración les autorizaba a tomar medidas extraordinarias para expulsar a cualquiera que señalen como integrante de la pandilla, y para asegurarse de que no volvieran a ser una amenaza para los Estados Unidos.
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Tras las deportaciones del 15 de marzo, el gobierno de Trump procedió a cerrar los casos de inmigración que tenía pendientes. Desde entonces, los jueces desestimaron, archivaron o cerraron más de 95 casos, según nuestro análisis. Estos casos desaparecen de las listas de pendientes, y algunos fueron desestimados apenas horas antes de una audiencia programada.
Michelle Brané, alta funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) durante el gobierno de Biden, dijo que era “muy antiestadounidense” deportar a personas que, en su momento, siguieron las normas vigentes de inmigración. “No se puede decir retroactivamente que esas personas actuaban ilegalmente y castigarlas por eso”, añadió.
Los abogados de los venezolanos han presentado varias demandas contra el gobierno, calificando las deportaciones sumarias de flagrante violación de los derechos de sus clientes. James Boasberg, un juez federal, dictaminó en junio que la medida privaba a los hombres de sus derechos constitucionales y afirmó que su situación era kafkiana. Escribió que los hombres “no tuvieron ninguna instancia para apelar la decisión del gobierno” y que “languidecen en una prisión extranjera por acusaciones endebles, hasta frívolas”.
El gobierno apeló la decisión.
Mientras tanto, la madre de Ramos, Crisálida del Carmen Bastidas de Ramos, espera ansiosa cualquier noticia sobre su hijo mayor: “¿Qué estará pensando mi hijo… [Quiero saber] si mi hijo está comiendo bien, si mi hijo duerme. Si está pasando frío. Si está vivo?”
Aunque el gobierno de Trump presenta una y otra vez a los deportados como criminales y terroristas, no ha aportado pruebas que respalden esa acusación. Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS, defendió su envío a la prisión salvadoreña. “Puede que no tengan antecedentes penales en EE.UU., más allá de infringir nuestras leyes para entrar ilegalmente en el país”, dijo en una declaración, “pero muchos de estos extranjeros ilegales están lejos de ser inocentes”.
Por ejemplo, dijo que uno de los deportados a El Salvador con TPS admitió ante oficiales estadounidenses que tenía una condena previa por homicidio. Pudimos obtener registros judiciales venezolanos que confirmaban que el hombre había sido condenado y sentenciado a 15 años de prisión por homicidio calificado. McLaughlin dijo que su caso demostraba que bajo la presidencia de Biden se había concedido este estatus migratorio a personas sin investigarlas rigurosamente. Sin embargo, tres funcionarios del DHS durante el gobierno de Biden dijeron que el proceso de investigación se ha mantenido dentro de los mismos estándares en todas las administraciones, incluso durante el primer mandato de Trump. Además, señalaron que hay gobiernos que no comparten información sobre los antecedentes penales de los inmigrantes con las autoridades estadounidenses.
Trump ha decidido retirar la protección del TPS a cientos de miles de personas.
McLaughlin también se refirió al caso de Ramos. Dijo que era un terrorista que fue señalado como un integrante del Tren de Aragua en su cita con CBP One y añadido a una base de datos gubernamental. Su familia niega que tenga algo que ver con la pandilla. Sus abogados afirman en los documentos judiciales que las autoridades estadounidenses lo identificaron erróneamente como pandillero por sus tatuajes y por un informe “sin ningún fundamento” escrito por funcionarios panameños. Un portavoz del Ministerio de Seguridad de Panamá afirmó que no fue posible localizar ningún documento sobre Ramos.
Al menos 163 deportados tenían tatuajes, según nuestro conteo. Los funcionarios policiales expertos en el Tren de Aragua que consultamos, en Estados Unidos, Colombia, Chile y Venezuela, nos dijeron que los tatuajes no son una señal de pertenencia a la pandilla.
Días antes de que se lo llevaran, Albert Jesús Rodríguez Parra compareció ante el tribunal de inmigración e intentó convencer a una jueza de que sus tatuajes no implicaban que fuera integrante de la pandilla.
Rodríguez Parra llegó a Estados Unidos con un hermano en 2023, solicitó asilo y se instaló en Chicago. Le dijo a su madre que era difícil encontrar trabajo, pero que había conseguido una máquina para cortar el pelo, había aprendido el oficio y ofrecía sus servicios en la calle. En enero de 2024, lo detuvieron en un Walmart en los suburbios de Chicago por robar comida, detergente para la ropa, shampoo y otros artículos con un valor de unos 1.000 dólares. Se declaró culpable de un delito menor, cumplió una condena de dos días de cárcel y trató de seguir con su vida.
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Rodríguez Parra, de 28 años, consiguió un trabajo en los puestos de comida del Wrigley Field, se fue a vivir con su novia y le envió dinero a su madre para que comprara una nevera y una cocina. En noviembre, unos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieron en su apartamento. McLaughlin afirmó que Rodríguez Parra estaba ilegalmente en el país y que era integrante del Tren de Aragua. Rodríguez Parra continuó con su caso de asilo desde un centro de detención para inmigrantes en Indiana.
Le comunicó a su familia que creía que pronto lo pondrían en libertad. Pero a principios de marzo lo trasladaron a una cárcel de Missouri, luego a otra en el centro de Texas y después a otra en Laredo, en el sur de Texas, cada vez más cerca de la frontera. Sus llamadas a casa se llenaron de incertidumbre.
A pesar de los traslados, el abogado de Rodríguez Parra, Cruz Rodriguez, quien trabaja para una pequeña unidad de inmigración en la oficina del defensor público del condado de Cook, en Chicago, dijo que confiaba en los méritos del caso de asilo. El 10 de marzo llegó con optimismo a la audiencia virtual para pedir una fianza para su cliente ante la jueza de inmigración Eva Saltzman.
En la audiencia, un abogado del gobierno le preguntó a Rodríguez Parra sobre un video de TikTok en donde baila al ritmo de un popular clip de audio en el que alguien grita: “Te va a agarrar el Tren de Aragua”. Cerca de 60.000 usuarios de TikTok han compartido el clip hasta la fecha.
Rodríguez Parra se veía incrédulo respecto a la idea de que un pandillero de verdad hiciera un video así. “Ninguna persona que esté en una pandilla lo publicaría en TikTok porque se estaría revelando”, dijo. Los venezolanos han utilizado el clip de audio para ridiculizar la idea de que todos los venezolanos son pandilleros.
El abogado del gobierno también le preguntó a Rodríguez Parra sobre los tatuajes que le cubrían el cuello, los brazos y el pecho: una rosa, un lobo, unas máscaras de carnaval y un ángel con una pistola en la mano. “Me los hice porque en mi país es muy normal tener tatuajes”, respondió. “Cada uno representa una historia de mi vida”.
También lo interrogaron sobre un presunto integrante de la pandilla Tren de Aragua que cruzó la frontera al mismo tiempo que él. Rodríguez Parra dijo que no conocía al hombre.
Al final de la audiencia, le rogó a la jueza que lo dejara en libertad bajo fianza. “Soy una buena persona”, le dijo. “Si yo fuera de una pandilla, no habría pedido asilo. Vengo huyendo de mi país”.
Saltzman desestimó la petición de Rodríguez Parra, citando su condena por hurto, pero le ofreció una luz de esperanza al recordarle que faltaban apenas 10 días para su audiencia definitiva. Si la jueza le concedía el asilo, quedaría en libertad y podría continuar su vida en Estados Unidos.
“No tendrás que enfrentarte a una detención especialmente larga sin fianza”, le aseguró.
Cinco días después, Rodríguez Parra ya no estaba en el país. En la que se suponía que iba a ser su audiencia definitiva de solicitud de asilo, el 20 de marzo, el abogado de Rodríguez Parra se veía abatido. Apenas había dormido. No sabía a donde se habían llevado a su cliente las autoridades, pero había visto un vídeo en Internet en el que se mostraba cómo llevaban al CECOT, a rastras,a unos prisioneros encadenados. El abogado había estado en El Salvador y sabía que el país tenía la reputación de maltratar a los presos. Temía que su cliente corriera la misma suerte.
El defensor sentía impotencia. En la audiencia, interpeló a la abogada del gobierno. “Por el bien de la familia de mi cliente”, le dijo, “¿sabe por casualidad a qué país lo enviaron?”.
La abogada del gobierno no tuvo mucho que decir.
“Manejo la misma información que usted”, respondió. “No tengo más información para proporcionar”.
Actualización, 18 de julio: Más de 230 hombres a quienes la administración de Trump había encarcelado en El Salvador fueron retornados a Venezuela el viernes. El presidente de El Salvador Nayib Bukele publicó en las redes sociales que había entregado a todos los hombres a cambio de un “número considerable de prisioneros políticos venezolanos” y estadounidenses detenidos en Venezuela. La administración de Trump había acusado a los hombres de ser miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. El secretario de Estado Marco Rubio también confirmó el intercambio de presos.
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El ecuatoriano José Adolfo Macías es acusado de contrabandear armamento estadounidense. Según expertos, su caso puede echar luz sobre ese oscuro tráfico hacia la región.
El ecuatoriano José Adolfo Macías, alias “Fito”, fue presentado ante una corte de Nueva York como un hábil navegante del “río de hierro” que inunda América Latina con armas de Estados Unidos.
Tres de los siete cargos que Macías enfrenta en el tribunal federal de Brooklyn luego de ser extraditado por Ecuador el domingo están vinculados a la compra y contrabando de armamento de EE.UU., o a su utilización para traficar drogas.
No se trata apenas de armas cortas: desde ametralladoras hasta granadas y rifles de asalto fueron usados por “Fito” y miembros de la organización criminal liderada por él, Los Choneros, según el Departamento de Justicia estadounidense.
En su primera audiencia judicial en Nueva York, Macías se declaró el lunes inocente de todos los cargos, que incluyen además delitos de tráfico de cocaína y podrían costarle desde 20 años de prisión a cadena perpetua.
Los especialistas esperan que el proceso arroje luz sobre las redes ocultas de transporte de armas de EE.UU. hacia el sur del continente, que contribuyeron a imponer en poco tiempo en Ecuador una de las mayores tasas de homicidios de la región.
El caso de Macías “revela con pruebas que existe toda una estructura que permite que fluyan las armas desde EE.UU. hacia América Latina, en un río de acero, lo que alimenta los gravísimos niveles de violencia que enfrentamos”, le dice a BBC Mundo Carla Álvarez, una politóloga ecuatoriana experta en este tema.
Una figura especial
A sus 45 años, “Fito” es visto como alguien emblemático de la insólita espiral de muertes y criminalidad que asoló a Ecuador en los últimos tiempos.
Era el delincuente más buscado del país hasta su captura el mes pasado, más de un año después de su escape de una cárcel donde cumplía una pena de 34 años por varios delitos, incluido asesinato.
Esa fuga, así como las fiestas y videos que Macías protagonizaba en prisión, mostraban cómo las cárceles ecuatorianas se habían vuelto sitios controlados por la suya y otras bandas del crimen organizado que se disputan el narcotráfico.
A fuerza de sobornos, homicidios y extorsión de autoridades, Los Choneros contribuyeron a hacer de Ecuador un punto crucial del tráfico de cocaína a EE.UU. por sus vínculos con carteles mexicanos, o a Europa mediante grupos balcánicos.
El país sudamericano, otrora tranquilo para los estándares de la región, pasó de tener menos de siete homicidios cada 100.000 habitantes en 2019 a 46 en 2023.
La proporción de asesinatos con armas de fuego también aumentó en ese corto período: pasó de 55% a 88% del total, según estudios.
“Fito” es, además, el primer extraditado por Ecuador a otro país desde que el año pasado se aprobara una reforma para ello impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Todo indica que EE.UU. pondrá una atención especial en los traslados de armamento que Macías pueda haber realizado desde ese país.
El fiscal federal Joseph Nocella lo definió como “un despiadado e infame traficante de drogas y armas”.
Los cargos en su contra relacionados con armas de fuego incluyen conspiración para la comprarlas por testaferros, contrabando de las mismas desde EE.UU. y uso para el narcotráfico.
“Los Choneros obtuvieron muchas de sus armas de fuego y municiones traficando y exportándolas ilegalmente de Estados Unidos a Ecuador”, indicó el Departamento de Justicia.
Agregó que según las alegaciones, “Fito” empleó a personas que compraron armas, componentes de las mismas y municiones en EE.UU. para contrabandearlas a Ecuador.
En declaraciones a la prensa frente a la corte de Brooklyn el lunes, el abogado de Macías, Alexei Schacht, calificó esos cargos como “un poco raros”.
“Es la primera vez de mi cliente en EE.UU.”, dijo, “pero supuestamente este señor traficó armas en EE.UU., y esto no tiene sentido”.
Tanto si “Fito” va a juicio como si decide cambiar su declaración a culpable y cooperar con las autoridades estadounidenses dándoles información, su proceso en Nueva York podría servir para desvelar cuestiones importantes.
“¿Qué hace EE.UU.?”
La especialista Álvarez cree que “para los ecuatorianos y en general para todos los latinoamericanos, es de especial interés que se conozca información” sobre las redes de testaferros en EE.UU. que según la acusación operaban con Macías.
“¿Cuáles son las rutas logísticas y medios empleados para el negocio?”, pregunta. “¿Qué hace EE.UU. para desmantelar redes de traficantes de armas y para cortar la cadena de suministro?”.
El caso surge luego de que el gobierno de México buscara demandar a los fabricantes de armas de EE.UU. por presunta responsabilidad en su propia ola doméstica de violencia narco, algo que la Corte Suprema estadounidense rechazó el mes pasado.
Pero Álvarez cree que Ecuador carece de interés en seguir el camino emprendido por México y que “mientras no haya suficiente interés, cooperación y voluntad política de los países afectados” continuará el flujo de armas.
En América Latina y el Caribe ocurre cerca de un tercio de los homicidios de todo el mundo, según estudios, pese a que en la región vive sólo 8% de la población del planeta.
A su vez, aproximadamente dos de cada tres homicidios en el continente americano se cometen con armas de fuego, indicó un informe de Naciones Unidas en 2023.
Katherine Aguirre, una investigadora del instituto Igarapé con sede en Brasil, señala que las armas que circulan en América Latina provienen de viejos conflictos armados, de robos y desvíos de arsenales de fuerzas de seguridad, o de la frontera de EE.UU. con México.
“Hay que reconocer (…) la importancia de EE.UU. como fuente de las armas que pasan para Latinoamérica”, dice Aguirre a BBC Mundo.
Hay distintos indicios sobre la masiva presencia de armamento estadounidenses en la región.
Cerca de dos tercios de las armas vinculadas al crimen que se recuperan y rastrean en México provienen de EE.UU., según datos de 2022 de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
En Centroamérica son más de la mitad.
En Brasil, la policía militar informó que 60% de los 254 fusiles que incautó este año hasta mitad de mayo tenían procedencia estadounidense.
Aguirre cree necesario controlar mejor el acceso a las armas de EE.UU. que se “venden de manera súper libre” y se filtran a la región, además de trabajar en acuerdos internacionales para regular el comercio de armamento y preocuparse por la demanda desde los países.
“Un caso como estos (de Macías) puede llevar a desentrañar esas dinámicas”, señala, “por las cuales las armas llegan a Latinoamérica”.
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