Los aranceles del 25% al acero y al aluminio anunciados el lunes por el presidente estadounidense Donald Trump se sumarán a los del 25 % sobre los bienes mexicanos y canadienses ya impuestos pero en suspenso durante un mes, confirmó el miércoles a la AFP la Casa Blanca.
Si las tarifas impuestas a Canadá y México para incitarlos a controlar la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo entran en vigor el 1 de marzo, el acero y el aluminio producidos por los dos países serán gravados en total con un 50 % a partir del día 12 de ese mes, precisó la fuente.
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El presidente estadounidense firmó el lunes un decreto que impone aranceles del 25 % al acero y al aluminio importados a Estados Unidos, a partir del 12 de marzo, “sin excepción ni exención. Y eso se aplica a todos los países”, declaró a periodistas en el despacho oval.
Alegando riesgos para la “seguridad nacional”, el republicano emitió dos decretos para el acero y el aluminio de dondequiera que provengan, incluidos sus aliados económicos que anteriormente se beneficiaron de exenciones para estos dos productos, es decir Argentina, Australia, Canadá, México, la Unión Europea y el Reino Unido.
Brasil, Japón y Corea del Sur pierden la exención que disfrutaban para el acero y sus derivados.
El martes, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, pidió al presidente Trump que no se dispare en el pie.
“Dice a veces el presidente Trump, ‘sentido común’. Bueno, pues le tomamos la palabra: sentido común, no balazo en el pie, no destruir lo que hemos construido los últimos cuarenta años”, declaró Ebrard.
“Estados Unidos nos vende más, entonces no se justifica esa tarifa”, subrayó el secretario, quien detalló que el país vecino provee “casi 6.897 millones de dólares más” de lo que exporta México, según cifras oficiales estadounidenses de 2024.
Su homólogo canadiense, Dominic LeBlanc, estará en Washington el miércoles y abordará el tema con el principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett, y el futuro secretario de Comercio, Howard Lutnick.
“No creemos que los aranceles sean la solución correcta, así que no vamos a hacer nada hasta que los estadounidenses tomen su decisión final”, declaró a periodistas.
Trump impuso el 1 de febrero aranceles aduaneros del 25 % a todos los productos procedentes de Canadá y México pero los suspendió dos días después durante un mes para darse tiempo para negociar un acuerdo y a la vista de las primeras medidas adoptadas por sus vecinos.
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Los tres países son socios desde 1994 de un acuerdo de libre comercio regional que fue renegociado en 2020 por exigencia de Trump durante su primer mandato (2017-2021).
Durante su primer mandato, Trump ya impuso tarifas del 25 % al acero y del 10 % al aluminio.
La UE y Canadá prometieron este martes una respuesta firme a los aranceles de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio, anunciados por el presidente Donald Trump, al tiempo que México pidió no “destruir” las relaciones comerciales bilaterales.
El lunes, Trump determinó la adopción de aranceles del 25 % a las importaciones de acero y aluminio, que entrarán en vigor el 12 de marzo, “sin excepciones ni exenciones”.
Ante esa decisión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que “los aranceles injustificados a la UE no quedarán sin repuesta”, y prometió medidas “firmes y proporcionales”.
Los nuevos impuestos afectarán con fuerza a Canadá, principal suministrador de acero y aluminio de Estados Unidos. También golpean a Brasil, México y Corea del Sur, importantes proveedores de acero.
Brasil “no estimula ni entrará en ninguna guerra comercial”, dijo el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, durante un acto oficial. El gigante sudamericano es el segundo abastecedor de acero a Estados Unidos.
“El presidente Lula ha dicho siempre con mucha claridad: las guerras comerciales no le hacen bien a nadie”, añadió.
Mientras que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, adelantó este martes desde París que su país reaccionará “con energía y firmeza” a los aranceles anunciados por el Trump en Washington.
La federación del acero en el Reino Unido, UK Steel, teme que los nuevos aranceles propinen un “golpe devastador” a un sector ya en declive.
Desde Londres, un vocero del primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que se encontraban “con la industria y nuestros homólogos estadounidenses para concretar los detalles”.
“Evidentemente, es importante que adoptemos un enfoque ponderado”, añadió la fuente.
En Alemania, la locomotora económica europea, el jefe del gobierno, Olaf Scholz, dijo que el bloque europeo presentará un frente unido, y expresó su esperanza de poder evitar el camino equivocado de aranceles y contraaranceles”.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, aseguró que la Unión Europea UE “respondería” como lo hizo durante el primer mandato del presidente estadounidense.
Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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