Donald Trump, el empresario que regresa a la Casa Blanca en EU, pese a polémicas y procedimientos penales
Donald Trump, de 78 años, comienza este 20 de enero su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, ocho años después del primer periodo.
El republicano regresará a la Casa Blanca tras derrotar a su rival demócrata Kamala Harris.
Ni los procesamientos penales, uno de los cuales le valió una condena histórica, ni las polémicas sobre sus comentarios racistas o sexistas ni las amenazas contra la prensa y sus opositores han impedido su regreso a la Casa Blanca.
Trump será uno de los presidentes con mayor poder en la historia de Estados Unidos y con contrapesos limitados ya que los republicanos recuperaron el control de la Cámara de Representantes, que estaba en manos de los demócratas.
Durante su campaña, prometió una “era dorada” para EU, hacer al país “grandioso nuevamente” y llevarlo a “nuevas cimas de gloria”.
Quién es Trump
Trump nació en junio de 1946 en Queens, Nueva York. Es un empresario y político estadounidense conocido por su carrera en el sector inmobiliario.
De acuerdo con información de la Casa Blanca, es el cuarto de cinco hijos de Mary Anne MacLeod y Frederick Christ Trump, un exitoso desarrollador inmobiliario.
Sus padres lo enviaron cuando tenía 13 años a estudiar a la Academia Militar de Nueva York en Cornwall-on-Hudson, una escuela que prometía “enderezar” a los jóvenes rebeldes.
Después de graduarse, comenzó sus estudios universitarios en la Universidad Fordham del Bronx, pero se trasladó a la Escuela Wharton de Negocios en la Universidad de Pensilvania dos años después, donde se graduó de la licenciatura en Ciencias Económicas.
Donald Trump: de empresario a presidente de EU
Al terminar la universidad, el ahora presidente electo entró a trabajar a la empresa inmobiliaria de su padre, Fred Trump, y en 1971, con 25 años, tomó el control de la firma y bajo la “Organización Trump” desarrollo varios proyectos como hoteles, complejos turísticos, edificios residenciales y comerciales, casinos y campos de golf.
Como empresario alcanzó un alto perfil en bienes raíces, entretenimiento y medios de comunicación antes de incursionar en la política.
Ha declarado que su imperio fue construido por él mismo y que lo más que recibió de su padre fue un préstamo que pagó con intereses. Sin embargo, un informe de The New York Times en septiembre de 2019 reveló que heredó alrededor de 413 millones de dólares (valorados en ese año).
Antes de llegar al terreno político, el multimillonario solía aparecer en tabloides, programas de televisión, y formaba parte del mundo del entretenimiento y las celebridades.
Comenzó a hacerse relativamente conocido por sus intervenciones en medios de comunicación y como propietario de varios concursos de belleza, entre ellos, Miss Universo, pero alcanzó la fama como presentador del reality show The Apprentice (“El aprendiz”), en el que participó entre 2004 y 2015.
Aunque la mayor de su vida ha sido militante del Partido Republicano, hubo una época (entre 2001 y 2009) en que estuvo inscrito como miembro del Partido Demócrata en Nueva York.
En 2005, se casó con Melania Knauss, con quien tiene un hijo, Barron. Además, tiene cuatro hijos adultos de matrimonios anteriores: Donald Jr., Ivanka y Eric (con Ivana Trump) y Tiffany (con Marla Maples).
En 2015 anunció que sería candidato a presidente desde la Trump Tower y durante su lanzamiento de campaña hizo comentarios ofensivos contra los migrantes mexicanos.
En 2016 llegó a la presidencia sin experiencia política previa y sin haber ocupado antes una posición gubernamental. En esa administración puso énfasis en el aumento de los presupuestos militares, el control migratorio y la reforma de la justicia penal, por mencionar algunas.
Las denuncias en su contra
Donald Trump fue condenado el pasado 10 de enero por el caso de la exactriz de cine porno Stormy Daniels en una sentencia simbólica aunque histórica que no implica cárcel ni multa, pero que convierte al presidente electo en el primer delincuente convicto en llegar a la Casa Blanca.
El republicano fue declarado culpable por un jurado popular de 34 cargos de falsificación contable para esconder el pago de 130 mil dólares en la recta final de las elecciones de 2016 a la exactriz, con la que habría mantenido una fugaz relación extramatrimonial diez años antes, haciéndolo pasar como gastos legales.
Sin embargo, aunque mantiene su culpabilidad, no implica condena a cárcel, multa o libertad condicional.
En cuanto a los otros dos procesos federales que hay contra él, el horizonte judicial de Trump parece ahora completamente despejado, al menos durante los cuatro años de su nuevo mandato.
A finales de octubre, el candidato republicano aseguró que, de ser elegido, iba a “despedir” al fiscal especial encargado de estos dos casos, Jack Smith, nombrado por el fiscal general de la actual administración demócrata, Merrick Garland.
“Le despediré en dos segundos”, dijo en una entrevista en respuesta a la pregunta de si se indultaría a sí mismo o haría despedir al fiscal especial.
El fiscal especial investiga los supuestos intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 y la retención de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca, por ello, enfrentó siete cargos que iban desde obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas hasta violación de la Ley de Espionaje.
También enfrenta investigaciones judiciales que incluyen acusaciones de fraude, especialmente relacionadas con su negocio inmobiliario.
Al menos 15 mujeres han presentado demandas contra Trump por denuncias de acoso y abuso sexual. En mayo de 2023, un tribunal de Manhattan lo encontró “responsable” de abusar sexualmente de la periodista E. Jean Carroll, en 1996.
Otras de sus polémicas las ha encabezado con empresas de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, quienes suspendieron sus cuentas por considerar que incitaba a la violencia.
Qué viene con la presidencia de Trump en EU
Trump prometió que desde el primer día al frente de EU habrá deportaciones masivas de migrantes en situación irregular, aranceles, indultos a sus partidarios condenados por el asalto al Capitolio y medidas contra las personas transgénero.
El millonario ha prometido resolver la guerra en Ucrania y los conflictos en Oriente Medio, aunque no dijo cómo.
Escéptico del cambio climático, se comprometió a cerrar de nuevo la puerta al Acuerdo de París y a perforar petróleo “a raudales”.
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Asimismo, antes de Navidad declaró que controlar Groenlandia era una “necesidad absoluta” para la “seguridad nacional y la libertad en el mundo”.
El republicano no descartó usar la fuerza para tomar la isla, lo que provocó estupor tanto en el territorio como en Dinamarca y otros países de la Unión Europea.
A nivel comercial, prevé imponer aranceles a Canadá y México para “traer de vuelta” y priorizar a las empresas de su país.
Declaró que México es todo un desafió, en particular por el tema migratorio y por el negocio a los cárteles” de la droga. Prometió continuar el muro en la frontera sur con México y llevar a cabo la deportación más grande de la historia, e incluso dijo que está dispuesto a usar al Ejército para detener y deportar a los millones de migrantes sin documentos.
E incluso, recientemente planteó cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América, tras declarar que México es un lugar muy peligroso que está “esencialmente dirigido por los cárteles”, a quienes pretende declarar como “organizaciones terroristas”.
También mantiene en pie el plan de lanzar ataques contra los laboratorios de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, con o sin el apoyo de México.
En entrevista para la revista TIME, quien lo nombró persona del año 2024, Trump fue cuestionado sobre la legalidad de utilizar al Ejército para labores de migración, a lo que respondió que la ley “no detendrá a los militares si se trata de una invasión de nuestro país”.
Para la organización Human Rights Watch, el regreso de Donald Trump, el presidente de más edad en prestar juramento, amenaza con generar “graves violaciones de los derechos humanos”.
Con información de AFP y BBC Mundo
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BBC Mundo analiza, con la ayuda de expertos, los efectos del levantamiento de esta y otras sanciones a Cuba anunciado por la Casa Blanca.
En una inesperada decisión, el presidente estadounidense Joe Biden retiró a Cuba de la lista de EE.UU. de países patrocinadores del terrorismo.
La nación caribeña llevaba cuatro años en esa “lista negra” desde que el expresidente Donald Trump la incluyera en 2021 como una de las últimas medidas de su anterior mandato.
Cuba también formó parte de esta lista elaborada por el Departamento de Estado desde 1982 hasta 2015, cuando Obama la sacó como parte de su política de “deshielo” hacia el régimen entonces liderado por Raúl Castro y hoy a cargo del presidente Miguel Díaz-Canel.
La retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo anunciada por la Casa Blanca podría durar poco, ya que Trump regresará a la presidencia el lunes 20 de enero.
Trump podría revertir la decisión de Biden de forma relativamente sencilla, sin necesidad de consultar con el Congreso.
Además, su designado secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este miércoles frente al Senado estadounidense no tener “duda alguna” de que el régimen de Díaz-Canel patrocina el terrorismo internacional.
Qué implica estar en la lista
Tras la salida de Cuba solo quedan tres países en la lista negra del Departamento de Estado: Corea del Norte, Irán y Siria.
Los países designados como patrocinadores del terrorismo enfrentan severas restricciones económicas, financieras y diplomáticas, como la prohibición de exportaciones de armas, la suspensión de ayuda económica, el bloqueo de créditos internacionales y limitaciones para acceder al sistema financiero global.
Por ejemplo, no pueden obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales.
Además, facilita demandas civiles en tribunales estadounidenses y afecta a su reputación internacional, complicando sus relaciones con otros países.
En el caso particular de la isla, estas sanciones ahondaban las que ya habían sido impuestas de manera más extensa por el embargo económico y comercial vigente desde la década de 1960.
“Desde entonces Cuba ya estaba sometida a duras restricciones incluidas en el embargo, así que la mayoría de las disposiciones que implicaba estar en la lista tampoco causaban mucho daño adicional”, le explica a BBC Mundo Robert L. Muse, abogado especializado en las sanciones de EE.UU. al país caribeño.
Pese a esto, Muse y otros expertos destacan al menos tres beneficios que le aporta a Cuba abandonar la lista de patrocinadores del terrorismo.
Incentivo al turismo
En primer lugar, podría favorecer a un sector clave en la economía cubana: el turismo.
Desde que en 2021 el Departamento de Estado incluyó a Cuba en su lista negra, toda persona que haya viajado a la isla está sometida a un escrutinio más severo para ingresar a Estados Unidos.
Por ejemplo, los ciudadanos de la UE y otros países como Chile, Corea del Sur o Japón que visitan un país incluido en la lista de patrocinadores del terrorismo pierden el privilegio de la exención de visado de turismo a EE.UU. bajo el programa ESTA.
Al eliminar a Cuba del listado, estas personas ya pueden viajar a la isla sin miedo a que en el futuro les exijan visado para ingresar a territorio estadounidense, lo que en teoría incentivará los viajes a la isla.
En todo caso, se desconoce cuál será el alcance real de la medida a la hora de reactivar el maltrecho sector turístico del país caribeño, que pasó de recibir 4,2 millones de visitantes en 2019 a menos de 2,4 millones en 2024, según estimaciones y a la espera de datos oficiales.
“Uno podría esperar que crezca la demanda de visitas de países de la Unión Europea, pero hay otros factores que influyen de forma negativa en el turismo, como la crisis económica, la escasez, los apagones y los problemas eléctricos”, indica a BBC Mundo el economista cubano Ricardo Torres, investigador de la American University en Washington DC.
Cuba vive una profunda crisis económica con escasez de alimentos, medicinas, combustible y casi todos los productos, así como frecuentes cortes eléctricos, lo que ha provocado en los últimos tres años un éxodo migratorio de sus habitantes, y también se considera un factor clave en el descenso del turismo.
Acceso a financiación e imagen internacional
En segundo lugar, la inclusión en la lista negra suponía para Cuba un obstáculo adicional a la hora de acceder a financiación exterior y participar en negocios internacionales.
“Como patrocinador estatal del terrorismo, los bancos e instituciones financieras rechazan las transacciones relacionadas con Cuba. Incluso si se les explica que son legales, se niegan a hacerlo. Es casi una reticencia supersticiosa a involucrarse en cualquier tipo de comercio con países que están en esa lista”, afirma el jurista Robert L. Muse.
Muse asegura que “es beneficioso salir de la lista porque tiene un efecto inhibidor en las instituciones financieras y los inversionistas”.
Pero, aunque Cuba se libra de un importante obstáculo, no implica que los bancos y organismos internacionales vayan a estar dispuestos a aportar financiación a un país técnicamente en bancarrota que en los últimos años ha incumplido la mayoría de los compromisos con sus acreedores, desde sus aliados China y Rusia hasta el Club de París.
Y si, pese a esto, hubiera entidades dispuestas a financiar a Cuba, podrían temer repercusiones si el país regresa más adelante a la lista de patrocinadores del terrorismo.
“Cuba estaba en la lista, Obama la eliminó, después Trump la introdujo de nuevo y ahora Biden la quita; entonces, durante el periodo en el que no están las sanciones, puedes involucrarte en transacciones que, si luego se reintroducen las sanciones, pueden crearte problemas”, explica el economista Ricardo Torres.
En tercer y último lugar, ser considerado por Estados Unidos un patrocinador del terrorismo perjudica la percepción internacional sobre Cuba, cuyo gobierno ha priorizado históricamente proyectar una imagen favorable al exterior.
“Quizás lo más irritante para los cubanos es el oprobio moral asociado con ser designado como una nación terrorista. Implica ser un régimen fuera de la ley, y Cuba se siente ultrajada por esa caracterización”, afirma Robert L. Muse .
Salir del listado, agrega, “tiene para la isla un beneficio simbólico: es una acción que elimina ese estigma”.
Los efectos de las medidas adicionales
La retirada de Cuba de la lista negra del Departamento de Estado de EE.UU. es parte de un acuerdo más amplio entre Washington y La Habana, coordinado con la mediación de la Iglesia católica y que incluye la liberación de presos políticos en la isla.
Además de la retirada de la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo, según medios estadounidenses, Washington se comprometió en el acuerdo a revertir dos decisiones con importantes implicaciones económicas adoptadas durante el primer gobierno Trump.
En primer lugar, rescinde un memorando de 2017 que prohíbe las transacciones de personas bajo jurisdicción estadounidense con una lista de empresas y subentidades controladas por las fuerzas militares, de inteligencia o de seguridad cubanas, como la poderosa GAESA que controla varios negocios en la isla.
Esto podría facilitar la reanudación del envío de remesas de cubanos en Estados Unidos a sus familiares en la isla por la vía legal, es decir, a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas, que acaparan gran parte del poder económico del país.
En la práctica, sin embargo, los cubanos cuentan con otros modos más efectivos y baratos de enviar y recibir dinero, como transferencias electrónicas no afectadas por las sanciones o efectivo a través de “mulas” que viajan entre los dos países.
En segundo lugar, la Casa Blanca suspenderá el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses presentar demandas ante los tribunales por propiedades expropiadas por el gobierno cubano desde la Revolución de 1959.
Trump activó en 2019 este título de la ley, que permanecía suspendido desde su promulgación en 1966 para evitar conflictos diplomáticos con países aliados cuyas empresas operan en Cuba.
“A partir de hoy, no se pueden presentar demandas contra, por ejemplo, una compañía hotelera española que ocupe terrenos sobre los cuales alguien reclama derechos de propiedad bajo el lenguaje de la Ley Helms-Burton”, explica Muse.
Así, las demandas ya presentadas seguirán adelante pero no se pueden iniciar nuevas.
En todo caso, matiza el abogado, “la responsabilidad por el uso de propiedades confiscadas sigue existiendo y esto crea un desincentivo a largo plazo para invertir en Cuba, ya que siempre persiste la posibilidad de que las demandas se reactiven”.
Como compensación por el alivio de sanciones, Cuba se comprometió a liberar a un número “significativo” de disidentes, activistas defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes encarcelados a raíz de las históricas protestas de julio de 2021, las mayores en las últimas seis décadas a las que siguió una dura ola represiva.
El régimen de Díaz-Canel, que según organizaciones mantiene encerrados a más de un millar de presos políticos, se comprometió este martes a liberar de forma gradual a 553 personas condenadas por diversos delitos -sin especificar más detalles- y el miércoles sacó de la prisión a los primeros 14.
Según Muse, la decisión de espaciar la liberación de los presos podría ser una herramienta de negociación ante el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca.
“Si Cuba regresa a la lista de patrocinadores del terrorismo, ¿dejará de liberar a prisioneros y podría culparse a la administración Trump de que permanezcan en la cárcel? Eso está por ver”, plantea el jurista.
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