En el más reciente informe de la agencia de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el que revelan el crecimiento de los poderosos carteles mexicanos y su presencia en toda la Unión Americana, la agencia antinarcóticos estadounidense advirtió que cárteles de droga -como el de Sinaloa y Jalisco- subcontratan a personas especializadas en el sistema financiero internacional para lavar su dinero.
De acuerdo con el informe Evaluación Nacional para la Amenaza de las Drogas (NDTA, por sus siglas en inglés), los blanqueadores y corredores de dinero criminales que contratan además pueden proporcionar “pagos rápidos y por adelantado” a los traficantes, mientras ellos mismos asumen el proceso de infiltrar el dinero ilícito en instituciones financieras desde dentro de los Estados Unidos.
“Estos blanqueadores de dinero normalmente no trabajan para un cártel en específico; más bien, aceptan contratos de lavado de dinero de múltiples organizaciones criminales, no todas ellas narcotraficantes, y utilizan redes de lavado de dinero que puedan abarcar varios países”, señala el documento.
La publicación del informe ocurre a solo unos días de que Anne Milgram, titular de la DEA, reprochó al gobierno de México por retrasar las visas de trabajo para sus agentes, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “exageración”, luego de asegurar que “lo único que queremos es que se entienda que somos un país independiente”.
Sin embargo, esta tensión entre la DEA y el Gobierno Federal no es aislada, se sumó a una turbulenta relación que han tenido la agencia antidrogas estadounidense y el mandatario federal desde el inicio de su sexenio.
De acuerdo con el documento, tanto el Cártel de Sinaloa como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) generan miles de millones de dólares en ganancias por la venta de drogas ilícitas, como el fentanilo o la metanfetamina, para lo cual utilizan el fraude y el engaño para hacer circular su dinero a través de los sistemas financieros estadounidenses y mundiales para enriquecerse y seguir financiando sus operaciones.
En 2022, investigaciones de la DEA llevaron a la incautación cientos de millones de dólares en activos que los cárteles mexicanos intentaron introducir discretamente al sistema financiero a través de instrumentos financieros como acciones, bonos y criptomonedas, así como bienes raíces y artículos de lujo que justamente ingresaron bajo el modelo de subcontratación en varios países.
Para lavar el dinero, la DEA asegura que los cárteles de droga mexicanos utilizan organizaciones chinas de lavado de dinero para trasladar sus ganancias de Estados Unidos a México, a través del sistema bancario clandestino de China.
“Los lavadores de dinero que operan dentro de los Sistemas Bancarios Clandestinos Chinos (CUBS, por sus siglas en inglés) actúan cada vez más como lavadores de dinero para organizaciones traficantes de México y Sudamérica para mantener liquidez en los CUBS”.
En mayo de 2023, un blanqueador de dinero chino llamado Jianxing Chen (también conocido como John Chen), con sede en Belice, se declaró culpable de cargos por lavado de dinero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Según la investigación, desde Belice Chen organizó redes de efectivo, mensajeros y procesadores de dinero quienes recaudaron millones de dólares de ganancias en efectivo de drogas en Chicago, Houston, Los Ángeles, Nueva York y Atlanta. Durante muchos años, Chen y uno de sus coacusados, Xizhi Li (también conocido como Juan Lee, John Lee) lavaron el dinero y lo ingresaron a cuentas estadounidenses con beneficiarios en China y México.
Durante años, expertos en narcotráfico han asegurado que si realmente se quiere combatir al crimen organizado los gobiernos deben compartir estas redes financieras, que según el propio informe operan en 47 países alrededor del mundo y en los 50 estados que comprende los Estados Unidos.
La DEA también advirtió que los cárteles de Sinaloa y Jalisco siguen incrementando su participación en la introducción de fentanilo a aquel país, lo que incluso provocó que 38 mil estadounidenses murieran en los primeros 6 meses de 2023.
Además, señaló que el fentanilo y otras drogas sintéticas, como la metanfetamina, son las responsables de casi todas las sobredosis e intoxicaciones mortales por drogas en Estados Unidos en el país, por lo que ambos cárteles se han convertido en una amenaza no solo para la salud y la seguridad pública del país, sino para su panorama criminal.
“Las drogas sintéticas han transformado no solamente el panorama de las drogas en los Estados Unidos, con consecuencias mortales para la salud y seguridad; las drogas sintéticas también han transformado el panorama criminal en Estados Unidos, ya que los cárteles de la droga que fabrican estas drogas obtienen enormes ganancias de su venta”, señala el documento.
Con el título Las redes globales de los cárteles alimentan las muertes por droga en los Estados Unidos, la DEA describe cómo tanto el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los más poderosos de México, controlan redes criminales en todo el mundo que desempeñan un papel fundamental en la producción y distribución de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas sintéticas por toneladas.
Sin embargo, en el caso particular del territorio estadounidense, la agencia antidrogas señala que “juntos, el Cártel de Sinaloa y Jalisco han causado la peor crisis de drogas en los Estados Unidos”.
“Ellos dictan el flujo de casi todas las drogas ilícitas hacia Estados Unidos, y su dominio sobre el comercio de drogas sintéticas en particular es evidente en el implacable flujo de fentanilo y metanfetaminas ilícitas que cruzan la frontera hacia los mercados estadounidenses”.
Por ejemplo, señala que ambos cárteles deliberadamente comercian fentanilo ilícito en forma de pastillas para imitar los medicamentos que ingresan como marca registrada, lo que da como resultado que muchos estadounidenses compren y consuman estas drogas ilegales creyendo que son medicamentos legítimos.
Para conseguir esto, aseguran, los cárteles utilizan aplicaciones de mensajería encriptadas o abiertas, así como redes sociales, utilizadas tanto por los grandes cárteles como por traficantes callejeros para anunciar, organizar entregas y recibir pagos, todo de forma rápida, con un solo dispositivo y exposición mínima.
“Combinados, estos factores hacen la detección difícil y alimentan los envenenamientos por drogas en Estados Unidos en manos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco”, señala.
Sobre la producción de fentanilo ilícito en México, el informe asegura que Los Chapitos son quienes dirigen esta producción en laboratorios escondidos en las montañas de Sinaloa, entre otros bastiones del Cártel de Sinaloa.
Y aunque indica que el CJNG no puede igualar la capacidad de producción de fentanilo del Cártel de Sinaloa sí “ha inundado las calles estadounidenses con fentanilo, a menudo mezclado con otras drogas”.
“Los carteles de Sinaloa y Jalisco fabrican fentanilo en laboratorios clandestinos que supervisan en México, tanto en forma de polvo como en pastillas falsas, y lo trafican hacia Estados Unidos a través de cualquiera de los muchos puntos de entrada que controlan”.
Durante todo su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que México produjera fentanilo hasta que en una entrevista para el programa 60 minutos, cadena estadounidense de la CBS, aceptó por primera vez que en México sí se produce fentanilo.
“El fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México. Y los precursores químicos proceden de Asia”, dijo el mandatario federal que después matizó en una conferencia de prensa su afirmación al asegurar que sí se produce, pero “muy poco”.
Del tamaño de un carnet de identidad, lleva casi 20 años en circulación, pero su demanda se ha disparado desde que Trump asumió la presidencia.
“Llevándola encima me siento más segura”.
Así dice Verónica Velásquez, una inmigrante indocumentada originaria de Filipinas y residente en Los Ángeles, de una tarjeta roja del tamaño de un carnet de identidad que mantiene siempre en su cartera.
Llamada también know-your-rights card (tarjeta conozca sus derechos) o simplemente “la tarjeta roja”, recuerda a quien la tiene entre manos algunos de sus derechos constitucionales y le resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Disponible en 19 idiomas e ideada por la organización Immigrant Legal Resource Center (ILRC), lleva en circulación casi dos décadas.
Aunque su uso y demanda se han disparado desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, con la promesa, entre otras, de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Todo el que se encuentre en Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria, tiene ciertos derechos garantizados por la Constitución.
La tarjeta roja enumera algunos de los más relevantes para alguien que no tenga el permiso legal para residir en el país y corra el riesgo de ser deportado, como el derecho a permanecer en silencio recogido en la Quinta Enmienda o a no dejar entrar a la casa a un agente que no porte una orden firmada por un juez, tal como especifica la Cuarta Enmienda.
Usted tiene derechos constitucionales:
• No abra la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta.
• No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho a guardar silencio.
• No firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado.
• Si usted está fuera de su casa, pregúntele al agente si tiene la libertad de irse y si le dice que sí, váyase con tranquilidad.
• Entréguele esta tarjeta al agente. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta.
Su formato es una referencia a las tarjetas rojas que usan los árbitros en los partidos de fútbol para expulsar a los jugadores.
Y la idea de crearlas surgió en 2007, a raíz de una serie de redadas llevadas a cabo en entornos laborales que “aterrorizaron a la comunidad”, explican desde ILRC, que tiene su sede en la ciudad californiana de San Francisco.
La organización las distribuye directamente a otras entidades, que a su vez las reparten en escuelas, iglesias, clínicas o bancos de alimentos, y a abogados que trabajan con migrantes y solicitantes de asilo.
También ofrece la posibilidad de descargar el diseño a través de su página web, para que quien las quiera pueda imprimirlas y montarlas por su cuenta.
“Desde las elecciones (presidenciales del 5 de noviembre) nos han llegado pedidos para un total de nueve millones de tarjetas, más que el total de los 17 años anteriores”, informa la organización.
En una cara llevan la información en inglés, y en la otra la traducción a uno de los 19 idiomas disponibles, desde el español y el portugués, pasando por el árabe, el creole, el ruso y el ucraniano, hasta el vietnamita y el chino, como muestra del diverso origen de los inmigrantes que hoy por hoy están en riesgo de deportación en EE.UU.
Según un análisis del Centro de Investigación Pew en base a los datos más recientes disponibles, en 2022 había 11 millones de personas indocumentadas en EE.UU., el 23% de los inmigrantes y un 3,3% del total de la población.
En torno a cuatro millones eran originarias de México, 1,9 millones nacieron en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica – El Salvador, Honduras y Guatemala, y los provenientes de Venezuela pasaron de ser 55.000 en 2007 a más de 270.000 en 2022.
Y también hay amplias comunidades originarias de otros continentes, como por ejemplo 750.000 residentes no autorizados que nacieron en India.
Para muchos de estos inmigrantes sin papeles, hacer valer los derechos que recoge la tarjeta roja podría marcar la diferencia entre quedarse en el país o ser deportado, advierten activistas y abogados.
Por ello, organizaciones como TODEC, con sede en tres municipios de zonas rurales de California donde un alto porcentaje de trabajadores agrícolas son indocumentados, ha repartido hasta 500.000.
“Asegúrate de que portas siempre la tarjeta roja, para explicar y hacer cumplir tus derechos si llega a detenerte un agente migración”, dice la hoja informativa que suele repartir en comunidades con población en riesgo de ser deportada.
“Es una herramienta sencilla pero puede tener un alto impacto”, subraya Dalia Zetina, del Dream Project Center de la Universidad Coastline de Newport Beach, California.
“Además ayuda a quien lo lleva a sentirse más seguro a la hora de salir de casa o para ir al trabajo”, le dice a BBC Mundo.
“Probablemente te pongas nervioso si un agente te para. Así que solo tienes que agarrar la tarjeta y leerla, o entregársela directamente”, explica.
El centro para el que trabaja ha distribuído 700 unidades en la comunidad, en español, tagalo y vietnamita.
A la semana de la toma de posesión de Trump y en vista de las primeras redadas, María Fernanda García Castillo, nacida en EE.UU. de padres inmigrantes, decidió imprimir tarjetas y repartirlas en su entorno en Charlotte, Carolina del Norte.
“Supe de gente que no estaba yendo al trabajo porque vivían en un área con alta población latina y laboraban en sectores que están en el punto de mira de las autoridades migratorias, como la construcción”, le contó al medio local WCNC.
“Se me acabaron pronto y me di cuenta que la gente tenía muchas preguntas acerca de cuáles eran sus derechos”, así que decidió fundar Project Red Cards, para distribuir todas las que pudiera en tiendas, restaurantes, clínicas, lavanderías y otros puntos de su municipio y en localidades aledañas.
A kilómetros de allí, en el estado de Maryland, Marlon A. Cruz, un ingeniero de 23 años hijo de inmigrantes guatemaltecos, organizó este martes un taller para imprimir y montar 400 tarjetas rojas en 10 idiomas distintos.
Ahora pretende entregarlas entre la comunidad hispana del condado en el que vive, Prince George’s, en las afueras de Washington DC, le dice a BBC Mundo, y trabajar en red con organizaciones para ampliar su alcance.
Son solo unos ejemplos de los grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país que llevan semanas organizándose y ofreciendo la tarjeta como parte de una serie de recursos a la población en peligro de deportación.
También organizan talleres y sesiones informativas en centros comunitarios, escuelas e iglesias bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
Asimismo, existe una serie de aplicaciones para celular que contienen una información similar a la de las tarjetas rojas en audio, y que permiten a sus usuarios no tener que mediar palabra con los agentes migratorios.
Mientras, funcionarios de la administración Trump han arremetido contra la actividad de ONGs y voluntarios, subrayando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo Thomas D. Homan, a quien el presidente nombró “zar de la frontera” y que está al frente de las operaciones de deportación.
También aclaró que eso no frenará las expulsiones, como ya lo ha dicho sobre las “ciudades santuario”, aquellas donde los funcionarios municipales no están obligados a colaborar con los agentes federales en materia migratoria.
“Nada impedirá que deportemos a migrantes criminales. Haremos el trabajo con su ayuda o sin ella”, aseguró en una entrevista en la cadena Fox News nada más ser elegido para el cargo, que asumió tras fungir como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esa fue una de las principales promesas de campaña de Trump y desde que asumió la presidencia ha ordenado redadas en todos los rincones del país, enviado aviones con deportados a Colombia o Venezuela, algunos tras haber estado detenidos en Guantánamo, y usado como países “puente” a Panamá y Costa Rica.
El nuevo gobierno ha hecho un gran despliegue mediático con las detenciones y las deportaciones.
A diario, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales y páginas web, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE publican imágenes de personas que han sido arrestadas, a veces a punto de subirse a un vuelo, encadenados de manos y pies.
Sin embargo, y aunque la seguridad nacional sea el argumento con el que el nuevo gobierno justifica las deportaciones y Trump y Homan insistan en que se están repatriando “delincuentes”, cifras obtenidas por la cadena NBC muestran que más del 40% de los detenidos no tenía antecedentes penales.
El medio encontró que de los 4.422 arrestados por el ICE en las primeras dos semanas de febrero, 1.800 (un 41%), no tenían ninguna condena ni cargos penales pendientes.
Ante ello, el temor a encontrarse con un agente migratorio se ha extendido como la pólvora entre los inmigrantes indocumentados y las familias con estatus mixto, en las que al menos uno de los miembros no tiene la residencia legal.
“Ni voy a salir de casa”, le decía a BBC Mundo José, quien lleva más de 25 años en el país pero no ha logrado regularizar su situación por haber cruzado la frontera desde México de forma ilegal, después de que el diario LA Times, en base a la filtración de un documento oficial del DHS, informara de unas posibles redadas masivas en Los Ángeles antes de que termine febrero.
En ese contexto de miedo, una herramienta tan básica como una tarjeta roja puede marcar la diferencia.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas