La audiencias públicas por la denuncia que México interpuso contra Ecuador, por la irrupción en su embajada y los atentados contra el personal diplomático, serán el 30 de abril y el 1 de mayo, informó la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El pasado 11 de abril, el gobierno de México presentó una demanda contra Ecuador ante la CIJ por la irrupción de elementos de la policía ecuatoriana en la embajada nacional en Quito y las agresiones en contra del exvicepresidente Jorge Glas y el personal diplomático.
“Se recuerda que México presentó una demanda iniciando procedimientos contra Ecuador con respecto a una controversia relativa a ‘cuestiones jurídicas relativas a la solución de controversias internacionales por medios pacíficos y a las relaciones diplomáticas y a la inviolabilidad de una misión diplomática”, señaló el órgano judicial de la ONU.
A la espera de una sentencia definitiva, en las audiencias se analizará la solicitud de implementar medidas provisionales, las cuales fueron requeridas en la denuncia que hizo el gobierno mexicano.
Las medidas solicitadas por México son que el gobierno de Ecuador garantice total, inmediata y apropiada seguridad en las instalaciones diplomáticas, así como de sus archivos, para evitar cualquier forma de intrusión.
Otra es que el gobierno ecuatoriano permita a México despejar las instalaciones diplomáticas y las residencias privadas del personal que allá se desempeñaba.
También se solicita que, sea cual sea la decisión de la CIJ, el gobierno de Ecuador se asegure de no tomar acciones que afecten los derechos de México y que se abstenga de cualquier acto que pueda agravar la controversia que analiza la Corte.
En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se sumen a la denuncia interpuesta contra Ecuador.
Al hablar sobre el tema en su conferencia de este jueves 18 de abril, el mandatario pidió “justicia pronta y expedita, que no vayan a seguir el mal ejemplo del Poder Judicial en México”.
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El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la medida solo afectará a un grupo pequeño de personas, pero no dio el alcance real de su magnitud.
“Identificar y eliminar más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad” para Estados Unidos.
Ese es el objetivo de la última medida para el control migratorio en la frontera sur que presentó este jueves el gobierno de Joe Biden, que se rechacen las peticiones de asilo más rápidamente y, a su vez, que se aceleren las deportaciones.
La regla, dicen, aplicará a un grupo pequeño de personas. En específico, para quienes puedan suponer “un riesgo para la seguridad nacional y pública”.
Esta medida se toma en un momento en que la inmigración es un tema caliente de cara a las elecciones de Estados Unidos el próximo noviembre.
Mientras que los republicanos critican constantemente a la administración Biden por ser laxa en este tema y haber empeorado la situación de la frontera sur, desde las filas demócratas progresistas se pide más atención y protección a los migrantes.
Pero, qué cambia con esta nueva regla y a quiénes afectará.
Un cambio en los tiempos
La regla, expuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, afectará a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves.
Así, expone que se aplicará a “condenados por delitos particularmente graves”, relacionados con terrorismo o que hayan “participado en la persecución de otros”.
También incluye a aquellos “para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de Estados Unidos.”
Esto en sí no es un cambio sustancial, puesto que ya la ley federal ya recoge la negación de asilo en Estados Unidos quienes se consideran una amenaza pública.
El punto clave de la reforma es el cuándo ocurre esta negación de asilo.
Hasta ahora, cuando alguien llegaba a la frontera, se le detenía, y si solicitaba asilo pasaba un tiempo largo hasta que se estudiaba su caso y, si se determinaba que el solicitante había cometido delitos, se le detenía para su posterior deportación.
Según la regla propuesta, ahora los agentes de migración de la frontera, que atienden los casos en su etapa más inicial, podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo o decidir si el detenido es una amenaza para Estados Unidos.
“Miedo creíble”
En específico, esto se dará en una etapa inicial del proceso de asilo que se llama “evaluación de miedo creíble”, y que ocurre unos días después de que alguien sea detenido en la frontera.
Según el derecho internacional y de Estados Unidos, cualquiera que llegue al país puede solicitar asilo. Para que se les conceda, deben demostrar que sufren persecución o temor a ser perseguidas en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Es aquí cuando entra esa “evaluación de miedo creíble”, en la que se exponen las razones por las que se solicita asilo.
Hasta ahora, tras esa fase previa el caso podía pasar a un agente de asilo y, si era necesario, ante un tribunal de inmigración, que decide si el solicitante permanece o no en Estados Unidos.
El proceso para finalmente ser asilado puede durar años en tribunales de inmigración saturados.
La mayoría de las personas que lo solicitan no califican para obtenerlo y, en el camino, explicaron en el Departamento, se detiene y expulsa a quien tiene a antecedentes.
Ahora, los agentes en frontera podrán considerar en esa entrevista si la persona tiene antecedentes penales o vínculos terroristas sin pasar por esos trámites y, si la decisión lleva a negarle la entrada, se procederá a su deportación expedita.
La agencia no dio cifras sobre cuántas personas se verían afectadas, pero dijo que era pequeña.
En general, los defensores de la inmigración se han mostrado reacios a cualquier medida que busque hacer más difícil la evaluación inicial y creíble del miedo, según recoge agencias, por ser el de la entrevista un momento de alta vulnerabilidad tras sobrevivir a un viaje largo y peligroso hasta llegar a Estados Unidos.
Más medidas de cara a las elecciones
“La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó.
Más de 6,3 millones de migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a EE.UU. durante el mandato de Biden, una cifra mayor que en las administraciones anteriores, tanto de Trump, como las de sus antecesores Barack Obama y George W. Bush.
SI bien alcanzaron un nivel récord en diciembre, los cruces fronterizos bajaron en los últimos meses, en gran parte debido a la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano.
Además, ya el gobierno de Biden había anunciado el año pasado otra norma mucho más amplia que la anunciada ahora para restringir el asilo
La regla hizo que fuera extremadamente difícil para los migrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usaran una aplicación del gobierno para programar una cita o que ya hubieran intentado buscar protección en otro país en su camino a Estados Unidos.
Con el tema migratorio sobre el tapete electoral, se espera que, antes del 5 de noviembre, el gobierno sopese una acción más amplia para restringir más la inmigración en la frontera.
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