
Organizaciones internacionales, países europeos y activistas expresaron sus preocupaciones sobre el cambio climático, la salud mundial y el daño al multilateralismo con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, ordenada por el presidente Donald Trump y que entra en vigor este 27 de enero. Desde su primer mandato, el republicano ha criticado este esfuerzo internacional por considerar que impone “cargas injustas” a la economía estadounidense.
El Acuerdo de París es un tratado que fue adoptado en 2015 por 196 estados y es jurídicamente vinculante. Tiene la finalidad de combatir el cambio climático y limitar el calentamiento global a un umbral de 1.5 grados centígrados. La retirada de Estados Unidos entrará en vigor hoy, mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero de 2025, al asumir su segundo mandato.
Como en su primer mandato, Trump sacó a su país del Acuerdo de París y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a la que Washington había vuelto bajo la presidencia de Joe Biden. Además, retiró su apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que calificó como “injusta” con Estados Unidos, en comparación con otras naciones como China.
El gobierno de Trump también recortó ampliamente la ayuda estadounidense en el extranjero, lo cual golpeó los presupuestos de numerosas organizaciones de la ONU, que se vieron obligadas a reducir sus actividades sobre el terreno, como la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Marta Schaaf, directora del programa de Amnistía Internacional sobre Clima, Justicia Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas, consideró que la retirada de Washington “sienta un alarmante precedente que persigue iniciar una carrera hacia el abismo” y busca desmantelar el sistema de cooperación para la acción climática.
“Estados Unidos es uno de los actores más poderosos contra el cambio climático, pero, como influyente superpotencia, al tomar esta decisión —junto con los actos de coacción e intimidación a otros países y actores poderosos para que redoblen su apuesta por los combustibles fósiles— causa un grave daño”.
“Y amenaza con revertir los avances logrados globalmente contra el cambio climático durante más de un decenio en virtud del acuerdo”, señaló en un comunicado. Marta Schaaf agregó que defensores y activistas en Estados Unidos se encuentran ahora “en primera línea de lucha” contra las implicaciones para las generaciones venideras.
Sigue leyendo: Los gráficos, mapas y fotos que muestran la lenta muerte de la Amazonía y por qué el mundo debería preocuparse
Amnistía Internacional llamó a alzar la voz a “quienes estén presenciando los daños causados por el cambio climático y puedan hablar sin riesgo” y consideró como apremiante el apoyo global para acelerar las acciones contra los problemas ambientales.
“Otros gobiernos también deben oponer resistencia a todas las iniciativas coercitivas de Estados Unidos. Ceder terreno ahora implica perderlo durante años. Ni el planeta ni quienes viven en primera línea de estas catástrofes antropogénicas cada vez más frecuentes tienen ese tiempo”, puntualizó.
La organización remarcó que, aunque Washington, deje de ser parte del acuerdo, seguirá teniendo obligación jurídica de “proteger a la humanidad de los peores efectos del cambio climático”, como lo confirmó la Corte Internacional de Justicia en 2025.

El Parlamento Europeo señaló que el Acuerdo de París “sigue siendo una gran esperanza para toda la humanidad”. Ursula von der Leyen, presidenta de la comisión parlamentaria, confirmó en un comunicado que Europa colaborará “con todas las naciones que quieran proteger la naturaleza y detener el calentamiento global”.
La comisión expresó su preocupación por la retirada de los Estados Unidos de dicho acuerdo y de la OMS, y advirtió sobre posibles repercusiones negativas en el cambio climático, la salud mundial, las desigualdades y el multilateralismo en general.
Recordó que Donald Trump había retirado a Washington en su primer periodo presidencial, pero el país norteamericano se volvió a adherir bajo el gobierno de Joe Biden en 2021, solo 77 días después de que la salida surtiera un efecto oficial.
“La decisión de Trump se considera un viraje político considerable que prioriza la producción de combustibles fósiles y dificulta los esfuerzos mundiales para mitigar el cambio climático”.
“Los Estados Unidos son uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero y desempeñan un papel fundamental en las iniciativas medioambientales internacionales”, afirmaron los países integrantes del Parlamento.
El 7 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a su país de 66 organismos internacionales, 31 de ellos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras que los otros 35 son foros, agencias y acuerdos multilaterales.
En 2016, el gobierno de México ratificó el Acuerdo de París ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con otros 29 países. Según los estatutos, el acuerdo será evaluado cada cinco años en el rubro de las contribuciones para la mitigación del cambio climático.
México se comprometió a alcanzar una tasa cero de deforestación, mejorar la capacidad adaptativa de 160 municipios vulnerables, proteger a la población de fenómenos extremos, aumentar la resiliencia de la infraestructura energética y desacoplar el crecimiento económico de la emisión de contaminantes de efecto invernadero.
En tanto, Francisco Estrada Porrúa, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, señaló que la retirada de Estados Unidos del acuerdo podría marcar un “preocupante regreso al oscurantismo” en este rubro.
“Es inquietante escuchar a legisladores estadunidenses dudar de la eficacia de vacunas como la de la polio, o a líderes políticos negar el cambio climático con argumentos simplistas, como que si nieva no puede haber calentamiento global”, comentó Estrada, doctor en Economía por la Universidad Libre de Ámsterdam.
Con información de AFP

El cuerpo creado para vigilar las fronteras internacionales del país ha terminado siendo empleado por Trump en su cruzada nacional contra la inmigración ilegal.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes en el marco de redadas migratorias en Mineápolis no solo ha provocado airadas protestas y condenas en el país, sino que también ha puesto la atención en el comportamiento de los agentes de uno de los organismos que participa en la ofensiva contra la inmigración ilegal impulsada por el gobierno de Trump: la Patrulla Fronteriza.
El enfermero Alex Pretti, de 37 años, murió el sábado a consecuencia de los disparos que le propinaron agentes de esa fuerza.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmaron que los uniformados utilizaron sus armas de fuego en defensa propia después de que Pretti, quien según ellos tenía una pistola, se resistiera a sus intentos de desarmarlo.
Sin embargo, videos y testigos indican que lo único que el enfermero sostenía en su mano era su teléfono celular, con el cual estaba grabando las acciones de los agentes.
¿Qué es la Patrulla Fronteriza y en qué se diferencia del no menos controvertido Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha venido ocupando los titulares en los últimos meses?
La Patrulla Fronteriza “es la rama policial móvil y uniformada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)”, se lee en el sitio web de esta dependencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional.
Con más de 60.000 empleados, la CBP asegura tener bajo su mando a una de las organizaciones policiales “más grandes del mundo” y su misión es “la gestión y el control de fronteras”.
Su tarea abarca el combate contra el contrabando de productos y mercancías y garantizar la seguridad agrícola y sanitaria mediante la vigilancia de sus puertos y aduanas; la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal, y facilitar los viajes de turismo y negocios a EE.UU.
La Patrulla Fronteriza, que es parte de la CBP, nació en 1924, aunque sus orígenes se remontan a décadas anteriores.
Uno de los antecedentes del cuerpo fueron los Vigilantes Montados del Servicio de Inmigración, unos oficiales que desde 1904 patrullaban a caballo la frontera con México para prevenir los cruces ilegales, en especial de personas provenientes de China, se lee en el sitio web de la CBP.
Sin embargo, la combinación de unas leyes migratorias más duras y de la prohibición de la producción y venta de alcohol que entró en vigor en 1920 en EE.UU. impulsó la creación de un organismo que se dedicara a la vigilancia permanente de las zonas fronterizas.
Frank W. Berkshire, un funcionario del servicio de inmigración nacido en Kentucky en 1870, es considerado el padre de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., pues fue él quien a finales de la década de 1910 comenzó a escribir a sus superiores sobre la necesidad de establecer una fuerza que vigilara las fronteras terrestres, en particular la del sur con México, según documentos disponibles en el Archivo Nacional de Washington.
Con el paso del tiempo, los legisladores fueron ampliando las facultades del cuerpo.
“En 1952, se permitió por primera vez a los agentes de la Patrulla Fronteriza abordar y registrar un medio de transporte en busca de inmigrantes ilegales en cualquier lugar de EE.UU. Por primera vez, quienes ingresaran ilegalmente al país podían ser arrestados”, se lee en su sitio web.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el sistema de control migratorio estadounidense fue reformando, con más fondos y la creación de nuevas estructuras, como el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.
Aunque nació para vigilar las fronteras internacionales e impedir el ingreso ilegal de productos y personas a EE.UU., la Patrulla Fronteriza también puede actuar dentro del territorio estadounidense.
Los agentes del cuerpo pueden realizar patrullajes en las zonas y barrios en los que pueda haber inmigrantes ilegales, y pueden establecer puestos de control, tanto fijos como temporales, según se explica en el sitio web de la CBP.
Lo anterior es posible porque el artículo 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los integrantes de la Patrulla a realizar procedimientos, incluidas detenciones, sin necesidad de una orden judicial “dentro de una distancia razonable de cualquier límite externo de EE.UU.”.
La legislación fija en 160 kilómetros esa “distancia razonable” a cualquier límite fronterizo, explica la organización de derechos humanos American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) en su sitio web.
A pesar de que la frontera con Canadá más cercana a Mineápolis está a unos 500 kilómetros de distancia, la ciudad cuenta con un aeropuerto internacional que es un paso fronterizo internacional y ello explicaría por qué los agentes del cuerpo están en la ciudad.
No obstante, esta interpretación no es compartida por organizaciones como el Consejo Estadounidense para la Inmigración, desde donde aseguraron que la administración de Trump ha recurrido al cuerpo simplemente por sus facultades.
“La zona de los 160 kilómetros limita la autoridad de la Patrulla Fronteriza hasta cierto punto: no pueden abordar autobuses ni trenes fuera de la zona, ni establecer puntos fijos de control vehicular. Sin embargo, sí tienen la facultad de detener a un conductor e interrogarlo sobre su estatus migratorio si tienen una ‘sospecha razonable’ de que no es ciudadano”, explicaron en un artículo disponible en su sitio web.
Esta tesis fue confirmada recientemente por el gobierno de Trump.
“Su capacidad para operar en todo el país garantiza que la Patrulla Fronteriza pueda hacer cumplir las leyes de inmigración, combatir el contrabando y hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional en cualquier lugar de EE.UU”, afirmó Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
“Y la aplicación de las leyes de inmigración no se limita a las regiones fronterizas, pues las personas que evaden la detección en la frontera pueden ser detenidas en otros lugares”, agregó.
A lo largo de los años la actuación del cuerpo ha sido cuestionada.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estereotipado y deshumanizado a quienes son objeto de sus acciones (…) Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara vez son sancionados por mala conducta , incluso cuando esta resulta en muerte”, denunció el Consejo Estadounidense de Inmigración.
Por su parte, la ACLU aseguró que ha registrado 372 muertes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza desde 2010, de las cuales 79 fueron por uso de arma de fuego y 49 afectaron a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
El ICE y la Patrulla Fronteriza son ambos policías migratorias, aunque la última -como ya se mencionó- también es responsable de luchar contra el contrabando de bienes y productos, contra el terrorismo y de asegurar el normal ingreso y salida de visitantes extranjeros a EE.UU.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sus más de 20.000 agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en EE.UU. sin la documentación necesaria, para lo cual pueden realizar redadas en casas o lugares públicos en cualquier parte del país, se explica en su página web.
El año pasado, la Corte Suprema emitió un fallo que allanó el camino para que los agentes de este cuerpo pudieran utilizar la raza, el acento y el lugar de trabajo como factores para decidir a quién detener. Fue una decisión que activistas de derechos humanos han calificado de discriminatoria.
Asimismo, el ICE investiga delitos relacionados con inmigración como la trata de personas y fraude de documentos y, también puede detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto o agrede a uno de sus agentes.
¿Cómo distinguir a un agente de la Patrulla Fronteriza de otro del ICE? Los agentes de la Patrulla Fronteriza suelen vestir de color verde oscuro o con ropa de camuflaje, y a menudo identifican en sus chalecos en los que se lee: U.S. Border Patrol (Patrulla Fronteriza).
Sin embargo, en los últimos meses se ha visto en varias operaciones a agentes que no van uniformados ni exhiben ninguna identificación del cuerpo al que pertenecen y que, además, portan lentes de sol o máscaras que cubren sus rostros.
Con la administración de Trump, el ICE se ha convertido en una de las agencias de seguridad mejor financiadas del país, por encima del FBI y la DEA, con un presupuesto que asciende a unos US$ 84.000 millones, de acuerdo con los datos de USASpending, una organización independiente que monitorea el gasto público estadounidense.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.