Cámaras empresariales rechazan aranceles impuestos por Trump a México y Canadá; piden reconsiderar medida
Cámaras empresariales y organizaciones comerciales rechazaron los aranceles de 25 % que impuso el gobierno de Donald Trump a los productos de México y Canadá, a quienes responsabiliza por el tráfico de fentanilo y la migración irregular.
Este sábado, la Casa Blanca informó que el impuesto deberá ser pagado por los productores mexicanos hasta que México coopere con Estados Unidos en la lucha contra las drogas, y acusó que el gobierno protege a grupos delictivos. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “es una calumnia” y dijo que también habrá medidas arancelarias y no arancelarias.
Tras el anuncio de la aplicación de los impuestos, Empresas Globales, organismo integrado por 61 grandes compañías internacionales con presencia en México, manifestó su preocupación al señalar que la medida “genera incertidumbre en la relación comercial de América del Norte, afectando la competitividad y estabilidad económica de la región”.
Por su parte, la Asociación de Empresas de Texas (Texas Association of Business) señaló que el T-MEC, el cual fue negociado por el propio Donal Trump, es “el mejor acuerdo comercial jamás alcanzado” y ha dejado incrementos récord en generación de empleo e importaciones por lo cual los nuevos aranceles “amenazan este éxito”.
La Comisión México-Arizona, enfocada en fortalecer los vínculos sociales, económicos y culturales, hizo un llamado a fortalecer las relaciones de los países de América del Norte en lugar de crear barreras y señaló que los aranceles afectarán a las cadenas de producción e incrementarán los precios.
“México es el principal socio comercial de Arizona con 8 mil millones de dólares en bienes exportados desde Arizona a México en 2023 y 11 mil 800 millones en bienes importados de México a Arizona en el mismo año. México representa el 33.2 % de las importaciones de Arizona y estos aranceles amenazan a industrias clave, desde la agricultura hasta la manufactura”, señala el comunicado.
En tanto la Cámara de Comercio de Estados Unidos señaló que la aplicación de los aranceles podrían empeorar “la crisis del costo de vida” lo que obligará a los ciudadanos estadounidenses a pagar más por productos básicos, además de que las represalias afectarán a los agricultores y fabricantes locales.
“La conclusión es esta: los aranceles son un impuesto que pagan los estadounidenses, y su uso amplio e indiscriminado sofocaría el crecimiento en el peor momento posible”, señala el comunicado firmado por la presidenta Suzanne P. Clark.
La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB por sus siglas en inglés) señalaron que respaldan el decreto de Trump en favor del acceso de la vivienda que la imposición de aranceles a México y Canadá tendrá el efecto contrario en el sector ya que dichos países representan el 25 % de las importaciones de materiales.
“Le solicitamos respetuosamente que considere los efectos de los aranceles sobre los estadounidenses que tienen dificultades para pagar una vivienda y que exima de tales medidas a los materiales de construcción esenciales”, solicitaron.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, señaló que las acusaciones sobre los presuntos nexos del gobierno de México con grupos criminales son “un pretexto para distraer a la opinión pública de Estados Unidos del tremendo error de imponer tarifas disuptivas a México y las empresas norteamericanas aquí establecidas”.
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Negar la ciudadanía por derecho de nacimiento requeriría el apoyo de 2/3 del Congreso y 3/4 de los estados de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea poner fin a la “ciudadanía por derecho de nacimiento”, en referencia a la ciudadanía estadounidense que se concede automáticamente a cualquier persona nacida en el país.
Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que aborda la definición de ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque los detalles hasta ahora no están claros.
La ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que “todas las personas nacidas” en EE.UU. “son ciudadanos de Estados Unidos”.
Aunque Trump prometió poner fin a esta práctica, tratar de hacerlo supondría enfrentarse a importantes obstáculos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos demandaron inmediatamente al gobierno de Trump por la orden ejecutiva.
¿Qué es la “ciudadanía por derecho de nacimiento”?
La primera frase de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense establece el principio de “ciudadanía por derecho de nacimiento”:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Los partidarios de la línea dura en materia de inmigración argumentan que la política es un “gran imán para la inmigración ilegal” y que anima a las mujeres embarazadas indocumentadas a cruzar la frontera para dar a luz, un acto que se ha denominado peyorativamente “turismo de natalidad” o tener un “bebé ancla”.
¿Cómo surgió la enmienda?
La 14ª enmienda se adoptó en 1868, tras el final de la Guerra Civil. La 13ª enmienda había abolido la esclavitud en 1865, mientras que la 14ª resolvía la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en Estados Unidos.
Decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como Dred Scott contra Sandford en 1857, habían establecido que los afroamericanos nunca podrían ser ciudadanos estadounidenses. La 14ª enmienda anuló esa decisión.
En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplica a los hijos de inmigrantes en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos.
Wong era un joven de 24 años, hijo de inmigrantes chinos, que nació en EE.UU., pero al que se le denegó la reentrada cuando regresó de una visita a China. Wong alegó con éxito que, al haber nacido en EE.UU., la condición de inmigrantes de sus padres no afectaba a la aplicación de la 14ª enmienda.
“El caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos afirmaba que, independientemente de la raza o el estatus migratorio de los padres, todas las personas nacidas en Estados Unidos tenían todos los derechos que ofrecía la ciudadanía”, escribe Erika Lee, directora del Centro de Investigación de Historia de la Inmigración de la Universidad de Minnesota.
“El tribunal no ha vuelto a examinar esta cuestión desde entonces”.
¿Puede Trump revocarla?
La mayoría de los juristas coinciden en que el presidente Trump no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
“Está haciendo algo que va a molestar a mucha gente, pero en última instancia esto lo decidirán los tribunales”, señaló Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. “Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta”.
Prakash dijo que, aunque el presidente puede ordenar a los empleados de las agencias federales que interpreten la ciudadanía de forma más restrictiva -los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., por ejemplo-, eso daría lugar a impugnaciones legales por parte de cualquier persona a la que se denegara la ciudadanía.
Esto podría dar lugar a una larga batalla judicial que acabaría en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Una enmienda constitucional podría suprimir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero para ello se necesitarían dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y del Senado y la aprobación de tres cuartas partes de los estados de EE.UU.
¿A cuántas personas afectaría?
Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016 nacieron en EE.UU. unos 250.000 bebés de padres inmigrantes no autorizados, lo que supone un descenso del 36% respecto al máximo alcanzado en 2007. En 2022, el último año del que se dispone de datos, hubo 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes no autorizados, según Pew.
Pero como esos niños también tienen hijos, el efecto acumulativo de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento aumentaría el número de inmigrantes no autorizados en el país a 4,7 millones en 2050, según el Instituto de Política Migratoria.
En una entrevista con el programa “Meet the Press” de la NBC, Trump dijo que pensaba que los hijos de inmigrantes no autorizados debían ser deportados junto a sus padres, aunque hubieran nacido en EE.UU.
“No quiero estar rompiendo familias”, dijo Trump el pasado diciembre. “Así que la única manera de no romper la familia es mantenerlos juntos y tienes que enviarlos a todos de vuelta”.
Más de 30 países -entre ellos Canadá y México- practican el “Ius soli” automático o “derecho de suelo” sin restricciones.
Otros países, como Reino Unido y Australia, permiten una versión modificada en la que la nacionalidad se concede automáticamente si uno de los progenitores es ciudadano o residente permanente.
*Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.
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