Nicolás Maduro vio cómo en 2024 se erosionó su relación con Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, entre otros, por los resultados de las elecciones de julio, en las que fue declarado vencedor pese a que nunca se mostraron las actas oficiales de la votación.

No le falló, sin embargo, un fiel aliado: Daniel Ortega.

El año que termina profundizó la relación entre ambos países y al mismo tiempo los parecidos sobre cómo ambos gobiernos refuerzan su poder y se enfrentan a la disidencia.

Venezuela y Nicaragua, aliados ideológicos junto a Cuba con llamados gobiernos revolucionarios de izquierdas, son considerados regímenes autoritarios por organismos internacionales y países occidentales y han sido en los últimos años importantes focos de crisis política y social en América Latina.

Paralelismos

Ortega acaba de promover una reforma de la Constitución para concentrar todos los poderes del Estado en su figura y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que pasará a ser “copresidenta”.

Las actas oficiales publicadas por la oposición mostraban un claro triunfo de Edmundo González, el desconocido diplomático que sustituyó a la popular líder María Corina Machado, inhabilitada para postularse.

González, acusado por la Fiscalía venezolana -próxima al gobierno- de “instigación a la insurrección”, tuvo que exiliarse en España, mientras que Machado ha sido acusada de “traición a la patria” y permanece en la clandestinidad dentro de Venezuela.

Algo parecido sucedió en Nicaragua en 2023, cuando el Ejecutivo expulsó a Estados Unidos a 316 opositores que mantenía presos y les retiró la nacionalidad.

Antes, en 2021, Ortega había sido elegido por quinta vez como presidente con 75% de los votos en unos comicios en los que prácticamente no tuvo rivales, después de que la Justicia -controlada por el oficialismo- ordenara el encarcelamiento de siete precandidatos además de 32 líderes opositores y empresarios.

Los acusaban, como ahora pasa en Venezuela, de “conspiración y traición a la patria”.

Ambos países padecen, además, un pronunciado éxodo migratorio, sobre todo hacia Estados Unidos, que ofrece protección especial a sus solicitantes de asilo.

Expertos señalan que, desde el modo en que enfrentan la disidencia hasta cómo operan sus procesos electorales, Nicaragua y Venezuela exhiben numerosos paralelismos que se han reforzado este 2024.

Si bien tanto en Venezuela como en Nicaragua se realizan elecciones, “los dos gobiernos lograron desmantelar de forma similar los frenos y contrapesos propios de la democracia, cooptando el poder judicial y en la práctica anulando el ejercicio libre del derecho al voto“, indica Pappier.

Los estándares internacionales no se cumplen, explican analistas, lo que ha servido para consolidar a ambos gobiernos.

“Probablemente Maduro le preguntó a Ortega sobre los procedimientos que ha utilizado y sigue utilizando para suprimir o inhibir, por un lado, la formación de una voluntad mayoritaria de cambio que amenace su régimen político, y por otro lado, cómo garantizar la estabilidad de su gobierno”, afirma el politólogo venezolano John Magdaleno.

Según él, “las inhabilitaciones y restricciones a los partidos políticos se han convertido en parte del repertorio de procedimientos que las autocracias del siglo XXI implementan para evitar cualquier cambio político”.

Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua aseguran que esas medidas son decisiones legales tomadas por órganos independientes a la presidencia y obedecen a normas supuestamente quebrantadas por los opositores.

Exilio y cancelación de pasaportes

Otras de las medidas utilizadas por ambas administraciones para neutralizar a opositores políticos. son el exilio y la cancelación de pasaportes.

Aunque lo han hecho de forma diferente y el caso de Nicaragua es más extremo.

En 2023, Managua desterró en dos tandas a 316 opositores, entre ellos líderes políticos opositores como Félix Maradiaga o Cristiana Chamorro, sandinistas históricos como Dora María Téllez e intelectuales como la escritora Gioconda Belli o Sergio Ramírez.

Los despojó de sus bienes, sus pasaportes y la nacionalidad nicaragüense tras una resolución judicial que los condenaba “por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.

En Venezuela, las denuncias sobre anulación de pasaportes se multiplicaron en los últimos meses tras las elecciones del 28 de julio.

Algunos de los afectados, como el dirigente político Andrés Caleca residen en el país, por lo que la medida les impide salir legalmente, mientras otros están en el exilio y, en ese caso, se les veta el regreso.

De acuerdo a analistas, al bloquear la movilidad de los disidentes dentro y fuera del país el gobierno busca, por un lado, evitar que la oposición interna participe en eventos internacionales y, por otro, prevenir que los exiliados regresen para agitar la oposición interna.

El caso más notable ahora es el de Edmundo González, refugiado en España después de recibir una orden de captura por usurpación de funciones, instigación a la desobediencia y conspiración, entre otros supuestos delitos.

“El exilio de figuras de la oposición en Nicaragua fue el resultado de un acuerdo con los EE. UU. y sirvió para aliviar la presión sobre el gobierno de Ortega neutralizando a los alborotadores. El exilio forzado de González en Venezuela cumplió un propósito similar”, explica a BBC Mundo Michael Paarlberg, investigador del centro de estudios Institute for Policy Studies y profesor de la Virginia Commonwealth University en Estados Unidos.

Sin embargo, remarca una diferencia fundamental entre ambos: mientras en Venezuela aún hay una oposición interna significativa y organizada, en Nicaragua se ha eliminado cualquier atisbo de resistencia.

“El gobierno de Ortega sigue un enfoque más totalitario al reprimir a toda la sociedad civil, las organizaciones religiosas y la oposición, mientras desmoviliza a la población mediante la promesa de cierto grado de estabilidad económica, algo que Maduro no puede ofrecer”, apunta.

“Represión” y “traición a la patria”

Tanto Venezuela como Nicaragua han sido acusados de emplear sus sistemas judiciales y Fuerzas Armadas para perseguir a opositores y disidentes.

“Los dos regímenes usan aparatos parapoliciales y paramilitares para reprimir la disidencia y a la oposición”, le dice a BBC Mundo el politólogo John Magdaleno.

Ambos gobiernos defienden la imparcialidad de su sistema judicial y alegan que sus acciones contra opositores buscan combatir supuestas campañas subversivas financiadas por Estados Unidos y aliados.

Tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela ha habido centenares de detenciones, muchas de ellas calificadas como arbitrarias por organismos locales e internaciones que defienden el debido proceso.

También se han denunciado desapariciones, torturas y ha habido varias muertes de disidentes que estaban en custodia policial.

Para Amnistía Internacional, el control del poder Ejecutivo sobre el sistema Judicial y la Fiscalía se traduce en arrestos arbitrarios o preventivos, juicios expeditos con escasas garantías para la defensa y sentencias determinadas de antemano.

Otras organizaciones como HRW (Human Rights Watch) señalan que en ambos países se han instrumentalizado las leyes de seguridad nacional y antiterrorismo para combatir las protestas.

Estas leyes, según un informe del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), son empleadas como herramientas para justificar detenciones y enjuiciamientos que, de otra manera, no contarían con un respaldo legal claro.

El gobierno de Ortega ha procesado a numerosas figuras de la oposición y líderes sociales bajo los cargos de terrorismo y conspiración.

Destacan los casos de Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, precandidatos a la presidencia en 2021, a quienes se imputó el cargo de conspiración en procesos judiciales que, según Amnistía Internacional, estuvieron plagados de irregularidades, como la ausencia de una defensa adecuada o el veto a observadores internacionales.

Bajo la excusa de proteger la soberanía nacional, “ambos gobiernos emplean el exilio forzado, la persecución judicial, normalmente por delitos vagos y abstractos como ‘traición a la patria’ o ‘terrorismo’, para amedrentar a críticos”, apunta el representante regional de HRW, Juan Pappier.

En Venezuela, la traición a la patria se basa en el artículo 130 de la Constitución, que obliga a sus ciudadanos a “honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.

El gobierno venezolano suele usarla para acusar a opositores políticos, a quienes en ocasiones atribuye conspiraciones para derrocar o asesinar a Maduro.

Entre los que han sido afectados están Juan Guaidó, Leopoldo López, y María Corina Machado, además de los exministros del oficialismo, Rafael Ramírez y Andrés Izarra.

Esta figura legal ha sido aún más recurrente en Nicaragua.

La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, aprobada en diciembre de 2020, permite arrestar a cualquier persona que solicite sanciones extranjeras o “incite la injerencia extranjera en los asuntos de Nicaragua”.

El gobierno usó esta figura para sentenciar a los 316 presos políticos desterrados en 2023, a quienes consideró agentes al servicio de intereses extranjeros.

Más recientemente, Ortega acusó de “traición a la patria” a su hermano menor Humberto, que murió en septiembre de 2024 tras meses de arresto domiciliario por calificar como “dictatorial” al gobierno que lideran su hermano y su cuñada, Rosario Murillo.

Los expertos coinciden en que los paralelismos entre Nicaragua y Venezuela confluyen en su mayor aliado político e ideológico: Cuba.

“La inteligencia cubana aún tiene mucha influencia y, al menos en Venezuela, se le atribuye haber desincentivado, desarmado e infiltrado cualquier tipo de movilización o desacuerdo estratégico dentro de las instituciones públicas, incluyendo la administración pública, las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales”, asegura John Magdaleno.

El experto destaca que “el avance autocrático en Nicaragua es mucho más pronunciado que en Venezuela, y se aproxima más a una autocracia cerrada”.

No obstante, advierte, “en Venezuela también se empiezan a ver señales de avance en esa dirección”.

En términos similares se expresa el subdirector de las Américas de HRW, Juan Pappier.

“Mientras el gobierno de Maduro se turna entre estrategias de represión más dura y generalizada y otras más selectivas, al menos desde 2021 el de Ortega ha reprimido la crítica de forma generalizada, brutal y constante”, sentencia.

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