Argentina anuncia investigación de criptomoneda promovida por Javier Milei; habría pérdidas por 100 mdd
El gobierno de Argentina anunció la noche del sábado una “investigación urgente” sobre el lanzamiento de una criptomoneda promovida por el presidente Javier Milei, que se vino abajo horas después de que hizo una publicación en redes entre acusaciones de estafa y llamados a un “juicio político”.
Según imágenes reproducidas por la prensa local, Milei había publicado en X un mensaje, fijado en su perfil durante más de cinco horas, con un link a una iniciativa bautizada “Viva La Libertad Project”, que emulaba su eslogan “viva la libertad, carajo”.
“El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, decía el mensaje del mandatario publicado el viernes, con el nombre del token, una unidad de valor digital basado en la tecnología blockchain que no tiene respaldo en dinero real.
La criptomoneda $LIBRA se trataba de “un proyecto privado” que iba a dedicarse a “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando (financiando) pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”.
Pero rápidamente, economistas y especialistas del universo cripto de Argentina, además de referentes del arco político opositor, criticaron a Milei y señalaron que ese activo digital podía ser una estafa o esquema Ponzi.
El presidente borró horas después el mensaje que promovía la criptomoneda. “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”, explicó Milei el sábado pasada la medianoche en X.
A medida que aumentaban las críticas, la noche del sábado la presidencia argentina informó que, “en virtud de los hechos”, Milei “ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del gobierno nacional, incluido el propio presidente”.
Anunció además la creación de una “Unidad de Tareas de Investigación” en la órbita del presidente encargada “de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación”, añadió la presidencia en un comunicado en X.
Criptomoneda promovida por Milei habría causado pérdidas de unos 107 millones de dólares
Según la revista The Kobeissi Letter, especializada en el mercado de capitales, cerca de un 80 % del activo $LIBRA estaba en manos de muy pocos tenedores antes del apoyo de Milei.
Tras el mensaje del presidente creció exponencialmente su valor, desde décimas hasta un pico de 4.978 dólares; los tenedores originales comenzaron a vender con una ganancia de millones, pero el valor del activo luego se derrumbó.
“Lo que pasó es lo que en el mundo de los valores negociables se llama ‘rug pull”, dijo a la AFP Javier Smaldone, especialista informático y reconocido influencer digital dedicado a denunciar estafas piramidales.
“Se crea una criptomoneda, también se puede hacer con acciones, se le da una liquidez inicial como para que eso que se creó valga algo y después se empieza una campaña publicitaria de algún tipo atrayendo a la gente”, explicó Smaldone sobre el rol que pudo tener la promoción de Milei.
El especialista detalló que en la medida en que “la gente va comprando, el valor de ese activo más sube (…) hasta que en algún momento los que manejan la liquidez retiran el dinero y la cosa se cae”.
Según Smaldone, toda la operación duró “dos horas más o menos” y se movió un volumen aproximado de 4.400 millones de dólares.
“Lo que se encontró hasta ahora es que el dinero que se llevaron son unos 107 millones de dólares”, detalló respecto a lo estafado, y agregó: “Posiblemente sea más”.
Piden juicio político a Milei
También el sábado, el bloque de Unión por la Patria, encabezado por el peronismo, en la cámara de Diputados del Congreso de la Nación anunció que el lunes presentarán “un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación” ante lo ocurrido.
Figuras de la oposición denunciaron la movida, entre ellas la expresidenta (2007-2015) y líder del peronismo (centroizquierda) Cristina Kirchner, que en su cuenta de X trató a Milei de “crypto estafador” y dijo que operó “como gancho de una estafa digital”.
El senador por la UCR (centro) Martín Lousteau apuntó que esta era “la segunda vez que, como funcionario, (Milei) publicita activos del mundo cripto que terminan siendo una estafa”.
En 2021, el entonces diputado y hoy presidente promocionó la plataforma CoinX, que ofrecía ganancias de 8 % mensual en dólares y hoy también es investigada por presunta estafa.
A lo largo del sábado comenzaron a aparecer en redes sociales diferentes presuntas víctimas de la maniobra, como el trader y streamer estadounidense Threadguy, con cientos de miles de seguidores en sus plataformas, que aseguró haber perdido “250.000 (dólares) en esta moneda”.
“Hoy fue un día difícil. El presidente de Argentina (…) nos estafó”, se lamentó.
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La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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