El Centro para la Diversidad Biológica solicitó a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, la aplicación de sanciones comerciales en contra de México para detener las importaciones de productos pesqueros mexicanos ante la muerte masiva de tortugas caguama en el país.
Sarah Uhlemann, líder del programa internacional del Centro para la Diversidad Biológica, calificó como “decepcionante” que Joe Biden no esté empleando los recursos disponibles de Estados Unidos para instar a México a reducir la captura incidental de tortugas caguama.
Enfatizó que “las tortugas caguama están en peligro de extinción y necesitan la protección conjunta de los dos países para sobrevivir. Es crucial que el presidente Biden prohíba las importaciones de pescados y mariscos de México y presione para que aplique medidas de protección”.
“A nadie le agradan las sanciones, no obstante, la historia ha demostrado que México sólo implementa medidas de conservación cuando se ve amenazado con prohibiciones comerciales. En el pasado, el gobierno mexicano hizo caso omiso a la muerte de las tortugas marinas tan pronto como se eliminó la amenaza de sanciones. Una prohibición a la importación de pescados y mariscos podría finalmente impulsar al gobierno mexicano a tomar en serio la protección de estas valiosas tortugas”, dijo Sarah Uhlemann.
De acuerdo con la solicitud enviada, y que puedes consultar aquí, durante 15 años, científicos han documentado niveles que consideran extremadamente altos de captura incidental de tortugas marinas en el Golfo de Ulloa, el cual se encuentra ubicado frente a la costa mexicana de Baja California Sur.
Los científicos describen que las aguas del Golfo de Ulloa son altamente productivas y proporcionan un hábitat clave para la alimentación de esta especie en su etapa juvenil. Sin embargo, la zona también es objeto de pesca intensiva, y las tortugas se enredan tanto en las redes de enmalle de fondo como en los palangres utilizados para capturar mero y tiburones.
Ante esto, el Servicio Nacional de Pesca (NMFS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, reconoce que desde hace tiempo “la captura accidental en las pesquerías artesanales y comerciales, en particular en las artes de pesca de Baja California Sur, “es una amenaza importante para la persistencia” de la tortuga caguama.
A pesar de que Estados Unidos cuenta con el Servicio Nacional de Pesca para plantear sanciones que respondan a la protección de las especies marinas, los científicos registraron 573 tortugas marinas varadas en las playas del Golfo de Ulloa, en 2012, como consecuencia de enredarse en artes de pesca. En 2013 registraron 524 tortugas marinas varadas.
“En 2013, el NMFS identificó a México bajo el AMP por su captura incidental de tortugas marinas, y en 2015, certificó negativamente a México por no adoptar un programa comparable para abordar la captura accidental”, se lee en el documento enviado a Biden.
Especialistas del Centro de Diversidad Biológica enfatizan en que es la segunda vez, en ocho años, que el Servicio Nacional de Pesca Marina certifica a México por esta captura incidental. Como resultado de la certificación y bajo la Ley de Protección de Moratoria se exigen sanciones automáticas, incluida la prohibición de la importación de productos pesqueros de México.
En el documento enviado la organización presentó cifras relacionadas a los altos niveles de varamientos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en México comenzó a documentar en la zona, donde en el año 2020 registraron 1,088 varamientos de tortugas caguama.
En cambio, los datos registrados en los años 2022 y 2023 se encuentran incompletos ya que “el gobierno de México sólo les proporcionó las cifras de varamientos de enero a agosto de 2022 con el registro de 347 tortugas documentadas; y de enero a julio de 2023 con 430 tortugas registradas.
“Esto es un fenómeno que ha estado sucediendo durante muchos años y no se ha detenido ni controlado. Es el lugar donde se tienen las tasas de captura incidental de tortugas más altas a nivel mundial y estamos permitiendo que mueran en las redes. México ha hecho caso omiso ante esta situación, por lo mismo, es un foco rojo que es necesario atender”, señaló en entrevista, Alex Olivera, miembro del Centro para la Diversidad Biológica.
La tortuga caguama (Caretta caretta), en México, se encuentra clasificada “En peligro de extinción” en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Además, internacionalmente, fue incluída en el Apéndice I de la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES) donde se encuentran las especies sobre las que se atiende el mayor grado de peligro entre las especies de fauna y de flora. También está presente en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) está en la categoría “En Peligro”.
Las tortugas caguama se caracterizan por tener una cabeza grande y triangular. Tienen aletas delanteras cortas en comparación con las otras especies; además, presentan dos uñas en cada aleta. En el dorso tienen un color café rojizo, mientras que la superficie del caparazón tiene colores que van del amarillo al naranja en adultos y subadultos, respectivamente.
Otra de sus características es ser una especie que realiza uno de los viajes más largos conocidos de cualquier especie de tortuga marina, lo que le permite mayor adaptación para largas migraciones. De acuerdo con el Centro de Diversidad Biológica, las caguamas del Norte del Pacífico emigran más de 7,500 millas entre las playas de anidación en Japón y los campos de alimentación en la costa de México, cada año.
En su viaje deben evitar millones de anzuelos fijos de líneas de pesca en los océanos del mundo; así como, enredarse en redes de pesca, el desarrollo costero, el calentamiento global, la iluminación frente a la playa, el aumento de la depredación de nidos, los pesticidas, las colisiones con embarcaciones, la exploración de petróleo y gas, y el consumo humano, advierte este organismo.
Esta no es la primera vez que se pide a Estados Unidos la aplicación de sanciones comerciales contra México como una medida para presionar al país en su compromiso con la aplicación de medidas por la conservación de las especies marinas, en especial las que cuentan con alguna categoría de protección.
Un ejemplo significativo de estas sanciones ocurrió en julio pasado, cuando Estados Unidos decidió no imponer sanciones a México tras reconocer “el trabajo coordinado” del país en el Alto Golfo de California. En ese momento, Joe Biden decidió no imponer sanciones bajo la Enmienda Pelly sobre posibles incumplimientos para evitar el comercio ilegal de buches de totoaba y sus consecuencias en la población de vaquita marina en el Alto Golfo de California. Ambas especies continúan en peligro de extinción.
De acuerdo con Alex Olivera, biólogo marino en el Centro para la Diversidad Biológica, la solicitud en la aplicación de estas sanciones en contra de México por la muerte de tortugas caguama por captura incidental sucede porque recientemente el Servicio Nacional de Pesca en Estados Unidos certificó a México por este incidente.
“Esta [nueva] certificación requiere que Biden imponga una prohibición a las importaciones de productos pesqueros de México. Es similar a lo que sucedió con la vaquita marina. En ese caso, el presidente Biden otorgó una prórroga, pero en este caso [con la tortuga caguama] debe pronunciarse y emitir una opinión sobre las sanciones que podrá implementar bajo su mandato”, dijo Alex Olivera en entrevista para Animal Político.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este martes una ley para declarar la creación de un estado en el Esequibo, una región que disputa a Guyana.
Maduro ordenó en una reunión con su gobierno “activar de inmediato el debate en la Asamblea Nacional y la aprobación de la ley orgánica para la creación de la Guayana Esequiba” como estado venezolano.
También instó a la empresa estatal petrolera PDVSA a “crear la división PDVSA-Esequibo” y a otorgar, también “de inmediato”, licencias operativas para la explotación de crudo, gas y minas en el Esequibo, que es controlado por Guyana pero que Caracas reclama.
Maduro ordenó, asimismo, crear una “zona de defensa integral de la Guayana Esequiba” ubicada en la localidad de Tumeremo, en el estado Bolívar (sur) y fronteriza con la zona en disputa.
Allí mismo se instalará la sede político-administrativa del nuevo estado, cuya “autoridad única” será el general Alexis Rodríguez Cabello, según anunció el mandatario.
Además, pidió establecer un plan de “atención social” para la población del Esequibo y llevar a cabo “un censo y la entrega de cédulas de identidad a sus habitantes”.
Otra de las medidas decretadas por Maduro es la publicación y difusión del “nuevo mapa de Venezuela” en todas las instituciones educativas del país, donde se anexe el territorio Esequibo al país sin la señalización de zona en reclamación.
La intervención de Maduro llega después de que su gobierno celebrara el domingo un referendo en el que su población respaldó con amplia mayoría la soberanía venezolana sobre este territorio de 160.000 km² al oeste del río Esequibo, en el norte de Sudamérica.
El Esequibo alberga seis de las diez regiones que constituyen la República Cooperativa de Guyana, así como a 125.000 de sus 800.000 habitantes.
Aunque ambos países se disputan la zona desde hace más de un siglo, las tensiones aumentaron hace casi diez años, cuando comenzaron a encontrarse allí grandes yacimientos de petróleo.
La celebración del referendo venezolano causó preocupación en Guyana, cuyo gobierno no cree que Venezuela trate de tomar el territorio por la fuerza, pero tampoco lo descarta y se mantiene “vigilante”.
El fiscal general de Guyana, Anil Nandlall, declaró este martes a la agencia AFP que pediría ayuda al Consejo de Seguridad de la ONU si Venezuela toma alguna medida después del referendo, que ya trató de evitar sin éxito con una solicitud urgente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Especificó que, de ser necesario, invocaría los artículos 41 y 42 de la Carta de la ONU, que pueden autorizar sanciones o acciones militares de los estados miembros para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales.
Desde hace décadas Venezuela considera al Esequibo, también conocido como Guayana Esequiba, como una “zona en reclamación” y suele incluirla en sus mapas con un tachado.
Existe un litigio en curso entre ambos países ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para definir las fronteras bilaterales en esa zona.
Guyana, una antigua colonia británica y holandesa, insiste en que las fronteras fueron establecidas por un panel de arbitraje en 1899.
Sin embargo, Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ en el asunto y sostiene que el río Esequibo, al este del país, forma una frontera natural que ha sido reconocida históricamente.
La disputa se intensificó desde que ExxonMobil descubrió petróleo en Esequibo en 2015.
Caracas convocó el referendo después de que el gobierno de Georgetown comenzara a subastar bloques petroleros allí en agosto.
Guyana afirmó que mantendrá la cooperación en materia de defensa con Estados Unidos y otros socios estratégicos y continuará los esfuerzos diplomáticos para persuadir a Venezuela de que permita que la CIJ tome la decisión final.
“Ya dejamos claro que acataremos la sentencia del tribunal”, afirmó el ministro guyanés. Previamente, Guyana pidió a la CIJ que bloqueara la votación.
Aunque la Corte instó a Caracas a no tomar ninguna medida que pudiera afectar el territorio en disputa, tampoco accedió a la solicitud de intervención urgente de Georgetown para parar el referendo.
Los votantes venezolanos fueron consultados sobre cinco preguntas en el referendo, entre ellas si Venezuela debería o no rechazar la decisión de arbitraje de 1899 y la jurisdicción de la CIJ.
También fueron consultados sobre si se debería otorgar o no la ciudadanía venezolana al pueblo (actualmente guyanés) del nuevo “Estado Guyana Esequiba”.
El gobierno de Maduro emprendió una campaña masiva para que los venezolanos votaran a favor, sin que hubiera ninguna iniciativa en contra de la medida.
Participaron más de la mitad de los 20,7 millones de votantes, aseguró el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, tratando de disipar las dudas sobre la participación.
El recuento inicial fue cuestionado por políticos y analistas de la oposición, quienes advirtieron sobre la posibilidad de que las respuestas de los votantes a cada una de las cinco preguntas del referendo fueran contadas como votos emitidos por separado.
La baja afluencia de votantes en los colegios electorales de Caracas y otras ciudades fomentó las dudas.
La cifra de 10,5 millones anunciada por Amoroso acompañado por Maduro es la participación más alta jamás registrada en una elección venezolana.
El mandatario dijo que se trató de una “victoria abrumadora”.
“Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica en la lucha por lo que nos pertenece, por recuperar lo que nos dejaron los libertadores”, afirmó.
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