El 93 % de casos de violencia sexual a migrantes en 2024 ha sido contra mujeres; Médicos Sin Fronteras alerta por “normalización”
La violencia sexual contra mujeres migrantes ha crecido al punto de entrar en un estado incluso de “normalización”, dada la falta de atención al tema y de sensibilización por parte de la sociedad, de acuerdo con la organización Médicos Sin Fronteras.
La agrupación resaltó que entre enero y agosto de 2024 atendió 744 consultas de detección y tratamiento en casos de violencia sexual en México; el 93% de ellos se dio contra mujeres. Esto durante la presentación del corto animado Una y miles, de 13 artistas mexicanas, que narra las historias de dos mujeres que sobrevivieron a violencia extrema y tortura.
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En Tamaulipas, particularmente desde septiembre del 2023, integrantes de la organización comenzaron a registrar un incremento de atenciones, que pasaron de 4 o 5 mensuales a 20, y se siguieron incrementando hasta contabilizar, entre enero y febrero de este año, 40 casos en un mes.
Lo anterior estuvo particularmente relacionado con fuertes olas de secuestro tanto en Reynosa como en Matamoros, donde las agresiones que se atendían eran secundarias a ese primer delito, detalló María Laura Chacón, coordinadora médica adjunta de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica.
“Pasaban varios días en esta situación y cuando ya llegaban a nosotros a buscar la atención, nos relataban su vivencia; esto se mantuvo más o menos hasta marzo, donde casualmente empieza a disminuir el flujo migratorio hacia esta región del país y empezamos también a detectar menos casos, pero se mantienen aún un número elevado comparado a otros momentos”, indicó.
Si bien ahora tienen de nuevo una estabilización de los casos en ese punto de atención –6 o 7 en un mes–, en Ciudad de México, de manera similar, después de registrarse un incremento, se mantuvieron de manera estable. La situación les ha permitido poder detectarlos mejor, pero al mismo tiempo habla de un contexto general de mayor riesgo, inseguridad y agresiones.
“Nosotros trabajamos también en Guatemala y en Honduras, este aumento es algo que se ha venido dando en todos los países, no solo en México; yo puedo decir que no sé si es una normalización a nivel social, donde antes tal vez escuchábamos agresiones en este punto y en este otro, y ya sabíamos que eran los críticos.
“Ahora ya hay muchísimos puntos en la ruta donde escuchamos, ya hay muchísimos países donde se están dando las agresiones, y es simplemente un fallo humano a pesar que esta población está ahí para que, quien sea, haga lo que quiera con ellos y cometa esas agresiones sin importar, porque no hay realmente un castigo”, añadió Chacón.
Ramón Márquez, coordinador de Proyecto del Centro de Atención Integral de MSF, precisó que si bien es una situación que viene ocurriendo durante años y está muy entreverada con otros delitos, principalmente con el secuestro e incluso asaltos violentos, hay una gran preocupación hoy por detectarlos lo antes posible, pues las primeras 72 horas son vitales para atenderlos como una emergencia médica.
“Estamos intentando reforzar lo máximo posible para que tengan más foco este tipo de realidades, que entre más lo hablemos y en cuanto más personas tengamos en terreno, van a salir más casos, es una dinámica que se está dando”, dijo.
Por ello, pidió abogar para que las propias autoridades y otros actores de salud pongan mucho foco en este tipo de sucesos, que se valoren como una emergencia médica para la que hay que garantizar un tratamiento adecuado, pues el tema de desabastecimiento de medicamentos en general, y antirretrovirales en particular, es otro reto al que la organización se ha enfrentado en los últimos tiempos. Ante esto, es indispensable atender el impacto y el acceso a la salud.
A mayor afluencia, más mujeres expuestas a la violencia
MSF precisa que desde 2022 ha crecido la afluencia de familias con mujeres, niñas, niños y adolescentes en la ruta migratoria hacia Estados Unidos. A sus puntos de atención llegan también una mayor cantidad de mujeres jóvenes, embarazadas o lactantes que viajan solas o con menores. Esos cambios en el perfil demográfico también han agudizado las violencias hacia ellas.
De acuerdo con el tablero de Estadística sobre Movilidad y Migración en México, que muestra datos recabados por la Secretaría de Gobernación, entre enero y agosto de 2024 se han registrado más de 294 mil eventos que involucran a mujeres en situación migratoria irregular por México. De ellas, 242 mil 426 tenían más de 18 años de edad, 38 mil 509 hasta 11 años y 13 mil 288 de 12 a 17.
Los casos de violencia extrema son múltiples, de acuerdo con MSF, y una de las expresiones más crudas y normalizadas es la violencia sexual. Incluso, sus centros de atención se han establecido ante la falta de acceso a servicios de salud integral para las víctimas.
En el sur de México, detallaron las personas integrantes de MSF, igualmente se ha visto el crecimiento de los casos, mientras que en la Ciudad de México también se han registrado de forma no directamente relacionada al tránsito de las personas, sino en los campamentos urbanos asentados, por parte de la misma población que resguardan o que habita en las inmediaciones.
“Es una degradación de la situación social del contexto migratorio, y sí es preocupante pensar que niñas y niños son parte de esta situación. Dependiendo del mes o del momento, pueden llegar a ser hasta un 10 % de los casos que atendamos personas menores de 18 años”, explicó Chacón.
Para Márquez, esto responde a una situación desbordante que exige muchos recursos, firmeza, apoyo y voluntad por parte del gobierno de la Ciudad de México. Si bien se han hecho esfuerzos y abierto espacios, en algunos de estos se han identificado altos niveles de violencia, de discriminación, y sobre todo situaciones de violencia sexual y violaciones sexuales.
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“Estamos en un punto de ver qué va a pasar con todo esto; en las últimas semanas los equipos que están en terreno nos están contando cómo se está viendo un descenso del número de personas que están en los albergues, la situación de los campamentos en algunos puntos, es verdad que hay menos puntos de concentración que hace unos años, está muy focalizado, pero qué va a pasar en los próximos meses”, cuestionó.
A esto se suma la preocupante realidad de que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha irrumpido en algunos espacios en Iztapalapa en la búsqueda de personas que estaban a la espera de su cita en la aplicación CBP One, y muchas han sido ahora expulsadas hacia el sur.
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La propuesta del expresidente tiene enormes implicaciones legales, financieras y logísticas. Los defensores de los migrantes también advierten de los costes humanos.
Donald Trump ha prometido que, de resultar reelegido presidente, deportará masivamente a aquellos que no tienen permiso para permanecer en Estados Unidos.
Mientras su campaña ha respondido de distintas formas a la pregunta de cuántos podrían terminar siendo expulsados, su compañero de fórmula, el aspirante republicano a vicepresidente JD Vance, dio una cifra concreta durante una entrevista con la cadena de televisión ABC.
“Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar”, señaló el senador por el estado de Ohio.
Pero aunque la idea ya forme parte de las propuestas de la plataforma electoral de Trump —bajo el lema “¡Deportaciones masivas, ahora!”—, los expertos advierten que expulsar del país a tantas personas implicaría una serie de desafíos legales e incluso prácticos.
Y los defensores de los migrantes también han advertido sobre el significativo costo humano de las deportaciones, con familias separadas y operativos en comunidades y lugares de trabajo a lo largo y ancho de EE.UU.
¿Cuáles son los desafíos legales?
De acuerdo a las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional y del instituto de investigación Pew Research, hoy viven en el país unos 11 millones de migrantes indocumentados, un número que ha permanecido relativamente estable desde 2005.
La mayoría de ellos son residentes de larga duración: cerca de cuatro de cada cinco de los migrantes indocumentados llevan en el país al menos una década.
Los inmigrantes que están en el país sin un estatus legal tienen derecho al debido proceso, incluida una audiencia judicial antes de ser expulsados.
Así que un aumento drástico en las deportaciones pasaría probablemente por expandir antes el sistema de tribunales de inmigración, hoy saturado y con retrasos a la hora de resolver los casos.
La mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el país no ingresaron en el sistema de deportaciones después de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sino por la policía local.
Sin embargo, en muchas de las principales ciudades del país se han aprobado leyes que restringen la cooperación entre la policía y el ICE.
La campaña de Trump se ha comprometido a emprender acciones contra esas urbes, llamadas “ciudades santuario”, pero el entramado de leyes locales, estatales y federales en EE.UU. complican la situación.
Kathleen Bush-Joseph, una analista del Instituto de Políticas de Migración con sede en Washington, señala que la cooperación entre agentes del ICE y las autoridades locales sería fundamental para poder llevar a cabo un programa de deportación masiva.
“Es mucho más fácil para el ICE ir a recoger a alguien a la cárcel si las autoridades locales colaboran, en vez de tener que ir a buscarlo a las calles”, señala Bush-Joseph.
Como ejemplo de cuán crucial es este aspecto, Bush-Joseph recuerda las declaraciones de principios de agosto de funcionarios de la Oficina del Alguacil de los condados de Broward y Palm Beach en Florida, cuando aseguraron que no enviarían a ninguno de sus agentes a ayudar en planes de deportaciones en masa.
“Hay muchos otros condados que no van a cooperar con el plan de deportación masiva de Trump. Y eso lo vuelve mucho más difícil”, explica.
Cualquier programa de deportación masiva también tendrá muchas implicaciones legales, especialmente por las demandas que se prevé generará entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de 2022 estableció que los tribunales no pueden emitir mandatos judiciales sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración, lo que significa que estas continuarían en vigor incluso mientras las impugnaciones se abren paso en el sistema legal.
¿Es factible desde el punto de vista logístico?
Ahora, si el gobierno de EE.UU. lograra avanzar con los pasos legales que posibiliten su plan de deportación masiva, las autoridades todavía tendrían que lidiar con los enormes desafíos logísticos.
Durante el mandato de Joe Biden, los esfuerzos de deportación se han enfocado en los migrantes detenidos en la frontera.
Los que ya estaban en el país y terminan siendo deportados o suelen contar con antecedentes penales o son considerados una “amenaza para la seguridad nacional”.
En 2021 quedaron suspendidas las controvertidas redadas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Donald Trump en lugares de trabajo.
Y a diferencia de los detenidos en la frontera, la cifra de deportaciones de personas que fueron arrestadas dentro de EE.UU. ha ido cayendo en la última década hasta situarse por debajo de los 100.000 anuales, después de haber alcanzado su máximo —230.000— durante los primeros años del gobierno de Barack Obama.
“Para multiplicar ese número y que en un solo año se alcance el millón (de deportados) va a necesitar una inversión enorme de recursos que hoy por hoy no parecen existir”, le dice a la BBC Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Concejo de Inmigración de EE.UU.
Por una parte, los expertos dudan de que los 20.000 agentes del ICE y el personal de apoyo vayan a ser suficientes para buscar y encontrar incluso una fracción de esa cantidad a la que apunta la campaña de Trump.
Además, Reichlin-Melnick señala que el proceso de deportación es largo y complicado y que la identificación y el arresto de un migrante indocumentado no es más que el inicio.
Después, los detenidos van a tener que estar en un centro de detención o en un programa alternativo, a la espera de comparecer ante un juez de inmigración, y el sistema lleva años acumulando casos sin poder cerrarlos.
Una vez superado ese paso es que se procede a la deportación, lo que también requiere de la cooperación diplomática del país recipiente.
“En cada uno de esos pasos, el ICE simplemente no tiene la capacidad de procesar a millones de personas”, señala Reichlin-Melnick.
Trump ha dicho que va a involucrar a la Guardia Nacional y otros cuerpos militares para que asistan en las deportaciones.
Históricamente, las fuerzas militares estadounidenses han tenido un papel limitado, más de apoyo, en la frontera entre México y EE.UU.
Ahora, más allá de apoyarse en los militares y de contar con la ayuda de “cuerpos policiales locales“, Trump ha dado pocas pistas sobre cómo llevaría a cabo su plan de deportación masiva.
En una entrevista con la revista Time, a principios de este año, el expresidente solo dijo que no descarta construir nuevas instalaciones de detención de migrantes y que tomaría medidas para brindar inmunidad procesal a la policía, para blindarla ante posibles demandas de grupos progresistas.
Y añadió que podría haber incentivos para los cuerpos policiales locales y estatales que participen en el plan, y que los que no lo que no lo quieran hacer “no van a participar de los beneficios”.
“Tenemos que hacerlo. No es sostenible para nuestro país”.
La BBC ha intentado contactar al equipo de Trump para obtener más detalles.
Eric Ruark, el director de investigaciones de NumbersUSA —una organización que aboga por controles más estrictos a la inmigración— dijo que cualquier programa de deportación desde el interior del país solo será efectivo si va de la mano de un aumento del personal que controla la frontera.
“Esa tiene que ser la prioridad. Si no lo es, no va a haber un gran progreso en el tema. Es lo que hace que la gente siga llegando hasta la frontera”, apunta.
Y agrega que también es necesaria una ofensiva contra las empresas que contratan inmigrantes indocumentados.
“(Los inmigrantes) están viniendo por el trabajo”, subraya. “Y lo están consiguiendo, básicamente porque la capacidad de vigilar y hacer cumplir la ley ha sido desmantelada”.
El costo político y financiero
Los expertos calculan el costo de mantener un plan como el que propone Trum en unos US$100.000 millones.
El presupuesto de 2023 del ICE para el traslado y deportación fue de US$327 millones, y expulsó del país a cerca de 140.000 personas.
De acuerdo al plan de Trump, miles de personas que están a la espera de sus audiencias de inmigración podrían ser detenidos. La campaña del candidato presidencial republicano ha previsto construir grandes campamentos para albergar a todos ellos.
También se tendrían que multiplicar los vuelos para llevar a cabo las deportaciones, y eso pasaría probablemente por contar con el apoyo de la Fuerza Aérea.
Y lo que está claro es que cualquier aumento en la operatividad de los departamentos correspondientes implica que los costos se disparen.
“Incluso un cambio menor supone decenas de millones de dólares”, explica Reichlin-Melnick.
Además, habrían de sumarse a los gastos de otros esfuerzos de control fronterizo que Trump ha prometido: los de seguir construyendo el muro en la frontera con México, los que implica un bloque naval para evitar que el fentanilo ingrese al país y los generados por el traslado de miles de tropas a la frontera.
Adam Isacson, experto en migración y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que “imágenes espantosas de deportaciones masivas” también podrían tener un costo político para Trump, a nivel de relaciones públicas, si volviera al poder.
“Cada comunidad de Estados Unidos vería a personas que conoce y ama siendo subidas a esos autobuses”, explica.
“Habría imágenes muy dolorosas de niños llorando, de familias, en la televisión. Todo eso es muy mala prensa. Es lo que ya vimos con la política de separación familiar, pero amplificado”, remata.
¿Ha habido deportaciones masivas antes?
En los cuatro años en los que Trump ocupó la Casa Blanca, se deportaron alrededor de 1,5 millones de personas, tanto desde la frontera como del interior del país.
La administración Biden, que había deportado a alrededor de 1,1 millón de personas hasta febrero de 2024, está en camino de igualar esa cifra, según muestran las estadísticas.
Durante los dos mandatos de Obama, cuando Biden era vicepresidente, más de tres millones de personas fueron deportadas, lo que llevó a algunos defensores de la reforma migratoria a apodar “el deportador en jefe” al entonces presidente.
Pero el único programa comparable con el que propone Trump sería quiza el que se llevó a cabo en 1954 en el marco de la llamada “Operación espaldas mojadas” (Operation Wetback), bautizada así por un insulto común que se usaba en aquel entonces contra los mexicanos, y que supuso la deportación de 1,3 millones de personas.
Aunque hay historiadores que ponen en duda la cifra.
El plan, aprobado bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, se topó con una considerable oposición pública —en parte porque también se deportaba a algunos ciudadanos estadounidenses—, así como con la falta de financiación.
En 1955 se suspendió.
Los expertos en inmigración dicen que, el hecho de que se centró en personas originarias de México y la falta del debido proceso hacen que aquella operación no se pueda comparar con un programa de deportación masiva actual.
“Los deportados eran hombres solteros, mexicanos”, señala Bush-Joseph.
“Ahora, la gran mayoría de los que cruzan la frontera por zonas entre puertos de entrada no son originarias de México, ni siquiera de la parte norte de Centroamérica. Y eso hace que sea mucho más difícil deportarlos”, añade.
“Son situaciones incomparables”.
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