Cada año, desde 2015, el número de carpetas de investigación de delitos relacionados con violencia sexual crece, sin que exista una política pública para atender la problemática y sin que las víctimas que deciden denunciar tengan justicia, pues deben enfrentarse a procesos revictimizantes que pueden durar años sin que se dicte una sentencia, o que se determine que no habrá castigo para la persona que señalaron como su agresor.

Entre 2015 y 2023, las carpetas de investigación por delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual aumentaron 184% a nivel nacional, al pasar de 31 mil 408 a 89 mil 253 casos reportados cada año ante las fiscalías de los 32 estados, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El mayor aumento de carpetas de investigación la ha tenido el delito de acoso sexual (1,146%), seguido del hostigamiento (344%), el abuso (199.8%), las violaciones -simples y equiparadas- (144%) y otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual (171%).

Durante 2023, a diario fueron abiertas al menos 98 carpetas de investigación por acoso, 37 por abuso, 9 por hostigamiento y 62 por violaciones. En total, se iniciaron 89 mil 253 carpetas de investigación por el conjunto de delitos contra la libertad y la seguridad sexual, que incluyen también otras conductas como el incesto y el estupro.

Aunque en realidad, el número de agresiones sexuales que se cometen en el país -teniendo como principales víctimas a las mujeres– es mucho mayor. En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que sólo 10 de cada 100 casos se denuncian ante las autoridades correspondientes, y de estos, solo en el 69% se inicia una carpeta de investigación.

En siete años, de 2015 a 2021, de las 279 mil 98 carpetas de investigación que se abrieron en el país por abuso sexual, acoso, hostigamiento sexual y violaciones, resultaron en sentencia condenatoria solo 5 mil 274, es decir, el 1.89%, de acuerdo con las estadísticas de impartición de justicia en materia penal del INEGI.

De las carpetas de investigación que se iniciaron por abuso sexual, resultó en sentencia condenatoria el 1.47%; en el caso de las abiertas por acoso, el 0.07%; de hostigamiento sexual, 0.04%; y por violaciones simples y equiparadas, el 2.96%.

Mariel Albarrán es una de las víctimas que continúa a la espera de justicia desde septiembre de 2019, cuando interpuso la denuncia por violencia sexual contra sus hijas.

A lo largo de más de cuatro años, ha aportado a las autoridades pruebas periciales médicas, valoraciones psicológicas, la declaración de las niñas –que entonces tenían 5 y 7 años–, e incluso consiguió que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitiera una recomendación en la que se reconocen las irregularidades en la investigación.

Sin embargo, el proceso está detenido porque el exmagistrado Manuel Horacio Cabazos –padre y presunto agresor de las niñas– ha interpuesto diversos amparos. En cambio, la madre de las menores de edad se ha enfrentado a represalias judiciales porque su expareja la ha denunciado siete veces por supuesto maltrato contra sus hijas.

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“Yo soy abogada de profesión, lo que me ha permitido dar esta batalla, junto con las redes de apoyo con las que cuento, pero ¿qué pasa con aquellas víctimas que no tienen quién las represente o la contención? Estas son batallas diseñadas para reventar a cualquiera, muchos se preguntan por qué las denuncias quedan a medias o por qué no se denuncian este tipo de situaciones, pero es que el sistema está diseñado para hacernos pedazos antes de conseguir una sentencia condenatoria”, reclama Mariel.

Denuncias de violencia sexual en Ciudad de México: cifras y recomendación de CDHCM

En la Ciudad de México -donde Mariel interpuso la demanda contra el padre de las niñas- entre 2015 y 2023 se incrementaron 5,151% las carpetas de investigación por abuso, 2,807% las de violación equiparada, 188% las iniciadas por acoso y 13.9% las de violación simple. Solo por estos delitos, la capital del país sumó 48 mil 995 denuncias.

Debido a las violaciones al debido proceso en este caso, la CDHCM incluyó la carpeta de investigación en la recomendación 10/2022, emitida por “omisión de garantizar el interés superior de la niñez, así como el derecho de acceso a la justicia de niñas y niños que han sido víctimas de violencias”, en la que se documenta que se ha violado la debida diligencia, con inadecuada valoración y omisión de analizar el contexto con perspectiva de género.

En ella, se establece que en los tres casos que aparecen en la recomendación “el personal ministerial actuante no cuenta con la capacitación debida que le permita, por una parte, priorizar el interés superior de las niñas y niños, y por otro, asegurar que con su actuación no ponga en riesgo la integridad de las víctimas”, además de que “la constante observada fue la falta de acceso a la justicia“. 

“El perpetuar la impunidad de las agresiones de las que son objeto niñas y niños por fallas o deficiencias institucionales, invisibiliza el reconocimiento de niñas y niños a su dignidad como personas, a su integridad física y moral, a su libertad y autonomía sexual. Según la Corte Interamericana, el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares“, subraya el documento.

Aunque la violencia institucional se encuentra contemplada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre e Violencia, Mariel lamentó que “solo está enunciada, pues no existen los mecanismos para hacerla valer y que los funcionarios públicos paguen por todos los daños que hacen a las víctimas que se atreven a denunciar. De alguna manera el Estado se convierte en un segundo agresor, con daños que pueden ser igual o mayores a los de los agresores sexuales”.

Cuatro años después de denunciar las agresiones, las niñas siguen sin justicia y además, en “un estrés cíclico del que las víctimas no nos podemos recuperar, estamos ancladas a procesos judiciales, estamos todo el tiempo con la zozobra de que va a llegar un citatorio para audiencia, y ni siquiera es porque se acerque un poquito la justicia por la violencia sexual, es por la persecución que hay en contra de las víctimas que se atreven a alzar la voz. Han sido cuatro años y medio de una lucha sin descansar un solo día”, comentó Mariel en entrevista.

Denunciar una agresión sexual en México “es como un viacrucis“

Laura Martínez es directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), la única organización en México dedicada exclusivamente a apoyar legal y psicológicamente a víctimas de agresiones sexuales, cuyas solicitudes de apoyo, al igual que las carpetas de investigación, se han incrementado.

Además de dar terapia a las personas sobrevivientes de violencia sexual, en los casos en los que las víctimas así lo deciden, los acompañan en el proceso de denuncia, porque “es como un viacrucis, a veces las personas tienen miedo de ir al Ministerio Público y no se animal a denunciar por eso y porque luego llegan y les dicen que tienen mucho trabajo y no les quieren iniciar la carpeta de investigación”.

La psicóloga comentó en entrevista que el aumento de carpetas de investigación por delitos sexuales se ha visto reflejado en un incremento de las solicitudes de apoyo que reciben; cada semana las 18 personas que integran el equipo de ADIVAC dan terapia y/o acompañamiento legal a aproximadamente 350 personas, y tienen una lista de espera.

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“La gente se comunica por teléfono, por redes sociales o los mandan directo del tribunal o a fiscalía para que reciban atención, entonces nosotros vemos si hay espacio para una entrevista inicial y si no tenemos lugar para atenderles en el momento se les dice que estaremos en contacto para avisarles cuándo”, agregó Martínez.

Víctimas de delitos sexuales recurren a organizaciones de sociedad civil para asesoría legal

“A partir de la pandemia hubo un aumento de solicitudes, no nada más de la Ciudad de México sino de otros estados de la república, nos han llegado casos de Durango, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, algunos de ellos con atención en línea… No éramos partidarias de dar atención en línea, porque es mejor cara a cara, con atención más cercana, pero tuvimos que pasar a hacerlo en línea, porque ahorita se está incrementando las personas que solicitan acompañamiento emocional”, detalló.

El Estado de México es la entidad en la que se observan aumentos más considerables en las denuncias por abuso sexual, acoso y violación simple; Baja California tuvo el incremento más pronunciado en las que se iniciaron por hostigamiento sexual, y la Ciudad de México por violación equiparada y otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual. En todos los casos, la mayoría de las carpetas de investigación fueron interpuestas a partir de 2021.

En ADIVAC -explicó la directora- el modelo de trabajo incluye mínimo 20 sesiones de psicoterapia con cada sobreviviente, que pueden ser más dependiendo del caso, porque “estas situaciones trastocan todo lo que te rodea, todo lo que está en torno tuyo se ve afectado por haber vivido violencia sexual y a veces pueden ser pocas o insuficientes para ir resignificando lo que ocurrió”.

A partir de este modelo de apoyo, Mariel y sus hijas han conseguido resignificar la violencia sexual y vicaria que han vivido, así como la revictimización que ha implicado el proceso contra el exmagistrado Cavazos: “Una batalla que no podría dar si no tuviera el acompañamiento de ADIVAC, y con todo te puedo decir que a pesar de las dificultades que hemos vivido volvería a dar la batalla una y otra vez”, afirmó la madre de las niñas.

Delitos sexuales: faltan acciones concretas para atenderlos en México

La investigadora de la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Daniela Osorio, afirmó que no existe información para dimensionar la magnitud de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el país, ya que con la información pública del tema no es posible saber datos sobre el número, sexo o edad de las víctimas, ni sobre las características del agresor.

Únicamente se cuenta con el número de carpetas de investigación que se abrieron por estado, mismas que permiten observar el aumento de estos delitos, que se intensifica en los dos últimos años “sin que se observe alguna política pública específica que atienda esta problemática que afecta en mayor medida a las mujeres adultas“, subrayó Osorio.

Lesiones por violencia sexual: cifras

Lo que se sabe de las lesiones por violencia sexual, según los datos abiertos de la Secretaría de Salud, es que el 95.6% de las víctimas atendidas en hospitales públicos del país por este tipo de agresiones son mujeres. Entre 2016 y 2022 acudieron 92 mil 176 personas para solicitar atención médica por este tipo de agresiones, de las cuales 88 mil 129 fueron del sexo femenino.

Las entidades en las que se presentaron más mujeres en hospitales para atenderse por lesiones relacionadas con violencia sexual en el periodo de siete años fueron el Estado de México (16 mil 655), Jalisco (8 mil 395), Guanajuato (7 mil 668) 7 Chihuahua (6 mil 354).

Las cifras de la Secretaría de Salud indican que en 40 mil 101 casos en los que la víctima era del sexo femenino se tuvo como consecuencia malestar emocional, 5 mil 899 mujeres resultaron embarazadas a causa de la agresión sexual y 111 de ellas tuvieron un aborto.

Otras consecuencias de las agresiones sexuales contra mujeres registradas por el personal médico fueron 3 mil contusiones, mil 431 laceraciones, mil infecciones de transmisión sexual, 491 heridas y 34 quemaduras, además de nueve casos en los que la víctima falleció.

¿Cómo ayudar a una víctima de violencia sexual?

Gracias a la experiencia de 33 años de trabajo, ADIVAC diseñó un plan de primeros auxilios para escuchar y orientar a personas que han sido víctimas de agresiones sexuales, que consiste en los siguientes pasos:

• Escuchar sin juzgar.
• Permitirle llorar.
• Jamás rechazarla o considerarla responsable, bajo ninguna circunstancia.
• Evitar hacer juicios de valor acerca de cómo hubieran podido reaccionar ante la violencia sexual.
• Validar sus emociones y sentimientos.
• No presionarla para que levante una denuncia, si no lo desea.
• Evitar victimizarla o compadecerla.
• Proponerle atención médica inmediata.
• En caso de ser una persona adolescente o adulta, preguntar cuándo fue su última menstruación para que, en caso de posible embarazo, pueda recurrir a anticoncepción de emergencia.
• Buscar un lugar especializado donde le puedan brindar atención psicológica, médica y legal.

Cuando las víctimas decidan interponer una denuncia, Laura Martínez señaló que es necesario que las personas denunciantes tengan toda la información sobre lo que implica abrir una carpeta de investigación y que policías, el Ministerio Público y peritos hagan las pruebas médicas y psicológicas necesarias, que implican revivir y contar en múltiples ocasiones lo ocurrido, así como diligencias en las que las personas deben estar desnudas y son cuestionadas sobre su versión de los hechos.

En estos casos, la ADIVAC recomienda que las víctimas “reúnan la mayor cantidad de evidencias”, evitando bañarse y cambiar su ropa antes de acudir ante las autoridades, solicitando exámenes médicos para determinar el ADN del agresor -en caso de existir penetración- y de pruebas antidopaje para descartar el uso de sedantes o drogas.