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8M: Por cada transfeminicidio en México hay hasta tres más no registrados, estiman activistas
8M: Por cada transfeminicidio en México hay hasta tres más no registrados, estiman activistas
Foto: Cuartoscuro/Archivo
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8M: Por cada transfeminicidio en México hay hasta tres más no registrados, estiman activistas
La falta de estándares homologados, las omisiones en los registros de autoridades y la ausencia de atención a las expresiones cotidianas de violencia hacen que por cada transfeminicidio visible, haya 2 o 3 más que no se dan a conocer, según organizaciones.
06 de marzo, 2024
Por: Marcela Nochebuena
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Las omisiones de las fiscalías, los avances diferenciados en el reconocimiento a las identidades trans en los estados del país y la falta de un cambio cultural son algunos de los obstáculos que generan que por cada transfeminicidio visible, existan por lo menos otros dos o tres que no llegan a conocerse.

Así lo calculan organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema: “En estas últimas semanas, el número de víctimas ha ido creciendo de forma muy drástica. No existe como tal un registro oficial por parte de las autoridades; hay un registro que se hace por parte de algunas organizaciones”, especifica Victoria Sámano, fundadora de la agrupación Lleca. 

Número de asesinatos de personas trans en México

Con los datos existentes, a nivel mundial México se encuentra en el segundo lugar en asesinatos a personas trans, sólo detrás de Brasil, de acuerdo con el registro internacional Transrespect, e incluso este tiene sus limitantes. La propia organización aclara en su página que se trata solo de una mirada a la realidad, que es peor que lo mostrado por los números.

En su metodología, la agrupación internacional –que para México contabiliza 33 asesinatos entre enero y septiembre de 2023, y 701 en los últimos 15 años– describe que su recolección de datos está basada en búsquedas en internet, cooperación con organizaciones aliadas, y contribuciones de activistas e investigadores. Entre las mexicanas, enlista al Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), AC.

Para Rocío Suárez, su fundadora, la violencia que se ha reflejado durante el inicio de 2024 no es una situación nueva, sino cíclica. Los casos que se hacen públicos, a través de medios de comunicación o activistas, se repiten de manera constante. Desafortunadamente, dice, se trata de una situación de normalidad para las poblaciones trans.

Pese a que México tiene una serie de leyes antidiscriminatorias que deberían proteger de manera amplia los derechos de las personas trans –detalla–, estas no han permeado en el resto de la población, y se siguen reproduciendo esquemas de estigma, discriminación, violación a derechos humanos y actos de violencia.

“Ese es un tema importante, el del cambio cultural; el otro tiene que ver con el tema de reconocer los derechos de las personas trans, que no son especiales, son los que todo mundo debe gozar: el acceso a vivienda, empleo, servicios de salud y el tema de identidad. Ahí es por ejemplo muy importante la iniciativa de la Ley Integral Trans, que lo que pretende es uniformar y agrupar estos derechos”, explica Suárez.

Dicha iniciativa de Ley fue presentada ante el Congreso de la Unión en noviembre pasado por la diputada María Clemente García Moreno, y se encuentra en revisión de la comisión de Derechos Humanos y la de Puntos Constitucionales. Contempla, también, la tipificación del transfeminicidio. 

transfeminicidio en México
Foto: Cuartoscuro/Archivo

Faltan datos reales sobre la violencia contra personas trans en México

Suárez considera que es necesario generar una estadística real, independientemente de que exista o no la tipificación. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública documenta algunos datos generales, mientras que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales tienen la capacidad para generar un catálogo, a partir de los hechos que documentan, que considere el tema de violencia hacia las personas trans.

Lee más: México, segundo lugar mundial en asesinatos contra personas trans

“No habría de olvidar señalar que en muchos de los códigos penales de los estados hay alguna figura como crimen de odio, o agravantes, entonces a partir de esto debería estar existiendo esta estadística. Lo que sucede es que no están desglosando esta información, y el Sistema Nacional de Seguridad no está solicitando esta información, por eso tampoco existen estas estadísticas, amén también del tema de la invisibilización”, apunta Suárez.

Avances en derechos de personas trans son diferenciados y lentos

Otro ámbito en el que se invisibilizan los actos de violencia es, por ejemplo, el caso de las personas desaparecidas pertenecientes a poblaciones trans, pues con frecuencia en las fichas de búsqueda no se documenta la identidad de género. Hay mucha reticencia a nivel nacional –dice Suárez– para documentar, bajo el argumento de que la identidad de género en algunos estados no está considerada en los códigos civiles, o por el paradigma binario que considera que solo se puede ser hombre o mujer.

Para ella, tiene que ver con un tema de voluntad, que haya directriz de quienes están encabezando las fiscalías y de generar modelos estadísticos que consideren la situación. Como ejemplo, menciona a la Ciudad de México, que documenta transfeminicidios pese a que no existe un instrumento normativo como tal.

De hecho, en 2021, el diputado local Temistócles Villanueva presentó una iniciativa ante el congreso capitalino, conocida como “Ley Paola Buenrostro” que precisamente tenía la finalidad de reformar diversas normativas en materia de tipificación y atención a víctimas de transfeminicidio. Ahí se consigna que en aquel año, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT documentó que el 44.5% de estos fueron contra mujeres trans, y estimó que el número podría ser hasta tres veces mayor dadas las condiciones de los reportes, denuncias e investigaciones.

Esa iniciativa, sin embargo, no ha prosperado en el Congreso de la Ciudad de México, mientras que Nayarit se convirtió apenas la semana pasada en el primer estado de la República en aprobarla y tipificar el transfeminicidio.   En tanto, hace apenas unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las mujeres trans deben ser consideradas víctimas de feminicidio.

“Son avances que van a pasos muy lentos, y que es algo que necesitamos de urgencia ante la problemática que estamos enfrentando, y ante el aumento de violencia que estamos viendo. Pareciera que antes de que termine esta legislatura, se va a aprobar la tipificación del transfeminicidio a nivel nacional, sin embargo, pareciera también una cuestión relacionada con la etapa electoral”, advierte Sámano.

13 transfeminicidios en 2024

Pese al subregistro y las fallas que apuntan a que los transfeminicidios podrían ser tres veces más de lo documentado, para las organizaciones no hay duda de que estas violencias van a la alza. Victoria Sámano subraya que tan solo en lo que va de 2024, ya se han registrado 13 casos de transfeminicidios, según lo registrado por las organizaciones.

Coincide en que en muchas ocasiones, las fiscalías, ministerios públicos y servicios forenses no tienen perspectiva de género, y mucho menos de diversidad sexual, para lograr identificar a las mujeres trans que son víctimas de este tipo de violencia

“Normalmente se les cataloga con un sexo con el cual ellas no se identifican –subraya–. Entre las organizaciones sí se tiene el seguimiento de algunas otras víctimas, donde algunas ocasiones no se conocen los nombres, no hay un seguimiento cercano como tal”.

Rocío Suárez detalla que en México existen diversas organizaciones que documentan los asesinatos a personas trans –el CAIT es una de ellas–, pero aclara que las fuentes son múltiples, y varían dependiendo los periodos que consideran. Mucho más importante es –dice– preguntarse para qué se busca documentar: no solo para ubicar lugares o cifras, sino también para identificar, a partir de esta información, patrones o situaciones que puedan ayudar a reducir la violencia.

transfeminicidio en México
Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un ejemplo muy claro es el de las personas que ejercen el trabajo sexual. A nivel internacional, cuando se tienen datos de ocupación, es la que principalmente ejercen las personas trans asesinadas. Cuando se aplica este dato a México, sería necesario cuestionarse cuál es la situación que viven las personas que lo ejercen.

“Ahí está el tema del no reconocimiento de trabajo sexual como trabajo, la criminalización, la violencia social, comunitaria, que existe en muchos de estos espacios, y entonces habría que pensar qué se puede hacer en torno al trabajo sexual para aminorar estas violencias: descriminalizarlo a nivel federal y a nivel local, por ejemplo; buscar el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, ahí es donde estos datos nos pueden ayudar a identificar estos factores”, explica Suárez.

15 años de violencias contra las personas trans

De acuerdo con el registro del CAIT, desde el 2007 a la fecha suman 751 las muertes de personas trans en México. De enero a septiembre de 2023, el conteo asciende a 30. La organización cierra la información verificada cada septiembre, por lo que el dato de 2023 todavía está en proceso de ser completado con el rastreo de información que quizá, en su momento, no fue tan pública. La estimación es que alcance el mismo nivel de 2022, cuando se registraron 65.

“Una de las situaciones que vimos es cómo se dio un cambio del año 2009-2010, donde México a nivel internacional era el tercer, cuarto país, con mayor cantidad de asesinatos de personas trans según datos del Observatorio. A partir de 2011, México pasa a ser el segundo país a nivel internacional y no ha bajado, no ha modificado en este rubro de tener la mayor cantidad en números absolutos”, afirma Suárez.

Por otro lado, en ese lapso de poco más de 15 años, 2016 fue un punto de inflexión porque es el año que alcanzó la mayor cantidad de personas trans asesinadas –80 de acuerdo con el CAIT y 61 en Transrespect–. Después de ese año, la estadística no ha vuelto a alcanzar esa cifra. “Pero seguimos en este nivel alto de violencias y asesinatos hacia las personas trans en México”, señala la activista.

Estados con más casos  de personas trans asesinadas

Otro de los hallazgos del CAIT es que Chihuahua (57), Veracruz (80), Estado de México (58), Guerrero (60) y la Ciudad de México (43), a lo largo del periodo de 15 años, se mantienen como las entidades que acumulan la mayor cantidad de casos, lo cual se relaciona en buena medida con la visibilidad mediática y la especialización en documentación. Eso sin dejar de reconocer el subregistro, que para algunas organizaciones es de 2 a 1, y para otras de 3 a 1.

Por otro lado, Sámano precisa que no solamente hace falta la tipificación del transfeminicidio, sino también leyes que sean de tipo más social para que las poblaciones trans, sobre todo las mujeres trans, dejen de vivir en las condiciones de discriminación y violencia que las colocan en mayor riesgo de vivir violencia feminicida.

Conocer cuáles son los estados que mantienen mayor incidencia –dice Suárez– permite analizar su contexto en relación con la violencia y los derechos de las personas trans, por ejemplo, cuáles reconocen la identidad de género, por qué no hay acceso a los servicios de salud en esas entidades –salvo la Ciudad de México–, el tema de la inclusión laboral y otras condiciones que pueden investigarse a partir de los monitoreos de violencias.

Tabasco, un estudio de caso sobre las violencias contra personas trans

La relación entre la situación permanente de discriminación y violencias que viven las personas trans, particularmente las mujeres, en nuestro país, así como el avance en la garantía y acceso a sus derechos en todos los ámbitos es un factor que aún está pendiente en varias entidades de la República, como Tabasco.

Emitir un decreto administrativo para crear un proceso sencillo en el registro civil para cambio de nombre y género, reformar el código civil y otras leyes para poder generar documentos de identidad oficiales, sensibilizar a funcionarios públicos, garantizar formación en discriminación laboral, y generar contextos médicos y educativos que respeten a las identidades trans son algunas de las recomendaciones consignadas en el informe “Solo quiero aportar a la sociedad”. La necesidad del reconocimiento legal de la identidad de género en Tabasco, México, que publica este miércoles la organización Human Rights Watch.

Las noticias de asesinatos y otros actos violentos contra personas trans en Tabasco –apunta el documento– han conmocionado a la comunidad, como el caso de Karina Gómez, encontrada en el río Carrizal con un bloque de concreto atado a sus pies. “Detrás de este tipo de violencia, pero en gran medida invisible, se encuentra la discriminación y el acoso que hace que las personas trans se sientan desprotegidas y vulnerables”, agrega.

Cristian González, autor del informe, comenta que tal como se documenta en este, la discriminación se produce en un contexto más amplio de violencia: “Es muy grave la situación en México. Yo diría que permitir el reconocimiento de la identidad de género no es la panacea, no va a eliminar toda la violencia, pero una reforma de parte del gobierno indicaría que apoya los derechos fundamentales de las personas trans, y eso empieza a socializar lo que significa ser trans en la sociedad, y puede contribuir a la aceptación y socialización de la diversidad de género. Sería una señal de respaldo pero también de protección”, asegura.

“En primer lugar, las personas trans por no tener documentos que reflejen su identidad de género, muchas veces no pueden acceder, por ejemplo, a ciertos trabajos o las discriminan, o quieren estudiar y no pueden”, apunta el investigador. El estudio documenta, por ejemplo, el caso una persona trans de Centla que abandonó la carrera de biología a causa de la discriminación.

Tal como esa historia, el informe recoge entrevistas con 23 personas trans, la mayoría mujeres, en el estado de Tabasco, personal de cuatro organizaciones de derechos LGBTTTIQ+ en el estado y tres abogados de derechos humanos en Centla, Jalpa de Méndez, Tenosique y Villahermosa. De esa manera, describe cualitativamente la discriminación que viven en el trabajo, la salud, la educación y las transacciones financieras.

No tener estos derechos económicos lleva a las personas trans a una cierta informalidad laboral, en primer lugar, y también a vivir un poco en los márgenes de la sociedad. Desafortunadamente, eso también puede llevar a que estén mucho más expuestas a la violencia en sus vidas. También muchas personas trans que no pueden acceder al derecho a la salud no sienten que pueden ir a cuidarse como el resto de la población, y eso impacta su seguridad física y su expectativa de vida”, añade González.

El investigador de HRW recuerda que en Tabasco y todos los estados que no tienen procedimientos administrativos para reconocer la identidad de género –21 entidades de la República ya cuentan con estos–, las personas tienen que iniciar un juicio de amparo, lo que resulta desgastante en lo económico y lo emocional, por lo que muy pocas lo hacen. Por ello, es indispensable que las entidades comiencen a socializar activamente la diversidad sexual y de género.

Para Rocío Suárez, la “oleada” de transfeminicidios que estamos viviendo en el inicio de este año corresponde, finalmente, a las violencias que se generan en diversos espacios, desde los más cotidianos como las familias, las colonias y las relaciones de pareja, hasta —como vemos hoy— las más altas esferas de la política, donde al mismo tiempo que existen víctimas, se siguen sosteniendo expresiones antiderechos. En consecuencia, son situaciones que permean y dan pie a la más grave forma de violencia, que es el asesinato.

“Eso es lo que vemos como la punta del iceberg, estos casos de violencia transfeminicida, pero atrás o abajo de esos casos existe una cadena de violencias que también es necesario atender para prevenir el llegar a esas situaciones. Nosotros decimos que es importante el tema de generar herramientas para la vida para detener esta violencia transfeminicida en México”, sostiene.

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