De los 80 cuerpos recuperados en 2020 en una fosa clandestina de Salvatierra, Guanajuato, el único caso que ha logrado un fallo condenatorio es el de la desaparición de la maestra Guadalupe Barajas Piña.  Sin embargo, la sentencia está en riesgo: el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito con sede en el estado resolverá este miércoles el amparo directo 51/2025, que podría cambiar el rumbo del proceso.

Para Ma del Tránsito Piña y Javier Barajas Barrera, madre y padre de Lupita, esto representa un bache más en el extenso camino que han tenido que recorrer desde la desaparición de su hija. En entrevista con Animal Político advierten que —aunque los hallazgos de la fosa se dieron entre octubre y noviembre de 2020— hasta el día de hoy siguen lidiando con el Poder Judicial para que se garantice la impartición de justicia.

Guadalupe desapareció el 29 de febrero del 2020. Un año después, como resultado de la búsqueda e investigación que emprendió su familia, la encontraron en una fosa clandestina en el barrio de San Juan. Aunque hallaron 80 cuerpos en total, solo su carpeta ha llegado a juicio. Con el tiempo, su hermano Javier terminó formando parte de la comisión de búsqueda estatal de Guanajuato, pero el 29 de mayo de 2021 fue asesinado.

“De eso nos dimos cuenta en los juicios. Esa persona que privó de la vida a Javier había participado en la desaparición de su hermana. Cuando sepultamos a Javier nos acompañan integrantes de colectivos, y cuando lo dejamos en el panteón, una compañera que salió antes que nosotros me habló y me dice ‘profe, no vas a poder salir del panteón porque te están esperando… hombres armados’”, relata el papá de Lupita y Javier.

Episodios como este atraviesan la narración de los padres de Lupita: amenazas, revictimización en las fiscalías, falta de respuesta, y una investigación y búsqueda que corren a cuenta de la familia. A casi seis años, enfrentan también la carga de los impactos emocionales acumulados en este largo camino en el que, de nuevo, la moneda de la justicia y la verdad están en el aire por un fallo en puerta.

La judicialización de los casos de Javier y Lupita

Derivado de la privación de la vida de Javier hijo y el hallazgo de su hermana Guadalupe, el 1 de julio de 2021 fueron detenidos César Enrique N y Rafael N por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Nacional, y contra la salud en modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio.

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En el caso de Guadalupe, en cambio, la causa penal sigue abierta en torno al delito de desaparición forzada cometida por particulares, agravada. Ese proceso se inició el 26 de octubre de 2021, con la vinculación a proceso de Carlos Manuel N. y Socorro Alejandro N. Por otra parte, César Enrique N. —sentenciado en la causa de su hermano— y Julio César N. fueron vinculados en 2022 por el mismo delito.

“Estamos sobreviviendo nada más”: una larga búsqueda de verdad y justicia

Javier Barajas cuenta como él y su esposa, bajo el ofrecimiento de protección, terminaron en la Ciudad de México el 7 de junio de 2021, en un lugar desconocido, con un estado emocional difícil, de altas y bajas, hasta que encontraron el respaldo de Serapaz y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

“De alguna u otra manera, nos arrebataron a nuestros hijos, a los dos, a Lupita y a Javier. Uno de los asesinos de Javier participó en la desaparición de Lupita, cuatro fueron las personas que se la llevaron, todo esto nos ha traído impactos muy fuertes. Hemos sido respaldados por el Centro Pro, si no fuera por ellos la verdad yo no sé qué estuviera pasando con nosotros a esta fecha. Vamos teniendo impactos emocionales fuertes, físicos, al grado de sentir que estamos sobreviviendo nada más”, lamenta.

Buscar verdad y justicia es algo muy fuerte, dice, porque las leyes no se usan en favor de las víctimas. Reclama en cuántas y cuántas ocasiones casi se logra una justicia, y les tumban todo el trabajo otra vez. Él lo atribuye a que los imputados están representados por abogados que trabajan para un grupo del crimen organizado en Guanajuato. “No hay sentencias contra estas personas que pertenecen a grupos delictivos. Hay una impunidad total ahí”, señala.

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El gobierno, además, o está involucrado con los grupos de victimarios, o prefiere no meterse con ellos. “Estar aquí exigiendo a las autoridades que hagan algo por detener esa violencia que hay en Guanajuato les incomoda, les molesta. Nosotros hemos sido testigos de la impunidad que se ha vivido, la conocemos en carne propia. Son situaciones en donde el Poder Judicial de Salvatierra en dos ocasiones dejó absueltos a los asesinos de Javier, habiendo pruebas contundentes de que habían sido ellos”, añade.

Con todo, Javier considera que es una gran tarea la que le dejaron sus hijos: exigir justicia, por ellos y por mucha gente que sigue buscando a los más de 130 mil desaparecidos reportados a nivel nacional, más de 5 mil en Guanajuato. “El gallo (su hijo) siempre decía ‘¿Pa, sabes qué? Hay que seguir adelante, porque hay mucha gente, vamos a encontrar a todos los desaparecidos, y aquí estamos: hasta que la dignidad se haga costumbre vamos a seguir adelante”, sostiene con una voz que se quiebra.

Guanajuato, un estado sin verdad y justicia

Ma del Tránsito Isidra Piña Sánchez reclama que en Guanajuato es muy difícil encontrar verdad y justicia, pese a que han estado en esa búsqueda desde el día uno que desapareció su hija. Ella creía en las autoridades, y las veía con respeto, pero cuando empezaron a ir a la fiscalía, a poner la denuncia e indagar los avances, se dieron cuenta de la realidad: en lugar de atender y escuchar, las autoridades exhibían falta de empatía, aunque les pagan por su trabajo.

La mamá de Lupita reconoce que de tanto que le repitieron que su hija quizá se había ido, casi logran convencerla. No son pocas las revictimizaciones de la fiscalía en su contra; una más, cuando le preguntaban qué sabía ella, o cuando le decían que fuera a preguntar por su hija para regresar a contarle a las autoridades. De hecho, no fueron estas, sino una llamada anónima, lo que la alertó sobre la ubicación del cuerpo de Lupita.

Pese a que el punto de hallazgo está muy cerca de áreas de tránsito y actividad cotidiana, aparentemente nadie vio ni escuchó ni supo cómo terminaron enterrados 80 cuerpos en una fosa en Salvatierra. Durante su búsqueda, los espantaron, los amenazaron, Javier terminó asesinado, y aun así fue la familia de Lupita la que halló, con sus propias manos, su cuerpo. “El trabajo de la fiscalía fue pura revictimización”, señala.

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“Nunca creí que fuera mi hijo, pero sí estábamos conscientes de que tenía miedo. Cuando asesinan a mi hijo y nos venimos para acá (a la Ciudad de México), llegamos perdidos, con mucho dolor, con muchas preguntas, porque ya sabía cómo se trabajaba, y veía todo cerrado, todo oscuro”, añade.

Igual que su esposo, opina que conocer a las organizaciones hizo la diferencia. La búsqueda de verdad y justicia a contracorriente la deja ver también que cuando alguien quiere hacer las cosas bien, los demás no lo dejan: “hay que aguantar el peso de la colusión”. Las autoridades, dice, no tienen voluntad, ni porque encuentran a las personas asesinadas y bajo la tierra, en situaciones que revelan la violencia que vivieron, como en el caso de su hija.

En los procesos de los juicios siguen enfrascados buscando esa verdad y justicia de la que habló desde el inicio. Todavía cree que hay gente buena que puede hacer bien su trabajo. Por eso le pide al Tribunal Colegiado que tome una decisión conforme a derecho y con toda la conciencia de que las personas responsables no pueden seguir haciéndole daño a la sociedad y favoreciéndose de las leyes.

“Siento, y todavía creo, que ellos pueden terminar con la impunidad en nuestro estado, y que no dejen que la delincuencia, por más poder que tenga, porque tienen armas, tienen dinero, sea quien manda. Que le demuestren que hay un Estado de derecho y que le den una sentencia condenatoria”, pide.

César Contreras, abogado del Centro Pro, recuerda que desde el 2022 el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas calificaba a ese delito como el “crimen perfecto”. La razón es la cantidad de sentencias tan baja, por debajo de las 100, que aún representa un 99 % de impunidad en todo el país.

“Mientras siga siendo así, por supuesto que la impunidad al prevalecer implica cero consecuencias para quienes realizan esta clase de conductas y también los riesgos para quienes buscan, para quienes dan su testimonio en un juicio. En el caso de Javier había un testigo presencial desaparecido. Las medidas de protección en nuestro país no existen, entonces también cómo sostener un juicio”, apunta.

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La relevancia del caso de Lupita es que esa sentencia pueda marcar camino para muchos más en Guanajuato, un estado que sigue azotado por la grave crisis de violencia y desaparición que se ha agudizado desde hace siete u ocho años.

En la entidad, más de 3 mil 500 personas han desaparecido entre enero de 2020 y el mismo mes de 2026, el 82 % hombres, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los municipios que lideran la estadística total de personas desaparecidas durante ese periodo son Celaya, con 505; Irapuato, 394; y León, 423.

En su diagnóstico de seguridad, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos documenta que Guanajuato y Sonora son las entidades con mayor número de familiares de personas que son desaparecidas o asesinadas por su labor de búsqueda; 2022 ha sido el año más letal y en todos los casos han ocurrido antes amenazas, hostigamiento, vigilancia o ataques a su patrimonio.