Después de 24 años buscando justicia para su hija Lilia Alejandra, ayer Norma Andrade sentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado mexicano, que a más de dos décadas de la desaparición y feminicidio no ha avanzado en las investigaciones para castigar a los perpetradores.

Esta es la segunda vez que México llega a la CoIDH por un feminicidio. En ambas ocasiones, las autoridades han tenido que rendir cuentas ante el máximo tribunal de la región por asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez: en 2009 emitió la sentencia por el caso conocido como “Campo algodonero”, y ahora por el de Lilia Alejandra.

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Para Norma Andrade y el equipo de abogadas y abogados que la acompañan, este paso es una oportunidad para que se le dé la razón a las víctimas que al día de hoy esperan justicia, ya que no hay pruebas científicas que prueben que la única persona detenida por el feminicidio de Lilia Alejandra es culpable, y que se investigue al Estado mexicano por las omisiones y violaciones a derechos humanos que ha cometido en las diligencias relacionadas con el caso.

En esta primera audiencia, celebrada en la sede de la CoIDH ubicada en Costa Rica, “Norma Andrade estuvo presente como testigo de la representación legal de las víctimas, y habló sobre las omisiones que ha tenido el Estado en estos 24 años de búsqueda de justicia, sobre los dos atentados que ha sufrido y las más de 32 amenazas que se han documentado en su contra”, explicó Alan Piñón, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, que acompaña legalmente el caso.

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Líneas de investigación cerradas, amenazas y atentados, el calvario de Norma Andrade tras el feminicidio de su hija

Desde ese momento, su madre Norma Andrade ha luchado durante 24 años y un mes para que se esclarezca el feminicidio de Ale, como dijo ante la Corte Interamericana que la llamaban de cariño, pero en el camino se ha encontrado con líneas de investigación cerradas, irregularidades, amenazas contra ella y los abogados y equipo que la acompañan, así como dos atentados.

La primera de las agresiones forzó a la madre de Lilia Alejandra a desplazarse de su ciudad natal, Ciudad Juárez, con sus dos nietos, Jade y José Caleb. Como medida de seguridad, el Estado de Chihuahua los trasladó a la capital del país, sin embargo, dos meses después fue víctima de un nuevo ataque.

Ante la negativa de la autoridad, la madre de Lilia buscó en comandancias, hospitales, con amistades, sin obtener resultados.

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Al siguiente día intentó por segunda vez realizar la denuncia. Aunque aceptaron tomarla, en esta ocasión el agente no solo preguntó si ya había intentado localizarla con el padre de sus hijos, también le dijo que la joven de 17 años se habría ido de casa porque “ya no la aguantaba” y mencionó que solo había dos agentes para atender la gran cantidad de reportes de mujeres desaparecidas que tenían.

“El 16 nuevamente voy a tratar de poner la denuncia, pero el policía que me la toma, yo recuerdo que me dijo: ay señora, para qué se hace tonta, si su hija se fue porque ya no la aguantaba… ¿Ya la buscó con el papá de sus hijos? Tenemos más de 2 mil desaparecidas y nomás somos dos agentes para buscarlas”, detalló.

En ese momento, Norma entendió que las autoridades no iban a buscar a su hija, por lo que su familia y conocidos elaboraron un volante con el rostro de Ale y comenzaron a repartirlo por la ciudad y a los medios de comunicación.

Siete días después, la joven fue encontrada sin vida. “La necropsia de ley dice que Lilia Alejandra tenía entre 24 y 36 horas de haber sido asesinada”, señaló.

Añadió que durante ocho años se abrieron líneas de investigación por el caso a partir de denuncias anónimas. Norma dijo que una de esas llamadas fue de una persona que señaló como presunto implicado a un hombre que vivía cerca de su domicilio.

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El sujeto habría sido buscado por varios años, pero nunca se concretó algo en su contra. Después, Norma Andrade se enteró que ese mismo hombre estaba detenido desde 1999, dos años antes de que Lilia Alejandra fuera asesinada.

“Lo que me molestaba es que se abrían las líneas y tardaban muchos años en procesarse. Entre 2007 y 2008, a impulso de mis abogados presentes, se empezaron a cerrar todas las líneas de investigación”, expresó.

Mencionó que en 2008 solicitaron un reprocesamiento de todas las evidencias que se tenían, lo que les permitió detectar otro perfil genético que procesaron en una base de datos de la Fiscalía de Chihuahua. El resultado coincidió con una muestra de un funcionario público, asesinado en febrero de 2010, identificado como Enrique Castañeda.

Los análisis que se realizaron en ese momento determinaron que no se trataba de Castañeda, pero sí de alguien de su familia paterna. Por ello, Andrade estaba segura que al acercarse a los hombres de esa familia podría encontrar al menos a uno de los agresores de su hija. 

“Este grupo, por ADN, se le vincula con cuatro casos… yo pensaba que con acercar a cualquiera de los varones de la familia Castañeda, yo podría dar con al menos uno de los agresores”. 

Tras realizar estas pruebas, Norma se percató que Lilia Alejandra no fue la única víctima de sus agresores y al menos tres chicas habrían sido asesinadas antes que su hija y una más después.

A raíz de ese descubrimiento, Norma dijo que comenzó a ejercer más presión por el caso, sin embargo, tuvo que detenerse porque sufrió un atentado afuera de su casa: el 2 de diciembre de 2011 un hombre se le acercó y le disparó en cinco ocasiones.

Ese hecho la obligó a salir de Chihuahua. Las autoridades estatales le rentaron una vivienda en la capital del país y le ofrecieron apoyo durante seis meses. No obstante, tuvo que firmar un documento en el que se comprometió a no compartir el motivo de su desplazamiento.

Solo dos meses habían transcurrido del primer ataque y se recuperaba de las heridas de bala cuando un sujeto la apuñaló en el cuello. Ese momento, relató, afectó a sus nietos, en especial a su nieta Jade, quien pensó que la Ciudad de México era más segura.

“Eso hizo que el miedo volviera. De hecho mi nieta Jade, cuando llegamos al hospital, golpea a un amigo y dice: me dijeron que esta ciudad era segura, que aquí no iba pasar nada. Lamentablemente volvió a suceder en el domicilio que el gobierno del estado de Chihuahua me había rentado”.

Al finalizar la declaración de Norma Andrade, en la que abordó también cómo las vidas de Caleb y Jade se han visto afectadas, la CoIDH llamó al testigo del Estado mexicano, Fernando Romero Pérez, agente del Ministerio Público de Ciudad Juárez, quien respondió con tropiezos a los cuestionamientos sobre el caso.

Entre sus argumentos mencionó que en el 2001 el estado de Chihuahua no tenía la tecnología suficiente para recoger las evidencias necesarias y tuvieron que aliarse con otros laboratorios. 

Mencionó también el presunto vínculo del asesinato de Lilia Alejandra con otros casos de adolescentes, lo que, según dijo, ha requerido tratar cada uno de manera individual.

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“Estamos peor que cuando se dictó la sentencia de campo algodonero”

Luego de la audiencia, Alan Piñón destacó que esta segunda ocasión “en la que México vuelve a estar en el banquillo de los acusados” muestra que el contexto de desapariciones de niñas y mujeres está peor que cuando se dictó la sentencia por el caso Campo Algodonero, “pues entonces había entre cinco y seis muertes violentas de mujeres al día, y ahora tenemos cifras de hasta 10 u 11, es decir, que casi se han duplicado”.

“Esto refleja la serie de irregularidades y violaciones que el Estado comete, en general, en las investigaciones de muertes dolosas de niñas y mujeres, y que si bien ya existe la sentencia de Campo Algodonero, a la fecha estamos peor. Para nosotros como organización es sumamente importante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte una sentencia condenatoria, y esperamos que así sea porque hay un reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado mexicano“, agregó el abogado.

Norma, quien en la búsqueda de justicia para su hija se ha convertido en activista que acompaña a otras madres de víctimas de feminicidio, se dijo satisfecha con lo ocurrido en la audiencia.

“Yo me sentía angustiada de fallar, porque las expectativas que mis dos nietos –hijos de Lilia Alejandra– tenían eran muy altas, pero en general nos fue bastante bien, porque me escucharon primero y luego corroboraron lo que dije cuando el Estado mexicano lo reconoció, y eso, por qué no decirlo, me tiene orgullosa”, señaló en entrevista.

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Aunque apenas es el primer paso del juicio contra México por el caso de su hija, Andrade celebró lo ocurrido y envió un mensaje a las madres que, como ella, están buscando justicia: “No nos rindamos, hay que apoyarnos unas a otras, porque esto no es de liderazgos ni protagonismos, sino de unión para hacer un frente común contra el Estado, porque son las instituciones de justicia quienes nos están fallando. Sí se puede alcanzar la justicia, y lograrla nos da una esperanza”.

A las autoridades, les pidió “hacer una pausa, sentarse y reconocer lo que han hecho bien y lo que han hecho mal, porque si para empezar no reconocen lo que está mal hecho no le van a poner una solución, y es necesario que lo hagan. Es importante que ellos hagan ese tipo de evaluaciones para poder seguir adelante y construir el México que queremos todos”.

Acerca de las más de 600 acciones que el Estado mexicano expuso como prueba de que ha avanzado en las investigaciones del feminicidio de Lilia Alejandra, Norma indicó que le gustaría “que de veras se vieran reflejadas en resultados positivos, que sería un índice de desapariciones y asesinatos de mujeres a la baja”.

“¿Qué es lo que espero? Que se empiece a generar la política que se necesita a favor de los niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio; que se genere un mecanismo de protección para las madres buscadoras, para poder seguir buscando a nuestros seres queridos sin temor de que nos vayan a amenazar, a agredir, o incluso a algunas se les vaya a asesinar”, apuntó.