Llevan a la ONU 5 casos de niñas víctimas de maternidad forzada para buscar un precedente de acceso a la justicia
A los 13 años, Norma vivía con su papá y su hermano mayor porque su mamá se había ido con su padrastro. “Un día mi papá creo que tomó mucho, no sé, y comenzó como que a gritarme que todas las mujeres somos unas cualquiera, a usar palabras malas, y entonces fue cuando abusó sexualmente de mí”, relata en un testimonio grabado.
Al otro día, le advirtió que no le dijera nada a nadie. La amenazaba con hacerle daño a su hermano y a sí mismo, si ella hablaba. Por eso se quedó callada. “Mi hermano me preguntaba, pero yo no le contaba nunca; la verdad es que en ese instante me quería morir, no quería hacer nada, no sabía qué era lo que me estaba pasando”, señala.
Odiaba a la persona que la había dañado, pero al mismo tiempo tenía miedo de llevar a término un embarazo que llegó sorpresivamente, y del que no sabía siquiera cómo había ocurrido. Norma quería abortar, pero la doctora argumentó que era muy riesgoso. Cuando hizo la denuncia por el abuso, acompañada de su hermano, la policía incluso le preguntó si le había gustado o no.
Pero no hicieron nada: su agresor siguió en las calles. El temor de ella creció. Finalmente, tuvo que dar a luz, en medio de violencia obstétrica por no querer que le hicieran un tacto. “Hay que buscar a las personas que más confianza les tenemos y a las que más confían en nosotras, y a ellas contarles lo que nos está pasando; a las niñas que ya no se callen, que el silencio ya se acabó”, aconseja Norma ahora.
Su caso, ocurrido en Ecuador, junto con el de Fátima, de Guatemala; Lucía y Susana, de Nicaragua, y Camila, de Perú, llegaron al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas entre 2019 y 2020 gracias a un litigio promovido por ocho organizaciones que impulsan el movimiento Son Niñas, No Madres. Ninguna de las sobrevivientes ha recibido reparación o justicia. Las asociaciones esperan que en noviembre el comité se pronuncie al respecto.
Con ello, la ONU podría dictaminar que los Estados señalados tengan la obligación de modificar su legislación sobre interrupción del embarazo, para que todas las niñas puedan acceder a él de forma segura y oportuna; regular este servicio en el sistema de salud y no en el penal; adoptar medidas para que el personal sanitario ofrezca suficiente información al respecto; impulsar que las niñas sean escuchadas; garantizar educación sexual integral; asegurar recursos judiciales efectivos, y tomar medidas para erradicar estereotipos de género y violencia obstétrica.
Esto, de acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood, Promsex, Surkuna, Mujeres Transformando al Mundo, el Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala, Clacai, Amnistía Internacional y GIRE –las organizaciones promoventes– sentaría un precedente en el acceso a la justicia para niñas embarazadas como resultado de violencia sexual para toda la región, donde 5 de cada 100 menores de 15 años se convierten en madres.
América Latina y El Caribe sigue siendo la región en el mundo con la segunda tasa más alta de embarazos en niñas de menos de 15 años, y es la única donde la tendencia va en aumento. Además, 8 de cada 10 violaciones de niñas y adolescentes en la región tienen por víctima a una niña de entre 10 y 14 años; el 90% se da en un contexto de violación reiterada. Aunado a ello, la mortalidad materna sigue siendo una de las principales causas de muerte entre jóvenes de entre 15 y 25 años; cuando son menores de 16, la probabilidad de morir es cuatro veces más alta.
México y sus estadísticas de casos de maternidad forzada en niñas
En México, la estadística de maternidades forzadas en niñas menores de 15 años no es más alentadora. Durante 2022 ocurrieron 7 mil 255 registros de nacimientos que tenían como madre a una niña de entre 10 y 14 años, destacó Rebeca Ramos, directora ejecutiva de GIRE, durante el relanzamiento del movimiento Niñas No Madres previo a las resoluciones que se esperan de la ONU.
Sin embargo, el acceso al aborto de niñas menores de 15 años corresponde únicamente al 1.23% del total de abortos practicados. “En México en teoría el acceso al aborto por violencia sexual debería estar garantizado; hay diferentes regulaciones que establecen que toda institución de salud pública y no pública debe proporcionar a las víctimas de violencia sexual atención inmediata sin exigirles ninguna condición ni establecer ningún plazo”, recordó.
Tanto en la Ley General de Víctimas, como en la Norma Oficial Mexicana 046, la violación sexual se cataloga como un servicio de urgencia médica. No obstante, destacó la activista, mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar enfrentan todos los días diversas barreras para poder ejercer el derecho a la interrupción de un embarazo.
A ello se suman los altos índices de impunidad de los agresores, que Ramos calificó como desalentadores, lo que significa un panorama preocupante de desprotección para las niñas. “Es un imperativo moral poder hacer algo para cambiar ese panorama, para cambiar las vidas de esas niñas, y ahí fue donde emprendimos un proceso legal que esperamos genere condiciones reales de acceso a la justicia para cambiar el futuro de estas niñas”, añadió.
El proceso internacional
Catalina Martínez, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, puntualizó que los casos seleccionados que se llevaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU permiten ilustrar una problemática más grande, que se replica en toda la región.
“Lo revolucionario de este litigio estratégico es que incluimos cuatro casos que, si bien son peticiones individuales, los presentamos al mismo tiempo y los hemos ido llevando conjuntamente durante todas las etapas de litigio, de tal forma que ojalá, y es lo que estamos esperando, sean decididos al mismo tiempo, y salgan por primera vez y de manera muy histórica cuatro decisiones, que representan una problemática regional”, agregó.
Martínez subrayó que estos litigios tienen todo que ver con México, porque es un país que hace parte de los pactos internacionales y ha aceptado la competencia del Comité de Derechos Humanos para examinar, y si estos casos –como expuso GIRE– también están ocurriendo en México, a nuestro país le corresponde igualmente hacer cambios estructurales.
Las organizaciones reiteraron que a pesar de ser un servicio esencial de salud, América Latina y el Carible contempla gran parte de las regulaciones restrictivas y prohibitivas de interrupción del embarazo. La falta de opciones, junto con los altos índices de violencia sexual en la región, son una manera de forzar a las niñas a la maternidad.
Ante ello, el movimiento Niñas No Madres no solo busca justicia para los casos específicos, sino un precedente que orille a los Estados a regular el acceso al aborto; garantizar la vida digna, autonomía y no discriminación de las niñas, lo que incluye no obligarlas a llevar a término embarazos no deseados; asegurar educación sexual; considerar la maternidad forzada en niñas como una violación de la prohibición de tortura y tratos crueles, y lograr un antecedente histórico en jurisprudencia internacional.
“Soñamos con que todas las niñas puedan vivir su infancia y completar sus estudios, sin tener que renunciar a sus sueños por un embarazo forzado. Queremos darles fin a los ciclos de violencia, exclusión y discriminación que generan los embarazos y maternidades forzadas en niñas”, reiteraron las organizaciones en su invitación a sumarse al movimiento www.ninasnomadres.org
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La antigua casa de campo del líder nazi Joseph Goebbels es un lastre para el Estado, demasiado costosa para restaurar además de sus vínculos con un pasado funesto.
¿Qué hacer con una otrora gran casa de campo, construida en un terreno de unas 17 hectáreas a la orilla de un idílico lago, pero tristemente vinculada a uno de los personajes más macabros de la historia?
La propiedad está abandonada desde el año 2000, le cuesta al Estado un dineral mantenerla y nadie la quiere comprar.
¿La única opción? Regalarla.
Esa es la más reciente propuesta de las autoridades del estado de Berlín para deshacerse de lo que fue el retiro veraniego de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi de Adolf Hitler.
“Se la ofrezco a quien quiera hacerse del lugar, tomarla como un regalo del Estado federado de Berlín”, declaró en mayo el ministro de Finanzas, Stefan Evers, ante el Parlamento estatal.
Apodada por Goebbels como “Villa Bogensee”, por el lago aledaño que queda unos 15 kilómetros al norte del área metropolitana de Berlín, la propiedad decaída y abandonada se ha vuelto un lastre económico para el gobierno local, que debe pagar por su mantenimiento y seguridad.
No obstante, sigue siendo un sitio de atracción para algunos visitantes que se abren paso por entre la maleza para atisbar por entre los ventanales lo que fue una lujosa mansión con decenas de habitaciones
Por la preocupación de que el triste legado del lugar pueda atraer a grupos extremistas, las autoridades quieren la propiedad sea destinada a trabajar con fines sociales
Una organización que representa a judíos europeos propone convertirla en un centro de comunicación y psicología política y combatir discursos de odio.
De no encontrar una solución satisfactoria, su destino podría ser la completa demolición y allanamiento del área, para las cuales ya está preparado el gobierno local, según Stefan Evers.
La historia de la villa en Bogensee
Joseph Goebbels fue uno de los aliados más cercanos a Hitler. Ocupó el cargo de ministro de Propaganda nazi y brevemente canciller del Tercer Reich. Era un demagogo conocido por sus dotes de orador que utilizó para difundir su ideología antisemita y de guerra total.
Bogensee, un lago ovalado en el estado alemán de Brandemburgo y rodeado de un parque natural, fue dedicado a Goebbels por la administración de la ciudad de Berlín en 1936, cuando el dirigente nazi cumplió 39 cumpleaños.
El lugar contaba con una lujosa mansión que el ministro remodeló para incluir unas 40 habitaciones, decenas de aposentos para huéspedes y servicio, aire acondicionado, planta de tratamiento de agua, una sala privada de cine de 100 metros cuadrados y hasta un búnker.
Fue un retiro campestre para él, su esposa y seis hijos. Alejado de Berlín, en la soledad del bosque, el ministro de Propaganda se deleitaba en poder trabajar y leer en silencio sin recibir llamadas telefónicas ni correspondencia, según escribió en su diario.
Pero la villa también fue sede de veladas sociales con líderes nazis, artistas y actores. Goebbels, que tenía la reputación de poseer un gran apetito sexual, supuestamente utilizó el lugar como “nido de amor” para su relaciones secretas.
Al final de la guerra, cuando Goebbels se suicidó con su esposa -tras envenenar a sus seis hijos- el área de Bogensee fue ocupada por el Ejército Rojo por casi un año y luego sirvió temporalmente como un hospital militar.
Durante el período en que Alemania estuvo dividida, los predios fueron tomados por el ala de las juventudes del Partido Comunista de Alemania Oriental, que estableció una escuela de liderazgo con un centro de entrenamiento y varios bloques residenciales.
Tras la reunificación alemana en 1990, el complejo regresó a ser propiedad del estado federal de Berlín, pero la ciudad capital no pudo darle un uso.
¿Qué hacer con un lugar ensombrecido por el pasado?
En 2015, se fundó una asociación de desarrollo para preservar el edificio y usarlo como una academia internacional con miras a la educación en las áreas de crisis. Pero el proyecto se abandonó y la ciudad desistió de querer readaptarla o siquiera venderla.
En las afueras de lo que fue la lujosa villa, la maleza ha crecido alrededor de la mansión, impidiendo el paso a la sala de cine donde Goebbels proyectó sus películas de propaganda.
Las telarañas cubren las ventanas de los cuartos, las vigas de soporte se están cayendo y el polvo se ha apoderado de los salones.
El mantenimiento de la propiedad le cuesta al gobierno local unos US$300.000 al año, tan solo para evitar que se derrumbe completamente.
La restauración no sólo sería un proyecto sumamente costoso, sino que abriría toda una lata de gusanos en torno a la polémica de cuánto conservar de la historia nazi de Alemania al tiempo que las nuevas generaciones no quieren sepultar el pasado, por oscuro y complejo que sea.
Esas son las consideraciones que crean el dilema para las autoridades de qué hacer con este patrimonio.
“La historia del lugar es precisamente la razón por la que Berlín nunca dejaría esta construcción en manos privadas donde existiría el riesgo de que pudiera ser mal utilizada”, expresó el ministro Stefan Evers.
Propuesta inesperada
Tras los comentarios de exasperación hechos ante parlamentario estatal por Evers en mayo pasado, que ofreció regalar la mansión y el terreno, hubo una oleada de posibles prospectores de todo el mundo, informó el diario The New York Times.
Hubo indagaciones hechas por un dermatólogo que quería abrir un centro de cuidados de la piel, así como de varios especuladores inmobiliarios, según expresó Evers al diario. Pero ninguno de estos fue considerado apto, señaló el político.
Un grupo de extrema derecha llamado el movimiento Reichsbürger, del que algunos de sus miembros enfrentan un juicio por tratar de derrocar el gobierno, también hizo indagaciones que fueron rápidamente rechazadas.
Sin embargo, una de las propuestas más interesantes vino de uno de los lugares más inesperados.
La Asociación Judía Europea (EJA, por sus siglas en inglés) que representa a cientos de comunidades judías en ese continente, expresó interés en explorar la posibilidad de convertir el lugar en un centro de libre expresión y combate contra el discurso del odio.
El presidente de la EJA, el rabino Menachem Margolin, le escribó una carta al ministro berlinés, expresando su oposición a que la antigua villa de Goebbels fuera demolida, proponiendo convertirla en un centro de estudios para combatir todo tipo de odio.
“Convirtamos ese predio que propagaba la maldad absoluta en una fuente para propagar el bien. Sería una importante victoria moral”, escribió el rabino Margolin.
Evers respondió que el gesto es digno de atención, pero indicó que el asunto es de financiación y el gobierno estatal está preparado para seguir adelante con la demolición si no se encuentra la solución adecuada.
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