MAREAS, una iniciativa intercontinental para fortalecer las luchas locales por el derecho al aborto
Para entender mejor
Para hacer resonar la Marea Verde, surgida originalmente en Argentina en pro del derecho de las mujeres a abortar, IPAS Global, Clacai, Médicos del Mundo Francia y Reprod’Action Santé impulsan la iniciativa MAREAS (Movimientos por la Autonomía Reproductiva, la Igualdad y la Solidaridad) entre dos regiones, con la finalidad de fortalecer la capacidad comunitaria, técnica y económica de organizaciones locales en países de Latinoamérica y África.
Esto ante una realidad en la que persiste el estigma como la barrera principal, y transversal a varios países, que permea a la sociedad, los sistemas y las estructuras con ideas negativas sobre el aborto como un acto que no debería existir y, sobre todo, negando su legitimidad como un servicio más de salud.
En entrevista, Mara Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento a las vías de acceso para el aborto seguro en Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), explica que el estigma influye en políticas públicas y leyes, que incluso resultan regresivas, como en Estados Unidos, o derivan en limitaciones no técnicas o injustificadas —como ocurrió en México, en Aguascalientes— para restringir la edad o la etapa gestacional para abortar.
“Sin duda, a pesar de que el aborto es un tema que hoy se habla con más libertad en varios países, el estigma persiste, y es esta idea negativa de que en esencia el aborto es un acto que no debería existir, que es un acto negativo, que es un acto que demerita la condición humana; la creencia de que el aborto, además, es peligroso, de que no es un servicio legítimo de salud, todas esas creencias vienen de ahí”, apunta.
Si bien en lo social, continúa, podemos pensar como comunidades que el aborto no es deseable, cuando este pensamiento impregna las políticas públicas, las leyes o la normatividad, afecta profundamente los derechos de las mujeres. “No es lo mismo que una persona de la comunidad sienta incomodidad sobre el aborto, y simplemente se repliegue ante esa idea o acto, a que una política pública se elabore con base en estigmas”, especifica.
Un ejemplo de ello es cuando se limita la edad de las mujeres o personas con capacidad de gestar para tener un aborto. Esto fue lo que ocurrió en Aguascalientes, México, cuando el 28 de agosto de 2024, a menos de un año de haberlo despenalizado, el Congreso local aprobó una reducción del límite para abortar de 12 a 6 semanas de gestación, mediante una reforma en la que también eliminó la categoría personas gestantes y suprimió las causales imprudencial, riesgo a la salud y peligro de vida.
Esto pese a las sentencias previas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han declarado inconstitucional la despenalización del aborto, y pese a que las directrices sobre la atención para el aborto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen explícitamente que no se recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que restrinjan el aborto basándose en supuestos, mientras que sí se recomienda que el aborto esté accesible a demanda de mujeres, niñas y personas embarazadas.
De igual manera, ese documento establece que no se recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que prohíban el aborto basándose en límites de edad gestacional, lo que también subraya Zaragoza al apuntar que esos son ejemplos muy claros de limitaciones que no responden a consideraciones técnicas, sino a estigmas.
A la hora de establecer estas condiciones arbitrarias, también sería conveniente pensar un poco en aquellos abortos que son necesarios porque la vida de una mujer o persona gestante está en riesgo, porque se ha vuelto peligroso o porque su salud está amenazada por alguna condición de salud preexistente o detonada por el embarazo. Otro factor importante a considerar son aquellos que buscan cesar los efectos de una violación.
“Mujeres, niñas y jóvenes viven constantemente embarazos que no buscaron, que no desearon, que les fueron impuestos con coerción o violencia, y creer que ese aborto no es legítimo, evidentemente no hay razones técnicas tras ello, sino una consideración de que al final el aborto no es correcto, y esto permea políticas públicas que inhiben derechos, obstaculizan y erigen barreras”, subraya.
¿Cómo surge y en qué consiste MAREAS?
MAREAS es un proyecto internacional que busca unir dos continentes, América y África, en donde existen países con diferentes grados de aceptación, desarrollo y libertad respecto al aborto.
Las naciones involucradas son Benín, República Democrática del Congo, Madagascar, Uganda, Kenia y Senegal, en África, y Argentina y México, en Latinoamérica. El nombre se deriva de la Marea Verde surgida en Argentina, país que persiguió largamente la despenalización del aborto, con intentos que poco a poco se consolidaron en una gran campaña por el aborto seguro.
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“Lograron una movilización impresionante, salieron a las calles, exigieron los derechos, la despenalización, y lograron aglutinar a personas en lo individual, pero también a organizaciones exigiendo este derecho. El impacto de esta campaña fue tan grande que aun dentro de las estructuras oficiales de salud, por ejemplo, hay muchas integrantes, médicas, enfermeras, trabajadores sociales, directores de hospitales, personal de salud que si bien tienen esta profesión, en su vida comunitaria y social son parte de la campaña”, explica.
Ese movimiento permeó prácticamente en toda la región latinoamericana, incluso en contextos restringidos, como Centroamérica, donde a pesar de que las leyes no lo permitan, la comunidad, de manera individual, las organizaciones y las colectivas encabezan la lucha aunque haya restricciones serias no solo de persecución, sino de criminalización hacia el aborto. La Marea Verde, a final de cuentas, es muestra de que más allá de las leyes y políticas, si una sociedad organizada tiene oportunidades de cohesión y financiamiento, es poderosa, puede hacer escuchar su voz e incluso exigir derechos e influir en la desestigmatización del aborto a nivel social, legal y político.
Hoy incluso países de África han sido permeados por ese fenómeno, pero también han gestado sus propios movimientos nacionales y locales de búsqueda de derechos, que encuentran reflejos en la Marea Verde. Además, gracias a las organizaciones que ya tienen nodos en ambas regiones, como IPAS, existen diálogos previos: se comunican, conviven e intercambian experiencias y lecciones.
“Lo que estamos haciendo es aprovechar esta gran capacidad de cohesión y unirnos con otras organizaciones para consolidarnos como un consorcio en donde tenemos acciones compartidas en este proyecto. Esto para operarlo y apoyar a organizaciones locales en diferentes países, con iniciativas diversas, que desde ámbitos comunitarios puedan establecer diálogos, hacer campañas, fortalecer los sistemas de salud, sensibilizar y hacer capacitación”, explica Zaragoza.
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La raíz del proyecto es el fortalecimiento de la capacidad comunitaria, técnica, pero también económica, a través de subvenciones, de lo local, subraya. Con ello, las cinco organizaciones buscan consolidar un movimiento capaz de desafiar las estructuras del poder, cuestionar la normatividad, los lineamientos, las leyes y políticas e incluso permitir a personas que son parte de estructuras institucionales identificarse y abrir espacios donde se puedan generar cambios aun dentro del sistema.
MAREAS ante contextos regionales y locales diversos
La iniciativa MAREAS recorre países de dos regiones diversas entre sí, pero también con diferencias locales importantes en todo tipo de ámbitos, e igualmente en lo relativo a sus regulaciones y restricciones en torno al derecho de las mujeres y personas gestantes a abortar.
Mientras que Argentina logró una despenalización hasta las 14 semanas a nivel nacional desde 2020 —que hoy se enfrenta a un gobierno con discursos regresivos—, lo que marcó un hito en Latinoamérica, México se posicionó como un país de referencia tras la despenalización en la Ciudad de México en 2007; sin embargo, en nuestro país tomó años que se empezara a extender en el resto del territorio.
Otro paso importante marcó un precedente en México: la resolución de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional la criminalización del aborto. Aunque a partir de entonces se consideró que nuestro país había despenalizado a nivel nacional, en realidad el delito se persigue en el fuero común de cada entidad de la República, por lo que para hacerla efectiva se requiere que cada una de ellas reforme sus leyes locales.
En 27 de 32 estados el aborto ya se ha despenalizado mediante reformas a los códigos penales aprobadas por los congresos locales, o por la vía judicial gracias a resoluciones de la Suprema Corte; sin embargo, en al menos cuatro todavía está pendiente legislar para armonizar las leyes locales. En tanto, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora siguen sin despenalizarlo.
“Existe, sin duda, la obligatoriedad de respetar la medida de nivel constitucional, pero para que eso se materialice, se necesita que las instituciones, el personal que provee servicios, sepa que estos deben de estar disponibles, pero también se necesita que a nivel comunitario esto se reconozca como un derecho, se exija y se reivindiquen los derechos. Entonces hay un trabajo importante que hacer”, opina Zaragoza.
En tanto, en el caso de los países africanos, en Benín se han logrado avances con una despenalización hasta las 12 semanas en caso de dificultades socioeconómicas, lo cual es muy significativo, pues gran parte de los abortos en los sistemas públicos están relacionados con la falta de recursos. Es importante para la activista destacar que a nivel global se busca la exigibilidad del derecho en el sistema público.
En cambio, en Senegal el aborto está severamente restringido y criminalizado, y se permite solo para salvar la vida de las mujeres embarazadas. Además, en contextos muy específicos, la vida suele interpretarse solo en su faceta fisiológica, mientras que las amenazas a esta y al bienestar también atraviesan lo social, psicológico y económico.
En la República Democrática del Congo, donde persiste una grave afectación a los derechos de las mujeres, se han adoptado estándares y directrices un poco más progresistas: desde el 2019, se acepta el aborto en varias zonas del país por diferentes motivos, pero no está ampliado a todo su territorio, como sucede en México.
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En Madagascar, por otra parte, hay un entorno muy hostil para el ejercicio de los derechos reproductivos, con iniciativas muy incipientes de legalización, y una sociedad civil trabajando por el derecho. En tanto, en Kenia desde 2010 rige una nueva constitución que reconoce la salud como un derecho, incluido el aborto y la atención posaborto como un tratamiento médico de emergencia, lo que lo coloca en mejores condiciones.
Sin embargo, en Uganda a lo largo de los años se han ido reduciendo las oportunidades y los derechos en espacios cívicos. El aborto sigue siendo altamente restringido, con zonas grises y vacíos en sus leyes, lo cual no deja claro cuáles son los casos en los que las mujeres pueden tener la oportunidad de acceder a un aborto. En todos esos países, a pesar de las restricciones, hay movimientos sociales vibrantes, subraya Zaragoza, y organizaciones que con recursos y asistencia técnica, pueden incidir en la realidad de sus países, lo cual les ofrecerá MAREAS.
Al mismo tiempo, advierte que a nivel global, las organizaciones ya están acostumbradas a los movimientos antiderechos, con algunos momentos más activos, como el presente, que es de mucha resistencia y fortalecimiento de estos grupos mediante el afinamiento de sus narrativas, así como la internación en estructuras. Los mejores ejemplos son Argentina y Estados Unidos, con la regresión de la sentencia Roe vs. Wade, que desapareció la protección constitucional al aborto.
“Esto nos demuestra que los derechos hay que defenderlos siempre, que en ningún momento puede el movimiento feminista y el movimiento de derechos bajar la guardia, porque sin duda son grupos muy bien organizados, también bien financiados, con estrategias claras.
“Como organizaciones que buscamos el derecho a la vida de las mujeres, el respeto y la defensa del espacio cívico, democrático y de la ciudadanía, no nos queda más que estar vigilantes, escuchar sus argumentos, conocer dónde están, cómo se movilizan, y permanecer siempre activando acciones resilientes, en defensa y promoción de los derechos de maneras muy específicas; no dejar espacios sin información, sin contenido”, invita.
Además, es preciso recordar que para los movimientos feminista y de derechos, el aborto es una opción legítima y válida que las mujeres tienen derecho a elegir o no, mientras que el movimiento antiderechos busca activamente infiltrarse en las estructuras y movilizar a mujeres para influenciar directamente su decisión.
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El párroco de Maryland ha accedido a ser el tutor en reserva de los hijos de varios de sus feligreses. Ante las redadas migratorias, cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos amigos o personas cercanas decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
De un día para otro el padre Vidal Rivas podría encontrarse a cargo de un bebé de 12 meses o de un adolescente de 17 años, a quien tendría que acoger en casa, alimentar, vestir y guiar hasta que termine el instituto.
También podría tener que encargarse de los trámites para que varios niños puedan volar al país de origen de sus padres y de acompañarlos hasta que se reúnan con ellos.
Y es que este carismático sacerdote, quien encabeza la parroquia episcopal de San Mateo en Hyattsville (Maryland, Estados Unidos), se comprometió a asumir la tutela temporal de 26 menores en caso de que sus padres sean deportados.
“Es una responsabilidad muy grande, que cambiaría completamente la vida de mi familia”, le reconoce a BBC Mundo. “Tanto mi esposa como yo somos conscientes de ello, sabemos lo que implica”.
Desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump, quien asumió la presidencia en enero con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia del país”, son muchos los migrantes indocumentados que se han apresurado a dejarlo todo atado por si son detenidos y expulsados.
Y han buscado en su entorno más cercano a figuras de confianza como el padre Rivas para que se ocupen del cuidado de sus hijos cuando no estén.
Es parte de lo que organizaciones y especialistas legales llaman un “plan de preparación familiar”, algo que cada vez más hogares con situaciones migratorias mixtas –con al menos uno de sus miembros indocumentado— están haciendo.
“Implica tener conversaciones incómodas y tomar decisiones dolorosas, pero ser precavido facilita las cosas a la hora de lidiar con una emergencia y con sus consecuencias”, le dijo a BBC Mundo Kristina Lovato, directora del Centro de Inmigración y Bienestar Infantil (CICW) de la Universidad de California en Berkeley.
“Mi hija no quedará en un limbo”
Hoy por hoy hay más de seis millones de hogares en condiciones migratorias mixtas en EE.UU., cerca del 5% del total, según cifras del centro de investigación Pew.
Y de acuerdo con los datos que maneja el CICW, al menos uno de los progenitores de 5,9 millones de niños no cuenta con papeles.
A eso hay que sumar los más de 500.000 que tienen padres amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de la era Obama que los expertos aseguran que hoy se está “socavando”, y por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el actual gobierno busca revocar para ciudadanos de varios países.
Desde el inicio del año hasta septiembre, más de 400.000 personas habían sido deportadas, de acuerdo a las cifras más recientes hechas públicas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Y para el 16 de noviembre — los últimos datos oficiales– el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantenía en centros de detención de todo el país a 65.135 personas, la mayor cantidad reportada por la agencia desde su creación en 2003.
De los arrestados, el 48% no contaba con ningún cargo o condena penal en EE.UU. y permanecían en custodia por violaciones civiles de las leyes de inmigración estadounidenses.
La situación actual está impactando la moral de los feligreses de la iglesia de San Mateo, asegura su párroco.
Y es que el municipio al que pertenece, Hyattsville, un suburbio de Washington DC donde más del 40% de sus casi 21.000 residentes son latinos y un tercio nacieron en otro país, no se ha librado de las detenciones.
“La gente tiene demasiado miedo, aunque decir eso es poco. Es más bien terror a salir e incluso a estar en el templo”, subraya el padre Rivas, quien siendo oriundo de El Salvador, llegó a EE.UU. en 1998.
“Yo mismo soy inmigrante, y aunque vine con residencia por los sacerdotes que me trajeron a trabajar a este país, he visto el dolor de mi pueblo (durante la guerra civil salvadoreña, 1980-1992) y ahora lo veo aquí, miro a las personas cada día en sufrimiento”, señala.
Ante ello, el cura y miembros de su parroquia decidieron tomar acciones para que los fieles y la comunidad en general se sintieran más seguros.
Ahora los servicios religiosos son a puerta cerrada y varios voluntarios custodian la entrada y vigilan los alrededores.
También empezaron a animar a los devotos a que se preparen para cualquier eventualidad migratoria y busquen guardianes temporales para sus hijos, algo contemplado en la legislación estatal.
“Al hacerlo, descubrimos que muchas familias no tienen miembros con residencia (permanente o green card) o ciudadanía estadounidense. Es muy triste ver que no encuentran a nadie, les entra mucha desesperación”, se lamenta Rivas.
“Es ahí donde tuvimos que enseñarles a buscar a personas de confianza que pudieran servirles de tutores”, explica.
Como tantos otros, Mimi, una mujer indocumentada de 40 años y madre soltera de una adolescente de 16, encontró esa figura en el propio Rivas.
“Pasé muchos días y noches pensándolo. Y aunque fue una decisión muy difícil, sé que es la mejor”, le dice a BBC Mundo.
Asegura sentirse aliviada de saber que, si la deportaran, su hija no quedaría “en un limbo”. “Que pueda venir un trabajador social y llevársela, que quede en manos del gobierno y que la den en adopción” sería su mayor pesadilla, explica la mujer, cuyo nombre real y nacionalidad obviamos para proteger su identidad.
Lo que Mimi acordó con el padre Rivas es que se encargue de todo lo necesario para que la menor, diagnosticada en el espectro autista, se reúna con ella en su país de origen.
“Me gustaría que mi hija siguiera estudiando, que terminara sus estudios, pero por la situación nunca nos hemos separado y no creo que quiera estar sin mí”.
Ese es el encargo que Rivas recibió de algunos de los padres de los otros 25 menores para quienes se prestó como tutor temporal. Otros le pidieron que sus hijos se queden en EE.UU. al menos hasta terminar el instituto.
Hasta seis meses y revocable
Para que eso sea posible y esté amparado por la ley, todos ellos rellenaron y firmaron un formulario de designación parental para el inicio de la tutela de reserva.
“Es la ampliación de una figura legal que existe en Maryland desde la epidemia del sida en los 70”, le explica a BBC Mundo Cam Crockett, una abogada especializada en derecho de familia que lleva 40 años ejerciendo en el estado y fue una de las impulsoras de la actual ley de tutela de emergencia.
Desde que el Congreso estatal la aprobara por unanimidad en mayo de 2018, además de para casos de incapacidad mental o debilitamiento físico, permite a un adulto designar a un tutor en reserva para sus hijos por si fuera detenido por las autoridades migratorias o deportado.
“Se activa una vez ocurre la emergencia y dura seis meses, aunque los padres pueden revocarla en cualquier momento”, explica Crockett.
Los progenitores, quienes no pierden la patria potestad, dejan especificado en el formulario qué puede el tutor hacer en su nombre: desde inscribir a los menores en la escuela o ingresarlos en un hospital, hasta reservar vuelos y hoteles para ellos, recibir fondos o tomar decisiones financieras.
“Lo que les sugerimos es que piensen muy bien antes de elegir al potencial tutor, ya que puede que este tenga que acudir a un tribunal, o tomar un vuelo a otro país”, explica la abogada.
Y si quisieran que la situación se extendiese más allá de los 180 días, tendrían que buscar una tutela más permanente o valorar una custodia por terceros, para lo que la experta recomienda consultar el caso concreto con abogados.
Cambios de estado a estado
Sin embargo, la tutela en reserva no existe como tal en todas las legislaciones estatales de EE.UU.
“Por eso es muy importante que los interesados reciban un buen asesoramiento legal, del estado en el que viven, porque las leyes cambian estado a estado”, remarca Sharon Balmer Cartagena, la abogada que dirige el Proyecto de Defensa de la Infancia, Juventud y Familia de la organización Public Counsel.
“Porque hay muchos grupos, también online, en los que la gente aconseja sobre este tema, pero un consejo muy bueno en Texas podría ser uno muy malo en California”.
Por ejemplo en California, donde ejerce Balmer Cartagena, la tutela temporal no existe.
Allí la tutela otorga al designado la custodia legal y física total del niño y, para recuperar la patria potestad, los padres deben solicitarlo ante el juez, quien será el que decida cuál es la mejor opción para el menor.
“Puede ser una buena alternativa si los padres se sienten cómodos con el hecho de que la persona designada se convierta prácticamente en la progenitora de sus hijos”, señala la especialista.
“Pero ¿qué pasa si el tutor, digamos un primo, decide que ya no es beneficioso para el menor que tenga contacto con sus padres? Estaría en su derecho de así decidirlo”, prosigue.
“La tutela es para niños que van a quedarse con otra persona de forma permanente. A quienes quieran que sus hijos se reúnan eventualmente con ellos (en el país de origen) no se la recomendamos; ellos deberían optar por una declaración jurada de autorización de cuidadores”, explica.
Es por medio de ese acuerdo, más sencillo, que cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos o amigos decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
Balmer Cartagena reconoce que, cuando hacen presentaciones en la comunidad sobre cómo hacer un plan de preparación familiar, son muchos les dicen no tener a nadie en EE.UU. que pueda cumplir con ese rol.
“Lo que hacemos es animarlos a pensar de forma más amplia, porque hemos tenido casos en los que una maestra o la familia para la que nuestra clienta trabajaba de cuidadora los apoyaron brevemente para facilitar la reunificación tras una deportación”.
Más conciencia y preparación
Así como Public Counsel, otros grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país llevan meses ofreciendo talleres sobre cómo preparar un plan de emergencia familiar y sesiones divulgativas bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten a los asistentes en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
También reparten la “tarjeta roja“, disponible en 19 idiomas, que recuerda a los inmigrantes sus derechos constitucionales y resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del ICE.
Y patrullas comunitarias recorren barrios y presencian redadas para asegurarse de que se cumplen todos los protocolos o para documentarlas en caso de que se estos se violen. Videos captados por estos voluntarios aparecen en las redes sociales a diario.
Funcionarios de la administración Trump han arremetido contra estas ONGs y voluntarios, alegando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo en su momento Thomas D. Homan, nombrado “zar de la frontera” por Trump y quien está al frente de las operaciones de deportación.
Sea como fuere, en todo este esfuerzo encaja también una cada vez mayor conciencia de la necesidad de tener que anticiparse y tener listo, sobre todo, un plan que incluya el cuidado infantil.
“Ha habido una campaña relativamente exitosa en la comunidad inmigrante, y cuando hablo con mis clientes, me encuentro con preguntas más reflexivas y matizadas, porque las cuestiones básicas ya las conocen”, le dijo en marzo a BBC Mundo Kate Lincoln-Goldfinch, una abogada de inmigración que ejerce en la zona central del estado de Texas.
“Toda persona indocumentada necesita consultar su situación con un abogado de inmigración”, subraya, y estar bien preparado por si se da una emergencia. “Porque cuando hay una detención, es como en un incendio: nadie tiene tiempo para pensar y después actuar”, explicó.
“Así que es vital tomarse el tiempo de antemano, por muy desagradable que sea, de pensar en quién va a recoger a los niños; si la escuela tiene las autorizaciones que necesita; si hemos juntado los documentos en una carpeta, incluida la información sobre cuentas bancarias; si sabemos dónde están las llaves del coche y el seguro… Y tener todo eso claro y en un mismo lugar para que alguien que lo necesite pueda venir a recogerlo y manejar nuestras vidas por nosotros”, zanjó.
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