MAREAS, una iniciativa intercontinental para fortalecer las luchas locales por el derecho al aborto
Para entender mejor
Para hacer resonar la Marea Verde, surgida originalmente en Argentina en pro del derecho de las mujeres a abortar, IPAS Global, Clacai, Médicos del Mundo Francia y Reprod’Action Santé impulsan la iniciativa MAREAS (Movimientos por la Autonomía Reproductiva, la Igualdad y la Solidaridad) entre dos regiones, con la finalidad de fortalecer la capacidad comunitaria, técnica y económica de organizaciones locales en países de Latinoamérica y África.
Esto ante una realidad en la que persiste el estigma como la barrera principal, y transversal a varios países, que permea a la sociedad, los sistemas y las estructuras con ideas negativas sobre el aborto como un acto que no debería existir y, sobre todo, negando su legitimidad como un servicio más de salud.
En entrevista, Mara Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento a las vías de acceso para el aborto seguro en Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), explica que el estigma influye en políticas públicas y leyes, que incluso resultan regresivas, como en Estados Unidos, o derivan en limitaciones no técnicas o injustificadas —como ocurrió en México, en Aguascalientes— para restringir la edad o la etapa gestacional para abortar.
“Sin duda, a pesar de que el aborto es un tema que hoy se habla con más libertad en varios países, el estigma persiste, y es esta idea negativa de que en esencia el aborto es un acto que no debería existir, que es un acto negativo, que es un acto que demerita la condición humana; la creencia de que el aborto, además, es peligroso, de que no es un servicio legítimo de salud, todas esas creencias vienen de ahí”, apunta.
Si bien en lo social, continúa, podemos pensar como comunidades que el aborto no es deseable, cuando este pensamiento impregna las políticas públicas, las leyes o la normatividad, afecta profundamente los derechos de las mujeres. “No es lo mismo que una persona de la comunidad sienta incomodidad sobre el aborto, y simplemente se repliegue ante esa idea o acto, a que una política pública se elabore con base en estigmas”, especifica.
Un ejemplo de ello es cuando se limita la edad de las mujeres o personas con capacidad de gestar para tener un aborto. Esto fue lo que ocurrió en Aguascalientes, México, cuando el 28 de agosto de 2024, a menos de un año de haberlo despenalizado, el Congreso local aprobó una reducción del límite para abortar de 12 a 6 semanas de gestación, mediante una reforma en la que también eliminó la categoría personas gestantes y suprimió las causales imprudencial, riesgo a la salud y peligro de vida.
Esto pese a las sentencias previas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han declarado inconstitucional la despenalización del aborto, y pese a que las directrices sobre la atención para el aborto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen explícitamente que no se recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que restrinjan el aborto basándose en supuestos, mientras que sí se recomienda que el aborto esté accesible a demanda de mujeres, niñas y personas embarazadas.
De igual manera, ese documento establece que no se recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que prohíban el aborto basándose en límites de edad gestacional, lo que también subraya Zaragoza al apuntar que esos son ejemplos muy claros de limitaciones que no responden a consideraciones técnicas, sino a estigmas.
A la hora de establecer estas condiciones arbitrarias, también sería conveniente pensar un poco en aquellos abortos que son necesarios porque la vida de una mujer o persona gestante está en riesgo, porque se ha vuelto peligroso o porque su salud está amenazada por alguna condición de salud preexistente o detonada por el embarazo. Otro factor importante a considerar son aquellos que buscan cesar los efectos de una violación.
“Mujeres, niñas y jóvenes viven constantemente embarazos que no buscaron, que no desearon, que les fueron impuestos con coerción o violencia, y creer que ese aborto no es legítimo, evidentemente no hay razones técnicas tras ello, sino una consideración de que al final el aborto no es correcto, y esto permea políticas públicas que inhiben derechos, obstaculizan y erigen barreras”, subraya.
¿Cómo surge y en qué consiste MAREAS?
MAREAS es un proyecto internacional que busca unir dos continentes, América y África, en donde existen países con diferentes grados de aceptación, desarrollo y libertad respecto al aborto.
Las naciones involucradas son Benín, República Democrática del Congo, Madagascar, Uganda, Kenia y Senegal, en África, y Argentina y México, en Latinoamérica. El nombre se deriva de la Marea Verde surgida en Argentina, país que persiguió largamente la despenalización del aborto, con intentos que poco a poco se consolidaron en una gran campaña por el aborto seguro.
Sigue leyendo: ¡Marea verde llega a Tabasco! Congreso despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación; suman 23 entidades
“Lograron una movilización impresionante, salieron a las calles, exigieron los derechos, la despenalización, y lograron aglutinar a personas en lo individual, pero también a organizaciones exigiendo este derecho. El impacto de esta campaña fue tan grande que aun dentro de las estructuras oficiales de salud, por ejemplo, hay muchas integrantes, médicas, enfermeras, trabajadores sociales, directores de hospitales, personal de salud que si bien tienen esta profesión, en su vida comunitaria y social son parte de la campaña”, explica.
Ese movimiento permeó prácticamente en toda la región latinoamericana, incluso en contextos restringidos, como Centroamérica, donde a pesar de que las leyes no lo permitan, la comunidad, de manera individual, las organizaciones y las colectivas encabezan la lucha aunque haya restricciones serias no solo de persecución, sino de criminalización hacia el aborto. La Marea Verde, a final de cuentas, es muestra de que más allá de las leyes y políticas, si una sociedad organizada tiene oportunidades de cohesión y financiamiento, es poderosa, puede hacer escuchar su voz e incluso exigir derechos e influir en la desestigmatización del aborto a nivel social, legal y político.
Hoy incluso países de África han sido permeados por ese fenómeno, pero también han gestado sus propios movimientos nacionales y locales de búsqueda de derechos, que encuentran reflejos en la Marea Verde. Además, gracias a las organizaciones que ya tienen nodos en ambas regiones, como IPAS, existen diálogos previos: se comunican, conviven e intercambian experiencias y lecciones.
“Lo que estamos haciendo es aprovechar esta gran capacidad de cohesión y unirnos con otras organizaciones para consolidarnos como un consorcio en donde tenemos acciones compartidas en este proyecto. Esto para operarlo y apoyar a organizaciones locales en diferentes países, con iniciativas diversas, que desde ámbitos comunitarios puedan establecer diálogos, hacer campañas, fortalecer los sistemas de salud, sensibilizar y hacer capacitación”, explica Zaragoza.
Te puede interesar: El Salvador ha criminalizado a 181 mujeres que tuvieron abortos; siete aún enfrentan procesos penales
La raíz del proyecto es el fortalecimiento de la capacidad comunitaria, técnica, pero también económica, a través de subvenciones, de lo local, subraya. Con ello, las cinco organizaciones buscan consolidar un movimiento capaz de desafiar las estructuras del poder, cuestionar la normatividad, los lineamientos, las leyes y políticas e incluso permitir a personas que son parte de estructuras institucionales identificarse y abrir espacios donde se puedan generar cambios aun dentro del sistema.
MAREAS ante contextos regionales y locales diversos
La iniciativa MAREAS recorre países de dos regiones diversas entre sí, pero también con diferencias locales importantes en todo tipo de ámbitos, e igualmente en lo relativo a sus regulaciones y restricciones en torno al derecho de las mujeres y personas gestantes a abortar.
Mientras que Argentina logró una despenalización hasta las 14 semanas a nivel nacional desde 2020 —que hoy se enfrenta a un gobierno con discursos regresivos—, lo que marcó un hito en Latinoamérica, México se posicionó como un país de referencia tras la despenalización en la Ciudad de México en 2007; sin embargo, en nuestro país tomó años que se empezara a extender en el resto del territorio.
Otro paso importante marcó un precedente en México: la resolución de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional la criminalización del aborto. Aunque a partir de entonces se consideró que nuestro país había despenalizado a nivel nacional, en realidad el delito se persigue en el fuero común de cada entidad de la República, por lo que para hacerla efectiva se requiere que cada una de ellas reforme sus leyes locales.
En 27 de 32 estados el aborto ya se ha despenalizado mediante reformas a los códigos penales aprobadas por los congresos locales, o por la vía judicial gracias a resoluciones de la Suprema Corte; sin embargo, en al menos cuatro todavía está pendiente legislar para armonizar las leyes locales. En tanto, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora siguen sin despenalizarlo.
“Existe, sin duda, la obligatoriedad de respetar la medida de nivel constitucional, pero para que eso se materialice, se necesita que las instituciones, el personal que provee servicios, sepa que estos deben de estar disponibles, pero también se necesita que a nivel comunitario esto se reconozca como un derecho, se exija y se reivindiquen los derechos. Entonces hay un trabajo importante que hacer”, opina Zaragoza.
En tanto, en el caso de los países africanos, en Benín se han logrado avances con una despenalización hasta las 12 semanas en caso de dificultades socioeconómicas, lo cual es muy significativo, pues gran parte de los abortos en los sistemas públicos están relacionados con la falta de recursos. Es importante para la activista destacar que a nivel global se busca la exigibilidad del derecho en el sistema público.
En cambio, en Senegal el aborto está severamente restringido y criminalizado, y se permite solo para salvar la vida de las mujeres embarazadas. Además, en contextos muy específicos, la vida suele interpretarse solo en su faceta fisiológica, mientras que las amenazas a esta y al bienestar también atraviesan lo social, psicológico y económico.
En la República Democrática del Congo, donde persiste una grave afectación a los derechos de las mujeres, se han adoptado estándares y directrices un poco más progresistas: desde el 2019, se acepta el aborto en varias zonas del país por diferentes motivos, pero no está ampliado a todo su territorio, como sucede en México.
No dejes de leer: 2025, justicia reproductiva y nosotras
En Madagascar, por otra parte, hay un entorno muy hostil para el ejercicio de los derechos reproductivos, con iniciativas muy incipientes de legalización, y una sociedad civil trabajando por el derecho. En tanto, en Kenia desde 2010 rige una nueva constitución que reconoce la salud como un derecho, incluido el aborto y la atención posaborto como un tratamiento médico de emergencia, lo que lo coloca en mejores condiciones.
Sin embargo, en Uganda a lo largo de los años se han ido reduciendo las oportunidades y los derechos en espacios cívicos. El aborto sigue siendo altamente restringido, con zonas grises y vacíos en sus leyes, lo cual no deja claro cuáles son los casos en los que las mujeres pueden tener la oportunidad de acceder a un aborto. En todos esos países, a pesar de las restricciones, hay movimientos sociales vibrantes, subraya Zaragoza, y organizaciones que con recursos y asistencia técnica, pueden incidir en la realidad de sus países, lo cual les ofrecerá MAREAS.
Al mismo tiempo, advierte que a nivel global, las organizaciones ya están acostumbradas a los movimientos antiderechos, con algunos momentos más activos, como el presente, que es de mucha resistencia y fortalecimiento de estos grupos mediante el afinamiento de sus narrativas, así como la internación en estructuras. Los mejores ejemplos son Argentina y Estados Unidos, con la regresión de la sentencia Roe vs. Wade, que desapareció la protección constitucional al aborto.
“Esto nos demuestra que los derechos hay que defenderlos siempre, que en ningún momento puede el movimiento feminista y el movimiento de derechos bajar la guardia, porque sin duda son grupos muy bien organizados, también bien financiados, con estrategias claras.
“Como organizaciones que buscamos el derecho a la vida de las mujeres, el respeto y la defensa del espacio cívico, democrático y de la ciudadanía, no nos queda más que estar vigilantes, escuchar sus argumentos, conocer dónde están, cómo se movilizan, y permanecer siempre activando acciones resilientes, en defensa y promoción de los derechos de maneras muy específicas; no dejar espacios sin información, sin contenido”, invita.
Además, es preciso recordar que para los movimientos feminista y de derechos, el aborto es una opción legítima y válida que las mujeres tienen derecho a elegir o no, mientras que el movimiento antiderechos busca activamente infiltrarse en las estructuras y movilizar a mujeres para influenciar directamente su decisión.
Relacionado
Cinco países de la región tienen cita en las urnas para elegir presidente en este año nuevo, incluidas dos de las mayores democracias latinoamericanas y hay indicios de que Trump podría intentar incidir otra vez en las urnas latinoamericanas.
Cinco países de América Latina prevén elegir a sus presidentes en 2026, incluidas dos de las tres mayores democracias de la región por número de habitantes: Brasil y Colombia.
Se espera que, en estos dos casos, los comicios se celebren bajo una fuerte polarización política y definan el poder que mantendrá a nivel continental la izquierda, que hoy gobierna desde Brasilia y Bogotá.
Pero esta vez una pregunta adicional sobrevuela las urnas latinoamericanas: ¿cuánto podrá influir en ellas una figura ajena a la región como el presidente de Estados Unidos?
Donald Trump demostró a lo largo de 2025 su voluntad de volcar el peso de su investidura (y del Tesoro de EE.UU.) en votaciones a lo largo del subcontinente.
Lo hizo en las legislativas de Argentina y en las presidenciales de Honduras, al apoyar a fuerzas de derecha y advertir que EE.UU. cortaría su ayuda financiera a esos países si las mismas eran derrotadas.
En ambos países, así como en Ecuador con la reelección del presidente Daniel Noboa en abril, las opciones respaldadas por Trump ganaron.
“A un nivel sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría, el gobierno de Trump y el propio presidente han puesto su dedo en la balanza para influir en los resultados electorales y los procesos políticos en América Latina”, dice Cynthia Arnson, una experta sobre la región en la Universidad Johns Hopkins de EE.UU., a BBC News Mundo.
Al comenzar el año nuevo, ya hay indicios de que Trump podría intentar incidir otra vez en las urnas latinoamericanas.
La duda, en todo caso, es si seguirá en racha favorable.
Las primeras del año
Además de Brasil y Colombia, está previsto que Costa Rica, Perú y Haití elijan presidentes y legisladores en 2026.
La primera de esas citas electorales es en el país centroamericano el 1º de febrero, cuando los costarricenses deberán escoger, además de a su jefe de Estado y dos vicepresidentes, a los 57 miembros de la Asamblea Legislativa.
Si ningún candidato presidencial supera el 40% de los votos en esa instancia, habrá una segunda vuelta el 5 de abril entre los dos más votados.
Calendario electoral de América Latina en 2026
Costa Rica: elecciones presidenciales y legislativas el 1º de febrero; eventual balotaje presidencial el 5 de abril.
Perú: elecciones presidenciales y legislativas el 2 de abril; eventual balotaje presidencial el 7 de junio.
Colombia: elecciones legislativas el 8 de marzo; primera vuelta de las presidenciales el 31 de mayo; eventual balotaje presidencial el 21 de junio.
Haití: elecciones generales el 30 de agosto; eventual balotaje presidencial el 6 de diciembre.
Brasil: Elecciones generales el 4 de octubre; eventual balotaje presidencial el 25 de octubre.
Los de Costa Rica tal vez también sean los primeros comicios con polémica del año en la región: el Tribunal Supremo de Elecciones pidió levantar el fuero del presidente, Rodrigo Chavez, por presunta intervención indebida en el proceso electoral, pero el legislativo bloqueó esa solicitud en diciembre.
Chaves, que niega haber actuado de forma incorrecta y tiene prohibida la reelección, goza de buenos índices de aprobación que pueden favorecer a la candidata de su partido para sucederlo, su exjefa de gabinete Laura Fernández.
La exprimera dama de centroizquierda Claudia Dobles, el diputado de ultraderecha Fabricio Alvarado en su tercer intento, y el exjefe de la caja de seguridad social Álvaro Ramos figuran entre otros posibles contendientes por la presidencia costarricense.
En Perú, una extraordinaria fragmentación política hace que las elecciones del 2 de abril sean impredecibles.
Hay un récord de al menos 34 candidatos inscritos para intentar ser el noveno mandatario peruano en una década. Y por ahora ninguno de ellos superaría la mitad de los votos en primera vuelta, según las encuestas, por lo que es probable que haya un balotaje presidencial el 7 de junio.
Entre los aspirantes figuran el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declarado simpatizante de Trump, y la derechista Keiko Fujimori, en su cuarto intento por alcanzar el cargo que ocupó su padre, Alberto Fujimori, fallecido en 2024.
Pero en Perú también prevén postularse a la presidencia desde un comediante hasta un exarquero de fútbol.
Y, en un clima de fuerte apatía política, con la seguridad pública al tope de las preocupaciones de los peruanos, quizás elijan a un virtual desconocido como ocurrió en 2021 con el maestro y sindicalista Pedro Castillo, quien al año siguiente fue destituido y detenido acusado de intentar un autogolpe de Estado.
Dos retos para la izquierda
En Colombia, el ciclo electoral de 2026 promete ser extenso y acalorado: el 8 de marzo son los comicios legislativos y las consultas interpartidistas para seleccionar candidatos presidenciales, el 31 de mayo la primera vuelta por la presidencia y, si nadie supera la mayoría absoluta de votos, habría un balotaje el 21 de junio.
Se perfilan dos bloques bien marcados, cada uno con varios precandidatos presidenciales.
Uno está vinculado al oficialismo de izquierda (con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero como posibles postulantes) y otro a la oposición de derecha (con Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia entre los precandidatos).
Sin embargo, pueden surgir más competidores por la presidencia de figuras como el centrista Sergio Fajardo, el conservador Miguel Uribe (padre del senador homónimo asesinado el año pasado), la exalcaldesa progresista Claudia López o el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella.
A la seguidilla de votaciones se añade la iniciativa impulsada desde el gobierno de Gustavo Petro de recolectar firmas para llamar a una asamblea constituyente, lo cual podría dar un envión extra a la izquierda en plena campaña electoral y es visto con recelo por la oposición.
Petro, que tiene vedada la reelección, registra altos índices de desaprobación, pero mantiene una base de respaldo firme de cerca de un tercio del electorado. Y ambos datos podrían incidir en la definición de su sucesor.
Luego de las elecciones colombianas y antes de las brasileñas, Haití prevé celebrar sus primeros comicios en casi una década, en medio de una crisis humanitaria y la descomunal violencia desatada por bandas armadas.
El Consejo Electoral Provisional del país caribeño marcó el 30 de agosto para la primera vuelta y el 6 de diciembre para un posible balotaje. Pero advirtió que deberá haber un marco de seguridad y recursos financieros: sin esos requisitos, es probable que las elecciones haitianas vuelvan a postergarse.
En Brasil, la polarización política de cara a las elecciones del 4 de octubre es tal que una publicidad reciente de la marca de chanclas Havaianas llevó a un llamado de boicot de la derecha porque invitaba a iniciar el 2026 “con los dos pies” y no sólo “con el pie derecho”.
Todo indica que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará ser reelecto en una posición de ventaja frente a la derecha, que llega golpeada y dividida tras la condena en septiembre del exmandatario Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro indicó como precandidato presidencial a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro. Pero esto parece lejos de convencer a todo el espectro de derecha, donde se barajan posibles alternativas de postulantes como los gobernadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Ratinho Junior (Paraná) o Romeu Zema (Minas Gerais).
“Por los números actuales de las encuestas, esa división podría llevar a una victoria de Lula en la primera vuelta, sin precisar de un balotaje (previsto para el 25 de octubre). Eso sería inédito: las tres veces que Lula fue electo presidente, ganó en segunda vuelta”, dice el politólogo brasileño Maurício Santoro a BBC Mundo.
Pero recuerda que Lula cumplió 80 años en octubre, es el presidente de mayor edad en la historia de Brasil y, si bien parece gozar buena salud, cualquier eventual percance o enfermedad que le impida competir otra vez dejaría a la izquierda sin un candidato natural para sucederlo.
Una derrota del oficialismo en Brasil o Colombia dejaría a la izquierda latinoamericana aún más debilitada tras una reciente serie de triunfos conservadores en la región, el último de ellos del ultraderechista chileno José Antonio Kast el mes pasado para suceder al presidente izquierdista Gabriel Boric.
El factor Trump
Una de las claves por las que Lula logró revertir una caída en sus índices de aprobación el año pasado fue su fuerte enfrentamiento con Trump, observan expertos.
El presidente de EE.UU. impuso en julio aranceles y sanciones a Brasil para intentar detener el juicio contra su aliado Bolsonaro, pero Lula respondió que el suyo “es un país soberano con instituciones independientes que aceptará ser controlado por nadie”.
Al final, Bolsonaro fue preso, Trump y Lula hicieron las paces y EE.UU. desistió de buena parte de los aranceles productos de Brasil, cuyo presidente se presentó como defensor de los intereses nacionales.
“Brasil hoy es una gran paradoja”, observa Santoro. “Tal vez sea el único país del mundo donde Trump terminó amistándose con un presidente de izquierda y su interferencia en la política brasileña terminó beneficiando a un gobierno de izquierda”.
Por eso, quizás Trump busque influir en otros comicios de la región antes que en las brasileñas.
“De las elecciones que se celebrarán en 2026 en la región, ninguna es más trascendental que las de Colombia y Brasil”, observa Arnson desde EE.UU. “Ya hay indicios sutiles y no tan sutiles de apoyo del gobierno (de Trump) a la derecha colombiana”.
EE.UU. ha sancionado a Petro por presunta falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, algo que el presidente colombiano rechaza enfáticamente.
El pulso con Trump puede tener riesgos para Petro: el principal socio comercial de Colombia sigue siendo EE.UU. y cuatro de cada cinco colombianos cree importante que su candidato presidencial tenga buenas relaciones con Washington, según una encuesta reciente de Invamer.
Sin embargo, aún está por verse que efecto causaría Trump si decidiera apoyar abiertamente una opción electoral en ese u otros países de la región este año, como hizo con Argentina y Honduras en 2025.
Al menos en el caso de Colombia, advierte Arnson, “la interferencia política (de Trump) podría provocar una reacción adversa, tal como ocurrió en Brasil”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Quién es Nasry Asfura, el candidato respaldado por Trump y declarado como ganador de las elecciones en Honduras tras un polémico escrutinio que duró semanas
- 4 claves que explican el contundente triunfo de Kast en Chile (y qué dicen de los desafíos que enfrenta)
- Por qué Trump le está prestando una atención especial a Sudamérica (y qué ha logrado hasta ahora con eso)
