A mediados de febrero de 2025, Josefina y María se presentaron a las oficinas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan por ayuda legal.
Josefina y María no son sus nombres reales, pero así las llamaremos. Ellas no se conocen ni son amigas, pero comparten una historia atroz.
Las dos acudieron a la organización por la violencia de género de la que fueron víctimas. Semanas atrás Josefina recibió cinco balazos del hombre con quien estaba casada. A María, su pareja sentimental casi la mata con un machete.
Josefina es del municipio de Acatepec y María de de Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero; las dos son sobrevivientes de intento de feminicidio.
En los dos casos, el Ministerio Público no inició carpetas de investigación por tentativa en grado de feminicidio sino por lesiones.
A pesar del riesgo en el que viven estas mujeres, las autoridades tampoco implementaron medidas de protección.
Como estos casos, todas las semanas llegan otros más a Tlachinollan.
La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, afirma que en lo que va del gobierno de Evelyn Salgado Pineda, en todo Guerrero y, en especial, en la Montaña, están lejos de ser “un santuario para las mujeres” y que vivan libres de violencia, pese al compromiso hecho por la mandataria en 2022.
En octubre de 2021, el caso de Angélica, una adolescente de 15 años encarcelada durante 11 días por la Policía Comunitaria de Dos Ríos, en Cochoapa El Grande, con el propósito de presionar a sus padres para devolver el dinero recibido por su venta, tras huir de un matrimonio forzado, volvió a visibilizar en la opinión pública el problema que estos conllevan.
El 10 de noviembre en Tlapa, a días de haber tomado protesta, Salgado Pineda lanzó una estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes de la Montaña y Costa Chica.
A pesar de ello, a finales de noviembre de 2021, se supo que Anayeli, de 13 años, fue encarcelada en la comunidad de Joya Real, Cochoapa El Grande, por huir de su casa luego de que su familia había acordado su casamiento con un joven desconocido.
Debido a una denuncia anónima, Tlachinollan intervino y Anayeli fue liberada.
Arias Vitinio asegura que cuando las autoridades municipales y estatales intentaron reintegrar a sus comunidades a Anayeli y Angélica, los vecinos se opusieron y las señalaron por dar a conocer la violencia que viven las mujeres en sus pueblos. Prácticamente fueron rechazadas y expulsadas de sus localidades.
La abogada asegura que, a más de tres años del anuncio de la estrategia en la Montaña y Costa Chica, nada cambió para las niñas y las mujeres.
Cientos de ellas siguen sin denunciar las violencias que viven diariamente, por miedo, por impunidad, porque hay pocos casos en los que haya justicia y castigo a los violentadores.
Arias Vitinio responde: cuando Salgado Pineda echó andar el programa para erradicar los matrimonios forzados no tomó en cuenta la opinión de las mujeres, las niñas, ni consultó a las lideresas comunitarias de la región.
Expone que ninguna dependencia tocó de fondo el problema estructural que viven las comunidades indígenas.
Es decir, que las propias comunidades y sus autoridades comunitarias y municipales consienten, promueven, fomentan y avalan estas prácticas de compra de niñas y la violencia que desencadena.
Las niñas en la Montaña siguen siendo negociadas a cambio de dinero.
Arias Vitinio argumenta que si la niña ya no quiere seguir viviendo en la casa de su marido porque la obligaron a casarse, los suegros exigen que devuelvan el dinero de la fiesta o el que pidieron los padres.
Aunado a ello, las niñas sufren violencia doméstica en sus nuevos hogares por sus parejas o por los suegros. Son sometidas a cargar con tareas domésticas como lavar la ropa de toda la familia, hacer de comer para todos, trabajar en los campos agrícolas y obligadas a una maternidad a temprana edad.
La consecuencia: se corta con miles de proyectos de vida.
“Las niñas de comunidades indígenas también tienen sueños”, resalta Vitinio.
Es así que las menores quedan expuestas, vulneradas. Muchas veces, imposibilitadas de volver a casa, porque los padres no lo permiten al saber que se van a meter en problemas.
Actualmente, los casos que atiende Tlachinollan son de mujeres que decidieron abandonar sus matrimonios forzados, pero los maridos o las familias enteras les impiden ver a sus hijos: ”cuando era niña llegó sin nada y con nada se va a ir”.
La única consecuencia de la estrategia lanzada por el gobierno estatal es que haya arreglos clandestinos y bodas no tan públicas.
El problema de fondo en la Montaña, insiste la abogada, es la falta de maestros y escuelas, la falta de becas educativas, el pésimo sistema de salud, la decadente infraestructura carretera y los nulos protocolos de atención a las menores rescatadas de un matrimonio forzado.
De acuerdo con Marina Reyna Aguilar, directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, los matrimonios forzados son un problema cultural y no se cambiarán de un día para otro.
Para ella es necesario el trabajo con las personas y sus necesidades: “Hay que entender que lo hacen pensando en necesidades en este caso, un intercambio de las niñas o adolescentes por una dote”.
¿Cómo prevenirlo? Reyna Aguilar responde que desde todos los medios e instituciones que educan: la familia, la escuela, la religión y los medios de comunicación.
Para la activista, hasta el momento los programas lanzados contra la violencia hacia la mujer son acciones aisladas no coordinadas, como el Transporte Violeta.
“De qué me sirve que una combi o un taxi tenga el logotipo, tenga la letra si no hay acciones muy concretas, eso es para justificar una acción que se está haciendo, pero no nada más es una unidad, se necesita en todas las unidades”.
Pero el fenómeno que más le preocupa a la activista, quien monitorea en los medios de comunicación la violencia contra las mujeres es que en Guerrero las zonas de silencio están reduciendo los espacios de información.
Además, hay otro problema.
“Casi todos (los medios de comunicación) tienen convenios, en esos convenios también hay acuerdos de qué información sacar, qué no sacar y bueno, la violencia contra las mujeres es muy poca la que sale ya“.
“Me he dado cuenta que no sé si hay algún acuerdo con los algunos medios de que ya no saquen información de ese tipo, ¿por qué? Porque no les conviene tampoco”, dice la activista.
–¿Qué impacto tiene que no se informe de feminicidios y agresiones contra la mujer en los medios de comunicación?
–Abona a la impunidad, abona a que se invisibilice la violencia contra las mujeres y que puedan decir con mayor argumento que la violencia contra las mujeres va a la baja.
En 2017 y 2020, Guerrero recibió alertas de género por violencia feminicida y por agravio comparado.
Reyna Aguilar sostiene que en la alerta por violencia feminicida el estado no ha cumplido ninguna medida.
Los matrimonios forzados y la violencia feminicida están más relacionados de lo que pensamos.
Basta recordar el caso en 2024 de una joven de la comunidad de La Barca, en Cochoapa El Grande, quien se resistió a ser vendida. El hombre que pagó a sus padres por ella, la asesinó.
El reino árabe ha ganado peso en la escena global y mantiene cierto equilibrio entre Moscú y Kyiv.
Los gobiernos de Estados Unidos y Rusia escogieron a Arabia Saudita como sede para las cruciales conversaciones con Rusia sobre la guerra en Ucrania.
Representantes de Washington y Moscú se reúnen este martes en Riad para tratar de sentar las bases de las conversaciones de paz, confirmaron el Departamento de Estado estadounidense y el Kremlin este lunes.
Por parte de Estados Unidos participan el secretario de Estado, Marco Rubio, el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.
Rusia envió a la capital saudí al ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y a Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente Vladimir Putin.
El encuentro ha generado preocupación en Ucrania y entre sus aliados europeos, que no participarán.
El gobierno de Arabia Saudita ha expresado su intención de implicarse activamente en las conversaciones de paz, no solo como país anfitrión sino con un rol más activo de mediador.
La elección de Arabia Saudita como sede del encuentro subraya hasta qué punto ha avanzado el reino en el plano diplomático en los últimos años desde que estuvo punto de convertirse en un estado paria tras el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en 2018.
Las sombras que se proyectaban sobre el país y su líder de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, parecen haberse disipado, aunque ocasionalmente se siguen planteando preocupaciones en foros internacionales sobre el historial de derechos humanos de Arabia Saudita.
En muchos frentes -y en particular en las industrias del entretenimiento y el deporte- el reino wahabita ha dedicado enormes cantidades de dinero a tratar de convertirse en un actor importante en el escenario global.
En el plano diplomático, el liderazgo saudita también ha logrado avances: durante los años de Biden, el reino redujo su dependencia de Estados Unidos como principal aliado internacional.
Los sauditas dejaron claro que perseguirían en primer lugar lo que perciben como sus intereses: entablar relaciones más estrechas con países considerados los mayores rivales de Estados Unidos, como Rusia y China.
Por otro lado, hay que destacar la posición que hasta el momento ha mantenido Arabia Saudita en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Riad ha preservado históricamente sus relaciones tanto con Moscú como con Kyiv, en un intento de equilibrar sus intereses geopolíticos y económicos.
En el ámbito energético, Arabia Saudita ha colaborado estrechamente con Rusia en el marco de la OPEP+, coordinando políticas de producción de petróleo para estabilizar los mercados globales.
Sin embargo, también ha mostrado apoyo a la integridad territorial de Ucrania en foros internacionales y ha participado en iniciativas humanitarias para mitigar el impacto del conflicto en la población ucraniana.
Esta dualidad en su política exterior refleja, según expertos, la estrategia saudita de posicionarse como un mediador neutral, capaz de facilitar el diálogo entre las partes en conflicto.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido bien recibido por los sauditas.
Su primera visita al extranjero en su primer mandato fue a Arabia Saudita, y la naturaleza transaccional de su política exterior se ve como más propicia para el actual liderazgo saudita.
Arabia Saudita es clave en el conflicto palestino-israelí por su influencia en el mundo árabe y musulmán, y su posible normalización de relaciones con Israel, lo que podría redefinir el equilibrio geopolítico en la región.
Uno de los posibles logros que Trump querría anotar en su historial sería un acuerdo de paz entre los sauditas e Israel, que sería la culminación de los Acuerdos de Abraham que inició en su primer mandato.
La guerra en Gaza, sin embargo, se ha interpuesto en el camino y puede aumentar el precio que Arabia Saudita exija por un acuerdo de paz.
Los sauditas expresaron su contundente rechazo al plan de Trump para Gaza: expulsar a todos los palestinos y reconstruirla como un complejo turístico.
Esto ha impulsado al reino a tratar de elaborar un plan alternativo viable con otros estados árabes, que permitiría que los habitantes de Gaza permanecieran en su territorio mientras se reconstruye el enclave.
Arabia Saudita ha reiterado que no establecerá relaciones diplomáticas formales con Israel sin una solución que considere justa al conflicto palestino, insistiendo en la necesidad de un Estado palestino independiente.
El actual planteamiento de la administración Trump parece entrar en contradicción con esto, tanto en su política hacia Gaza como hacia la Cisjordania ocupada.
La forma en que se resuelva este asunto será clave para la dinámica de la evolución de la relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos.
En todo caso, está claro que los sauditas no tienen intención de renunciar a su ambición de convertirse en un actor esencial de la diplomacia global.
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