Sentencian a 170 años de prisión a los dos responsables del feminicidio de Fátima, la niña de 7 años asesinada en 2020
Mario “N” y Geovana “N”, feminicidas de Fátima Cecilia Aldrighetti Antón, la menor de 7 años que fue sustraída de su escuela en la alcaldía Xochimilco, fueron sentenciados a la pena máxima de 170 años de prisión por los delitos de secuestro agravado y feminicidio.
“No merecía morir de esa forma porque nadie lo merece, porque hoy en el día de las niñas y niños se reconoce que no se respetan sus derechos. 170 años por lo que no se puede reparar, porque nada nos va a devolver a Fátima”, dijo Sonia López, tía de la pequeña.
De acuerdo con la tía de la menor, el juez otorgó 100 años de prisión por el delito de secuestro agravado y 70 años más por el de feminicidio.
Además, ordenó a la Secretaría de Educación Pública alfabetizar en todas las escuelas a los menores de edad para que conozcan sobre sus derechos y puedan realizar denunciar.
“No merecía morir de esa forma, porque nadie lo merece, porque hoy en el Día de los Niños y las Niñas se reconoce que no se respetan sus derechos. 170 años por lo que no se puede reparar porque nada nos va a devolver a Fátima”, dijo Sonia López, tía de la pequeña, quien agregó… pic.twitter.com/2R087myaTj
— Animal Político (@Pajaropolitico) April 30, 2025
Sonia López calificó esto como un gesto significativo para la pequeña Fátima y la lucha de cinco años de la familia. Finalmente, se instruyó a las escuelas de la Ciudad de México a reforzar sus protocolos para la entrada y salida de alumnos.
La tía de la menor aseguró que trabajarán para la creación de una nueva ley en honor a Fátima, la cual buscará que todos los servidores públicos estén capacitados en perspectiva de género, perspectiva de infancia y que estén obligados a aplicarla.
Apenas en noviembre de 2024, el juicio en contra de los feminicidas de Fátima se reabrió pese a que los hechos ocurrieron en 2020, luego de que la jueza que estaba a cargo se retirara por incapacidad médica, anulando los avances del caso.
El 11 de febrero de 2020, Giovanna “N” se llevó a Fátima de la primaria en donde estudiaba, aprovechándose de que la niña la conocía y de que su mamá llegó unos minutos tarde a recogerla. Luego, la llevó a su casa donde su esposo, Mario “N”, abusó de ella y la asesinó.
El cuerpo de la menor de edad fue hallado cinco días después al interior de una bolsa de plástico en un terreno, en la alcaldía vecina de Tláhuac.
El reinicio del juicio
El viernes 15 de noviembre de 2024, a las 9:00 horas, se llevó a cabo la audiencia de debate en los juzgados de control del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
A dicha sesión asistieron Sonia, la tía de Fátima, sus asesores jurídicos y la defensa pública que representa a Giovanna “N” y Mario “N”. Ahí se informó que el proceso estaría a cargo del juez Antonio Cortés Mayorga.
El 21 de febrero de 2020, ambos implicados fueron vinculados a proceso penal por su presunta responsabilidad en el secuestro y feminicidio de Fátima.
Un juez capitalino dictó prisión preventiva para ambos mientras se llevaba a cabo su juicio. Actualmente Mario “N” se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Oriente y Geovana “N”, en el Penal Femenil de Santa Martha.
Sin embargo, hasta el día de hoy no habían recibido sentencia debido a los amparos y conflictos en el juicio.
En entrevista con Animal Politico, Sonia López, la tía de Fati, dijo que es importante reconocer que los derechos de las niñas y niños son un tema que se deben de poner en la mesa.
“Tenemos que fomentarles a las infancias a que alcen la voz, sobre todo cuando alguien los está lastimando o agrediendo. No las vulnerabilidades. Las instituciones públicas deben de proteger y salvaguardar todos y cada uno de sus derechos. Fátima nos recuerda que el amor siempre gana”.
Luego de la audiencia, donde el juez dictó sentencia de 170 años de prisión a los feminicidas, Sonia López recordó que tuvieron que luchar durante 5 años, además de sufrir un trato revictimizante por no ser familiar directa de la pequeña.
“Nos decían que no teníamos derecho a alzar la voz por ella, por ser los tíos. Sin embargo, hoy estamos aquí reconociendo que tenemos el derecho porque la amamos, defendemos y exigimos una memoria digna y justicia para ella”, dijo.
Agregó que confía que Fátima sea el estandarte que ayude a seguir luchando y a alzar la voz por todas las infancias.
Sofia López calificó la sentencia como histórica no sólo por los 170 años de cárcel. “También fue una sentencia que se admitieron dos delitos: el secuestro agravado por todo el dolo que se cometió mientras tuvieron retenida a nuestra pequeña y además se considera el feminicidio. Se utilizó la perspectiva de género e infancias, sobre todo salvaguardando todos los derechos de Fátima”.
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La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó las dos condenas previas que recibió la exmandataria por el delito de administración fraudulenta durante sus gobiernos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
Por qué fue condenada
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Qué dice la expresidenta
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
“Presa o muerta”
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la “causa Vialidad”, fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, “no funcionó”, según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, arengó.
“Dale, mirá cómo tiemblo”.
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una “una fusilada que vive”.
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.
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