Congreso CDMX declara 13 de noviembre “Día contra la violencia a personas no binarias”, en memoria de le magistrade Ociel Baena
El Congreso de la Ciudad de México aprobó declarar el 13 de noviembre como el “Día en contra de la violencia a personas no binarias”, en memoria de le magistrade Ociel Baena Saucedo, quien fue asesinado ese mismo día en el año 2023.
Con 46 votos a favor, las y los legisladores de CDMX avalaron entre aplausos el dictamen que recibió luz verde de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Igualdad de Género el pasado 9 de mayo.
La diputada de Morena, Valeria Cruz Flores, presentó la iniciativa el 5 de noviembre de 2024, días antes de que se cumpliera un año del crimen contra Baena Saucedo.
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En ese momento, la legisladora del partido guinda dijo que su iniciativa era para “honrar la memoria y lucha que encabezó le magistrade Jesús Ociel Baena y en reconocimiento de los derechos de las personas no binarias“.
En tanto, el 9 de mayo, ante las comisiones unidades, Cruz Flores recordó a le magistrade como “un referente de lucha”, para las comunidades LGBT.
Este jueves, en sesión pública y antes de la votación en el pleno del Congreso capitalino, Cruz Flores afirmó que era un honor para ella presentar el dictamen para declarar el 13 de noviembre como el ‘Día en contra de la violencia a personas no binarias’.
Señaló que cuando presentó la iniciativa estaba consciente que “los logros de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las comunidades LGBTTTIAQ+ no son de un día para otro, se trata de décadas” y que ese fue el motivo que la impulsó a seguir trabajando por personas que “han dado la vida” en esa batalla.
¿Quién fue le magistrade Ociel Baena Saucedo?
Jesús Ociel Baena Saucedo fue un especialista en Derecho Constitucional y Políticas Gubernamentales. Además, en octubre de 2022 fue la primera persona que se reconoció públicamente como no binarie en asumir un cargo de este tipo en materia electoral en México y Latinoamérica.
Egresó de la Licenciatura en Derecho, por la Universidad Autónoma de Coahuila, en su Facultad de Jurisprudencia.
Realizó la Maestría en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional y Políticas Gubernamentales en la misma casa de estudios y también obtuvo un doctorado en Derecho que le fue otorgado por la Universidad Autónoma de Durango.
Se desempeñó como vocal en la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes y en un puesto similar en Guanajuato. Participó como ponente en temas político- electorales, tanto a partidos políticos e instituciones educativas.
Justo antes de convertirse en magistrade, fue titular de la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Aguascalientes.
Baena Saucedo fue asesinado el 13 de noviembre de 2023. Fue encontrade junto a su pareja dentro de su propia casa.
En un primer momento la Fiscalía de Aguascalientes informó que la muerte de le magistrade se trató de un “tema personal”, al presuntamente ser asesinade por su pareja quien después se quitó la vida. Sin embargo, su familia rechazó dicha versión.
“Son mentiras, (elles) eran unas personas muy tranquilas, muy pacíficas, se querían mucho, en (elles) no existía la maldad, es falso todo eso”, dijo la hermana de le magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Cynthia Baena en noviembre de 2023.
Tras su asesinato, el cual provocó indignación y movilización, diversos actores de la sociedad civil, han exigido castigar los discursos de odio y que se cataloguen como tal durante las investigaciones de crímenes.
El 13 de noviembre de 2024, a un año del crimen en su contra, activistas de las comunidades LGBTQ+ destacaron y agradecieron el trabajo que le magistrade hizo en la defensa de los derechos humanos en México y en América Latina.
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La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó las dos condenas previas que recibió la exmandataria por el delito de administración fraudulenta durante sus gobiernos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
Por qué fue condenada
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Qué dice la expresidenta
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
“Presa o muerta”
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la “causa Vialidad”, fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, “no funcionó”, según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, arengó.
“Dale, mirá cómo tiemblo”.
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una “una fusilada que vive”.
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.
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