Colombia cumple 3 años de despenalizar el aborto hasta la semana 24; todavía persisten retos de acceso
El 21 de febrero de 2022, Colombia se convirtió en el país de Latinoamérica con la legislación más avanzada en materia de despenalización del aborto, al legalizarlo hasta la semana 24 de gestación en la sentencia C-055 gracias al movimiento Causa Justa.
A partir de ello, el impacto en la despenalización social es destacable, coinciden activistas: encuestas impulsadas por la sociedad civil muestran que hoy el 48 % de la ciudadanía reconoce que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho, mientras que el rechazo ha descendido en un 10 %. En tanto, hay un incremento en la cantidad de mujeres que buscan información para obtener el servicio.
Aunque uno de los pendientes que persiste en ese país es contar con cifras oficiales certeras, de acuerdo con datos generados por organizaciones de la sociedad civil —en particular Fundación Oriéntame—, desde la despenalización hasta julio de 2024 se han atendido 26 mil 016 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, de los cuales únicamente el 0.5 % fueron practicados después de la semana 22.6.
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En entrevista, Ana Cristina González Vélez, investigadora y activista pionera del Movimiento Causa Justa, destaca que esta cifra es precedente y prueba de que despenalizar el aborto de manera total —no solo considerando un periodo mayor, sino incluso eliminándolo de los códigos penales— no significa que las mujeres necesariamente elegirán interrumpirlo cuanto mayor tiempo de embarazo tengan.
“Derivado de eso la mayoría de los abortos suceden en las primeras semanas de gestación. Entonces esta fantasía de que el aborto hasta las 24 semanas iba a hacer que todas las mujeres salieran a abortar apenas cumplieran 24 semanas, pues es fácilmente desbaratable con los números”, apunta.
La realidad es que la mayoría de las mujeres buscan acceder en las primeras semanas de gestación. Otro aspecto relacionado es que antes de la sentencia C-055, no bastaba con proveer a las mujeres de información desde las organizaciones, sino que había que hacer acompañamiento administrativo y de litigio, o hacerlo con tutela.
Eso se invirtió completamente, precisa González Vélez, pues ahora una asesoría jurídica sirve para que el 72 % de las mujeres accedan al servicio de manera legal y gratuita –antes era solo el 45 %–. En tanto, antes de la sentencia se litigaban hasta un 52 % de los casos que llegaban a Causa Justa; ahora son menos del 30 %.
“Sí se ven unos cambios muy significativos en ese imaginario de la despenalización social”, subraya. Además, otro punto importante a partir de la despenalización en ese país, es que su Corte ha reafirmado la decisión muchas veces, mediante sentencias en temas relacionados con mujeres indígenas y decisiones sobre violencia obstétrica.
La especialista destaca que la decisión judicial de Colombia, como todas, por un lado es vulnerable. En este punto recuerda la revocación en los Estados Unidos de la sentencia Roe vs. Wade después de 50 años de garantía del aborto. Sin embargo, considera que en su país al mismo tiempo la decisión está apalancada en la protección de derechos fundamentales de su carta magna: igualdad, salud y libertad de conciencia.
“No es solamente la privacidad, como en el caso de Estados Unidos, sino derechos que están muy protegidos en nuestra Constitución”, puntualiza.
Aunado a ello, a partir de la despenalización ha habido otros avances normativos importantes, como regulaciones sanitarias del Ministerio de la Superintendencia Nacional de Salud y circulares, todas ellas demandadas por la derecha, lo que se ha vuelto una estrategia habitual ante el avance en la garantía de los derechos de las mujeres. Sin embargo, nada ha perdido vigencia porque no hay fallos definitivos en esas demandas ni suspensiones provisionales.
“Yo no quiero sonar triunfalista ni ingenua, pero yo sí creo que hay que reconocer que eso significó un cambio muy importante”, sostiene. Sin embargo, la otra cara de la moneda es reconocer los desafíos que persisten, sobre todo en relación a lo que viven las mujeres día a día a la hora de ejercer su derecho.
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Pendientes desde la despenalización
En cuanto al acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, González Vélez explica que este sigue siendo problemático, pero al mismo tiempo es preciso reconocer que ahora acceden más mujeres por la vía del sistema de salud, que tiene cobertura general.
Antes de la despenalización, las cifras mostraban que entre el 1 % y el 8% –el porcentaje más alto en Bogotá– de los abortos eran legales, es decir, por la vía del sistema de salud, mientras que hoy hay un incremento que casi triplicó ese porcentaje: después de la sentencia, ha alcanzado un 23%.
“Esas mujeres experimentan barreras: tienen que buscar organizaciones para que les den información o para que les ayuden a litigar la posibilidad de acceder. El comportamiento en las ciudades es distinto: no es lo mismo estar en Bogotá que estar en un pueblo pequeño; no es lo mismo ser una mujer migrante, una niña, una mujer rural”, apunta.
Por otro lado, también se han presentado casos de criminalización, que se consideran totalmente anómalos: pese a que en 2023 la Fiscalía General de la Nación en Colombia ordenó el cierre de los procesos abiertos por el delito de aborto consentido, en 2023 se registraron aún 110 casos asociados a ese delito, y para 2024 en lugar de disminuir, se presentó un incremento del 13 %. Aun así, hay una disminución general del 72 % respecto a los registros anteriores.
“Esto evidencia que hay un aumento en la criminalización de las mujeres a pesar del marco de legalidad que da la sentencia C-055 de 2022. Se conoce que la mayoría de procesos abiertos se encuentran en Bogotá y Valle del Cauca. El movimiento insta a la Fiscalía para que haga un trabajo de difusión y pedagogía de la sentencia al interior de la entidad y de esta manera evitar cualquier tipo de criminalización”, señaló Causa Justa en un comunicado por el aniversario de la despenalización.
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Esto implica, además, que vuelve a repetirse un patrón que la organización ya había conocido en estudios previos, que consiste en que se criminaliza a las mujeres que voluntariamente buscaron interrumpir el embarazo, pero en ningún caso se castiga el aborto forzado. “Está muy clara la intención del que persigue, porque estamos persiguiendo la voluntad de las mujeres; es mucho más difícil sostener esto de que todo se trata de la protección de la vida fetal”, agrega González Vélez.
Al mismo tiempo, lanza una advertencia, al igual que en otras causas, ante la emergencia de los autoritarismos y los grupos antiderechos, que es generalizada en la región aunque algunos países aún escapan. Sin embargo, los marcos normativos de Colombia hasta ahora parecen bastante sólidos, sostiene, y esos discursos no son hoy la voz más dominante.
“No se nos puede olvidar que la razón por la que los antiderechos han elegido el feminismo, las feministas, la igualdad de género y nuestros derechos como el blanco de sus ataques es porque logramos avanzar mucho. Si no hubiéramos conquistado tanto, ni siquiera se tomarían el trabajo de desbaratar lo que hemos hecho; es tan amenazante para ellos, y a mí me gusta pensar que ellos no son la oposición. La oposición somos nosotras. Es interesante que se tengan que reconfigurar en torno a nosotras”, enfatiza.
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El futuro primer ministro de Canadá no tiene experiencia en la política pero sí en gestionar crisis económicas internacionales, ya que ha sido la primera persona en liderar los bancos centrales dos países del G7.
Carece de experiencia en la política, pero su veteranía en la gestión de crisis económicas internacionales se ha convertido en su mayor baza ahora que su país se enfrenta al abismo de la guerra comercial con Estados Unidos.
Mark Carney, que será el nuevo primer ministro de Canadá tras ser elegido por su partido para sustituir a Justin Trudeau, ha dejado claro desde un primer momento que su estilo no son los paños calientes, y que plantará cara al presidente Donald Trump porque es necesario “enfrentarse a un matón”.
“Los estadounidenses quieren nuestros recursos, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro país… Canadá nunca formará parte de Estados Unidos de ninguna forma”, afirmó en su primer discurso como líder del Partido Liberal canadiense.
El futuro primer ministro tiene un currículum poco común para un político llamado a dirigir una de las mayores economías del mundo.
Será el primer jefe del ejecutivo en su país que no ha sido antes legislador ni ha ocupado ningún cargo gubernamental en Canadá.
Pero Carney, de 59 años, ha sido pionero en muchos de los hitos de su carrera.
El nuevo líder del Partido Liberal canadiense fue la primera persona no británica en convertirse en gobernador del Banco de Inglaterra en sus más de 300 años de historia cuando asumió el cargo en 2013.
Además, ha sido la primera persona en liderar dos bancos centrales de países distintos del G7, ya que, anteriormente, había guiado a su país de origen a través de la gran recesión como gobernador del Banco de Canadá.
A pesar de no haber ocupado un cargo político, ganó con holgura la contienda para sustituir al primer ministro saliente, Justin Trudeau. Ahora debe dirigir al país en uno de sus retos más difíciles: la escalada de la guerra comercial con su principal socio comercial, Estados Unidos.
Pero mantener el cargo de primer ministro será una lucha en sí misma. Las próximas elecciones federales de Canadá están previstas para octubre, pero muchos esperan que se convoquen este mismo mes.
Aunque Carney ha viajado por todo el mundo, al trabajar para Goldman Sachs durante 13 años en lugares como Nueva York, Londres y Tokio, nació en la remota ciudad canadiense de Fort Smith, en los Territorios del Noroeste.
Hijo de un director de instituto, estudió con una beca en la Universidad de Harvard, donde practicó el más canadiense de los deportes, el hockey sobre hielo. En 1995 se doctoró en Economía por la Universidad de Oxford.
En 2003 abandonó el sector privado para incorporarse al Banco de Canadá como vicegobernador, y después trabajó para el ministerio de Finanzas como viceministro adjunto principal.
Con 42 años fue nombrado gobernador del Banco de Canadá en 2007, poco antes de que los mercados mundiales se desplomaran, sumiendo al país en una profunda recesión. Su liderazgo en el banco central ha sido ampliamente elogiado por ayudar al país a evitar lo peor de la crisis.
Aunque los banqueros centrales son famosos por su discreción, se mostró abierto sobre su intención de mantener los tipos de interés bajos durante al menos un año, tras haberlos reducido drásticamente.
Aquella medida le permitió ayudar a las empresas a seguir invirtiendo incluso cuando los mercados se hundieron. Adoptó un enfoque similar cuando volvió a Londres, esta vez como gobernador del Banco de Inglaterra.
Durante su mandato en la histórica institución, supervisó cambios considerables en su funcionamiento. Al principio de su gestión, el organismo asumió la responsabilidad de la regulación financiera tras la abolición de la Autoridad de Servicios Financieros.
Se le atribuye el mérito de haber modernizado el Banco de Inglaterra, apareciendo con mucha más frecuencia en los medios de comunicación que su predecesor.
Pero la confusión en torno a ciertas políticas llevaron a un diputado a compararlo con un “novio poco fiable”, apodo que perduró mucho después de que se disipara la polémica original.
A diferencia de los gobernadores anteriores, que en general mantuvieron un perfil bajo, hizo declaraciones controvertidas antes de dos grandes referéndums constitucionales.
En 2014 advirtió de que una Escocia independiente podría tener que ceder competencias a Reino Unido si quería seguir utilizando la libra esterlina.
Antes del referéndum sobre el Brexit, advirtió de que un voto a favor de abandonar la UE podría desencadenar una recesión.
Tras el referéndum, después de que David Cameron dimitiera como primer ministro y la libra se desplomara, se dirigió a la nación para tranquilizar al país asegurando que el sistema financiero funcionaría con normalidad.
Lo describió como su “día más duro” en el cargo, pero afirmó que los planes de contingencia que el Banco había puesto en marcha habían funcionado eficazmente.
Posteriormente, el Banco recortó los tipos de interés del 0,5% al 0,25% y reanudó su programa de expansión cuantitativa para apoyar la economía.
En su última semana, en marzo de 2020, comenzó la fase más aguda de la pandemia de Covid: el Banco recortó los tipos un 0,5% para apoyar a la economía, y Carney dijo al país que el shock económico “debería ser temporal”.
La etapa de Carney al frente del banco le proporcionó una amplia experiencia en el trato con Donald Trump, que no solo ha impuesto fuertes aranceles a Canadá desde que volvió al cargo en enero, sino que también ha sugerido que Estados Unidos debería anexionarse a su vecino del norte.
De 2011 a 2018, Carney fue presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, que coordinaba la labor de las autoridades reguladoras de todo el mundo, lo que le otorgó un papel clave en la respuesta global a las políticas de la primera presidencia de Trump.
Era un asiduo de las reuniones del G20, por lo que pudo ver de primera mano cómo se desenvuelve Trump en la escena mundial.
Según Faisal Islam, editor de Economía de la BBC, Carney cree que Trump sólo respeta el poder y que no es posible apaciguarlo, por lo que su respuesta arancelaria a la guerra comercial lanzada por el presidente de EE.UU. se centrará en que sea su vecino del sur quien sufra la subida de la inflación y las tasas de interés.
Carney también es conocido por su defensa de la sostenibilidad medioambiental.
En 2019 se convirtió en el enviado especial de la ONU para el cambio climático, y en 2021 lanzó la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, una agrupación de bancos e instituciones financieras que trabajan para combatir el cambio climático.
Sus ambiciones políticas se han rumoreado durante años, pero hasta hace poco este hombre de 59 años había descartado la idea.
“¿Por qué no me hago payaso de circo?”, llegó a responderle a un periodista en 2012 cuando le planteó la idea.
Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Trudeau dimitió en enero después de que su ministra de Economía, Chrystia Freeland, abandonara su gabinete, lo que desencadenó una disputa en el partido que, unida a la caída en picado de Trudeau en las encuestas, llevó al primer ministro a anunciar su dimisión.
Según algunas informaciones, Trudeau pretendía sustituir a Freeland por Carney en el puesto de ministro de Finanzas.
Freeland -amiga personal suya- incluso se presentó contra él en la carrera para sustituir a Trudeau. Pero Carney ganó por goleada, mostrándose como el mejor preparado para enfrentarse a Trump, que ha impuesto fuertes aranceles a los productos canadienses.
“Sé cómo gestionar las crisis”, dijo Carney durante un debate a finales del mes pasado. “En una situación como esta, necesitas experiencia en términos de gestión de crisis, necesitas habilidades de negociación”.
Aun así, su paso por el mundo de las finanzas le ha abierto las puertas a las críticas de sus rivales políticos en Canadá.
Los conservadores han acusado a Carney de mentir sobre su papel en el traslado de la sede de la empresa de inversiones Brookfield Asset Management de Toronto a Nueva York, aunque Carney afirma que la recién adoptada decisión oficial de trasladar la empresa se tomó después de que él abandonara el consejo.
También le han presionado para que revele sus activos financieros, algo que Carney no tiene que hacer por el momento, ya que no es un miembro electo del Parlamento.
Su equipo ha dicho que cumplirá todas las normas y directrices éticas aplicables una vez que sea primer ministro.
*Con reportería de Ben King de BBC News en Londres y Robin Levinson King, de BBC News en Toronto, Canadá, y de Faisal Islam, editor de Economía de la BBC.
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