Diego terminó su bachillerato en 2024 en su natal San Juan de los Lagos, Jalisco. Entonces, hacer estudios universitarios en la Ciudad de México lo entusiasmaba, sin saber que solo unos meses después le esperaría un largo proceso para poder denunciar una violación en su contexto universitario sin obtener una respuesta satisfactoria, reclama.
En julio de 2024 Diego comenzaba un curso propedéutico como parte de su proceso de admisión a El Colegio de México (Colmex) para la licenciatura en Política y Administración Pública, cuando experimentó en su casa lo que en ese momento pudo definir como abuso sexual por parte de uno de sus compañeros.
El estudiante señalado es dos años mayor que Diego y estudia la carrera de Relaciones Internacionales. Lo conoció mientras hacía su proceso de admisión, al que podían acercarse quienes ya formaban parte del alumnado. Recién ocurrió el hecho, cuenta Diego en entrevista, él no comprendía completamente lo que había pasado.
Poco a poco, platicando con sus amigos en la propia escuela, le “cayó el veinte”, dice, de que lo ocurrido no había estado bien, aunque hasta ese momento solo pudo clasificarlo como abuso sexual. Después del propedéutico, regresó a su casa en Jalisco, donde fue dos veces a terapia y habló de lo sucedido.
De vuelta en la Ciudad de México, el primer apoyo que recibió fue en el Núcleo Urbano de Bienestar Emocional del Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones capitalino. Desde su primera sesión, recuerda, fue muy duro porque sufría de ataques de ansiedad y estrés relacionados con lo que había vivido.
Después de algunas sesiones más de terapia, decidió abandonar la escuela ante la incomodidad de compartir el espacio con la persona que le había hecho daño. Se lo comunicó a su coordinador académico, quien le ofreció una reunión, que ocurrió el 8 de octubre. Ahí estuvo también la directora del Centro de Estudios Internacionales (CEI). El colegio aseguraba que tenía un protocolo muy bien diseñado para esos casos.
“Desde que presenté mi baja, desde que les dije ‘yo ya no quiero estar ahí’, me dijeron ‘nada más que tu carta diga que te quieres dar de baja por motivos personales’, y a mí eso no me pareció. Yo vengo de una casa, de una familia, en donde me enseñaron valores; si me pasó esto, no tengo porque estarlo encubriendo. Es una razón muy válida por la que yo no quería seguir estando aquí”, relata el joven.
Escribió la carta –de la que Animal Político tiene copia–, fechada el 9 de octubre de 2024, en la que expuso sus verdaderas razones: “Esta decisión no ha sido fácil, ya que he valorado enormemente la oportunidad de estudiar en esta prestigiosa institución. Sin embargo, me encuentro en una situación sumamente difícil debido a que fui víctima de abuso sexual por parte de un estudiante de esta misma institución”.
“A raíz de este lamentable suceso –continúa el estudiante–, me siento profundamente afectado y no me encuentro en condiciones emocionales de continuar con mis estudios en este momento. Considero que mi bienestar emocional y psicológico son prioritarios, y por ello he tomado la decisión de poner fin a mi participación en el programa”, se lee en el documento.
El 11 de octubre, Diego recibió una carta firmada por Fernanda Somuano, directora del CEI, donde acusó de recibida su solicitud y aseguró que tal como le había ofrecido el coordinador académico del Centro, Nain Martínez, el 8 de octubre, contaba con el apoyo de la institución. En la misiva se recuerda la existencia del protocolo de prevención y atención en casos de acoso, así como de un servicio de apoyo psicológico.
Para entender mejor: Crece violencia sexual en escuelas ante falta de respuesta de autoridades: Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia
“Estos servicios están disponibles para todos los estudiantes que los necesitan, sin importar la naturaleza de su situación. Te exhorto a que reflexiones sobre la posibilidad de hacer algún tipo de denuncia, pues de otra forma la institución no puede tomar medidas cautelares o implementar medidas de sanción”, se lee en la carta.
La autenticidad del documento fue confirmada por el Colmex y compartida con el nombre de Diego testado –como siempre la manejaron, aseguran–, pese a que en chats de la comunidad estudiantil circuló una versión alterada con el nombre completo de Diego y la firma de Somuano sobrepuesta, pero con idéntica fecha y contenido. Hasta ahora no se sabe cómo llegó a esos espacios con sus datos personales expuestos.
Pese a que en ella se ofrece que si deseaba activar el protocolo, el alumno podría contactar a cualquiera de las dos autoridades, cuando el 18 de diciembre Diego expresó mediante una conversación de WhatsApp su deseo de activarlo, le requirieron una nueva comunicación por escrito, que dirigió vía correo electrónico a Somuano al día siguiente.
Sin embargo, cinco días más tarde, cuando le informó a Martínez que el 20 diciembre había promovido una denuncia ante la Fiscalía capitalina, recibió por toda respuesta que en ese caso, el asunto ya estaba en manos de las autoridades responsables, según puede constatarse en esa conversación.
En el comunicado difundido por el Colmex ante la acusación pública de Diego, la institución acusa de recibida la denuncia hasta enero de este año. Diego señala entre sus inconformidades que la dilación del trámite permitió que hoy su agresor se encuentre de intercambio estudiantil en el extranjero.
“Nunca me contactaron, nunca me apoyaron en nada, nunca me hicieron una llamada de cómo estaba, nada; de ahí, dos semanas después de que esto pasó (la entrega de las cartas), yo ya no tenía ni mis cuentas abiertas, ni mi apoyo económico, ni mi apoyó alimenticio, ya no podía seguir entrando a la escuela… ni mi apoyo psicológico. Siento que es lo que más me dolió; si hubiera seguido con mi apoyo psicológico, yo hubiera podido afrontar esa situación un poco más pronto, y no haber tenido que esperar tanto tiempo para levantar mi denuncia y para abrir aquí mi expediente”, relata.
A principios de enero, una vez que acabó el periodo vacacional de El Colmex, finalmente le recibieron una copia de la denuncia que forma parte de la carpeta de investigación que Diego ingresó a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México por la presunción del delito de violación equiparada, clasificación que la propia dependencia capitalina determinó y mediante la que el joven supo que se trataba de más que un abuso sexual.
En varias ocasiones, sostiene, tuvo que dar vueltas a las oficinas administrativas para preguntar sobre los avances de su caso y recibir por respuesta que regresara días más tarde. Después, incluso le reclamaron que él hubiera tardado tanto. “No saben manejar esa parte. Yo nunca tuve que haber dejado mi escuela. Yo nunca tuve que haber mentido a mi familia, porque mi familia no sabía lo que me pasaba”, reclama en entrevista.
“Solicito medidas de protección hacia mi persona, a fin de evitar contacto con el imputado del caso de manera física o virtual, así como medidas de protección contra El Colegio de México y las autoridades administrativas del Centro de Estudios Internacionales por acciones que considero hicieron ineficiente la primera atención que tuve, así como el encubrimiento del imputado”, refiere Diego en un nuevo escrito ingresado en enero y en el que, además, informa que ya había constancia de los hechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante la queja 2025/4981.
Una vez que Diego decidió hacer pública su denuncia ante la dilación en la activación del protocolo, El Colegio de México dio a conocer un comunicado oficial en el que destaca que el coordinador académico y la directora del Centro ofrecieron al estudiante su apoyo y pusieron a su disposición la atención psicológica y orientación para su activación, prevista en el propio documento.
“Una vez recibida la denuncia formal en El Colegio de México en enero de este año, conforme al Protocolo, se adoptaron acciones dirigidas a garantizar y preservar la seguridad y la integridad del denunciante; entre ellas, se le reiteró el ofrecimiento del acompañamiento psicológico y legal necesario, y se dio inicio al procedimiento conducente, actualmente en curso”, agrega la institución sin detallar el resto de las medidas a las que se refiere bajo el argumento de la confidencialidad del caso.
Bajo esa misma justificación, la institución rechazó la solicitud de entrevista de este medio con la finalidad de comentar –sin revelar información confidencial– el funcionamiento y la difusión del protocolo entre el alumnado, los mecanismos de acercamiento, el periodo de tres meses que transcurrió entre su conocimiento del caso hasta la admisión de la denuncia, así como el número de casos que se han atendido mediante el protocolo y sus resultados.
En tanto, las y los profesores adscritos al CEI de El Colegio de México firmaron una comunicación en la que expresaron su compromiso con el bienestar de la comunidad, el debido proceso y el cumplimiento de los protocolos institucionales. Reiteraron lo expuesto en el comunicado oficial de la institución respecto a la atención de Somuano y Martínez, así como la imposibilidad de hacer pública mayor información.
En contraste, el colectivo Unidas Colmex dio a conocer mediante sus redes sociales un comunicado en el que afirma que el testimonio recopila evidencia sobre un acompañamiento institucional insuficiente para atender al estudiante. “La información provista concluye que el presunto agresor no recibió ningún llamado de atención y que, en su lugar, la víctima se vio obligada a truncar sus estudios universitarios”, sostienen.
La agrupación considera que los comunicados oficiales recientes carecen de cuidado hacia las partes afectadas y sensibilización sobre el tema. Además, informa que tras la denuncia, las y los estudiantes de las licenciaturas del CEI han sido convocados a una reunión obligatoria informativa sobre el Protocolmex; sin embargo, argumentan, la situación debería ser del interés general de todos los centros del colegio.
“Desde Unidas Colmex condenamos cualquier acción que vulnere el bienestar de las personas y los entornos que permiten impunidad. En otras palabras, aunque la respuesta de las autoridades se apegó a sus lineamientos establecidos, desaprobamos el manejo interno reciente de El Colegio de México y del CEI respecto a casos de violencia sexual”, puntualiza.
Aunado a ello, exigen un seguimiento inmediato a la denuncia, una resolución clara y transparente del caso y la reparación del daño. La situación, sostienen, es resultado de la desatención y seguimiento insuficiente de peticiones que ya ha hecho la colectiva, así como de la falta de acciones efectivas. De la misma manera, piden incluir la perspectiva de diversidad sexual en el protocolo y simplificar el proceso de denuncia con el fin de evitar la revictimización.
“Ellos rompieron las reglas también con lo que me pasaba, sus mismas reglas”, reclama Diego cuando se refiere a la posibilidad que tuvo su agresor de acceder a un intercambio internacional mientras él estaba por abandonar sus estudios. “No se me hace justo que para excusarse conmigo digan que son sus reglas, cuando para dejarme abandonado y no recibir apoyo, ellos también violaron sus mismas reglas”.
Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.