María Fernanda Turrent denunció ser víctima de violencia de género en 2023 por parte de su exesposo Edgar González. Él la denunció por fraude procesal, retención de menores y falsedad de declaraciones. Mafer, como le dicen su familia y amigos, terminó en la cárcel.
El caso de la joven, originaria de San Andrés Tuxtla, Veracruz, motivó movilizaciones de protesta en varios municipios del estado y provocó la destitución de un fiscal ante la presunta corrupción en el sistema de justicia de la Ciudad de México, donde se lleva su proceso.
Por lo ocurrido a Turrent, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, alertó de un posible modus operandi en el Poder Judicial contra mujeres que denuncian violencia en contra de sus parejas, pero sus violentadores hacen uso de sus influencias y poder económico.
Aunque Mafer ya está libre, su caso apunta a una posible red de corrupción en la que se usaban conexiones personales para actuar de forma parcial en casos de violencia familiar o violencia vicaria.
Mafer, mamá de tres menores de 6, 9 y 11 años, fue detenida el pasado 22 de enero tras acudir a una audiencia en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Un juez le dictó prisión preventiva a pesar de las pruebas que presentó contra su expareja por violencia familiar y fue trasladada a Santa Martha Acatitla.
“Soy Mafer Turrent, por proteger a mis hijos quieren meterme a la cárcel”, denunció la mujer en un video, poco antes de su detención, cuando dio a conocer que había sido citada a una audiencia porque estaba acusada de varios delitos.
Cuando se divorció se llevó a sus hijos a su natal Veracruz. Su exmarido fue informado que se irían y él tenía los permisos para verlos ya que la custodia es compartida, pero fue denunciada por retención de menores.
A inicios de enero ella solicitó medidas para proteger a sus hijos ya que su padre los retuvo por 90 días, sin que ella pudiera tener comunicación con ellos.
“Hasta que no te sientes a negociar, los niños se quedan conmigo, así de fácil, punto”, amenazó Edgar.
Mafer grabó un video en el que cuenta parte de su historia con el padre de sus hijos y en él expone las amenazas.
“¿Quieres ver el pinche poderío, pendeja? ¿Quieres ver cómo soy? ¡Te hincas o mato a tus hermanos!”, se escucha en un fragmento en el que se oye después el llanto de un niño.
Bajo este escenario, el 25 de enero, Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), anunció la destitución de Miguel Ángel Barrera Sánchez de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes por el caso de María Fernanda Turrent.
“Que quede muy claro: en esta Fiscalía no se tolerará, bajo ninguna circunstancia, la manipulación del sistema con recursos económicos o aprovechando vínculos con el poder”, aseguró Alcalde Luján.
“Respecto al caso específico de Mafer, informamos que se están revisando puntualmente la forma en que ésta y todas las investigaciones similares se están llevando a cabo, de tal forma que se garanticen condiciones de imparcialidad”.
En su mensaje, la funcionaria destacó que trabajarán de manera inmediata en la actualización y aplicación de protocolos “con estándares que guíen la oportuna realización de entrevistas, periciales y cualquier otro acto de investigación que involucren a niños y niñas, al tiempo que emitiremos directrices para transparentar nuestros criterios de actuación en la atención de delitos que impacten a las infancias”.
La fiscal dijo que con estas medidas se pretende conocer bajo qué circunstancias avanzan las investigaciones, a fin de evitar arbitrariedades de los Ministerios Públicos.
Tras una audiencia de casi 10 horas, la noche del 27 de enero una jueza resolvió que no se le vincularía a proceso y dejó en libertad a Fernanda Turrent.
Con esta sentencia concluye la carpeta de investigación en contra de Turrent por retención de menores, aunque continúan otras carpetas, una por supuesto fraude procesal, otra referente a un delito de quebrantamiento de correspondencia, y falsedad de declaraciones.
Si se aplican, como ha prometido hacerlo Trump el 1 de febrero, los aranceles tendrán efecto en México y Canadá, pero también perjudicarán el bolsillo de los estadounidenses.
No es raro pensar en los aranceles como una especie de “castigo” a los productos extranjeros y a los países que los fabrican.
Sin embargo, el “efecto lavadora” ayuda a explicar por qué también las empresas nacionales y los consumidores locales terminan pagando los costos de los aranceles.
Antes de llegar ahí, vale la pena revisar en qué está la discusión actual.
En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está considerando imponer el 1 de febrero un 25% de aranceles a todos los productos mexicanos y canadienses, y un 10% a los productos provenientes de China.
La medida está relacionada con la percepción del mandatario estadounidense sobre la mala gestión de los gobiernos de esos países en relación con la migración y el narcotráfico.
Inesperadamente, la amenaza también le cayó a Colombia, cuando el presidente de EE.UU. amenazó a ese país con imponer un 25% de impuesto a sus exportaciones, luego de que el gobierno de Gustavo Petro se negara a autorizar el aterrizaje de dos aviones militares con ciudadanos colombianos deportados.
Sin embargo, todo quedó en nada, porque Petro terminó aceptando a sus deportados y Trump no le impuso ningún arancel.
La postura de Trump sobre el tema migratorio ha sido bastante clara: “Como todo el mundo sabe, miles de personas están entrando en masa a través de México y Canadá, llevando el crimen y las drogas a niveles nunca vistos”.
Los aranceles permanecerán, advirtió, “hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los extranjeros ilegales pongan fin a esta invasión de nuestro país”.
Sobre la imposición de un arancel tan alto como un 25% -y tan amplio que abarcaría todos los productos mexicanos y canadienses-, expertos en comercio y relaciones internacionales entrevistados por BBC Mundo han expresado un cierto nivel de escepticismo.
“El arancel ligado a la migración y al fentanilo es una especie de extorsión”, le dice a BBC Mundo el economista mexicano Luis de la Calle, quien participó en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá en el anterior tratado de libre comercio, NAFTA.
Otros economistas, como Gerardo Esquivel, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), piensan que una amenaza de esa magnitud “no es creíble”. “Lo que quiere es empezar una negociación con ventaja”.
Así también le comenta a BBC Mundo Joan Domene, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, quien tampoco vislumbra una aplicación generalizada a todos los productos mexicanos.
La retórica de Trump es que los aranceles les quitan dinero a las empresas extranjeras para “enriquecer a los estadounidenses”.
La duda que surge con esa afirmación es que, al mirar las experiencias pasadas, ese no siempre ha sido el caso, dado que los aranceles que Trump aplicó en su primer gobierno, además de afectar a empresas extranjeras, también perjudicaron a compañías locales y a los propios consumidores estadounidenses, según varias investigaciones académicas.
Lejos de enriquecerlas, las familias tuvieron que pagar precios más altos. Y la recaudación tributaria producto de la imposición de los aranceles fue muy baja en comparación a lo que recauda el gobierno a través de impuestos individuales y corporativos.
Un ejemplo que sirve para ilustrar esto es el caso del impuesto a las lavadoras extranjeras que Trump aplicó en 2018 durante su primer mandato.
Una investigación elaborada por tres reconocidos economistas, Aaron Flaaen, Ali Hortacsu y Felix Tintelnot, llegó a la conclusión de que el precio de las lavadoras en Estados Unidos subió 12% como efecto directo de ese arancel.
La idea del arancel, que es un impuesto a los productos importados, era proteger a los productores locales contra el masivo ingreso de lavadoras muy baratas desde el exterior, en lo que se conoce como un caso de competencia desleal o dumping.
“Aunque se crearon algunos empleos, los consumidores pagaron un costo muy alto”, le dice a BBC Mundo Felix Tintelnot, profesor de la Universidad de Duke en EE.UU. y coautor de la investigación.
Los estadounidenses en su conjunto pagaron cerca de US$820.000 más en la compra de lavadoras, por cada empleo creado. “No fue un buen negocio para ellos”.
Eso es precisamente lo que hemos llamado el “efecto lavadora”: el aumento de precios que pagaron las familias estadounidenses.
Así también lo explica Inga Fechner, economista senior de Comercio Global del equipo de investigación del banco ING en Alemania.
En última instancia, “los consumidores cargan el costo del conflicto comercial”.
Una de las lecciones que dejó esa experiencia es que no solo subió el precio de las lavadoras importadas, sino que los productores locales también los aumentaron.
Sí, es cierto que no todos los aranceles son iguales. Y que la amenaza actual de Trump contra México y Canadá no tiene nada que ver con las acusaciones de competencia desleal, dirigidas especialmente contra los productos chinos.
Sin embargo, el caso de las lavadoras no es un ejemplo aislado.
Si miramos lo que pasó en el primer gobierno de Donald Trump, abundan los análisis de datos que muestran cómo la imposición de aranceles también tuvo efectos negativos sobre la economía y los consumidores estadounidenses.
“Un estudio tras otro han demostrado que los aranceles estadounidenses aplicados desde 2017 han sido transferidos en su totalidad a los compradores estadounidenses”, argumentan Kimberly Clausing y Mary Lovely, economistas del Peterson Institute for International Economics (PIIE), un centro de investigación independiente con sede en Washington D.C.
Otros centros de estudio, como el conservador Tax Foundation, llevan años publicando investigaciones sobre los perjuicios económicos ocasionados por los aranceles dentro de EE.UU.
“Han tenido un impacto negativo neto en la economía del país”, asegura un reciente análisis de Erica York, vicepresidenta de Política Fiscal Federal de la organización.
“Los aranceles han elevado los precios y reducido la producción y el empleo”, agrega.
Esas conclusiones son refutadas por aliados del presidente Trump como Peter Navarro, actual asesor comercial del gobierno.
Su planteamiento es que los aranceles no subieron ningún precio durante el primer gobierno del mandatario.
“Tuvimos cero inflación debido a los aranceles”, dijo en declaraciones a la prensa local, sin entregar más detalles.
Aunque sin duda el arancel le provoca daño al país afectado, el primero que tiene que pagar ese impuesto es el importador estadounidense en la aduana cuando ingresa los productos extranjeros.
Si se aplica un arancel de 25%, por ejemplo, el importador estadounidense que ingresa aguacates, tomates, partes de automóviles, cerveza, acero, o cualquier otro producto mexicano, tiene que pagar ese valor extra.
Como al importador le resulta más caro ingresar el producto, una parte del sobreprecio o todo el costo extra, suele ser traspasado al consumidor final, en este caso el estadounidense, generando un aumento de la inflación.
En el caso de los productos mexicanos y canadienses, la situación es más compleja porque los tres países de América del Norte han mantenido acuerdos de libre comercio desde hace tres décadas. El primero fue el NAFTA y el segundo, que continúa vigente, es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC.
Aplicar aranceles “sería romper con la idea de un acuerdo comercial”, explica Valeria Moy, directora general del Centro de Investigación en Política Pública, IMCO. “Es como decir ‘no me interesa'”.
Pero los tres países se necesitan mutuamente porque han construido cadenas de producción que a través de los años se han enlazado estrechamente, con empresas binacionales o fábricas que dependen de las exportaciones y las importaciones.
El principal socio comercial de Estados Unidos es México, país que destina más del 80% de sus exportaciones al mercado estadounidense.
Muchas de las empresas estadounidenses dependen de la manufactura que hacen en México y, si ya no pueden ingresar los productos a un precio competitivo, estarán en serios problemas.
“No creo que el presidente Trump no tenga ganas de hacerlo, pero no creo que un arancel universal sea viable”, dice Moy.
Para ella, sí es más viable un arancel específico sobre determinados bienes.
“Esto ya ocurrió antes”, le dice a BBC Mundo Xóchitl Pimienta, directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México.
Durante su primer gobierno, en 2018, Trump impuso temporalmente aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio, una medida que provocó alarma en empresas mexicanas y estadounidenses, pero que además terminó encareciendo los productos que compran las familias estadounidenses.
Pimienta explica que se hicieron muchas investigaciones sobre el efecto en los precios que terminó pagando el consumidor final en EE.UU.
Una de ellas arrojó que algunos productos como autos, lavadoras, licuadoras y muchos otros, subieron de precio entre 8% y 20% en EE.UU., tras la imposición de los aranceles a esos productos metálicos.
Otro estudio determinó que el aumento arancelario les costó a las familias estadounidenses alrededor de US$1.200 al año en sus compras.
En el pasado también hubo amenazas. Trump le advirtió a México que aplicaría un arancel de 5% a todos los productos mexicanos, si el gobierno no tomaba medidas para frenar la migración.
Pero a final de cuentas, ese arancel no se concretó. Sin embargo, el solo anuncio generó incertidumbre y cierto nivel de especulación de precios, comenta la experta.
Si esta vez el gobierno aplica aranceles a México, como lo ha prometido, los más afectados serán el sector automotriz, el agrícola, los productos alimentarios (como el aguacate, los tomates, las fresas, los pimientos), la cerveza y el tequila, el sector de electrónica (como las pantallas para celulares) y el manufacturero, además del petrolero.
Una vez más, dice Pimienta, “el consumidor final en Estados Unidos se verá afectado”.
Ante un escenario como ese, Trump tendría que lidiar con presiones inflacionarias que él prometió bajar durante su campaña, una promesa electoral que le ayudó a regresar a la Casa Blanca en medio de un clima de insatisfacción por el alto costo de la vida.
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