Un metaperitaje practicado en el caso de Esmeralda, menor que fue acusada de homicidio por la Fiscalía de Querétaro luego de perder al producto de una violación que sufrió, desmiente varias afirmaciones hechas por el ministerio público local en contra de la adolescente de 14 años.
En el peritaje inicial, hecho por una médico legista de la misma Fiscalía de Querétaro, se asentaron datos imprecisos, como la hora en la que se dieron los hechos.
Fue la organización feminista Adax Digitales A.C. quien dio a conocer este jueves una parte del metaperitaje realizado al primer peritaje hecho por la Fiscalía de Querétaro.
“Del análisis minucioso y comparativo de las lesiones descritas por la Perito Médico Legista con el dicho de los testigos y lo encontrado en el expediente clínico, así como anotaciones oficiales en los peritajes de criminalística, puedo concluir de manera determinante que la interpretación de los hallazgos por la profesionista médico legista fueron mal interpretados por inexperiencia, ineptitud, falta de conocimiento de la patología perinatal, habiendo sido omisa en la recolección de datos”, señala el documento.
Además de las incongruencias de la Fiscalía de Querétaro, el metaperitaje sostiene que Esmeralda tuvo un “parto fortuito” de un “feto muerto dentro del útero” de la persona gestante, “con posibles malformaciones congénitas”.
Otra de las conclusiones del metaperitaje es que la Fiscalía de Querétaro mintió en la hora en la que sucedieron los hechos, pues, de acuerdo con sus afirmaciones en el peritaje inicial del caso, el producto del embarazo de Esmeralda tuvo que haber muerto entre las 22:30 horas del día que sucedió el parto fortuito y las 02:30 horas del siguiente día.
“Fuera de realidad ya que el hecho del parto fortuito sufrido por la madre adolescente fue a las 17:00 horas del 05/06/2023, que sí es demostrable este hecho por los tiempos referidos tanto por la hermana menor, el padre, el personal que le brindó el manejo profesional en el hospital (…) habiendo quedado registrado en el expediente clínico”, señala el médico forense que realizó el metaperitaje.
Un metaperitaje es una prueba científica forense reciente en México, creada a partir de la conformación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y se conoce también como “el peritaje del peritaje”, según lo define el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
“El metaperitaje es la dictaminación sistémica y verificable que se realiza al dictamen o informe pericial, consiste en una evaluación epistémico-metodológica y casuística de la fundamentación integral con que se justifican las conclusiones periciales. Tiene como objetivo evaluar la validez científica, la fiabilidad metodológica y la justificación forense”, señala un documento del instituto.
La defensa de Esmeralda solicitó el metaperitaje a partir de las inconsistencias que encontraron en la carpeta de investigación de la Fiscalía de Querétaro.
Tanto el peritaje como el metaperitaje tuvieron que ser tomados en cuenta en la audiencia de juicio que se llevara a cabo en el caso de Esmeralda, pero eso no sucederá ya que la Fiscalía se desistió del delito de homicidio en contra de la menor, así lo explicó Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero en entrevista con Animal Político.
Leslie Jiménez, abogada penalista especializada en casos con perspectiva de género, precisó a este medio que el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, solo podría ser destituido –como lo han solicitado algunas personas a través de redes sociales y tras darse a conocer el caso– si la presión social llevara a que le abrieran un proceso ante el Congreso de Querétaro, pero legalmente no tiene responsabilidad penal o administrativa en el caso.
“Sí que hay una cadena de responsabilidades, pero primero está la fiscal que integró la carpeta de investigación y sus auxiliares periciales, que le acercaron las pruebas para concluir lo que ellos sostienen en la carpeta”, precisó la abogada.
Así que la fiscal que integró la carpeta de investigación del caso de Esmeralda podría tener no solo responsabilidades administrativas, ante la visitaduría u órgano interno de control de la Fiscalía de Querétaro, sino penales, si se comprueban algunos supuestos.
A decir de Leslie Jiménez, un primer incumplimiento de la Fiscalía de Querétaro que sí amerita responsabilidades es que dieron datos sensibles de la carpeta de investigación en varias entrevistas, como los detalles que comentaron sobre el producto que falleció y de Esmeralda.
“La organización civil que lleva el caso (Adax Digitales A.C.) puede hacerlo porque son civiles; pero la fiscalía sí incurrió en una ilegalidad al dar a conocer ciertos datos”.
De acuerdo con la abogada de Impunidad Cero, también se desprenden responsabilidades penales si se advierten alguno de los siguientes supuestos en el caso:
Leslie Jiménez hizo énfasis en que todas las fiscalías tienen un área que vigila el actuar de los fiscales, en la mayoría de éstas se llama visitaduría, pero algunas lo radican en el órgano interno de control.
Además, toda posible irregularidad de una fiscalía se puede presentar ante las comisiones de Derechos Humanos estatal o nacional.
Patricia Mercado, diputada de Movimiento Ciudadano y activista por los derechos de las mujeres, destacó en entrevista con Animal Político, que la relevancia de despenalizar el aborto a nivel federal radica en que, mientras eso no suceda, las autoridades y leyes locales no normalizarán el criterio recomendado por la Corte en 2023.
“La importancia de despenalizar a nivel federal es esa: aunque exista el mandato judicial, no estamos dando el mensaje correcto desde la federación para que se armonicen las leyes de salud y los códigos penales a nivel local”.
A inicios de septiembre de 2023, la Corte despenalizó el aborto a nivel federal; en resolución a un amparo presentado por el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), la Primera Sala consideró que los artículos 330 a 334 del Código Penal federal son inconstitucionales.
A finales de ese mismo mes, senadoras de todos los partidos políticos –incluido el PAN– acompañaron una iniciativa para eliminar esos artículos de la ley.
Desde entonces, lamenta Patricia Mercado, el Congreso federal no ha retomado el tema.
“Hoy estamos metiendo la misma propuesta para despenalizar, un grupo de diputadas de Morena también la presentó la semana pasada; pero esperamos lograr un acuerdo para presentar algo también conjunto”.
Despenalizar el aborto en las leyes federales, aunque sea un delito perseguido solamente a nivel local, lograría obligar a los ministerios públicos, médicos legistas, personal médico en clínicas, a los docentes en las escuelas, a educarse y educar sobre la interrupción del embarazo, explica la diputada federal.
“El tema es que, a partir de no saber, instituciones como los DIF, las clínicas de atención médica, las escuelas, no les dicen que una opción a un embarazo no deseado es la interrupción del mismo, tenemos la Norma Oficial 046 que obliga a todos los servicios de salud para hacer interrupciones del embarazo en caso de violación”.
“No saben que están embarazadas, no saben si solo están engordando, y las primeras que deben educar sobre el tema son las escuelas; una ley federal debería garantizar la educación en derechos sexuales y derechos reproductivos”.
“Y lo que pasa en las fiscalías, como en este caso, solamente no le creen a la niña. Dice ‘me abusaron, no sabía que estaba embarazada’ y no le creen. Para una mujer adulta puede ser difícil, pero podría tomar acción… pero una niña, ¿cómo se espera que actúen las niñas?”, cuestionó Patricia Mercado.
Aunque no se han revelado muchos detalles sobre la nueva agencia, un repaso a la trayectoria del fundador de Tesla puede dar algunas pistas.
Donald Trump le ha encargado a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, la dirección del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Trump afirmó en redes sociales que Musk y Vivek Ramaswamy, excandidato en las primarias del Partido Republicano, “desmantelarán la burocracia gubernamental, reducirán las regulaciones excesivas, recortarán los gastos innecesarios y reestructurarán las agencias federales”.
El empresario tecnológico cuenta con una larga experiencia de liderazgo corporativo para cumplir ese objetivo que lleva meses defendiendo.
Pero su rol también le otorgaría una importante influencia sobre la política gubernamental y el entorno regulatorio en el que operan sus compañías, lo que plantea dudas razonables.
De momento se conocen pocos detalles concretos sobre el próximo Departamento de Eficiencia Gubernamental, al que Trump llamó en un comunicado “el Proyecto Manhattan de nuestro tiempo”.
El presidente electo ha adelantado que el DOGE funcionará como una especie de consejo asesor que operará de forma externa mediante una asociación con la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB).
El departamento, anunció Trump, “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala y crear un enfoque empresarial para el gobierno nunca antes visto”.
“Espero que Elon y Vivek realicen cambios en la burocracia federal con miras a la eficiencia y, al mismo tiempo, para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Es importante destacar que eliminaremos el despilfarro y el fraude masivos que existen en nuestro gasto gubernamental anual de US$6,5 billones”, agregó.
Y, en principio, no será permanente: Trump estima que el órgano completará su trabajo en 18 meses, y Musk cree que lo hará “mucho más rápido”.
Por su parte, Musk afirmó en un mitin del entonces candidato republicano en octubre que el presupuesto del gobierno estadounidense podría reducirse en “al menos” US$2 billones de un total de US$6,5 billones.
También ha sugerido con frecuencia que el número de empleados gubernamentales se puede reducir de forma significativa.
Por su parte, Ramaswamy expresó en el pasado su deseo de eliminar una serie de oficinas federales, entre ellas el Departamento de Educación, la Comisión Reguladora Nuclear, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI.
En todo caso, la forma en la que Musk ha dirigido sus propias empresas puede dar pistas de lo que los estadounidenses pueden esperar que haga en el DOGE.
En octubre de 2022 se hizo cargo de la plataforma de redes sociales Twitter, a la que rebautizó como X, en un acuerdo de US$44.000 millones.
Musk renunció a las políticas de moderación de contenido y eliminó el veto a los usuarios considerados infractores de las reglas sobre discurso de odio y desinformación.
Uno de los usuarios a los que restituyó fue Trump, cuyo perfil había sido censurado tras el motín del Capitolio en enero de 2021 por seguir afirmando que las elecciones de 2020 habían sido amañadas en su contra.
La adquisición de Musk trajo cambios radicales a X, como la reducción de plantilla de unas 8.000 personas a 1.500.
En abril de 2023 le dijo a la BBC que su razonamiento para tomar esta medida era que “si toda la empresa se hunde, entonces nadie tendrá trabajo”.
“Su idea de eficiencia era despedir a mucha gente”, afirma Alex Waddan, profesor de política estadounidense en la Universidad de Leicester.
Como respuesta al éxodo de anunciantes por relajar las políticas de libertad de expresión de la plataforma, el empresario monetizó algunas funciones para aumentar los ingresos.
Convirtió las marcas azules, que antes indicaban que una cuenta de una figura pública era auténtica, en un modelo de suscripción y vinculó los pagos de publicidad a usuarios “verificados” con la cantidad de interacciones recibidas.
Pero estos cambios tuvieron algunas consecuencias no deseadas.
Tras un aluvión de críticas, X asignó marcas de oro o plata a las cuentas oficiales para evitar que se confundieran con falsas, lo que significa que las marcas azules solo indican que una cuenta es de pago.
Incentivar a los usuarios con una parte de los ingresos publicitarios también aportó una vía para que las llamadas “granjas de bots” ganaran dinero con interacciones a su contenido generado automáticamente. Musk ha dicho que su equipo ha eliminado de forma repetida las cuentas de bots.
Los críticos sostienen que sus cambios han dado prominencia al discurso de odio y la desinformación, aunque él sostiene que la red social es políticamente neutral.
“Como ’empresario en serie’, Musk ha sido implacable en su intento de mejorar la eficiencia institucional en sus propias compañías”, evalúa Thomas Gift, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de Política Estadounidense en el University College de Londres.
Añade que, aunque el papel principal de Musk será “reducir la maraña de burocracia que es el gobierno federal de Estados Unidos”, su puesto también le aportará influencia en la nueva administración.
“Si bien su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental será más informal, no hay duda de que Trump lo escucha, al menos por el momento”, sentencia.
Elon Musk “es extremadamente antirregulaciones y odia que el gobierno o cualquier otra persona le diga qué hacer“, describió la periodista de investigación Kristen Grind en el podcast The Daily del diario estadounidense The New York Times.
El acrónimo DOGE ideado por Musk hace referencia a un meme de un perro Shiba Inu que luego dio su nombre a la criptomoneda Dogecoin. Él ha mencionado ambos con frecuencia.
Christopher Phelps, profesor de historia política moderna de Estados Unidos, interpreta que el nombre es “un guiño a la desregulación de las criptomonedas como parte de sus planes”.
Los precios de las criptomonedas aumentaron después de la elección de Trump, lo que hace pensar que el presidente entrante creará un entorno regulatorio relajado.
Pero los llamamientos desregulatorios de Musk también pueden atribuirse en parte a las frustraciones que ha padecido con sus otras empresas comerciales: la compañía de vehículos eléctricos Tesla y la firma de cohetes SpaceX.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado repetidamente a Tesla de intentar evitar que sus trabajadores se sindicalicen, lo que en algunos casos podría infringir la ley federal.
Musk, cuyo patrimonio neto estimado alcanza los US$290.000 millones, ha afirmado anteriormente que “no está en contra de todos los sindicatos”, pero que el sindicato de trabajadores automotrices “tiene un historial de destrucción de productividad que impide a una empresa competir”.
En septiembre, Musk amenazó con demandar a la Administración Federal de Aviación por sus planes de multar a su compañía SpaceX con US$633.000 por supuestas infracciones de licencias relacionadas con algunos de sus lanzamientos de cohetes desde Cabo Cañaveral, en Florida.
Acusó a la agencia de “extralimitación regulatoria”.
También ha dicho en repetidas ocasiones que quiere colonizar Marte, y el programa Starship de SpaceX es un intento de hacer esto posible.
Pero en septiembre escribió que esto solo era una posibilidad “siempre que no se vea sofocada por la burocracia” y afirmó que la creación del DOGE era “el único camino para extender la vida más allá de la Tierra”.
Entonces, ¿hasta qué punto su motivación para asumir el rol en el gobierno responde a sus intereses comerciales?
Musk “se beneficiará personalmente de gran parte de la desregulación que promociona”, opina el profesor Phelps.
“Creo que poner a alguien que es multimillonario y dirige grandes corporaciones a cargo de un proyecto federal de desregulación es algo, por naturaleza, lleno de conflictos de intereses“.
Por su parte, el profesor Gift apunta que “no hay duda de que Musk tiene importantes intereses creados en el panorama regulatorio de Estados Unidos como resultado de sus muchas empresas comerciales”.
Al mismo tiempo, matiza, “es difícil afirmar que este sea el único motivo que lo impulsa”.
“Musk ha asumido enormes riesgos personales y políticos al salir del armario a favor de Trump, y muchas de sus actividades y retórica parecen mostrar a un individuo ideológicamente comprometido con causas en las que cree”.
El profesor Waddan coincide con este punto de vista: “es evidente que tiene algo en juego y un interés propio, pero igualmente puede creer sinceramente que hay demasiada regulación y demasiada burocracia gubernamental”.
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