Un metaperitaje practicado en el caso de Esmeralda, menor que fue acusada de homicidio por la Fiscalía de Querétaro luego de perder al producto de una violación que sufrió, desmiente varias afirmaciones hechas por el ministerio público local en contra de la adolescente de 14 años.

En el peritaje inicial, hecho por una médico legista de la misma Fiscalía de Querétaro, se asentaron datos imprecisos, como la hora en la que se dieron los hechos.

Fue la organización feminista Adax Digitales A.C. quien dio a conocer este jueves una parte del metaperitaje realizado al primer peritaje hecho por la Fiscalía de Querétaro.

Fiscalía mintió en la hora de los hechos

“Fuera de realidad ya que el hecho del parto fortuito sufrido por la madre adolescente fue a las 17:00 horas del 05/06/2023, que sí es demostrable este hecho por los tiempos referidos tanto por la hermana menor, el padre, el personal que le brindó el manejo profesional en el hospital (…) habiendo quedado registrado en el expediente clínico”, señala el médico forense que realizó el metaperitaje.

Un metaperitaje es una prueba científica forense reciente en México, creada a partir de la conformación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y se conoce también como “el peritaje del peritaje”, según lo define el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

La defensa de Esmeralda solicitó el metaperitaje a partir de las inconsistencias que encontraron en la carpeta de investigación de la Fiscalía de Querétaro.

Tanto el peritaje como el metaperitaje tuvieron que ser tomados en cuenta en la audiencia de juicio que se llevara a cabo en el caso de Esmeralda, pero eso no sucederá ya que la Fiscalía se desistió del delito de homicidio en contra de la menor, así lo explicó Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero en entrevista con Animal Político.

Leslie Jiménez, abogada penalista especializada en casos con perspectiva de género, precisó a este medio que el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, solo podría ser destituido –como lo han solicitado algunas personas a través de redes sociales y tras darse a conocer el caso– si la presión social llevara a que le abrieran un proceso ante el Congreso de Querétaro, pero legalmente no tiene responsabilidad penal o administrativa en el caso.

“Sí que hay una cadena de responsabilidades, pero primero está la fiscal que integró la carpeta de investigación y sus auxiliares periciales, que le acercaron las pruebas para concluir lo que ellos sostienen en la carpeta”, precisó la abogada.

Así que la fiscal que integró la carpeta de investigación del caso de Esmeralda podría tener no solo responsabilidades administrativas, ante la visitaduría u órgano interno de control de la Fiscalía de Querétaro, sino penales, si se comprueban algunos supuestos.

A decir de Leslie Jiménez, un primer incumplimiento de la Fiscalía de Querétaro que sí amerita responsabilidades es que dieron datos sensibles de la carpeta de investigación en varias entrevistas, como los detalles que comentaron sobre el producto que falleció y de Esmeralda.

“La organización civil que lleva el caso (Adax Digitales A.C.) puede hacerlo porque son civiles; pero la fiscalía sí incurrió en una ilegalidad al dar a conocer ciertos datos”.

De acuerdo con la abogada de Impunidad Cero, también se desprenden responsabilidades penales si se advierten alguno de los siguientes supuestos en el caso:

• Un trato inhumano, como haber obligado a firmar documentos, no prestar atención médica o psicológica en caso de requerirla.
• Si se advierte que la fiscal que atendió el caso no tiene especialización o estudio especializado en atención a niños, niñas y adolescentes.
• Pérdida de documentos en las pruebas periciales o falsedad comprobable en las pruebas.

Leslie Jiménez hizo énfasis en que todas las fiscalías tienen un área que vigila el actuar de los fiscales, en la mayoría de éstas se llama visitaduría, pero algunas lo radican en el órgano interno de control.

Además, toda posible irregularidad de una fiscalía se puede presentar ante las comisiones de Derechos Humanos estatal o nacional.

Despenalizar el aborto a nivel federal educarás todos

Patricia Mercado, diputada de Movimiento Ciudadano y activista por los derechos de las mujeres, destacó en entrevista con Animal Político, que la relevancia de despenalizar el aborto a nivel federal radica en que, mientras eso no suceda, las autoridades y leyes locales no normalizarán el criterio recomendado por la Corte en 2023.

“La importancia de despenalizar a nivel federal es esa: aunque exista el mandato judicial, no estamos dando el mensaje correcto desde la federación para que se armonicen las leyes de salud y los códigos penales a nivel local”.

A inicios de septiembre de 2023, la Corte despenalizó el aborto a nivel federal; en resolución a un amparo presentado por el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), la Primera Sala consideró que los artículos 330 a 334 del Código Penal federal son inconstitucionales.

A finales de ese mismo mes, senadoras de todos los partidos políticos –incluido el PAN– acompañaron una iniciativa para eliminar esos artículos de la ley.

Desde entonces, lamenta Patricia Mercado, el Congreso federal no ha retomado el tema.

“Hoy estamos metiendo la misma propuesta para despenalizar, un grupo de diputadas de Morena también la presentó la semana pasada; pero esperamos lograr un acuerdo para presentar algo también conjunto”.

Despenalizar el aborto en las leyes federales, aunque sea un delito perseguido solamente a nivel local, lograría obligar a los ministerios públicos, médicos legistas, personal médico en clínicas, a los docentes en las escuelas, a educarse y educar sobre la interrupción del embarazo, explica la diputada federal.

“El tema es que, a partir de no saber, instituciones como los DIF, las clínicas de atención médica, las escuelas, no les dicen que una opción a un embarazo no deseado es la interrupción del mismo, tenemos la Norma Oficial 046 que obliga a todos los servicios de salud para hacer interrupciones del embarazo en caso de violación”.

“No saben que están embarazadas, no saben si solo están engordando, y las primeras que deben educar sobre el tema son las escuelas; una ley federal debería garantizar la educación en derechos sexuales y derechos reproductivos”.

“Y lo que pasa en las fiscalías, como en este caso, solamente no le creen a la niña. Dice ‘me abusaron, no sabía que estaba embarazada’ y no le creen. Para una mujer adulta puede ser difícil, pero podría tomar acción… pero una niña, ¿cómo se espera que actúen las niñas?”, cuestionó Patricia Mercado.