México sigue sin avances para cerrar brecha salarial de género; mujeres ganan 85 pesos por cada 100 que percibe un hombre
México carece actualmente de mecanismos que ayuden a cerrar la brecha salarial de género, la cual en 2024 tuvo el mismo nivel que en 2013, que es de un 15 % que asciende a un 35 % cuando se contemplan todos los ingresos de las mujeres, además de los laborales, como transferencias, rentas y otros.
De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con el patrocinio de la Embajada Británica, pese a que en nuestro país existe la Norma Mexicana sobre Igualdad Laboral y No Discriminación, que propone tabuladores salariales y medición en los centros de trabajo, al ser voluntaria solo se aplica en 521 sitios, es decir, menos del 0.01 % de las unidades económicas del país.
Además, aunque el sector privado también ha impulsado iniciativas voluntarias, se trata de esfuerzos aislados o poco representativos. De más de 200 empresas que cotizan en bolsas de valores, solo 23 % reportan alguna política para cerrar la brecha salarial, mientras que únicamente 70 empresas de la American Chamber of Commerce México (AmCham) se han comprometido a evaluar mecanismos de contratación, ajustar procesos de selección y revisar prácticas internas de salario.
El análisis del IMCO detalla que mientras en 2005 las mujeres en México percibían ingresos 20 % menores a los hombres, porcentaje que se redujo gradualmente hasta llegar a 15 % en 2013, luego de registrar otra disminución durante la pandemia a 11 %, tras la recuperación de las condiciones laborales en la postpandemia volvió a alcanzar el mismo nivel que en 2013 (15 %), por lo que en la última década no se han presentado en realidad cambios significativos.
Hoy, por cada 100 pesos que un hombre percibe, una mujer recibe 85, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Aunado a que la brecha crece hasta 35 % cuando se contemplan todas las fuentes de ingresos de las mujeres, a nivel nacional una mujer tendría que trabajar alrededor de 61 días adicionales –dos meses más– al año para alcanzar el ingreso promedio anual de un hombre.
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Por otro lado, conforme aumenta el nivel jerárquico dentro de las organizaciones, destacó el instituto durante la presentación de su informe, disminuye la participación de las mujeres y se amplían las brechas salariales. Las mujeres en México representan el 43 % de la plantilla laboral, lo que disminuye a 23 % en dirección de áreas jurídicas, 11 % en dirección de finanzas y 3 % en las direcciones generales.
Fernanda García, directora de Inclusión del IMCO, precisa que, además, los datos públicos no permiten obtener con exactitud cálculos de qué tanto se incrementa la brecha salarial según el nivel de los puestos. Lo anterior porque es difícil contar con un estándar homogéneo de jerarquías. Algunas iniciativas independientes, como la de la organización Aequales, han hecho cálculos entre algunas empresas a partir del criterio de qué tan lejos está un puesto de la dirección, pero sigue tratándose de aproximaciones limitadas.
En sus resultados de 2021 entre empresas que participaron en sus mediciones –una muestra voluntaria y por lo tanto, reducida–, se desprendió que la brecha salarial era de 23.5 % del primer nivel jerárquico, 30.13 % en el segundo y 29.96 % en el tercero. En tanto, de acuerdo con los cálculos de ONU Mujeres, la brecha salarial a nivel mundial es del 16 %.
Otro punto que destaca el informe de IMCO es que la brecha salarial es menor cuanto menos es la edad de las personas en el mercado laboral: entre los 20 y 29 años, las mujeres tienden a ganar solo 8 % menos que los hombres, mientras que la mayor disparidad de ingresos ocurre entre los 30 y 39 años, periodo que coincide con decisiones relacionadas con el matrimonio y la maternidad. Del mismo modo, consideran importante subrayar que las mujeres que trabajan en la informalidad tienen un ingreso 41 % menor que aquellas empleadas en la formalidad.
El instituto resalta que en las últimas casi tres décadas, se han presentado mil 225 iniciativas legislativas relacionadas con avanzar hacia una mayor igualdad de género, de las cuales 55 se enfocan en cerrar la brecha salarial. De ellas, 30 han sido aprobadas, 76 % en el último periodo legislativo, impulsadas por el paquete de reformas presentado por la presidenta Sheinbaum en octubre de 2024. Sin embargo, las mayores deudas están en la implementación.
¿Por qué es indispensable un Sistema Nacional de Cuidados?
Entre las recomendaciones que hace el estudio tanto al sector público como privado para cerrar la brecha salarial de género, una central es estructurar un Sistema Nacional de Cuidados. Si bien en la última década se han logrado avances internacionales en torno a políticas de cuidado, sostiene el IMCO, en México persisten deficiencias en cuanto a disponibilidad, acceso y calidad de estos servicios.
“Según estimaciones de la OIT, una inversión aproximada de 895 millones de pesos en políticas de cuidado permitiría a México reducir la brecha salarial mensual en 4.5 % para 2035. Las políticas de cuidados son integrales cuando se basan en los derechos humanos y laborales, y se proporcionan de manera continua a lo largo de todo el ciclo de vida, asegurando tiempo, seguridad de ingresos, servicios y derechos”, subraya el documento.
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Animal Político publicó a principios de marzo la investigación Cuidadoras sin oportunidades, que parte de la premisa de que sin un sistema nacional de cuidados, la igualdad de género nunca será una realidad: en México, 19.6 millones de mujeres no acceden al mercado laboral por dedicarse al cuidado. De hecho, el 80 % de las personas jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres, la mayoría de ellas debido a tareas de cuidado. Por lo tanto, están destinadas a empleos precarios o a una brecha salarial que no solo persiste, sino que es más amplia a mayor número de hijos.
Las políticas de cuidado necesarias, de acuerdo con el IMCO, incluyen tiempo para cuidar y ser cuidado, seguridad de los ingresos mediante prestaciones monetarias para quienes cuidan, servicios de salud y cuidado infantil de calidad, también para personas con discapacidad, así como asegurar la prevención y protección frente a formas de discriminación, violencia y acoso con condiciones laborales seguras y decentes.
En particular, se señalan programas indispensables que deben formar parte de esa política nacional de cuidados: licencias de paternidad, licencias parentales, licencias para cuidados de larga duración, licencias por motivos urgentes, protección de mujeres embarazadas y lactantes, lactancia materna en el trabajo, así como servicios públicos de cuidado infantil y cuidados de larga duración.
La implementación de un Sistema Nacional de Cuidados debe partir –apuntan— de reformas legislativas y regulación que alinee la legislación nacional con las normativas internacionales y amplíe la cobertura de cuidados de larga duración, retomar la conversación legislativa sobre licencias de paternidad, y definir a instituciones responsables de la ejecución y monitoreo del sistema.
De la misma manera, se requiere asignar recursos suficientes y aprovechar los estudios sobre el impacto económico del retorno de inversión, así como crear indicadores que midan el acceso de las familias a los servicios, su satisfacción y los avances en la reducción de la brecha.
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Aprendizajes del Reino Unido para reducir la brecha: transparencia salarial
La introducción obligatoria de la transparencia salarial para empresas con más de 250 colaboradores redujo la brecha salarial de género en el Reino Unido en 5.3 puntos porcentuales entre 2017 y 2024.
Para ello, fueron fundamentales tres medidas clave, según compartió su embajadora en México, Susana Goshko: legislar, medir efectivamente la disparidad y medir la comunicación efectiva. En ese país se desarrolló una metodología –después adaptada a México por la organización Intersecta– para medir y transparentar un indicador único desde 2018.
“La evidencia muestra que transparentar los salarios por nivel de puesto contribuye a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Canadá, por ejemplo, la implementación de legislación en esta materia redujo la brecha salarial entre personal académico universitario del sector público entre un 20 % y 40 %, según la provincia”, suma el estudio del IMCO.
En la actualidad, el Reino Unido cuenta con una herramienta de consulta pública donde se pueden ver las brechas salariales por empresa. Ahí puede saberse, entre muchas otras, que, por ejemplo, en la empresa Amazon en ese país prácticamente no hay brecha salarial de género, en Apple Limited es de 14 a 18 % y en Columbia Pictures es de 19.4 a 25 %, solo por mencionar una búsqueda aleatoria.
En tanto, los países de la Unión Europea tienen hasta junio de 2026 para implementar la Directiva de Transparencia Salarial, que busca impulsar esta práctica como herramienta para visibilizar y cerrar la brecha salarial, aunque aún no tiene carácter obligatorio. Una vez pública, cuando supera el 5 %, es necesario un análisis para reducirla; del mismo modo, las personas colaboradoras pueden solicitar detalles sobre los niveles de puestos, rangos salariales y avances profesionales, así como conocer los salarios de colegas que hacen tareas de igual valor.
Al mismo tiempo, las empresas deben informar los rangos salariales en sus ofertas laborales y no podrán preguntar sobre el historial salarial de los candidatos, mientras que en caso de existir alguna queja por discriminación salarial, es la empresa quien debe demostrar que no incurrió en tal, en lugar de que la persona trabajadora deba probar el señalamiento.
“Implementar la transparencia salarial como un estándar en las empresas mexicanas podría tener un impacto profundo en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esto requiere un marco normativo que prohíba la secrecía salarial y obligue a las empresas a reportar periódicamente sus brechas de género… La experiencia de países como el Reino Unido y Austria muestra que la adopción voluntaria de estas medidas no es suficiente para generar cambios sustanciales”, subraya el IMCO.
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Un relator especial de la ONU dijo a la BBC que era “nada menos que increíble” que los militares siguieran “lanzando bombas cuando se intentaba rescatar gente”.
Tras un terremoto de magnitud que mató a más de 2.000 personas, según cifras oficiales, la junta militar de Myanmar continúa bombardeando partes del país devastado por la guerra.
La ONU calificó los ataques como “totalmente indignantes e inaceptables”.
El relator especial Tom Andrews dijo a la BBC que era “nada menos que increíble” que los militares siguieran “lanzando bombas cuando se intentaba rescatar gente” después del terremoto.
Exhortó al régimen militar, que tomó el poder en un golpe de Estado hace casi cuatro años, a detener todas las operaciones militares.
“Cualquiera que tenga influencia sobre los militares debe aumentar la presión y dejar muy claro que esto no es aceptable”, expresó.
“Hago un llamado a la junta para que simplemente detenga todas sus operaciones militares”, añadió.
El Servicio Birmano de la BBC confirmó que siete personas murieron en un ataque aéreo en Naungcho, en el norte del estado de Shan. Este ataque ocurrió alrededor de las 15:30 hora local del viernes, menos de tres horas después del terremoto.
El lunes, el ejército de Myanmar también llevó a cabo ataques terrestres en la región de Sagaing, afectada por el terremoto, aseguran los rebeldes.
Las denuncias de los rebeldes
Un portavoz de la Fuerza de Defensa Popular de Chaung U -un grupo insurgente- contó a la BBC que fueron objeto de un intenso fuego de mortero. Los rebeldes informaron de cinco convoyes militares en la zona.
Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que representa a la administración civil derrocada, indicó en un comunicado que sus fuerzas comenzarían una pausa de dos semanas en “operaciones militares ofensivas, a excepción de acciones defensivas” en las zonas afectadas por el terremoto a partir del domingo.
Esto ocurre en un momento en que los trabajadores de rescate y socorro a los afectados del terremoto en la región enfrentan una grave falta de recursos.
Los grupos rebeldes prodemocracia que combaten para destituir a los militares también informaron de bombardeos aéreos en el municipio de Chang-U, en la región noroccidental de Sagaing, durante el fin de semana, el epicentro del terremoto.
También hay informes de ataques aéreos en zonas cercanas a la frontera tailandesa.
Los militares también continuaron realizando ataques aéreos el lunes en otras partes del país en su intento de aplastar el levantamiento nacional que lucha por despojarlos del poder.
El terremoto de magnitud 7,7 que afectó a Sagaing, también se sintió en los países vecinos. Luego vinieron informes de destrucción en Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, así como en la capital, Nay Pyi Taw, que está a más de 240 kilómetros de distancia.
La junta afirma que 2.056 personas han muerto, más de 3.900 han resultado heridas y 270 siguen desaparecidas.
La BBC no puede verificar estas cifras de forma independiente, pero ha escuchado que un fuerte olor a cadáveres bajo los escombros está impregnando las calles mientras las temperaturas alcanzan los 40 °C en Mandalay.
El Servicio Geológico de Estados Unidos declaró el viernes que “una cifra de muertos superior a 10.000 es una gran posibilidad” basándose en la ubicación y magnitud del terremoto.
Años de guerra
El sismo se produce después de cuatro años de guerra civil en Myanmar, tras un golpe militar en 2021. El golpe provocó enormes protestas, con miles de personas saliendo a las calles diariamente para exigir la restauración del gobierno civil.
Lo que inicialmente comenzó como una campaña de desobediencia civil pronto evolucionó hacia una insurgencia generalizada que involucró a grupos rebeldes étnicos y prodemocráticos, desencadenando finalmente una guerra civil total.
Cuatro años después, continúan los feroces combates entre los militares, por un lado, y los grupos de resistencia armada, por el otro.
La junta militar, que ha sufrido continuas derrotas humillantes y ha perdido amplias áreas de territorio, recurre cada vez más a los ataques aéreos para aplastar la resistencia a su régimen.
Grandes partes de la región de Sagaing, epicentro del terremoto, están ahora bajo el control de grupos rebeldes.
Una investigación de la BBC reveló que, casi cuatro años después de tomar el poder en un golpe de estado, los militares ahora controlan menos de una cuarta parte del país.
La investigación mostró que los ejércitos étnicos y una mezcla de grupos de resistencia controlan ahora el 42% del territorio, mientras que gran parte del área restante sigue en disputa.
Es en el combate aéreo donde el régimen militar tiene la ventaja. Los grupos de resistencia no tienen la capacidad de contraatacar en el aire.
El ejército tiene antecedentes de realizar bombardeos aéreos indiscriminados que han destruido escuelas, monasterios, iglesias y hospitales. En uno de los ataques aéreos más letales, murieron más de 170 personas, incluidas muchas mujeres y niños.
El organismo de la ONU que investiga las violaciones de derechos humanos en el país ha advertido que la junta militar está cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo.
La guerra aérea militar se sostiene gracias al apoyo continuo de Rusia y China. A pesar de los llamados de la ONU a un embargo de armas en respuesta al golpe, tanto China como Rusia han vendido a la junta sofisticados aviones de ataque y le han brindado entrenamiento sobre cómo utilizarlos.
Rusia y China también han enviado equipos de ayuda y rescate a Myanmar. Pero la activista de derechos humanos birmana radicada en el Reino Unido, Julie Khine, expresó: “Es difícil confiar en la compasión ahora cuando también son los mismos países que suministran a la junta militar armas letales utilizadas para matar a nuestros civiles inocentes”.
También hay una preocupación generalizada de que los militares utilicen la ayuda como arma en la guerra civil.
El ejército de Myanmar tiene una práctica de larga data de negar ayuda a las zonas donde hay grupos de resistencia activos.
Tom Andrews, de la ONU, resaltó a la BBC que durante las labores de socorro anteriores, los militares habían bloqueado la ayuda y arrestado a los trabajadores humanitarios.
“Lo que sabemos de desastres humanitarios y naturales anteriores es que la junta no dice la verdad. Además, tiene la costumbre de impedir que la ayuda humanitaria llegue a donde más se necesita”, afirmó.
“Utilizan esta ayuda como arma. La envían a las zonas que controlan y la niegan a las que no controlan”.
“Así que hay zonas donde existen las necesidades más apremiantes y literalmente la ayuda está intentando entrar, hay camiones bloqueando el paso, la gente atrapada; ese ha sido el patrón de su respuesta a desastres naturales en el pasado”.
“Me temo que supongo completamente que ese sea el caso con este desastre”.
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