“El aborto ya está despenalizado en todo México”, recuerda el ministro Irving Espinosa a la Iglesia
El ministro Irving Espinosa Betanzo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aclaró que el máximo tribunal del país ya emitió una sentencia que despenaliza el aborto en todo el país desde 2023, y que actualmente solo analiza un proyecto que reclama la disminución del plazo legal para abortar en Aguascalientes, de 12 a 6 semanas.
Lo anterior lo hizo en respuesta a la Arquidiócesis Primada de México, que en una editorial publicada en el periódico Desde la Fe este domingo, sostuvo que la Corte tiene un proyecto que busca eliminar el tipo penal en su totalidad.
“El aborto ya está despenalizado en México desde 2023. El proyecto que tengo a mi cargo tiene por objetivo revisar la disminución del número de semanas para la interrupción legal del embarazo (en Aguascalientes). El proyecto ya está publicado, ustedes lo pueden revisar, está en las listas”, señaló el ministro durante un encuentro con medios.
La reducción legal del periodo para abortar en Aguascalientes se dio a menos de un año de que se hubiera aprobado la despenalización en el estado hasta las 12 semanas, cuando el 28 de agosto de 2024, el congreso local aprobó una iniciativa que reducía a 6 semanas el periodo permitido para abortar de manera voluntaria en el estado. Esto pese a que en diciembre de 2023, había sido despenalizado en respuesta a un amparo promovido por organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, Espinosa Betanzo recordó que, como cualquier otro proyecto, será sometido a la consideración del Pleno de la Suprema Corte, para que las ministras y ministros lo estudien y emitan sus comentarios correspondientes para la sesión del martes 6 de enero.
Las reformas regresivas en Aguascalientes
Desde la semana pasada, la Corte hizo público el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 173/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que impugnaron diversas reformas al Código Penal y la Ley para la Protección de la Vida del estado de Aguascalientes, particularmente aquellas modificaciones que reducen el plazo legal del aborto.
En su proyecto, el ministro Espinosa Betanzo argumenta que estas reformas fueron regresivas e inconstitucionales, porque vulneran diversos derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonomía reproductiva, la salud y el principio de no discriminación de las mujeres y personas gestantes.
Además, aborda la invalidez de diversas modificaciones relacionadas con la ejecución penal y la omisión de consulta previa a personas con discapacidad, destacando que la criminalización del aborto consentido es una medida desproporcionada.
“La criminalización del aborto consentido o autoprocurado constituye un acto de violencia y es producto de la discriminación estructural en razón de género en contra de las mujeres y personas gestantes que anula su dignidad y su autonomía, al considerarlas como objetos de regulación y no como auténticas sujetas de derechos, capaces de tomar decisiones sobre su cuerpo y su plan de vida”, señala el ministro en su proyecto de sentencia.
Tras la publicación del proyecto, la Arquidiócesis de México publicó un editorial titulado “El desprecio por la vida humana en la Corte” en el que criticó que la propuesta, según su visión, no considera “el bienestar de la madre ni del niño, además de basarse en argumentos sin sustento estadístico o científico”.
Sin embargo, organizaciones y colectivos han subrayado que la modificación del plazo para abortar en Aguascalientes representa un retroceso al ejercicio del derecho y se trata de la única entidad en la que se ha reducido. Agrupaciones estatales, como Morras Help Morras, han subrayado que se trata de un acto de desacato y violación a los derechos humanos, que implica un retroceso sin precedentes al derecho al aborto.
La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha establecido explícitamente en sus directrices sobre la atención para el aborto que no se recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que restrinjan el aborto basándose en supuestos, ni aquellas que prohíban el aborto basándose en límites de edad gestacional, lo cual responde, de acuerdo con los expertos, a estigmas, no a consideraciones técnicas.
Sí hay un argumento científico para despenalización del aborto, responde ministra Loretta
La ministra Loretta Ortiz Ahlf también especificó que la despenalización total del aborto ya fue discutida desde hace más de cinco años, por lo que incluso su resolución ya es una jurisprudencia obligatoria en todo el país.
“Sí que es un tema complejo, porque abarca no solamente el derecho al aborto, sino también a tener la pastilla del día después, tener acceso también a los servicios médicos para poder practicar el aborto, también tenemos la objeción de conciencia que está muy vinculada con la cuestión del aborto. Hay varios estados de la República que han ajustado su legislación; sin embargo, tenemos otros muchos que no la han ajustado, podríamos decir que están en incumplimiento de esta jurisprudencia de la Corte, porque es jurisprudencia obligatoria”.
Aunque a partir de esa sentencia, se considera que hay jurisprudencia para la despenalización a nivel nacional, en los hechos el delito se persigue en el fuero común de cada entidad de la República, por lo que para hacerla efectiva se requiere que cada una de ellas reforme sus leyes locales, como se ha hecho en 27 de 32 estados hasta la semana 12 de gestación en términos generales, por la vía legislativa o judicial.
Sin embargo, en al menos cuatro todavía está pendiente legislar para armonizar las leyes a las determinaciones de la Corte, mientras que Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora siguen sin despenalizar. Aunado a ello, en el Congreso de la Unión está pendiente la reforma al Código Penal Federal, mientras que en la Ciudad de México ya se ha presentado una iniciativa legislativa para eliminar el aborto de manera absoluta del código penal local, lo cual es el siguiente paso deseable en todos los casos, de acuerdo con las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.
Pese a ello, la ministra Loretta Ortiz precisó que está establecido que el aborto es legal hasta la semana 12, más por una cuestión más científica que jurídica: “Cuando están las 12 semanas, ese es el punto, o sea más tampoco es posible, ese punto exacto cuando se forma, se empieza a formar la corteza cerebral. Antes teníamos un cigoto, por eso se fijó en 12 semanas en la jurisprudencia que tenemos como obligatoria”, señaló.
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Por su parte, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía explicó que luego de la despenalización del aborto en todo el país, la Corte tiene que ir valorando la constitucionalidad o no de todas aquellas leyes que tienen que ver con el aborto dentro de cada entidad federativa.
“Por ejemplo, hace muy pocos días, en el seno del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se quiso hacer un cambio relacionado también con aborto. No prosperó, faltaron votos para el cambio normativo. Hasta que no quede modificada esa disposición normativa […] no podrían venir con nosotros para que valoremos la constitucionalidad o no de esa disposición normativa, pero así tenemos que ir resolviendo en relación con cada uno de esos códigos de las entidades federativas”.
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Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
Un fenómeno en auge
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Barcos que engañan
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
Una flota fantasma en aparente crecimiento
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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