Colectivas del Estado de México impulsan una nueva iniciativa que propone la eliminación absoluta del delito de aborto en el Código Penal del estado.

Esto implicaría la derogación total de los artículos 250 y 251 de la norma local. En tanto, se mantendría la penalización para la interrupción del embarazo sin el consentimiento o en contra de la voluntad de las mujeres y personas gestantes, y con suspensión del ejercicio cuando quien practique abortos forzados sea un profesional de la salud.

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“Tan sólo cuatro años atrás, en el 2020 el Estado de México fue el primer lugar a nivel nacional con 5 casos de violación al día, de acuerdo a los reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), cifras que aunque han disminuido, siguen siendo parte de nuestra cotidianidad en un estado que no ha priorizado las alertas de violencia. Al ser forzadas a continuar con un embarazo no deseado, su derecho a la salud, educación y desarrollo personal se ve vulnerado”, se lee en la argumentación de la iniciativa.

Más de 72 mil 300 mujeres mexiquenses, subrayan las organizaciones de la entidad, han acudido a la Ciudad de México de 2007 –cuando se despenalizó en la capital– a 2020 para practicarse un aborto, por lo que durante ese periodo el Estado de México representa la segunda entidad en el número de atenciones (27.4%) que otorga la capital.

Además, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las 633 carpetas de investigación abiertas por delito de aborto en el país durante 2020, 145 (23%) correspondían al Estado de México. En 2018, 2019 y 2021 ya han sido presentadas otras iniciativas para despenalizar el aborto en la entidad, recuerdan las colectivas. La última fue respaldada por más de 100 agrupaciones del estado, que presentaron una nueva también en 2022.

Todas se han quedado en la congeladora, acusa Emma Obrador, abogada feminista y activista en la entidad. “Muchos años han sido los que ya llevamos de lucha social; mujeres, mujeres indígenas, de la periferia, con discapacidad, de la disidencia sexogénerica, hombres transexuales, personas no binarias, intersexuales, con capacidad de gestar, años que nos ha costado poner y exponer la cuerpa”, subraya.

Sin embargo, desde junio de este año, más de 50 colectivas del Estado de México comenzaron a reunirse para conformar la Marea Verde Edomex. La presentación de la iniciativa contempla, al mismo tiempo, varias acciones de visibilización en la entidad que se realizarán a partir de este sábado 21 y hasta principios de octubre de este año.

“En una coyuntura crítica, que implica una legislación paritaria y progresista, en donde buscamos se nos reconozca por fin el derecho humano a la autonomía, a decidir sobre nuestros cuerpos y a la salud sexual y reproductiva. Existimos porque resistimos, y somos reinsistentes”, añade la activista.

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La iniciativa también hace énfasis en las mujeres indígenas, que padecen con mayor crudeza y múltiples dificultades la falta de acceso a servicios de aborto, pues las barreras que enfrentan están influenciadas por factores culturales, económicos, sociales y estructurales, así como limitadas por las diferencias lingüísticas, debido a que en la entidad hay muy pocos servicios de salud disponibles en lenguas maternas.

“Las mujeres mexiquenses a lo largo de la historia han alzado sus voces, han marchado, debatido, propuesto y trabajado por el respeto y reconocimientos de sus derechos humanos. Hoy continuamos en pie por la defensa del derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, desde la promoción de la educación sexual integral, el acceso a servicios dignos de salud sexual y reproductiva”, sostienen las colectivas en el documento.

Ahí mismo recuerdan que hasta septiembre de 2024, ya son 13 los estados de México que no penalizan la interrupción del embarazo, aunque en todo el territorio está permitido en casos de violencia sexual en cualquier momento de la gestación, de acuerdo con la NOM046. Hoy, Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Sinaloa y Puebla permiten la práctica de abortos con límite en la edad gestacional. En tanto, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Yucatán aún deben acatar mandatos judiciales que obligan a que sus congresos modifiquen sus leyes locales.

“Obligar a las personas que viven en el Estado de México a viajar a la Ciudad de México para acceder a servicios de aborto puede tener un impacto desproporcionado en quienes se encuentran en situación de pobreza, personas con discapacidad, quienes tienen responsabilidades de cuidado, adolescentes y otras personas con dificultades para desplazarse a la ciudad”, remarcan las activistas locales en la iniciativa.

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Además, aseguran que muchas veces, los abortos no son registrados de esa manera en los egresos hospitalarios, ante el temor de que profesionales de la salud sean cuestionados o criminalizados, por lo que la prohibición también les afecta. Por otro lado, según los datos recabados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su  “Informe Justicia Reproductiva 2021”, entre 2010 y 2020 solo se registraron 79 abortos por NOM046 en la entidad.

Obstáculos diversos para acceder al aborto: HRW

Junto con la presentación de la iniciativa, las colectivas también destacaron los datos del informe “Navegando obstáculos. Acceso al aborto en el Estado de México”, publicado por la organización Human Rights Watch en agosto de este año.

En ese reporte se destaca, en primer lugar, que la entidad enfrenta serios desafíos en torno a la violencia de género, pues de acuerdo con el INEGI, un 60.7% de las mujeres del Estado sufrirán violencia sexual en algún momento durante su vida, que es una proporción mayor que el promedio nacional, ubicado en 49.7%.

Actualmente, el aborto voluntario está penalizado con uno a cinco años de prisión, y solo se exceptúan los siguientes casos (causales), según el artículo 251 del Código Penal local: cuando es espontáneo o resultado de una violación, cuando está en peligro la vida de la mujer o cuando existen alteraciones genéticas o congénitas en el producto.

De acuerdo con las respuestas a solicitudes de información pública elaboradas por la organización, hasta junio de 2024 el IMSS declaró que no prestaba servicios de aborto; en noviembre de 2023, el IMSS Bienestar informó que no había asumido la administración de los hospitales públicos, y el ISSSTE aseguró que no había prestado servicios de aborto en los cinco años precedentes, pese a la existencia de las causales.

En tanto, entre 2018 y 2022, las instalaciones adscritas a la Secretaría de Salud del estado registraron 41 mil 261 egresos hospitalarios de atención por aborto, sin precisar por cuáles causales, y 179 altas de atención por aborto bajo la causal de violación. El bajo número de abortos ligados a violaciones sexuales en la entidad indica –concluye HRW– que hay una utilización limitada del servicio en el sector público.

De acuerdo con la información que recopila el informe, proveniente de la Secretaría de Salud local, las mujeres de entre 20 y 24 años son las usuarias más frecuentes de servicios de aborto. En 2022, sumaron 2 mil 406 los egresos hospitalarios en este rango de edad, seguido por el de 25 a 29 años, y el de 15 a 19.

Aunado a ello, HRW comprobó que existe un fuerte estigma asociado con el aborto entre el personal de salud del Estado de México, que se basa en la idea de que las mujeres, una vez embarazadas, tienen la obligación de ser madres. Mediante entrevistas, la organización ubicó diversos ejemplos de estereotipos sobre las mujeres que buscan abortar, lo que a menudo genera conductas que perjudican el acceso al aborto.