Xoco bajo asedio: el testimonio de un pueblo originario frente a la gentrificación y la violencia institucional
En San Sebastián Xoco, pueblo originario de la alcaldía Benito Juárez, la gentrificación se manifiesta en una serie de violencias cotidianas que, de acuerdo con sus habitantes, buscan hacer inviable su permanencia en el territorio.
El encarecimiento de la vida, las agresiones vecinales, la precarización de los servicios y la violencia institucional forman parte de un proceso que comenzó con la llegada de megaproyectos inmobiliarios como Mitikah.
“Todo lo aumentan: el predial, el agua, la vida. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que nos vayamos, expulsarnos a las orillas de la ciudad”, reflexionan en entrevista con Animal Político integrantes de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco. “Y que nosotros hagamos lo mismo con quienes viven allá, para que se vayan todavía más lejos, a otros estados”.
La resistencia del pueblo está encabezada principalmente por mujeres adultas mayores, quienes han asumido la defensa del territorio frente a un proceso que, aseguran, no solo transforma el espacio urbano, sino que altera de manera directa sus condiciones de vida. Aunque sus familias respetan su lucha, muchas veces no la aprueban del todo por los riesgos que implica.
Agresiones desde los edificios
Uno de los efectos más visibles de la gentrificación en Xoco es el aumento de agresiones vecinales asociadas a la llegada de residentes a los desarrollos habitacionales de lujo. Quienes viven frente a torres como City Towers relatan ataques constantes.
“Avientan huevos, botellas… me han roto tejas… te gritan cosas”, denuncia una vecina. En otras ocasiones, dicen, lanzan basura, envases de vidrio, celulares o botellas de cerveza.
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Durante las fiestas tradicionales, la hostilidad se intensifica. “A las procesiones de las celebraciones patronales les han aventado agua, huevo, basura”.
En otro punto del pueblo, entre la Cineteca Nacional y la zona de oficinas, denuncian que han arrojado piedras e incluso sillas desde los edificios, rompiendo láminas de viviendas.
Cuando intentan denunciar estos hechos, las respuestas institucionales resultan insuficientes. Una vecina relata que en el Ministerio Público le exigieron identificar con nombre y departamento exacto a la persona que arrojó los objetos como condición para proceder.
El encarecimiento de la vida
A las agresiones directas se suma el encarecimiento generalizado del costo de vida, que afecta principalmente a los habitantes originarios del pueblo.
“Sí, todo subió. Todo. Ahora nosotras tenemos que salir del barrio para comprar, porque aquí ya no alcanza. Yo voy al mercado Escuadrón 201 o al de Aztecas, porque ahí es más barato. Aquí ya no puedo comprar: dos zanahorias cuestan 10 pesos, es carísimo”.
Comer fuera también se volvió inaccesible. “Si vas a una fonda, la orden ya pasa de 150 pesos. En las plazas comerciales, por lo menos necesitas entre 300 y 500 pesos”. Incluso servicios básicos, como cortarse el cabello, cuestan ahora hasta 300 pesos.
Predial: presión económica para vender
El aumento del impuesto predial es señalado como una de las principales formas de violencia económica institucional. Las cifras, aseguran, se dispararon de manera abrupta.
Sobre los aumentos desproporcionados, explican: “De 2 mil pesos que se pagaban anuales, ahora se pagan 48 mil y hasta 62 mil pesos”. Otra habitante agrega: “Yo pagaba anual 5 mil pesos y ahorita estoy pagando 57 mil 500”.
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Para enfrentar estos montos, muchas familias deben ahorrar durante todo el año, abrir pequeños negocios en sus casas, recurrir a créditos bancarios o enfrentar la presión constante para vender. “Llegan a ofrecerles algún dinero que para ellos puede ser como una salvación, pero no soluciona ni su vida ni el momento”, explican.
Desde ProDESC, organización que acompaña al pueblo, confirman que este patrón se agudizó tras la entrada en operación del complejo Mitikah, en septiembre de 2022. “Hay gente que de pagar cientos de pesos al año en predial ahora tiene que enfrentarse a costos de 50 mil, 60 mil pesos”, señala Guillermo Torres, coordinador jurídico de la organización.
Agua cara y escasa
El acceso al agua es otro de los focos de conflicto. Aunque el cobro ha aumentado, el suministro es cada vez más limitado.
“Antes pagaba ni 500 pesos de agua. Ahorita ya estoy pagando mil 700 pesos… y no tenemos agua: es un hilito el que cae todos los días”, denuncia una vecina.
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Las habitantes aseguran que los grandes edificios cuentan con cisternas profundas y acaparan el recurso. “Primero se tienen que llenar ellos y después la poquita agua nos la dejan a nosotros”.
De acuerdo con datos presentados por ProDESC, el complejo Mitikah representa el 12 % del agua que se suministra al pueblo con solo cuatro tomas, mientras que entre 2018 y 2022 las denuncias por falta de agua se incrementaron en 1,700 %.
Calles peligrosas y pueblo encerrado
La transformación del entorno urbano también ha impactado la movilidad. Las calles del pueblo, recuerdan las habitantes mayores, no fueron diseñadas para el tránsito actual.
“Las motos, las bicicletas, sobre todo los vehículos eléctricos, no hacen ruido… es un peligro”.
Además, aseguran que la obra pública ha priorizado a los nuevos complejos y ha reducido sus vías de acceso. “La única calle que nos dejan es Puente de Xoco. Es la única entrada. Por aquí cruza mucha gente que va a trabajar y se vuelve un caos en las mañanas”.
Un megaproyecto sin consulta
Buena parte de estas afectaciones, señalan habitantes y defensores, se intensificaron con la operación del complejo Mitikah, un desarrollo de usos mixtos —residencial, comercial y de oficinas— cuya torre principal es la más alta de la Ciudad de México.
Pese a que San Sebastián Xoco cuenta con reconocimiento constitucional como pueblo originario, el proyecto fue autorizado sin que se realizara una consulta previa.
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“El pueblo nunca otorgó su consentimiento para la construcción, operación de este proyecto”, explica Guillermo Torres. “Se otorgaron permisos administrativos, como el dictamen de impacto urbano, sin que en ningún momento hubiera un proceso de consulta”.
Negación del pueblo y vía legal
Para las habitantes, una de las violencias más profundas es la negación de su identidad como pueblo originario.
Sobre esto, Guillermo Torres advierte que una de las principales barreras para el ejercicio de derechos colectivos en San Sebastián Xoco es la negativa institucional a reconocerlo plenamente como pueblo originario.
Aunque existen antecedentes históricos, documentación y reconocimiento constitucional, señala que la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) no ha activado ese reconocimiento para efectos jurídicos.
Esa omisión, explica, tiene consecuencias directas en la vida del pueblo. Al no ser reconocido formalmente por la SEPI, Xoco queda fuera de los mecanismos de protección que obligarían a las autoridades a consultar a la comunidad antes de autorizar proyectos con impactos territoriales, como el complejo Mitikah. “Mientras no exista ese reconocimiento, las autoridades actúan como si no hubiera un sujeto colectivo con derechos”, señala.
Torres subraya que esta postura institucional permite que los procesos administrativos avancen sin tomar en cuenta a la comunidad, incluso cuando se trata de decisiones que alteran la movilidad, el acceso al agua o el uso de calles históricas del pueblo. “La falta de reconocimiento no es neutral: habilita que se sigan autorizando proyectos sin consulta”, afirma.
En ese contexto, el amparo promovido por el pueblo de Xoco también apunta a evidenciar esa contradicción: por un lado, las autoridades reconocen la existencia del pueblo en términos simbólicos; por otro, evitan otorgarle el estatus jurídico que activaría derechos, como la consulta previa. “Es un reconocimiento selectivo, que no genera obligaciones para el Estado”, explica Torres.
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Para el defensor, esta situación forma parte de un patrón más amplio de discriminación institucional, en el que los derechos colectivos de los pueblos originarios se subordinan a los intereses de los grandes desarrollos inmobiliarios. “Mientras a Mitikah se le aprobaron todas sus propuestas, las solicitudes del pueblo no fueron atendidas”, señala, en referencia a las decisiones administrativas impugnadas en el juicio
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El sistema de Salud de Ecuador está en crisis y los analistas estiman que tuvo mucho que ver en la derrota electoral del presidente Daniel Noboa en su consulta popular.
A Yawa Sumpa Puar Alexandra, de la comunidad indígena achuar, le entregaron el 29 de noviembre el cuerpo de su bebé en una caja de cartón. La niña de solo un mes había ingresado por un problema respiratorio la noche anterior en el Hospital General de Macas, en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago, y en unas pocas horas falleció.
La plantilla médica recomendó a la mamá buscar un ataúd, pero sola, a cientos de kilómetros de su comunidad y sin hablar bien español, su situación era de total desamparo. Aunque salió en busca de ayuda, como no llevaba dinero, tuvo que volver al hospital.
Ahí se encontró con el improvisado féretro que tuvo que cargar primero al parque principal de Macas donde salen las camionetas y los autobuses a Taisha, y luego las tres horas de viaje hasta esa ciudad de donde despegan las avionetas hacia la zona donde vive su comunidad, en plena Amazonía ecuatoriana.
“¿Cómo es posible que le dejen marchar así, con un bebé muerto en un cartón? Es doloroso ver cómo la manera en que nos tratan los médicos. Es indignante y muy triste porque somos humanos”, dice a BBC News Mundo el miembro comunidad achuar de Kaiptach que auxilió a la madre en un primer momento y tomó la fotografía.
Fue la municipalidad de Taisha la que finalmente la ayudó con un ataúd y con el vuelo de regreso a su comunidad.
“Es la familia la que tiene que traer el ataúd. El hospital no te la da. Eso es así en todo el país. Pero es verdad que sí son los encargados de hacer la gestión para pedir una donación a los municipios o a las prefecturas. Y para eso los hospitales tienen un área de trabajo social”, le cuenta a BBC Mundo Christian Sánchez Mendieta, periodista del diario El Mercurio.
El equipo de este diario había viajado en abril pasado a Morona Santiago después de que 10 niños murieran por leptospirosis, una enfermedad que se transmite por medio de las heces y orinas de roedores, pero con pronóstico favorable para el paciente si se le administran antibióticos.
“Son poblaciones que tienen costumbres completamente diferentes y viven en condiciones insalubres, pero siento que hay una especie de racismo contra ellos”, añade Sánchez Mendieta.
“Dada la gravedad de este hecho se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad”, informó el Ministerio Público de Salud luego de que se difundiera públicamente la foto de la madre y la caja con el cuerpo de su hija.
Pero la imagen tomada en Taisha, que levantó una oleada de indignación en todo Ecuador, se convirtió en un ejemplo dramático de una situación que supera las fronteras de la provincia de Morona Santiago: la crisis en la salud pública ecuatoriana.
Un tema político
El 16 de noviembre, 13 días antes de la muerte de esta niña en Macas, hubo una consulta popular en la que el presidente Daniel Noboa planteó cuatro preguntas a los ecuatorianos. En los cuatro interrogantes -que iban desde la convocatoria a una Asamblea Constituyente hasta el regreso de bases militares extranjeras al país- la gente dijo “No”.
El revés de Noboa sorprendió porque el mandatario gozaba de un nivel de popularidad del 52,7%, según una encuesta realizada por la empresa Cedatos en octubre, y porque ocho meses antes había logrado su reelección en una segunda vuelta con más del 55% de los votos.
Otra de las sorpresas fue una de las causas mencionadas al interior de Ecuador para explicar esta derrota: en un país acostumbrado casi exclusivamente a hablar de las crisis de inseguridad y de las muertes violentas, se mencionó la crisis de salud.
El desabastecimiento de medicinas y todo tipo de materiales médicos había llegado a niveles críticos a finales de septiembre, afectando incluso a medicamentos considerados básicos como la insulina, la morfina, la amoxicilina y fármacos contra el cáncer.
La situación obligó al gobierno de Noboa a declarar el estado de emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) -el que utilizan los trabajadores que contribuyen con su salario al sistema público- y en el Ministerio de Salud.
Solo en los últimos 20 meses, el país ha tenido cinco ministros de Salud, y tras esta inusual rotación, la cartera recae ahora en la vicepresidenta de la República, María José Pinto.
Una de las principal quejas del presidente de la Federación de Nacional de Médicos del Ecuador, Santiago Carrasco, es precisamente la falta de liderazgo técnico y la mala gestión derivada de la falta de conocimiento del sector de los dirigentes.
BBC Mundo se puso en contacto la presidenta de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Ecuador, Diana Blacio, de partido gobernante, pero no obtuvo respuesta.
“El presupuesto para salud ha sufrido recortes significativos: de US$3.219 millones en 2023 bajó a US$2.959 millones en 2024 y a US$2.798 millones en 2025”, explica a BBC Mundo María Verónica Iñiguez Gallardo, asambleísta por la provincia de Loja.
Según datos del Banco Mundial, en 2021 y 2022 también se redujo el monto destinado a los recursos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema sanitario. Esto incluye salarios de personal, compra de medicamentos e insumos, servicios básicos (luz, agua), mantenimiento de instalaciones, y administración.
Es decir, los costos para que los hospitales, clínicas y programas de salud funcionen día a día, sin incluir grandes inversiones en infraestructuras nuevas
Pero para Iñiguez Gallardo, lo más alarmante es la ejecución de esos fondos: “Hasta julio de 2025, solo se había utilizado el 34,6% del presupuesto de inversión, lo que significa que hospitales y centros de salud operan con recursos mínimos”.
Estantes casi vacíos
La asambleísta de Revolución Ciudadana, el principal partido de la oposición liderado por el expresidente Rafael Correa, indica que “el desabastecimiento de insumos y medicamentos es generalizado en todo el país. En septiembre, los hospitales públicos reportaban apenas un 45% de abastecimiento de medicamentos”.
Iñiguez Gallardo indica que, por ejemplo, en los hospitales Monte Sinaí y del Guasmo, los dos centros de salud más grandes de Guayaquil, la capital económica del país, la falta de insumos esenciales alcanzó el 80%.
“En otro hospital de Guayaquil, el Hospital Universitario, 18 recién nacidos murieron tras contraer infecciones asociadas a la atención sanitaria, producto de la reutilización de cánulas contaminadas, insumos cuyo costo es mínimo (US$1 aproximadamente)”, recuerda la asambleísta.
Juan, nombre ficticio de un especialista del Hospital General Monte Sinaí que no quiere ser identificado, describe la precariedad con la que trabajan desde hace un año:
“Si alguien se va a operar al hospital, tiene que traer todo. Faltan agujas, cánulas, hilos de sutura, sedantes, analgésicos. A veces no hay ni algodón o sábanas en las camas. Tenemos guardias de 24 horas pero ya no hay donde comer en el hospital porque a la gente de la cantina hace meses que no le pagan”.
“Ni siquiera podemos hacer exámenes de laboratorio, análisis de sangre, son servicios que prácticamente no funcionan por falta de pago”, le cuenta a BBC Mundo y añade:
“Como faltan muchas medicinas, las familias se ven obligadas a acudir a chulquero (prestamista) y tomar dinero con tasas de interés extremadamente altas y abusivas. O hacen eso o se les muere el familiar. La crisis de salud se extiende a todo el tejido social. Va más allá de la sanidad”.
BBC Mundo trató de contactar el Ministerio de Salud Pública porlos canales oficiales pero tampoco logró que alguien respondiera a estas acusaciones.
Otros pacientes que sufren estos días la escasez de medicamentos son los que necesitan diálisis o quienes padecen diabetes y necesitan una dosis diaria de insulina.
En Guayaquil, el 28 de noviembre, hubo una movilización para denunciar el desabastecimiento de insulina, que según diversas asociaciones se ha agudizado desde 2023 y que afecta tanto a farmacias privadas como públicas.
“Si me preguntas cómo hemos llegado a esta situación, creo que se debe tal vez a una mala gestión desde el Estado al hacer la provisión de las compras”, explica Lucía Mantilla, presidenta de la Fundación Diabetes Juvenil de Ecuador.
“Los diabéticos necesitan insulina todos los días. No es algo que puedas ponerte un día sí y otro no. Y ahora mismo, los miembros de la asociación nos cuentan que tienen que recorrer varias farmacias para encontrar un vial, que a veces lo reparten en dos días o tres”.
“Cuando un paciente diabético no se inyecta insulina esto puede derivar en valores altos de glucosa, que se puede transformar en una cetoacidosis. La cetoacidosis necesita una intervención hospitalaria y si no son atendidos, en el caso extremo pueden caer en un coma diabético”, agrega.
Desde la pandemia
Para varios expertos consultados, la pandemia de COVID-19 -que se ensañó especialmente con Guayaquil- aceleró el colapso del sistema.
“Hubo despidos de miles de profesionales de la salud y salieron a la luz varios casos de corrupción en la compra de insumos médicos”, cuenta Iñiguez Gallardo.
“La pandemia tuvo un gran impacto en Ecuador. Solo hay que recordar los ataúdes en las calles. El país implementó un sistema en el que reservó los hospitales públicos para atender el Covid y derivó al sector privado la atención del resto de patologías”, afirma Marcelo Bortman, ex especialista en Salud del Banco Mundial.
La fórmula suponía transferencias de fondos de los servicios públicos a las clínicas privadas para pagar la factura.
“Para que un sistema de salud sea fuerte, tiene que tener recursos humanos adecuados, estructura y el financiamiento suficiente. Obviamente los hospitales tienen que tener equipamiento y eso es cada vez más caro por la tecnología”, plantea Bortman y añade:
“La mayor parte de los de los presupuestos que tienen los sectores de salud en el mundo son en general para funcionamiento, pero no hay para mantenimiento ni para mejoras. Y con los años, si esas inversiones faltan, los servicios se van deteriorando y las capacidades también”.
Alta sin operación
El diario El Mercurio reportó estos días la historia de un paciente de 22 años ingresado en el Hospital José Carrasco Arteaga desde hace más de 20 días en la ciudad de Cuenca. Féliz Aurelio Suqui se cayó de un montacargas a 15 metros de altura mientras trabajaba.
Según el informe médico tiene entre otras cosas politraumatismo, es decir, muchos huesos rotos -incluidas tres vértebras-, y neumotórax (un colapso en los pulmones). Está en estado grave.
Cómo no hay materiales para la cirugía que necesita, el hospital sugiere darle el alta y que espere en casa los insumos para la operación que necesita.
Pero si la situación es mala en las ciudades, es peor en las zonas rurales.
“Los puestos de auxilio y los puestos de medicina general son muy poquitos en las zonas rurales. Hay que caminar cuatro horas por la selva. Son construcciones de madera que casi no tienen los elementos básicos”, describe el periodista Sánchez Mendieta.
A esto hay que añadir que los médicos en las áreas remotas “son casi siempre recién egresados de la universidad que están haciendo un año de medicina comunitaria”, expone Pablo Ponce, director del colectivo Violín Rojo, una asociación que trabaja con comunidades indígenas en Ecuador. En concreto, Ponce vive desde hace 5 años con los Achuar.
“Pero lo que se necesita es tener médicos contratados, especialistas, un médico general, un pediatra. En los puestos de salud de la zona no existe la forma de hacer un examen de sangre. No hay una garantía de electricidad”, argumenta.
Ese sistema, que deja las zonas rurales lejos de la zona de reparto de insumos o aleja a los especialistas fue la razón por la que Yawa Sumpa tuviera que llevar a su bebé al Hospital de Macas.
Y cuando creyó que la atención médica salvaría a su hija, se encontró con una crisis del sistema que solo le dejó una caja de cartón en las manos.
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