Continúa la violencia en Chiapas: cientos de pobladores abandonan sus hogares en Chicomuselo
Para entender mejor
Un nuevo desplazamiento forzado se registró en Chicomuselo, Chiapas, debido a la ola de violencia e inseguridad que se vive en la región Frontera provocada por disputas entre grupos criminales: 53 familias abandonaron sus hogares, informó Protección Civil estatal.
Autoridades del municipio vecino de Siltepec recibieron a 53 familias “en situación de vulnerabilidad” provenientes del Barrio Galicias en Chicomuselo, de las cuales a 35 se les proporcionó un lugar para alojarse y 18 se resguardan en casas de familiares.
El gobierno de Chiapas informó que ha concretado 4 mil 414 operaciones áreas para tareas de protección civil, seguridad y salud, aunque no detalló cuántas de estas han sido para atender temas de violencia en las zonas afectadas.
El medio Chiapas Paralelo reportó que, tras cuatro días de enfrentamientos armados en Chicomuselo, este martes 20 de agosto cientos de pobladores lograron salir y se dirigieron a La Concordia, Tuxtla Gutiérrez y Comitán, pasando por el Puente Atirantado que inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador el 2 de agosto.
A través del sitio Unidos Concordia en Facebook, se hizo un llamado a los habitantes de dicho municipio para apoyar con alimentos, agua, ropa y productos de higiene personal para los desplazados, los cuales pueden ser llevados al local de la Ganadera y a la parroquia del Señor de la Misericordia.
De igual manera, medios locales como El Heraldo de Chiapas reportaron el ataque contra instalaciones militares en Chicomuselo, uno al cuartel del 101 Batallón de Infantería en la localidad de Pablo L. Sidar y otro al Auditorio local habilitado como cuartel, en los cuales habrían sido lanzados explosivos desde drones y se habría usado un vehículo modificado y blindado de los conocidos como “monstruos”.
Hasta este momento, ni el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Rutilio Escandón, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o alguna otra instancia federal han emitido información al respecto.
Cabe destacar que este domingo 25 hay elecciones extraordinarias en Chicomuselo y Pantelhó, municipios afectados por la violencia, ya que el pasado 2 de junio no se llevaron a cabo los comicios por falta de condiciones de seguridad.
Las regiones Frontera y Sierra de Chiapas atraviesan una ola de violencia e inseguridad debido a las disputas territoriales entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha dejado constantes homicidios, enfrentamientos, desplazados, bloqueos y reclutamientos forzados.
Pueblos y comunidades de Chiapas son un “campo de batalla”, señalan sacerdotes
Sacerdotes de México y Guatemala condenaron la violencia en Chiapas y señalaron que los pueblos y las comunidades de Chicomuselo, Comalapa, Amatenango, Jaltenango, Bejucal de Ocampo, Siltepec y Motozintla “están convertidos en un campo de batalla” por las disputas territoriales que mantienen grupos del crimen organizado.
En el comunicado señalan que los pobladores son obligados a “ir al frente”, cerrar caminos y son utilizados como “escudos humanos por causas de un sistema de muerte que ningún nivel de gobierno ha querido escuchar y atender en sus raíces”.
Los religiosos señalan que no existen condiciones para realizar las elecciones extraordinarias este 25 de agosto en Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal y que el proceso electoral “intensifica la violencia” por los intereses económicos, políticos y extractivistas.
“En nombre del derecho a la vida hacemos un llamado ¡Vengan y vean! A los violentos, les demandamos ¡Paren! Los seres humanos no son objeto de desecho”, señala la carta firmada por Bernabé Sagastume, Obispo de San Marcos, Guatemala, Rodrigo Aguilar Martínez, Obispo de San Cristóbal de Las Casas y Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Álvaro Leonel Cardenal Ramazzini Imeri, Obispo de Huehuetenango, Guatemala, y J. Guadalupe Torres Campos, Dimensión de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
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La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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