La violencia de cárteles paraliza la producción de limón en Apatzingán: “No hay corte, no hay ventas y debemos pagar extorsión”
La amenaza fue muy clara: en el Valle de Apatzingán, Michoacán, ningún productor de limón tendría permitido cortar la fruta, y ningún empacador debía abrir sus puertas ni mucho menos comercializar ese producto.
Un empresario ignoró esas amenazas delictivas y mandó cuadrillas de cortadores a sus huertas. El costo fue un camión incendiado y sus trabajadores golpeados.
A ocho días de que comenzó una dura disputa entre grupos antagónicos del crimen organizado que paralizó la producción y comercialización del limón, esta actividad se desploma.
Tras el rompimiento del bloque Cárteles Unidos, hay una confrontación entre Los Viagras con una célula de Los Templarios.
Son apenas las 6:00 de la mañana. Lluvias intensas cayeron sobre el valle y nublaron la visibilidad, de forma similar a como la violencia impide a los productores ver con claridad cuál es el futuro para su sector, que se extiende por 71 mil 618 hectáreas concentradas en 3 mil 636 huertos.
“(La) actividad hoy ha quedado a dos fuegos por la disputa de los cárteles, que deciden los días de corte, si se corta o no, que fijan el precio de la fruta y que nos imponen una carga tributaria criminal, derecho de piso o extorsión”, dice un productor.
El hombre prefiere no dar su nombre; señala que el costo de hablar es la muerte. Sus pasos son lentos entre los caminos lodosos, vacíos porque ya no tiene ni para pagar a los peones.
“En estos días, no hay corte, no hay ventas y, además, tenemos que juntar para pagarle la extorsión de un peso que nos cobran esos cabrones, a través de los empaques”, se queja.
El kilo de limón lo fijaron los grupos criminales en 10 pesos y el empaque les paga solo nueve pesos, porque el otro peso es para los delincuentes.
“Antes eran 40 centavos, pero ya subieron la cuota y eso también va para los empaques a la hora de comercializar. A ellos les cobran por camión que sale”, dice el productor.
Expone también que el dejar de cortar hace que la fruta se eche a perder, lo que ya empezó a provocar una escasez del cítrico en el mercado nacional.
La entrevista es interrumpida por un vehículo desconocido que irrumpe en su huerta. El temor se apodera del productor, que decide terminar la plática.
A cinco kilómetros del lugar, sobre la carretera Apatzingán-Aguililla, una cuadrilla de cortadores espera instrucciones; los trabajadores están ansiosos, con miedo.
Sus rostros se desencajan cuando les confirman que otra vez no habrá actividad porque así lo ordenaron los grupos delictivos que controlan la zona.
“No podemos hacer nada. Nos van a matar de hambre, porque es de donde vivimos y mantenemos a nuestras familias y, si no cortamos, no ganamos”, suelta un jornalero.
Platica que a ellos les pagan entre 80 y 90 pesos por caja de limón recolectada; al día, a veces llegan a cortar solo tres o cuatro cajas.
Ello, porque su labor es interrumpida por los enfrentamientos o ataques entre grupos antagónicos del crimen organizado en esa zona del Valle de Apatzingán.
Desde hace tres meses que arreció la guerra entre cárteles, a veces solo son llamados para trabajar una o dos veces a la semana.
Una familia de jornaleros se adelanta y no espera a morir asesinada o de hambre: las personas cargan su camión y buscan huir.
El padre y la madre de familia suben al vehículo a su hija y a su hijo, de dos y tres años, respectivamente, y dejan su hogar sin saber a dónde van a ir.
La camioneta pasa por un puesto de control y vigilancia. Los adultos fingen una sonrisa y los pequeños se despiden con la mano.
Conmovido, un elemento de la Guardia Civil ondea sus brazos. Enfatiza que ya se cumplió una semana de que está paralizada la producción del limón.
“Ya lleva esto más de una semana, donde ya no hay limoneros y los empaques se quedaron vacíos. Nosotros aquí estamos para disuasión de algún delito y cuidar a la gente”, dice.
También cerró sus puertas el Tianguis Limonero, donde se concentra la actividad comercial del cítrico en el Valle de Apatzingán.
En otros puntos de este municipio donde se promulgó la Constitución de 1814, también hay despliegue de fuerzas municipales, estatales, del Ejército y de la Guardia Nacional.
Consultado al respecto, el alcalde José Luis Cruz Lucatero consideró que la permanencia de esas corporaciones de seguridad devolverá la paz a su municipio.
“Tenemos una situación de inestabilidad aquí en el municipio y en la región, derivada de un conflicto entre grupos delictivos por el control de la producción de limón”, dijo.
Admitió que los más afectados son los cortadores de limón que viven al día de esa actividad agrícola y que son los más vulnerables.
“De continuar por más días esta situación, se vendrá un conflicto social y una crisis con consecuencias inesperadas, por tanto cortador que no podrá llevar comida a sus casas y ese es el sector que más me ocupa y me duele”, advirtió.
Además, adelantó que, de prolongarse esa paralización del sector limonero, el producto escaseará y el que pagará el costo será el consumidor final.
“Por consecuencia, eso hará que el precio del limón a nivel nacional se dispare, y lo peor es que va a impactar en el bolsillo y la economía de los mexicanos”, dijo.
La actividad del limón es el motor del valle, ya que representa el 75% de la economía de sus habitantes. Ante esto, el alcalde por ahora solo puede confiar en que pronto se solucione la crisis.
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En medio de una nueva ola de detenciones y de un gran despliegue militar y policial, Nicolás Maduro espera iniciar este 10 de enero su tercer sexenio al frente del país suramericano. El opositor Edmundo González también dice que se va a juramentar.
Este 10 de enero debe iniciarse en Venezuela un nuevo período presidencial que arranca con tensión e incertidumbre.
La detención y posterior liberación este jueves de la líder opositora María Corina Machado fue un avance del creciente conflicto político que este viernes vivirá una jornada clave.
Se espera que Nicolás Maduro asuma un tercer mandato en la tradicional ceremonia de investidura en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano.
Y a su vez, Edmundo González, considerado como presidente electo por la oposición y gobiernos internacionales, afirma que regresará a Venezuela a juramentarse al haber demostrado su triunfo en las presidenciales de julio con la publicación de las actas.
Ante esta nueva fase del conflicto, el país está sumido en la incertidumbre y bajo un gran despliegue militar y policial que no impidió que este jueves miles de manifestantes salieran a las calles a protestar contra Maduro.
También los simpatizantes del gobierno mostraron fuerza en las calles y están llamados a hacerlo de nuevo este viernes.
“Estamos a partir de hoy en una nueva fase”, dijo este jueves Machado.
Pero, ¿por qué este día 10 es significativo?
1. Lo que manda la ley
“El candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional”.
Esto establece el artículo 231 de la Constitución de 1999 y para dar cumplimiento a dicho mandato, Maduro acudirá este viernes al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano, para asumir su cargo ante los diputados.
El formalismo, sin embargo, se ha visto empañado por las dudas que, dentro y fuera del país, hay sobre la anunciada victoria del actual mandatario en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, el aspirante a la reelección se impuso con el 52 % de los votos.
Sin embargo, el organismo no ha presentado hasta el momento los resultados detallados que certifiquen esa declaración.
En contraposición, la oposición asegura que el ganador de los comicios fue su abanderado, el diplomático Edmundo González Urrutia, quien habría obtenido casi el 70 % de los votos, según el 80 % de las actas de escrutinio obtenidas por la alianza antichavista.
La veracidad de las actas en poder de la oposición fue corroborada por el Centro Carter, uno de los pocos veedores internacionales independientes que fueron invitados por las autoridades a seguir el proceso.
González Urrutia, a quien Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos ya han reconocido como presidente electo, ha asegurado que regresará este viernes a Venezuela para ceñirse la banda presidencial.
En septiembre salió de Venezuela y se instaló en España ante la amenaza de ser arrestado.
Las autoridades han advertido al excandidato opositor que será detenido si pone un pie en Venezuela.
2. Más vigilancia y más detenciones
Desde principios de año la presencia policial y militar se ha visto reforzada en toda Venezuela, pero particularmente en Caracas.
Miles de uniformados han sido desplegados en los alrededores del Palacio presidencial de Miraflores, así como del cercano Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, ambos en el centro histórico de la ciudad.
Por su parte, en las autopistas para acceder a la capital y en sus principales calles los militares y policías han instalado puntos de control para revisar los vehículos que transitan por ellas y a sus ocupantes, aseguraron a BBC Mundo, fuentes en el terreno que pidieron reservar su identidad.
La presencia policial fue notable en las protestas de este jueves.
“La derecha venezolana está como nerviosa por un despliegue de las fuerzas policiales y militares que es muy normal”, dijo esta semana el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
“A Venezuela van a venir presidentes y representantes de más de 100 países para la toma de posesión y tenemos que garantizar la seguridad a esos invitados, pero también de los venezolanos”, justificó el funcionario, que aseguró que hay en marcha planes desestabilizadores y “golpistas”.
Aunque Cabello calificó de “normal” el operativo, hay elementos inusuales. Uno de ellos es la participación de los miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los dos organismos de inteligencia venezolanos.
El DGCIM, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional, figura entre los cuerpos de seguridad señalados por instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas de cometer torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad.
En un video difundido por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), uno de los directivos del organismo de inteligencia, el coronel Alexander Granko Arteaga, justificó esta actuación porque “el país está amenazado”.
Esta explicación fue respaldada por Maduro, quien este miércoles anunció la detención de siete “mercenarios extranjeros”, los cuales engrosarían la lista de 150 aprehendidos en los últimos meses.
“Siguen las capturas, porque una información lleva a otra. Buena información hay para desmantelar lo que estamos desmantelando, una conspiración internacional financiada por el gobierno saliente de Estados Unidos”, declaró.
Pero no solamente presuntos mercenarios han sido arrestados. Hasta el miércoles, partidos opositores y organizaciones de derechos humanos habían contabilizado que más de una decena de políticos, dirigentes vecinales y activistas de derechos humanos habían sido detenidos en al menos tres estados del país.
Entre estas aprehensiones destacan la de Rafael Tudares, yerno de González Urrutia; la del excandidato presidencial Enrique Márquez y del activista de derechos humanos Carlos Correa.
Las autoridades han confirmado las aprehensiones y las justificaron diciendo que los arrestados forman parte de una “conspiración”.
Hasta el momento no han revelado el paradero de los detenidos ni les han permitido contactar a sus familiares, por lo cual defensores de derechos humanos han calificado los casos como “desapariciones forzadas”.
El martes Maduro dio un paso más en su “unión cívico militar policial” al activar la Organización de Defensa Integral (ODI), instancia que, según explicó, “integra a todo el poder político, el poder popular, a la Fuerza Armada, a la Milicia y a todas las fuerzas policiales”.
En un acto celebrado en el Palacio de Miraflores, el gobernante juramentó a los cuerpos de combatientes de las distintas empresas públicas, los cuales están integrados por trabajadores y a quienes se les vio portando armas de guerra.
Asimismo, desde el miércoles, grupos de motociclistas simpatizantes del oficialismo, conocidos como “colectivos”, han sido vistos recorriendo las calles de Caracas y otras ciudades.
3. La estrategia de la oposición
“El enorme despliegue militar y policial busca inhibir cualquier tipo de protesta contra toma de posesión”, explicó a BBC Mundo un funcionario judicial, el cual pidió reservar su identidad por razones de seguridad.
Sin embargo, María Corina Machado, la líder opositora a las que las autoridades venezolanas no dejaron competir en las presidenciales de julio pasado, pidió a los venezolanos vencer el miedo provocado por las más de 2.000 detenciones ocurridas tras los comicios y los numerosos casos de torturas y malos tratos.
“Llegó la hora (…) Todos sabemos que esto se acabó”, dijo al instar a sus compatriotas salir en masa a las calles del país para manifestarse en contra de la posesión de Maduro.
“Que el miedo nos tenga miedo”, planteó.
El llamado fue atendido y este jueves se registraron decenas de protestas en todo el país, de las cuales 11 fueron reprimidas, según datos provisionales de la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Pero la estrategia opositora no solo busca “calentar las calles” para forzar un quiebre en la coalición que sostiene a Maduro en el poder, sino que también ha estado maniobrado internacionalmente con el mismo fin.
González Urrutia realizó en los últimos días una gira que lo llevó a Argentina, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana para recabar apoyos.
Asimismo, el excandidato opositor ha anunciado que volverá al país para juramentarse y ha dicho que irá acompañado por varios exmandatarios hispanoamericanos.
Desde Caracas, por su parte, han advertido que este plan supone un “gravísimo riesgo” para los implicados, quienes serían considerados “invasores” y tratados como tales.
“Le recomiendo que no se pongan a inventar”, afirmó el ministro Cabello, quien recordó que en los últimos años la Fuerza Aérea ha derribado 400 aeronaves que han ingresado ilegalmente al territorio venezolano.
El funcionario también ha asegurado que el verdadero plan opositor es que González Urrutia se juramente en alguna de las embajadas venezolanas que el gobierno no controla desde 2019.
La analista Carmen Beatriz Fernández dice que la doble estrategia opositora tiene por propósito crear “un momentum político entorno a la figura de Edmundo González Urrutia”
“Lo que no sabemos es si esa estrategia será tan exitosa como para conseguir su objetivo: su juramentación”.
“En el mejor de los casos, el plan está conduciendo a un quiebre (dentro del chavismo) y a una negociación que permita la asunción de González Urrutia, el día 10 o después. Y en el peor de los casos le hace la vida más difícil a Maduro para seguir en el poder”, precisó a BBC Mundo la profesora de Comunicación Política de la Universidad de Navarra (España).
4. ¿Quiénes apoyan a quién?
Las autoridades venezolanas han asegurado que unos 2 mil invitados de 100 países asistirán a la tercera toma de posesión de Maduro desde 2013, pero solo cinco son presidentes.
La prensa venezolana dio por hecho que los gobernantes de Cuba y de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente, asistirán.
Luis Arce, presidente de Bolivia, otro de los aliados de Venezuela, ha anunciado que no asistirá, pese a reconocer el cuestionado triunfo de Maduro. Su ausencia se deberá a la presencia de su rival y otrora mentor político, el expresidente Evo Morales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles su ausencia y la atribuyó no solo a la negativa de las autoridades venezolanas a mostrar las actas que corroborarían el triunfo de Maduro en las elecciones, sino también a la reciente ola de detenciones.
La reelección de Maduro ha sido cuestionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y por un número importante de países latinoamericanos.
Los gobiernos antes mencionados han descartado enviar a representantes a la posesión y algunos de ellos ya consideran a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela.
La decisión de países como Paraguay de reconocer al opositor como el vencedor de los comicios desató la ira de Maduro, que decidió romper relaciones diplomáticas con ese país.
Rusia, Irán y China, por su parte, han reconocido la reelección de Maduro y enviarán delegaciones a la ceremonia.
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