La violencia azota a Baja California; empresarios y sociedad exigen seguridad e inteligencia policial
La violencia e inseguridad se han intensificado en los últimos meses en Baja California, estado fronterizo de México, por lo que familias, estudiantes, comerciantes, empresarios, jóvenes trabajadores y otros sectores de la sociedad civil se han unido para exigir que las autoridades implementen medidas de vigilancia, seguridad e inteligencia más vigorosas y eficaces.
El pasado miércoles 17 de julio, centenares de empresarios y otras personas realizaron una protesta en Tijuana denominada “Vigilia por la seguridad”, cuyo propósito fue que patrones y representantes de los gremios más importantes de la economía de todos los municipios se unieran para levantar la voz en contra de la delincuencia.
Al mismo tiempo, empresarios, organizaciones civiles, comités de vecinos y grupos ciudadanos hicieron lo mismo en municipios como Playas de Rosarito, Mexicali, Ensenada y Tecate.
Piden esclarecer asesinato de la presidenta de Canainpesca
Carlos Jaramillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, en la vigilia hizo un llamado a las autoridades “para que tomen medidas contundentes; más allá de coordinaciones, son acciones”. En tanto, los manifestantes, reunidos en la Glorieta de Cuauhtémoc, vestidos de negro, guardaron un minuto de silencio por las personas asesinadas durante 2024, cifra que solo en Tijuana esta semana rebasó las mil muertes, y colocaron veladoras en el monumento dedicado al tlatoani azteca.
Uno de los momentos más sensibles de la manifestación fue cuando se recordó el nombre de Minerva Pérez Castro, la empresaria asesinada semanas después de que denunció que grupos delincuenciales cobran “derecho de piso” en el puerto de Ensenada, Baja California.
A Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola de Ensenada, la asesinaron la tarde del 8 de julio cuando salía de sus oficinas ubicadas en la colonia El Sauzal. De manera extraoficial se informó que se trató de un ataque directo con al menos 36 tiros.
Horas antes de la emboscada, Minerva Pérez había estado en Tijuana, en un evento empresarial, donde habló con reporteros y reiteró el cobro de piso del que es víctima el sector pesquero en Ensenada, así como del incremento de la pesca ilegal.
“El sector empresarial y la sociedad en general se encuentran conmovidos por el acto cobarde en el que perdió la vida la líder empresarial que insistió en denunciar actos delictivos que venían afectando su sector”, se lee en un posicionamiento emitido por los Consejos Coordinadores Empresariales de Baja California.
A pesar de las inversiones y esfuerzos en materia de seguridad —según la postura de estos organismos de empresarios—, el asesinato de Pérez Castro pone en evidencia la vulnerabilidad del Estado de derecho y la falta de respeto de los delincuentes hacia la ciudadanía y la autoridad.
“Se hace un llamado a las autoridades de los tres niveles para esclarecer los hechos, llevar a cabo una investigación exhaustiva que llegue hasta las últimas consecuencias y que los responsables de este hecho sean castigados con todo el peso de la ley”, exigieron en el comunicado.
Según el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), durante la actual administración estatal, y de acuerdo con números oficiales, los delitos en la entidad se han incrementado en 15 por ciento. Particularmente, los homicidios han aumentado 10 por ciento, por lo que “de poco o nada han servido los miles de millones de pesos gastados o invertidos”.
En un artículo que refleja la postura del CCSPBC frente al crimen y la delincuencia se anota que, “sin lugar a dudas, las autoridades de los tres órdenes de gobierno están rebasadas por la delincuencia: atentados a periodistas, turistas, empresarios y policías; vivimos en un estado donde la impunidad llega a más de 95 por ciento”.
En ese sentido, el Consejo denuncia que “la falta de capacidad o el contubernio de algunas autoridades de seguridad pública es evidente, pues no se podría entender la actividad criminal y los altos niveles de violencia sin alguno de estos dos elementos, los cuales sin duda deterioran nuestra imagen como estado y como país”.
La falta de planes, estrategias, ausencia de autoridades federales y coordinación entre los tres órdenes de gobierno es evidente, añade el CCSPBC, y agrega que los recientes asesinatos sin duda tendrán un serio impacto en la economía y, particularmente, en la imagen y percepción de inseguridad del estado: “Corresponde a las autoridades no solo esclarecer este crimen, sino regresar a los bajacalifornianos la paz que nos merecemos… Es hora de revisar la estrategia y realizar los cambios que sean necesarios”.
Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana exige resultados
Por su lado, esta semana el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana, Edgardo Flores Campbell, lamentó que la situación de inseguridad que se vive en la entidad prive a la ciudadanía de realizar actividades recreativas y dijo que a la fecha no se ven resultados claros por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Baja California para replantear la estrategia de seguridad.
“Lo que sí vemos es un desentendimiento de la autoridad, una falta de coordinación elemental que se requiere, no hay un alineamiento de esfuerzos institucionales para ir por los objetivos criminales generadores de violencia”, añadió Flores Campbell, quien también es miembro del consejo editorial de Newsweek en Español.
En una reunión con presidentes de cámaras empresariales, colegios, consejos de seguridad y medios de comunicación sostuvo que se requieren mayores labores de inteligencia, análisis, procesamiento y diseminación de información, así como trabajar con operaciones encubiertas.
Asimismo, comentó que “la autoridad debe contar con información suficiente para ubicar a los jefes de grupos criminales, quiénes son, dónde operan, qué giros tienen en términos de tráfico de personas, de drogas, de enervantes, pues terminamos los tijuanenses pagando el plato roto, a nuestra suerte y con la carga de la inseguridad y la fenomenología delincuencial propia de una ciudad fronteriza; si no actúan en consecuencia, va a estar igual o peor que el tema del secuestro en 2008”.
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Por otra parte, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública tijuanense indicó que es necesario revisar el presupuesto en materia de seguridad, ya que en Baja California se tienen asignados más de 8,000 millones de pesos, pero no se tiene clara la manera en que se han invertido, por lo que se deberá pugnar por un combate a la opacidad y una eficiente rendición de cuentas.
De igual manera, Edgardo Flores mencionó que, a pesar de las reuniones que ha habido con la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, y en su momento con la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, no se han visto los resultados que se necesitan. Ante este escenario, a los funcionarios que no puedan resolver la problemática de inseguridad les pidió que renuncien a sus cargos: “Si la vara les queda muy alta y no le tienen amor a la ciudad, que se vayan”.
“La creciente percepción de inseguridad en Tijuana es motivo de preocupación para los residentes de la ciudad, quienes señalan la impunidad y la falta de consecuencias por delitos como factores agravantes. Es más que evidente que, aunado a la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, están superadas las capacidades institucionales por la delincuencia”, subrayó.
Además de las varias cámaras y confederaciones empresariales que operan en Baja California, a las exigencias de seguridad se han sumado organizaciones y asociaciones civiles como comités vecinales de seguridad de fraccionamientos y colonias de la ciudad, Grupo Madrugadores, Unidos por Tijuana, Clubes Rotarios, Index, Asociación de Maquiladoras, Industriales de Mesa de Otay, Grupo 21, Club Rotario Tijuana, Colegio de Abogados Laboristas de Baja California, Asociación de Comerciantes de la Av. Revolución, Acción por los Derechos Fundamentales y Grupo Minarete.
Flores Campbell, en uso de la voz durante la concentración de la “Vigilia por la seguridad”, emplazó al cabildo de la ciudad a que se pongan a trabajar y dejen de pelear: “El ser regidor o síndico no es beca producto de nuestras contribuciones, llevan posponiendo cinco sesiones de cabildo, anteponiendo el chantaje e interés partidista sobre el interés de la ciudadanía y la agenda de seguridad. Ya se van y dejan la ciudad hecha un cuchitril, llena de baches, grafiti, basura, sin alumbrado público, sin poda de árboles.
“No olvidemos que el cabildo en pleno es la autoridad máxima dentro de la jurisdicción del territorio municipal y este define los destinos de la ciudad y el ejercicio presupuestal en materia de seguridad, nos dejan mucho que desear y esperamos construir una agenda propositiva con el nuevo alcalde y su cabildo”, añadió.
Finalmente, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana anunció que el acuerdo a seguir entre todos los sectores congregados es que se asumirán, bajo las atribuciones del Comité Ciudadano que preside, como un observatorio ciudadano bajo una rigurosa y permanente perspectiva evaluativa de la gestión de las autoridades en materia de seguridad.
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El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Pero incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
La muerte a disparos de Renee Nicole Good en Mineápolis a manos de un agente de ICE, siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, está dejando al descubierto las profundas divisiones en la política estadounidense y amenaza con avivar un debate ya conflictivo sobre la política migratoria.
El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Sin embargo, incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
Casi inmediatamente después del incidente comenzaron a formarse dos versiones completamente diferentes. Cualquier ambigüedad en los videos compartidos en línea fue aprovechada: se utilizaron diferentes ángulos y capturas de pantalla para impulsar una narrativa particular.
Y en el escenario público, funcionarios estatales y federales discreparon abiertamente.
Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Renee Good fue la culpable. Al alejarse de los agentes de ICE “utilizó su auto como arma” en un “ataque terrorista doméstico”, dijo Noem.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a una “agitadora profesional” y a un “movimiento radical de izquierda, violento y de odio” en una publicación en su plataforma en redes Truth Social.
Los demócratas a nivel nacional, así como autoridades estatales y locales de Minnesota, presentaron un panorama completamente diferente.
Jacob Frey, alcalde demócrata de Mineápolis, dijo que un agente federal utilizó fuerza letal en forma “temeraria”. También exigió a los agentes de inmigración que abandonen la ciudad. “ICE, ¡lárgate de una maldita vez!”, afirmó Frey.
El gobernador de Minesota, Tim Walz, calificó el incidente de “totalmente predecible” y “totalmente evitable”, argumentando que fue consecuencia directa del aumento de agentes federales de inmigración en Minneapolis y sus alrededores en los últimos días.
“Llevamos semanas advirtiendo que las peligrosas y sensacionalistas operaciones de la administración Trump son una amenaza para nuestra seguridad pública”, declaró el miércoles.
Esta clara división entre el gobierno federal y los funcionarios locales se ilustró aún más el jueves por la mañana, cuando la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota anunció que el Departamento de Justicia y el FBI ya no cooperarían en la investigación del incidente.
Las agencias federales, informó la Oficina, serán las únicas responsables de la investigación sobre el uso de fuerza letal por parte del agente de ICE.
Que Minesota se haya convertido en el epicentro de un creciente conflicto sobre la aplicación de la ley migratoria en los últimos meses es a la vez previsible e irónico.
Es irónico porque la muerte de Good ocurrió a pocos kilómetros de donde, en 2020, la policía de Mineápolis mató a George Floyd durante un intento de arresto, lo que desencadenó protestas del movimiento Black Lives Matters en todo el país, incluyendo algunas en esta ciudad que se tornaron violentas.
Walz puso en alerta a la Guardia Nacional del estado y advirtió a los cientos de manifestantes que han salido a las calles que no recurran a la violencia.
El papel central de Minesota en este último estallido no sorprende, ya que marca la culminación de un conflicto, una controversia y un escándalo que se venían gestando durante meses.
El reciente aumento en acciones migratorias se produce después de que Trump ridiculizara a la numerosa población inmigrante somalí del estado -la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses- tras la condena de miembros de la comunidad por fraude en la distribución de la ayuda federal por la epidemia de COVID-19.
“Cientos de miles de somalíes están estafando a nuestro país y destrozando ese otrora gran estado”, declaró Trump en noviembre. “No vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”.
Bajo presión, Walz abandonó su candidatura a la reelección la semana pasada ante el aumento de acusaciones de corrupción en los servicios sociales estatales, como la asistencia infantil y la ayuda alimentaria.
El incremento de acciones migratorias en el estado es solo el ejemplo más reciente del uso de funcionarios federales por parte de la administración Trump para atacar a comunidades sospechosas de tener altas tasas de inmigrantes indocumentados. El uso de la fuerza durante esta operación tampoco es un incidente aislado.
El incidente de Minesota fue al menos el noveno caso de disparos vinculados a operaciones migratorias desde septiembre; todos involucraron a personas que fueron atacadas mientras se encontraban en sus vehículos, según el New York Times.
La intensidad con la que se han llevado a cabo las acciones migratorias en una lista cada vez mayor de ciudades en todo Estados Unidos, ha provocado protestas y demandas de funcionarios demócratas para una mayor supervisión, rendición de cuentas y moderación por parte de agentes del orden.
El muerte de Good ya ha dado a estos esfuerzos una nueva urgencia entre sus defensores.
Los funcionarios de la administración Trump, por su parte, siguen adelante y citan el mandato que dicen haber recibido de los votantes en las elecciones presidenciales de 2024. Alegan además que la drástica reducción de entradas de indocumentados a Estados Unidos es evidencia de que sus esfuerzos han resultado eficaces.
Y refutaron enérgicamente el argumento de que el video del incidente en Minneapolis sea prueba de un uso indebido de fuerza letal.
“La manipulación es desproporcionada y no la tolero”, escribió el vicepresidente J.D. Vance en una publicación en X. “Este hombre estaba haciendo su trabajo. Ella intentó impedir que lo hiciera”.
Si bien calificó el incidente de trágico, añadió que “la responsabilidad recae sobre esta mujer y todos los radicales que enseñan a la gente que la inmigración es la única ley con la que los alborotadores pueden interferir”.
Walz, en sus siguientes declaraciones públicas, se apresuró a rebatir ese argumento: “Personas en puestos de poder ya emitieron juicios, desde el presidente hasta la vicepresidenta y Kristi Noem, y dijeron cosas que son verificablemente falsas, verificablemente inexactas”.
“Determinaron el carácter de una madre de 37 años que ni siquiera conocían”, concluyó.
Parece que incluso las pruebas en video están abiertas a la interpretación en este momento. Cada persona ve las mismas imágenes y saca conclusiones decididamente diferentes, que con frecuencia, quizás como era de esperar, refuerzan sus posiciones previamente establecidas.
El abismo en la política estadounidense parece tan inmutable como desalentador.
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