Compra irregular de tortillas: el proceso por el que se investiga al rector y exrector de la Universidad de Sinaloa
El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, y el exrector Juan Eulogio Guerra fueron vinculados a proceso por la presunta compra irregular de tortillas, por más de 45 millones de pesos.
Tras dos días de audiencias, la Fiscalía de Sinaloa informó que también están vinculados “los integrantes de los comité de adquisiciones de dicha Universidad de los periodos del 2020, 2021 y 2022, por los delitos de Desempeño Irregular Pública, relacionados con la compra de tortillas durante la pandemia destinadas para las casas de asistencia estudiantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa”.
Todos los señalados llevarán su proceso en libertad.
Como medidas cautelares se les dictó la presentación periódica cada mes y medio ante la UMECA así como la prohibición de salir del país, Se negó la garantía económica solicitada por la fiscalía y se fijaron tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
En el comité de adquisiciones están involucrados Héctor Melesio “C”, Soila Maribel “G” , Jorge “P”, Salvador “P”, Ismael “G”, Norma Alicia “A”, Manuel de Jesús “L” y Óscar Orlando “G”.
La próxima audiencia se llevará a cabo el 25 de septiembre, informaron en un comunicado.
Detectan irregularidades en compra de tortillas por parte de la Universidad de Sinaloa
De acuerdo con la Fiscalía, existen diversas irregularidades en la compra de tortillas para las casas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La primera de ellas es que los montos más altos de las compras de tortillas fueron en el 2020 y 2021 en tiempo de pandemia, es decir, cuando no había clases presenciales y las casas de estudiantes estaban solas.
También mencionan que el precio de tortillas estaba registrado en 60 pesos, además de que utilizaban diferentes conceptos como totopos, tortillas de harina y otros productos, cuando los empleados de esas tortillerías refieren que solo se vendía tortillas de maíz.
La dependencia evidenció que mientras el proveedor manifestó que la Universidad Autónoma de Sinaloa solo le debía 850 mil pesos al 3 de julio 2023, el 18 y 19 de agosto pasados canceló 694 facturas por un importe de 24 millones 674 mil 120 pesos.
Sobre dichas cancelaciones, la Fiscalía mencionó que el importe total de las mil 501 facturas emitidas a favor de la UAS, entre 2020 y 2022, fue por el importe de 45 millones 546 mil 80 pesos y alrededor de la mitad (por 24 millones) fueron canceladas de forma masiva los días 18 y 19 de agosto 2023.
“(Esto ocurrió) después de la primera fecha para la audiencia inicial, después de que los imputados contaran con las copias de la carpeta de investigación y antes de la segunda audiencia, y las pruebas fueron aportadas a la investigación 13 horas antes de la tercer audiencia programada, la cual inició el 13 de septiembre 2023”, reportó la FGE.
Por otra parte, la cancelación ocurrió con tiempos cortos entre una y otra, pues tienen entre uno y dos segundos de diferencia, “tal situación no es creíble, así como tampoco es creíble la cancelación masiva que realizó el proveedor en tan sólo dos días”, detallan las investigaciones.
La FGE resolvió que para que las facturas fueran canceladas, tuvo que haber un acuerdo con la UAS y el proveedor y este ocurrió fuera de procedimiento, “ya que la cancelación se llevó a cabo casi dos años después de emitidas, es decir, en cuanto se llevó a cabo la primera audiencia inicial y cuando los abogados ya tuvieron en su poder las copias de las carpetas”.
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La ley Laken Riley podría entrar en vigor antes de que comience su mandato Donald Trump, que ha prometido mano dura contra la inmigración ilegal.
Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación.
Lo recoge una nueva y polémica ley que podría entrar en vigor incluso antes de que el próximo lunes 20 de enero Donald Trump inicie su mandato como presidente del país norteamericano.
El aún proyecto de ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado, es obra del Partido Republicano de Trump pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas.
La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
Sus defensores creen que aumentará la seguridad ciudadana, mientras las voces críticas aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los migrantes.
Analizamos en qué consiste esta ley, cuáles serán sus repercusiones y por qué es tan polémica.
Así es la ley
El nombre de la ley, Laken Riley, es el de una estudiante de enfermería de 22 años brutalmente asesinada en febrero del año pasado en el estado de Georgia.
El venezolano de 26 años José Ibarra interceptó a Riley mientras hacía ejercicio en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, intentó violarla y, como la víctima se resistía, la golpeó hasta la muerte, según lo revelado en el juicio.
Ibarra, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre, es un migrante indocumentado venezolano que tenía pendientes acusaciones previas de al menos dos delitos menores en Estados Unidos, uno de ellos el hurto de varios productos en un supermercado.
El caso generó conmoción en la sociedad estadounidense. Los conservadores argumentaron que, si el agresor hubiera sido detenido y expulsado por sus casos previos, Laken Riley todavía estaría viva.
Esto llevó al Partido Republicano a proponer, un mes después del suceso, una ley específica para evitar casos similares.
De hecho, bajo la ley Laken Riley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.
La ley se alinea con las políticas de línea dura que Trump previsiblemente aplicará en su próximo mandato.
El republicano prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, enfocándose inicialmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La ley Laken Riley, según algunos expertos, facilitará la deportación de quienes estén acusados de cometer estos delitos menores, que se tramitará durante su arresto y sin necesidad de juicio.
Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.
Por otro lado, las autoridades de cada estado podrán demandar al gobierno federal si creen que no está aplicando correctamente las leyes sobre migración.
Los incumplimientos denunciables de Washington incluirían liberar a migrantes en custodia, no arrestar a personas con orden de expulsión, otorgar libertad condicional de forma inadecuada a irregulares o no aplicar restricciones de visados a los países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EU.
La tramitación
La ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado controlado por los demócratas y regresó a la cámara baja.
El pasado 7 de enero los congresistas la volvieron a aprobar con 264 votos a favor, (entre ellos 48 demócratas) y avanzó de nuevo al Senado.
Allí corrió mejor suerte que en la primera ocasión, ya que todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter a debate el texto para su posible enmienda y aprobación.
Expertos señalan que la derrota en las elecciones de 2024, en las que la inmigración fue un tema central de campaña, ha llevado a muchos demócratas a respaldar propuestas más restrictivas en esta materia, e incluso el propio partido está cambiando su enfoque al respecto.
“Estoy a favor de dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como ésta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto”, afirmó recientemente John Fetterman, senador del Partido Demócrata por Pensilvania, uno de los “estados péndulo” que cambiaron su voto a republicano el pasado noviembre.
La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días, y según analistas, existe la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el día 20 en la Casa Blanca.
En todo caso, está en fase de deliberaciones y existen discrepancias entre republicanos y demócratas sobre su contenido final.
Mientras los republicanos defienden aprobar el texto íntegro original, los demócratas han señalado su intención de enmendar aspectos controvertidos, como la posibilidad de detener y deportar, sin necesidad de pruebas ni juicio, a migrantes acusados de pequeños delitos.
Por qué es polémica
La aparente violación de la presunción de inocencia de los detenidos es el aspecto más polémico de esta nueva ley, que ha generado una oleada de críticas de quienes la consideran incompatible con los valores democráticos y constitucionales de Estados Unidos.
Sus defensores argumentan que, al privar de libertad o expulsar a presuntos delincuentes, se protegerá a las comunidades de delitos cometidos por personas en situación irregular.
También sostienen que la posibilidad de deportación por delitos menores disuadirá a los migrantes indocumentados de involucrarse en actividades ilegales.
Mientras, las voces críticas la consideran una amenaza a las protecciones constitucionales y un retroceso en los principios de justicia.
“Es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva; se puede detener a cualquier cantidad de personas y meterlas en el sistema de justicia penal simplemente por haber sido acusadas, sin condena ni admisión de culpabilidad”, declaró este domingo en un programa televisivo Pramila Jayapal, una de los congresistas que han criticado el proyecto de ley en el dividido Partido Demócrata.
Los detractores de esta polémica legislación argumentan que la detención sin fianza de cualquier migrante acusado -aunque no necesariamente condenado- de delitos menores como el hurto eliminaría el derecho a audiencias individualizadas, algo garantizado incluso en casos de delitos graves en el sistema de justicia penal.
Esto plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés).
El NILC también advierte que obligar a las autoridades migratorias a detener a las personas antes de que puedan asistir a sus audiencias penales podría obstaculizar gravemente el trabajo de los fiscales, aumentar el caos en los tribunales y complicar la resolución de casos criminales.
Los detractores de la ley también creen que la avalancha de trabajo que caería sobre jueces y fiscales por delitos menores como hurtos o robos les restaría tiempo y recursos para abordar casos de delitos más graves.
La organización Voto Latino argumenta que la ley no mejorará la seguridad pública ya que no hay evidencia de una correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad.
Esta ONG considera la ley Laken Riley una herramienta política para estigmatizar a los migrantes y acentuar las divisiones sociales.
Otro aspecto polémico es la capacidad que la ley otorga a los estados para demandar al gobierno federal sobre acciones relacionadas con políticas migratorias.
Según el NILC, esto podría convertir los tribunales en escenarios de interminables disputas entre los estados y Washington, obstaculizando la implementación efectiva de la ley.
Sus defensores, sin embargo, alegan que permitirá a las autoridades locales, que conocen más de cerca los problemas de sus comunidades, participar de forma más activa a la hora de aplicar y supervisar las leyes de inmigración.
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