Víctimas por contaminación de Río Sonora serán incluidas en procesos de remediación; Semarnat se compromete con presupuesto
Los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora compartieron en un comunicado los resultados y exigencias que presentaron ante las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) después de la reunión virtual que sostuvieron el pasado 26 de noviembre.
Como parte de los resultados obtenidos en la reunión, las personas afectadas por la contaminación del Río Sonora anunciaron que la Semarnat se comprometió con las víctimas al confirmar que serán parte de todos los procesos para la reparación del daño en el Río Sonora, respetarán los mandatos judiciales y sus derechos humanos.
También se confirmó que habrá más reuniones entre las autoridades y personas afectadas. Exigieron también que la empresa minera Grupo México se haga responsable del daño ambiental y a la salud de los afectados.
Las víctimas han exigido a las autoridades que se cumplan con las sentencias y órdenes judiciales que interpusieron para acceder a la justicia ambiental y de salud que las comunidades han reclamado desde hace 10 años.
Por su parte, la Profepa se comprometió con la revisión de los expedientes y juicios. Además, dará seguimiento a la denuncia penal que presentó en 2014.
Finalmente, la Semarnat señaló que presentará un presupuesto para la estrategia del plan de remediación.
Al cierre de esta nota, la dependencia no había presentado un comunicado oficial sobre los acuerdos a los que se llegó en la reunión del pasado 26 de noviembre. Sin embargo, sólo su titular, Alicia Bárcena Ibarra posteó en su cuenta de X haber tenido una reunión abierta y constructiva con los Comités de Cuenca del Río Sonora.
“Coincidimos en su derecho pleno a participar en cualquier plan de remediación. Nos comprometimos a realizar seguimiento puntual para garantizar avances reales de justicia ambiental”, señaló en redes sociales.
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¿Qué dialogaron en la reunión?
Para los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora el anuncio de la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, les resultó preocupante tras la declaración de que ya existe un acuerdo con la empresa pues dejaba de lado su participación en los procesos de acceso a la justicia.
En un ejercicio de transparencia con las víctimas, los integrantes de los Comités presentaron los puntos que se dialogaron en la reunión y los acuerdos a los que llegaron con las autoridades correspondientes, a 10 años de la inexistente reparación del daño por el derrame tóxico en Río Sonora.
Durante la reunión, la secretaria Alicia Bárcena anunció a los integrantes de los Comités que no existe acuerdo con Grupo México respecto al Río Sonora, después de lo informado el pasado 21 de noviembre.
Ante esto, las víctimas recordaron a representantes de la Semarnat y la Profepa que existe un mandato judicial en el que se ordena que no se pueden realizar planes o acuerdos que impliquen la reparación del daño en el Río Sonora sin la participación de las comunidades afectadas en la cuenca.
Por ello, las personas afectadas fueron firmes al señalar que sólo aceptarán procesos participativos que den resultados tangibles en el bienestar de los pueblos.
Los representantes de los Comités Cuenca Río Sonora recordaron que en la administración de Andrés Manuel López Obrador tuvieron más de 18 reuniones en mesas de trabajo con autoridades ambientales donde se tomaron muestras de agua de la zona.
En materia de salud también se obtuvieron muestras de sangre y orina en habitantes. Sin embargo, “eso no es suficiente”, recalcaron las víctimas ya que, aunque los resultados fueron alarmantes, no se han tomado las medidas cautelares en materia de salud ambiental.
“No se ha hecho nada por las víctimas”
Las víctimas también expresaron su preocupación porque el Río Sonora no esté considerado entre los ríos prioritarios para el plan de infraestructura y saneamiento.
Aunque en la administración de López Obrador se habló de un Plan de Justicia Para Cananea-Río Sonora, falta que se implemente un plan de remediación con fechas, procesos y acuerdos establecidos que contengan una perspectiva de salud ambiental.
“Hay estudios, diagnósticos, evidencia y órdenes judiciales suficientes para que las autoridades tomen acciones ya, y que el Estado obligue a la empresa a reparar el daño. No hacerlo es continuar con la negligencia”, exigieron las víctimas en el comunicado.
Las personas afectadas también recordaron que no existen plantas potabilizadoras suficientes para abastecer a las comunidades, y las que hay no han demostrado su efectividad. Dichas plantas potabilizadoras son gestionadas por empresas privadas.
En materia de salud para las personas e infancias afectadas, los representantes de los Comités Cuenca Río Sonora señalaron que las autoridades fueron omisas en sus obligaciones en la administración pasada ya que, la Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar continúan evadiendo su responsabilidad para a las víctimas de forma especializada en toxicología.
Por si fuera poco, los Comités evidenciaron que la Secretaría del Trabajo, designada por AMLO, tenía la tarea de coordinar reuniones con otras autoridades y víctimas. Esto nunca se realizó.
Los compromisos de la Semarnat y Profepa
La Semarnat junto con su titular, Alicia Bárcena Ibarra, se comprometieron a incluir en todos los procesos a las víctimas del derrame en Río Sonora ocasionado por la empresa minera Grupo México.
Dichos procesos tienen que ver con la reparación y búsqueda de justicia para el Río Sonora. Además, se respetará su derecho a la participación y dará seguimiento semanal a los avances.
“Las reuniones a puerta cerrada con Grupo México son inaceptables y están por fuera de los mandatos judiciales”, recordaron.
Además, la Semarnat pedirá a la Secretaría de Salud una reunión en la que también estarán presentes las víctimas y participarán para entablar un diálogo sobre la falta de atención especializada en toxicología que no han recibido y se deberá plantear cómo resolver dicha situación de forma inmediata.
La Semarnat también tendrá mesas de trabajo con las víctimas de Río Sonora para revisar cuáles fueron los obstáculos legales que se utilizaron en la administración pasada y que no atendieron esta problemática.
Incluso, recordaron a las autoridades que el diálogo con la empresa minera Grupo México debe estar encaminado a que asuman su responsabilidad por la contaminación de Río Sonora que ha afectado a la salud ambiental y de las personas en la cuenca.
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La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
Las enmiendas
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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