Detienen a 13 policías estatales de Veracruz; son acusados por desaparición forzada
Trece policías estatales fueron detenidos en Veracruz por su presunta responsabilidad del delito de desaparición forzada de personas, informó este lunes la Fiscalía del estado.
Entre los policías estatales detenidos, once son hombres y dos mujeres, de acuerdo datos de la Fiscalía de Veracruz.
Los trece policías detenidos fueron identificados por la Fiscalía como: José Manuel, José Rosalino, Martín de Jesús, Benjamín, Francisco, Sandra Anayeli, Alfredo Irán, Óscar, Luis Gerardo, Miguel Ángel, Adriana Yamilet, Juan Daniel y Andrés.
José Manuel “N” y José Rosalino “N” presuntamente cometieron el delito de desaparición forzada en agravio de tres víctimas de identidad resguardada.
Martín de Jesús “N”, Benjamín “N”, Francisco “N”, Sandra Anayeli “N”, Alfredo Irán “N”, Óscar “N”, Luis Gerardo “N”, Miguel Ángel “N”, Adriana Yamilet “N” y Juan Daniel “N”, en contra de dos víctimas de identidad resguardada.
Andrés “N”, en agravio de una víctima de identidad resguardada.
En total, son seis las personas desaparecidas, según el listado para este caso difundido por la Fiscalía local.
Los 13 policías detenidos serán presentados a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, en audiencia inicial “ante los jueces de control y procedimiento penal oral, en Pacho Viejo, Cosamaloapan y Coatzacoalcos respectivamente, para que definan su situación jurídica.
Veracruz: suben desapariciones, extorsiones, narcomenudeo; bajan homicidios
Veracruz cambió el pasado 1 de diciembre de gobernador: Cuitláhuac García entregó el Poder Ejecutivo a Rocío Nahle, ambos morenistas. La nueva gobernadora recibió un estado con aumentos en delitos como desaparición, y extorsión, así como descensos en homicidios dolosos.
Durante el sexenio de Cuitláhuac García, algunos indicadores oficiales muestran un descenso importante en homicidios dolosos, aunque en este periodo tuvieron lugar al menos una docena de ‘masacres’ que generaron un alto impacto en la percepción de inseguridad.
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Además, se produjeron aumentos notables en otros indicadores, como las denuncias por extorsión, narcomenudeo y también por desapariciones. El sexenio de García terminó con casi 500 personas que estaban desaparecidas y fueron halladas muertas en la entidad.
En cuanto a los homicidios, en 2018, antes de que García tomara posesión, se contabilizaron mil 722 víctimas. A partir de ese punto, los casos fueron reduciéndose paulatinamente: en 2019, en su primer año de gobierno, sumaron mil 694 víctimas de homicidio, mientras que para 2022 la cifra ya se había reducido a 964, un 43 % menos.
Una cifra similar se registró en 2023, con 964 casos. Y, en 2024, hasta octubre se contabilizaban 786 víctimas, por lo que el año terminará con datos que mantienen la tendencia a la baja de homicidios en la entidad.
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No obstante, durante el gobierno de García se produjeron diversos hechos violentos que impactaron a los veracruzanos:
- La noche del 19 de abril de 2019, en Minatitlán fueron asesinadas 14 personas, entre ellas cinco mujeres y un menor de edad, mientras celebraban un cumpleaños.
- El 27 de agosto de ese mismo año, un grupo armado lanzó bombas incendiarias a un centro nocturno en Coatzacoalcos llamado ‘Caballo Blanco’, donde fueron asesinadas 30 personas.
- En abril de 2020, una familia entera integrada por cinco personas, entre ellas un niño y una niña, fue asesinada a tiros en Papantla.
- En enero de 2021, 12 cadáveres fueron hallados en un camino de terracería en Las Choapas.
- Y en enero de 2022 fueron hallados 9 cadáveres con signos de tortura en la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, en el sur de la entidad.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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