Vendedores ambulantes de las colonias Juárez, Roma y Condesa se amparan para no ser retirados por la alcaldía Cuauhtémoc
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que existen más de 50 vendedores ambulantes que se encuentran amparados por lo que no pueden ser retirados, y procederá mediante la vía legal ante el Tribunal de Justicia Administrativa para recuperar los espacios.
Durante la transición de su cargo, Rojo de la Vega dijo que hubo una falta de atención por parte de las autoridades, ya que el comercio creció.
“Aprovechó la gente y aumentó el comercio en vía pública, además de que se está amparando en suspensión y entonces hay comercio que no podemos mover porque el juez les otorgó la suspensión y así la alcaldía no puede ordenar estos puestos”, señaló en conferencia de prensa.
En tanto, el director de gobierno de Cuauhtémoc, Obdulio Ávila, precisó que los ambulantes que se ha amparado se encuentran en las colonias Juárez, Roma y Condesa.
“En la México–Tenochtitlán, 16 puestos fueron retirados y no se van a volver a instalar. También por instancia constante de la alcaldesa con el gobierno de la ciudad, los más de 300 vendedores instalados en fin de año tanto en la Alameda y Bellas Artes se retiraron, pero fue ese operativo gracias a la solicitud y a la insistencia del gobierno de Rojo de la Vega”, comentó Ávila.
Hay más de 13 mil vendedores ambulantes en la alcaldía Cuauhtémoc
Agregó que hay más de 13 mil comerciantes y acusó que la anterior administración no entregó un censo sin permiso en la vía pública.
“El compromiso de la alcaldesa que nos ha ordenado es que al concluir el trienio tengamos un censo calle por calle de quiénes están vendiendo en la Cuauhtémoc tengan o no tengan permiso”, destacó Ávila.
Añadió que hay personas que se encuentran vendiendo durante muchos años y nunca han tenido una autorización administrativa formal.
Comentó que no iban a dar nombres de los líderes comerciantes por cuestión de los derechos humanos.
Retiran comercio de Bellas Artes para el libre tránsito de personas
En diciembre, el gobierno de la Ciudad de México a cargo de Clara Brugada, ordenó desplegar un operativo en calles del Centro Histórico y en la explanada de Bellas Artes para retirar a los puestos ambulantes.
El secretario de gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, precisó que se continuarían con los operativos para mantener el orden y la seguridad en el primer cuadro de la CDMX.
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“La jefa de Gobierno, Clara Brugada, nos ha instruido que desde este momento y (…) hasta el 07 de enero, donde hay más comercio, hay más visitantes, hay más actividades. En ese sentido, insisto, mantengamos el orden y la seguridad”, comentó Cravioto.
Añadió que el objetivo de dichos operativos era para que los visitantes se sintieran seguros y caminar libremente, para presenciar el orden.
“Respetamos mucho a quienes ejercen el comercio en sus distintas facetas y por supuesto que quienes tienen un establecimiento y también respetamos el comercio que lo ejercen en las vías públicas, pero tiene que haber orden, tiene que haber un número determinado de comerciantes que permita que todos podamos convivir y respetando los derechos humanos”, reiteró Cravioto.
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Las pruebas contra Trump por intentar anular el resultado electoral en 2020 fueron “suficientes para obtener y mantener una condena”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, si no hubiera sido reelegido con éxito en 2024, afirmó el hombre que dirigió las investigaciones del gobierno estadounidense.
Las pruebas contra Trump fueron “suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
Trump respondió diciendo que Smith estaba “trastornado” y que sus hallazgos eran “falsos”.
El presidente electo fue acusado de presionar a funcionarios para revertir el resultado electoral de 2020, difundir deliberadamente mentiras sobre fraude electoral, y tratar de explotar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump negó las acusaciones.
Trump, que era presidente en el momento de los presuntos crímenes, pasó cuatro años fuera del cargo, pero fue reelegido con éxito para la Casa Blanca en noviembre. Regresará a la presidencia el 20 de enero.
Después de su éxito en la votación de 2024, las diversas cuestiones legales con las que había estado luchando se han evaporado en gran medida. El caso sobre interferencia electoral ahora fue desestimado.
Smith dice en el informe que “respalda plenamente” los méritos de presentar la acusación y defiende la solidez del caso.
El fiscal especial continuó diciendo que fue sólo el hecho de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio lo que puso fin al caso.
“Pero para la elección del señor Trump (en 2024) y su inminente regreso a la presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”.
Parte del material del informe de Smith ya se conocía gracias a una presentación pública en octubre, que daba detalles de los supuestos esfuerzos de Trump para revertir su derrota.
Pero el informe, que fue presentado por el Departamento de Justicia (DoJ por sus siglas en inglés) al Congreso, brinda más detalles sobre por qué Smith siguió adelante con el caso y finalmente lo cerró.
• Justifica el caso contra Trump acusándolo de “esfuerzos sin precedentes para retener ilegalmente el poder” mediante “amenazas y fomento de la violencia contra sus supuestos opositores“.
• Los “esfuerzos criminales” de Trump incluyeron acusaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas, agrega.
• El informe detalla los “desafíos importantes” que enfrentaron los investigadores, incluido el uso de redes sociales por parte de Trump para atacar a testigos, tribunales y empleados del Departamento de Justicia.
• Al negar que el caso tuviera motivaciones políticas, Smith dice: “La afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la administración (del presidente Joe) Biden u otros actores políticos es, en una palabra, ridícula”.
• Smith reflexiona además en una carta adjunta: “Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendiera el estado de derecho es importante”.
El documento de 137 páginas fue enviado al Congreso después de la medianoche del martes, tras un período de tira y afloje legal que culminó con una jueza allanando el camino para la publicación de la primera parte del informe de Smith.
La jueza, Aileen Cannon, también ordenó realizar una audiencia a finales de semana para decidir si se debe publicar la segunda parte del informe, que se centra en acusaciones separadas de que Trump guardó ilegalmente documentos gubernamentales clasificados en su casa en Florida.
En una publicación en su sitio web Truth Social, Trump mantuvo su inocencia, burlándose de Smith al escribir que el fiscal “no pudo hacer que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que gané de manera aplastante”.
Trump añadió: “¡¡¡LOS VOTANTES HAN HABLADO!!!”
Smith fue designado en 2022 para supervisar las investigaciones del gobierno estadounidense sobre Trump. El Departamento de Justicia elige fiscales especiales en los casos en que existe un posible conflicto de intereses.
En el caso sobre interferencia electoral, Trump fue acusado de conspirar para anular el resultado de los comicios de 2020, que perdió ante Joe Biden.
Tanto este caso como el de documentos clasificados resultaron en cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente y trató de presentar los procesamientos como motivados políticamente.
Pero Smith cerró los casos después de la elección de Trump en noviembre, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento de un presidente en ejercicio.
El informe explica: “La opinión del departamento de que la Constitución (de EE.UU.) prohíbe continuar acusando y enjuiciando a un presidente es categórica y no gira en torno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusa, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, algo que la oficina respalda plenamente.”
Agrega que los fiscales se encontraron en una encrucijada: “Los resultados electorales (de 2024) plantearon por primera vez la cuestión del procedimiento legal cuando un ciudadano privado que ya ha sido acusado es elegido presidente”.
La publicación del martes se produce después de un período de idas y venidas legales, durante el cual la jueza Cannon suspendió temporalmente la publicación del informe completo de Smith por temor a que pudiera afectar los procedimientos contra dos asociados de Trump acusados junto a él en el caso de documentos clasificados.
Walt Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos De Oliveira, administrador de su propiedad Mar-a-Lago, están acusados de ayudar a Trump a ocultar los documentos.
A diferencia del caso de Trump, los suyos aún están pendientes y sus abogados argumentaron que la publicación del informe podría influir en un jurado y un juicio futuros.
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