Semarnat y Fonatur aplazan, otra vez, audiencia por Tren Maya; “no hay justicia para pueblos”, denuncian defensores del territorio
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) volvieron a retrasar la audiencia de la demanda de amparo que comunidades mayas y la organización Territorios Diversos para la Vida (Terra Vida) iniciaron desde 2019, para detener en su totalidad la operación del megaproyecto ferroviario Tren Maya.
La audiencia que se llevaría a cabo el pasado 10 de julio no se celebró. No es la primera vez que este proceso se difiere para las comunidades mayas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán que buscan justicia ambiental para su territorio.
Han pasado cinco años desde que los pueblos maya y la organización Terra Vida iniciaron una demanda de amparo, en 2019, en contra de los siete tramos que componen el proyecto Tren Maya en la Península de Yucatán.
En la audiencia que se celebraría el pasado 4 de junio, el Fonatur y la Semarnat señalaron que no habían recibido los documentos correspondientes a los dictámenes periciales de la parte quejosa, es decir, los presentados por TerraVida, organización que lleva el acompañamiento legal para las comunidades mayas afectadas por este proyecto que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Este fue el mismo argumento que presentó la Semarnat para diferir la audiencia de mayo. Lo que nosotras hemos estado viendo es que se trata de un patrón porque, como señaló el propio Juzgado, los documentos se encuentran digitalizados y el expediente electrónico desde hace un año”, comentó Viridiana Maldonado en entrevista para Animal Político.
Viridiana Maldonado es abogada en la organización Terra Vida y lleva el acompañamiento legal del proyecto Tren Maya. Para ella, esta práctica que utilizan ambas dependencias es para dilatar el proceso.
“Lo que nosotras vemos es que se marca en el cambio de poder judicial que, seguramente, será mucho más favorecedor a las suspensiones que ha otorgado este juzgado”, añadió.
“No hay justicia para los pueblos”
Sara López vive en la cabecera municipal de Candelaria, Campeche, es defensora del territorio, de la tierra, del agua y de la vida en su municipio y en Calakmul. La falta de respuesta de las autoridades para concretar la audiencia sobre el proyecto Tren Maya la llena de impotencia y rabia.
“Ya llevamos cinco años con esta demanda de amparo sobre fragmentación, sobre los impactos ambientales y los impactos negativos, entonces, qué quiere dar a entender esto, que no tienen puestos los ojos en los pueblos indígenas, en las comunidades y en los que somos afectados por esta megaobra, que no hay justicia para los pueblos”, expresó Sara López en entrevista.
“Tengo esa rabia de que no nos hacen caso. De por sí nosotros no creemos en esta justicia de estos malos gobiernos”, añadió.
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Por su parte, Maldonado dijo que lo que se busca con esta audiencia es que con las periciales presentadas se otorgue el amparo para detener el proyecto que, consideran, genera destrucción socio-ambiental en la Península de Yucatán.
En las periciales elaboradas por especialistas en conservación biológica y urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que el proyecto Tren Maya, desde su construcción, embistió considerablemente los servicios ecosistémicos de la selva y modificó el estilo de vida de los pueblos mayas.
Un retraso al debido proceso
Maldonado explicó que este tipo de prácticas dilatorias atentan contra el debido proceso, el cual se establece con bases y parámetros para que los juicios sean ágiles, accesibles y que no sean onerosos.
La abogada dijo que usualmente un proceso judicial como este tarda entre un año y ocho meses, o hasta dos años, en resolverse.
“Ahora, este juicio va en el quinto año sin contar con una resolución. Ni siquiera de primera instancia. (…) A diferencia de otros procesos, la necesidad de tener un juicio que cumpla con todos los requisitos procesales en materia de derechos humanos resulta trascendental, por el hecho de que se garanticen los derechos colectivos de las personas”, señaló Maldonado.
Y es que, no solo se trata de las personas que están al frente del proceso judicial por este megaproyecto, sino también de quienes habitan la Península de Yucatán y de los ciudadanos en general.
“En un contexto tan desfavorecedor de crisis climática, hídrico y de biodiversidad, resulta indispensable tener un poder judicial que pueda garantizar un análisis pronunciado de las violaciones y los argumentos que se han puesto en la demanda y que pueda establecer lo más pronto posible, una determinación que prevea los impactos que están ocurriendo y aquellos que se proyectan”, sentenció la abogada.
Sara López señaló que, aunque ya no confían en la justicia del país, decidieron iniciar un proceso judicial con la expectativa de que el gobierno federal no ignorara las manifestaciones, conferencias de prensa y comunicados que realizaron para informar sobre los impactos que la construcción y operación del megaproyecto tendría en sus comunidades.
“Sentíamos que le valía al gobierno. Entonces, usamos esta herramienta (…) pero ya había pasado la vía férrea, ya había habido la devastación. Al fin de cuentas, se siguió con el proceso de amparo, entregando pruebas que son reales y pensamos que se iba a parar el Tren. Cuando nos dieron una suspensión definitiva y vimos que no; la misma obra siguió y sigue la construcción, entonces, no hay justicia para nosotros”, denunció Sara López.
La defensora del territorio hizo hincapié en que “el gobierno y las instancias de gobierno no son para los pueblos”.
El proyecto Tren Maya continúa creciendo
La abogada Viridiana Maldonado señaló que, en estos cinco años, el megaproyecto del Tren Maya ha seguido creciendo y generando nuevas ramificaciones, lo que ha acumulado impactos y daños tanto en los ecosistemas como en los derechos humanos de las personas.
Para entender los cambios que experimenta la Península de Yucatán con la operación del Tren Maya, Sara López describió algunas de las modificaciones que ya se viven en el territorio tras ser fragmentado como ocurre en las comunidades por donde pasan las vías férreas.
Por ejemplo, el paso que antes era utilizado por la comunidad como medio de tránsito ahora se encuentra cercado y dividido.
“Prácticamente dividieron a la comunidad. Hay unos puentes super elevados que la gente de la tercera edad no puede pasar, también hubo relleno de los humedales que sobre todo, [en] los humedales el agua se iba para allá, para que no se inundara, entonces, con las lluvias fuertes habrá inundaciones”, comentó López.
Otro caso que se ha documentado desde el inicio de la construcción del Tren Maya es el paso de fauna, Sara describe que los túneles que hizo el gobierno son tan pequeños que, al final de cuentas, quienes lo utilizan muchas veces son las personas para pasar por ahí y no los animales.
La comunidad de Xpujil, ubicada al este, en la frontera con Quintana Roo y Petén, Guatemala, rumbo al sur, registró la presencia de un jaguar que llegó a una de las casas de las defensoras. El ejemplar, en busca de alimento, fue captado por las cámaras instaladas en el domicilio mientras devoraba un perro.
En las comunidades de los municipios de Candelaria y Calakmul, uno de los problemas es el alza de precios de los productos básicos y de los hoteles. Según señala Sara López, estos subieron tremendamente, al igual que las rentas por la llegada de gente de fuera.
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“Cosas que nunca habían pasado en el caso de Calakmul es el crimen organizado, asesinatos, levantamientos de personas que no han aparecido aumentó demasiado. Calakmul era un lugar tranquilo y vino la llegada de gente de fuera para la construcción de las vías ferreas, aumentó la delincuencia, la drogadicción, la prostitución y los asesinatos. Eso es tremendo y es terrible. La presencia del ejército en las comunidades también es muy fuerte”, señaló la defensora.
Pese al tiempo, seguirán defendiendo el territorio
Las comunidades de los estados por donde atraviesa el Tren Maya: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, tienen muy presente la defensa del territorio, del agua, de los ríos, de los manantiales, de los arroyos, los árboles, pero también de la lengua con los pueblos mayas, mayas choles, mayas tzeltal.
“Hay que reconocer que las zonas arqueológicas son una de las cosas que también nos caracteriza a nosotros, los pueblos mayas, y que es lo que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra región. Y bueno, al tener montañas, al tener la selva hay diversidad de animales que todavía se conservan por años. Los pueblos, las comunidades han conservado y protegido los árboles y protegido a los animales”, añadió.
Desde Terra Vida, la abogada Viridiana Maldonado reiteró que la Semarnat, tras haber autorizado este megaproyecto ferroviario en la administración de López Obrador debe atender este proceso judicial, así como los actos y omisiones que desde la organización consideran son violatorias de derechos humanos.
“Sí o sí tienen que ser analizadas”, sentenció.
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El subsuelo del país guarda grandes depósitos de hierro, bauxita y oro, pero también se cree que hay abundantes reservas de coltán y de tierras raras, muy demandadas por la industria tecnológica.
Venezuela y el petróleo son casi sinónimos.
Durante más de un siglo, el país sudamericano fue uno de los principales productores de crudo del mundo y a finales de la década pasada se confirmó lo que hasta entonces era una sospecha: posee la principal reserva de este hidrocarburo del planeta.
El suelo venezolano alberga unos 300.000 millones de barriles de crudo, sobre todo extrapesado, superando los 260.000 millones que tiene Arabia Saudita (el mayor productor), según datos del anuario estadístico de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
“Aquí está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí, en Venezuela, tenemos petróleo para más de 100 años”, declaró con insistencia el fallecido presidente Hugo Chávez.
Sin embargo, en las entrañas del suelo venezolano no solo hay crudo, sino también grandes yacimientos de distintos metales y minerales.
Durante años, Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, achacaron sus malas relaciones con Estados Unidos al interés de Washington por apropiarse de esos recursos.
“¿Cuál es la meta del gobierno actual de EE.UU.? Ya lo han dicho: agarrarse todo el petróleo de Venezuela, el oro, las tierras raras, las riquezas de Venezuela”, declaró Maduro en una entrevista difundida el 1 de enero, dos días antes de la inédita operación militar que Donald Trump ordenó ejecutar contra Venezuela y la cual terminó con la captura del gobernante y de su esposa, Cilia Flores.
Las primeras palabras del mandatario estadounidense luego de esos sucesos parecieron confirmar las sospechas.
“Lo que necesitamos (de las autoridades interinas venezolanas) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, dijo Trump.
Para los analistas consultados por BBC Mundo y para el propio gobierno interino venezolano esas “otras cosas” que no especificó el mandatario estaounidense parecen incluir los también vastos yacimientos minerales del país.
Un amplio inventario
“En Venezuela no solamente existe el petróleo como recurso mineral importante, sino que también hay otros, una minoría de los cuales han comenzado a ser explotados”, le dijo a BBC Mundo el geólogo venezolano Gustavo Coronel.
¿Cuáles son esos minerales? “El hierro, la bauxita y el oro”, enumeró el experto, quien fue uno de los directivos fundadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Por su parte, Emiliano Terán Mantovani, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) agregó a la lista “los diamantes, el coltán, el níquel, el cobre y el carbón”. Terán Mantovani es un investigador especializado en los impactos en América Latina del llamado “extractivismo” (la explotación y exportación de grandes volúmenes de recursos naturales con escaso procesamiento).
Las autoridades, entretanto, han asegurado que en el país hay al menos 50 minerales y estiman que unos 15 pueden ser explotados comercialmente.
Según el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), organismo adscrito a la Vicepresidencia venezolana, el país tiene la octava reserva mundial de hierro, con 14.721 millones de toneladas métricas, y posee más de 321 millones de toneladas de bauxita, que es la materia prima para obtener aluminio metálico, con el cual se fabrican aviones, automóviles y otros productos.
En lo que se refiere al oro, el CIIP asegura que el país alberga entre 2.200 y 8.000 toneladas, lo que convertiría a Venezuela en la segunda reserva mundial de este metal precioso. No obstante, los expertos consultados por BBC Mundo advirtieron que esos datos no han sido verificados independientemente.
“Nadie sabe, ni siquiera el gobierno, a cuánto ascienden las reservas probadas de oro, porque la explotación ha sido muy desorganizada y no se han realizado más estudios”, afirmó Coronel.
La mayoría de los yacimientos de estos minerales se ubican al sureste del país, en particular en la región de Guayana, conformada por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, y algunos de ellos son explotados desde hace varias décadas.
Sin embargo, en otras partes del país como en la península de La Guajira, en el occidental estado Zulia, fronterizo con Colombia, hay depósitos de carbón; mientras que los de cobre están esparcidos por el centro-norte y el nororiente.
El misterio de las tierras raras
En los últimos años, las autoridades venezolanas han asegurado que en el país hay depósitos de las llamadas tierras raras —esos 17 elementos químicos tan demandados actualmente para fabricar baterías, pantallas, imanes y otros equipos tecnológicos—, una afirmación que los expertos respaldan.
“En el año 1971 se hizo un levantamiento aeromagnético y se detectó la presencia de tierras raras en el cerro Impacto, ubicado entre los estados Bolívar y Amazonas”, aseguró Coronel.
El torio —un elemento altamente radioactivo y muy apreciado en la industria nuclear— fue identificado junto con el niobio y el tantalio, se lee en un informe del Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés) fechado en 1990.
No obstante, el organismo estadounidense no incluye al país sudamericano entre aquellos que poseen depósitos de tierras raras por falta de datos. ¿La razón? Décadas después de los primeros hallazgos, todavía se desconoce qué tan importantes son estos yacimientos.
“Esos minerales están en una zona de difícil acceso, con abundante vegetación y están cubiertos por una enorme cantidad de sedimentos, por lo cual se requiere de excavaciones y perforaciones que afectarían seriamente el medio ambiente”, explicó Coronel.
Por su parte, las autoridades han asegurado que los depósitos de estos elementos, así como de coltán —un mineral crítico, también muy demandado por la industria tecnológica civil y militar—, son grandes.
“Las reservas (de coltán) en Venezuela pudieran, en una evaluación muy preliminar, aproximarse a los US$100.000 millones”, aseveró Chávez durante un discurso en el Parlamento en 2010.
No obstante, no fue sino ocho años después cuando se conoció la primera exportación del llamado “oro azul”.
En 2018, el entonces ministro de Desarrollo Minero, Víctor Cano, anunció que cinco toneladas de coltán, por un valor de US$330.000, fueron vendidas a Italia.
Desde entonces, no se ha informado de nuevos envíos de este mineral al exterior, al menos de manera formal, pero reportes de organizaciones ambientalistas y de medios locales apuntan a un creciente contrabando del mineral.
El plan B
Aunque la tradición minera venezolana se remonta a tiempos de la colonia, nunca fue un motor de la economía venezolana, pese a su potencial.
No obstante, esto cambió a partir de la segunda mitad de la década pasada.
“Debido a la caída de la producción petrolera, Maduro decretó en 2016 el Arco Minero del Orinoco para explotar los minerales de la zona, en particular el oro, que ha tomado protagonismo debido a que sus elevados precios internacionales”, recordó Terán.
El Arco Minero es una vasta zona de más de 110.000 kilómetros cuadrados, equivalente al 12% del territorio venezolano, ubicada al norte de los estados Amazonas, Bolívar y el sur de Delta Amacuro, cerca de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde están el grueso de las reservas de crudo venezolanas.
El Arco fue dividido en cuatro bloques dependiendo de la preponderancia de yacimientos minerales que contienen.
“Se esperaba que unas 150 empresas participaran en la explotación del Arco, pero la falta de seguridad jurídica, la agudización de la crisis política y las sanciones internacionales lo frustraron”, explicó el experto.
El sector minero también fue objeto de expropiaciones durante el gobierno de Chávez y algunas de esas disputas siguen en tribunales internacionales.
“A partir de allí, el gobierno recurrió a la pequeña minería para recabar el oro, actividad que no siempre respeta el medioambiente ni a las comunidades indígenas”, agregó Terán.
Y como si lo anterior no fuera suficiente, el experto denunció que “el crimen organizado se expandió en la zona gracias a su asociación a sectores militares que se han enriquecido con el negocio minero”.
Las autoridades, por su parte, han reconocido que en la zona se han producido hechos irregulares. “Se llevan el oro, el coltán, los diamantes”, admitió Maduro el 5 de enero de 2018. No obstante, los funcionarios aseguran que estos son casos aislados y aseguran que sus responsables son perseguidos.
Pese los obstáculos, la explotación de oro ha aumentado de manera constante en los últimos años, llegando a cifras sin precedentes de entre 40 y 50 toneladas al año, lo cual representa entre US$2.700 y US$3.300 millones, según fuentes nacionales e internacionales.
Sin embargo, solo una pequeña porción de esos fondos ha terminado en las arcas públicas.
“Al Banco Central de Venezuela (BCV) apenas estaría ingresando 8% del oro explotado por concepto de regalías y 6% por autorizar las exportaciones, mientras las organizaciones criminales se estarían quedando con alrededor de 20% y las alianzas estratégicas vinculadas a la élite política con 66%”, denunció la organización Transparencia Venezuela en un informe publicado en 2024.
Las autoridades han sido muy opacas en cuanto a la producción de oro y no informan cuánto ingresa al BCV por este concepto. Este mes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el oro “mantiene el servicio exterior” (embajadas y consulados) y financia “a los deportistas venezolanos” que asisten a competencias internacionales, al tiempo que reveló que en 2025 se extrajeron 9,5 toneladas del metal.
Las minas están en la mira
Más allá de la petición de Trump de “acceso total”, otros funcionarios estadounidenses han dejado en claro el interés de Washington por los otros recursos naturales venezolanos.
“Tienen hierro y todos los minerales críticos, tienen una gran historia minera que se ha oxidado, pero el presidente Trump va a arreglarlo y recuperarlo”, anunció el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, horas después de la captura de Maduro y Flores.
A lo anterior hay que sumarle que la bauxita, el níquel, el cobre y el carbón —que también posee Venezuela— fueron incorporados en noviembre de 2025 a la lista de minerales críticos fundamentales para la economía de EE. UU. que elabora el USGS, el Servicio Geológico de ese país.
“Los minerales críticos sustentan industrias por valor de billones de dólares, y la dependencia de las importaciones pone en riesgo sectores clave”, advirtió Ned Mamula, director del USGS.
Los expertos dieron por hecho que el interés de Washington no se limitará al petróleo, pues la administración estadounidense ha dejado en claro que quiere diversificar su cadena de materias primas.
“El oro es parte del interés de EE.UU. en esta nueva situación. No es desconocido que el presidente Trump tiene una especial predilección por el oro como lo prueba la decoración de su oficina en la Casa Blanca”, apuntó Coronel.
No obstante, el geólogo expresó preocupación por cómo puedan explotarse algunos minerales.
“Un gobierno democrático seguramente dejaría intacta la zona del cerro Impacto, ya que existe el riesgo de un desastre ecológico. Pero temo que ahora algunos países que necesitan desesperadamente esos minerales podrían presionar para abrir la zona a la exploración, y uno de ellos es, obviamente, EE. UU.”, dijo.
Terán también expresó inquietud por las apetencias de Washington.
“No está de más decir que aquí no hay ningún miramiento ambiental ni preocupación por la democracia o los derechos humanos; lo que estamos viendo son señales de unos acuerdos bastante subordinados que ponen en peligro la idea de soberanía que tuvimos”, advirtió.
Sin embargo, firmas especializadas como GlobalData Energy han expresado dudas sobre la capacidad de Venezuela para convertirse en un suministrador confiable de minerales para EE. UU. a corto plazo.
¿Por qué? Por la carencia de infraestructura moderna en el país, de estudios confiables sobre sus reservas y, sobre todo, de un marco jurídico estable, se lee en un informe publicado recientemente.
Este último aspecto ya está siendo atendido por las autoridades venezolanas, las cuales se han mostrado dispuestas a abrir los yacimientos minerales a la inversión privada.
“Esas inmensas reservas de petróleo (de Venezuela) tienen que ser sacadas para convertirlas en escuelas, en hospitales, (…) debajo de la tierra no le sirven a nadie”, declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada—, al defender la veloz reforma a la Ley de Hidrocarburos, la cual revierte parte del modelo estatizador impuesto por el chavismo en las últimas dos décadas.
Entre los 29 textos que el oficialismo prevé modificar también figura que el regula la minería.
Mapa por Caroline Souza, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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