
Para entender mejor
Expertos en ingeniería civil de la Universidad Iberoamericana cuestionaron la conclusión preliminar de la Fiscalía General de la República (FGR) que atribuye al exceso de velocidad el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en el que murieron 14 personas y más de 10 resultaron heridas.
Los especialistas señalaron que, aunado a la velocidad, la infraestructura del Corredor presenta irregularidades que deben ser consideradas por las autoridades.

El doctor Manuel del Moral Dávila, académico del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Ibero, y el maestro Agustín Ortega García, académico de la Coordinación de Ingeniería Civil de la misma institución, coincidieron en que la rehabilitación parcial de una vía histórica, así como la antigüedad del material rodante sumado al exceso de velocidad son factores clave que contribuyeron a la tragedia.
Del Moral Dávila y Ortega García participaron en la conferencia “El tren interoceánico: Radiografía de una falla y responsabilidad ética”, que se llevó a cabo dos días después de que la FGR diera a conocer parcialmente los resultados de su investigación, que indican que el accidente fue causado por un exceso de velocidad atribuible a la operación del ferrocarril y no a fallas mecánicas o de infraestructura.
Una conclusión que, aunque preliminar, ya se tradujo en la detención de Felipe de Jesús “N”, identificado como el maquinista del Tren Interoceánico, así como de Ricardo “M”, jefe de despachadores del tren, ambos supuestamente implicados en el descarrilamiento.
Desde el inicio, los especialistas coincidieron en que el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), concebido históricamente para competir con el Canal de Panamá, se enfrentó a un reto monumental al utilizar una infraestructura antigua con solo una rehabilitación parcial.
El maestro Agustín Ortega enfatizó que se trabajó con una estructura diseñada en los años treinta que no tuvo la mejor rehabilitación para su puesta en marcha: “la línea Z del corredor interoceánico es una vía histórica y la rehabilitaron lo mejor que pudieron. Sin embargo, corregir curvas hubiera sido deseable, cambiando radios de giro. Estás utilizando una casa vieja y nada más le estás cambiando algunas cosas, pero la casa vieja sigue siendo vieja”, señaló.
Por su parte, el doctor Manuel del Moral destacó que las condiciones de la vía en la zona montañosa de La Nissanda, donde ocurrió el descarrilamiento, imponen límites de velocidad estrictos que no siempre se respetan.

“La infraestructura es la que manda a la velocidad […] tenemos, digamos, tres características que hacen complicado en un momento determinado, tener o alcanzar altas velocidades: primero, si el balasto no está estabilizado; segundo, si los durmientes tienen asentamientos diferenciales a lo largo de todo el recorrido y, por último, si hay temas de transiciones y de curvas que en realidad no están correctamente planteadas”.
En este sentido, ambos expertos mencionaron problemas específicos en la vía rehabilitada, incluyendo cuestionamientos sobre la calidad del balasto suministrado y la coexistencia de durmientes de madera y de concreto en transiciones abruptas de tan solo 60 centímetros —evidenciado en diversos videos tomados por pasajeros y pobladores en el lugar de los hechos— lo que genera variaciones inmediatas en masa y rigidez.
La observación de los especialistas cobra relevancia si se toma en cuenta que, en su conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy deslindó de manera indirecta a Gonzalo López Obrador, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalado tras el descarrilamiento, debido a que durante la construcción del tren tuvo un cargo honorífico para supervisar las obras y fue el encargado de pactar diversos contratos supuestamente irregulares para adquirir material necesario.
Los especialistas resaltaron que el trazado de una sola vía para ambas direcciones, limita las operaciones y exige un monitoreo y supervisión aún mayores.
Así, el análisis de los especialistas apuntó directamente a la velocidad como el principal factor de riesgo en una vía imperfecta. El doctor Del Moral Dávila sintetizó el riesgo operacional en una ecuación: “Velocidad, más peso, más vía imperfecta es un riesgo”.
Además, criticó la adquisición de los vehículos, pues las locomotoras tienen entre 20 y 40 años de antigüedad y fueron adquiridas en el mercado secundario con una inversión de alrededor de 60 millones de dólares, además de que tienen un diseño inadecuado, debido a que están orientadas a carga y se utilizaron para pasajeros, en una vía que originalmente era solo para el primer fin mencionado.
El maestro Ortega García señaló que los trenes utilizados, como el modelo F59PH fabricado en Canadá, están diseñados para operaciones muy distintas a las que enfrentan en el Istmo. “Los trenes que trajeron de Inglaterra (y otras locomotoras de pasajeros) están pensados para operar en vías de solo pasajeros, con mayor velocidad. Entonces estructuralmente están diseñados para otras funciones y responden de otra manera en caso de un accidente”.
Finalmente, el doctor Del Moral Dávila planteó dudas sobre el control de la velocidad, citando la investigación de la Fiscalía: “el informe de la Fiscalía, eventualmente, habla de que no tenía o que en realidad la medición de la velocidad se hacía de una manera mucho más manual”.

El maestro Ortega García concluyó que los testimonios de los pasajeros refuerzan la hipótesis de un descarrilamiento por exceso de velocidad, una vez que las fuerzas centrífugas superaron las capacidades de la infraestructura: “‘Sentí que dio el jalón y le ganó el peso’ ¿Qué está describiendo esta persona? Lo que nosotros en diagramas ponemos como flechitas de fuerzas… tu primer pensamiento, si sabes de esto, es descarrilamiento por velocidad”, dijo.
Por este motivo, el académico hizo un llamado a la profesión de ingeniería civil sobre la responsabilidad social en la toma de decisiones técnicas, asegurando que “la necesidad de ser consistentes y congruentes desde el punto de vista del ejercicio de la práctica de nuestra profesión, es fundamental: el modelo ético siempre paga para bien“.

El exmandatario alega ser inocente, mientras a las afueras de la Corte se congregaron manifestantes a su favor y una fuerte presencia policial.
Prisión de por vida.
Esa es la sentencia que un tribunal dictó contra el expresidente Yoon Suk-yeol, quien fue declarado culpable de abuso de poder y de planificar una insurrección en Corea del Sur.
En diciembre de 2024, el exmandatario declaró la ley marcial e intentó usar a las fuerzas armadas para ejercer control en el país.
Su intento de golpe duró sólo seis horas, pero puso a prueba la democracia y causó una crisis política, con su partido siendo derrotado en las elecciones siguientes.
En enero, los fiscales dijeron que “la ley marcial de emergencia, inconstitucional e ilegal de Yoon, socavó el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral… destruyendo de hecho el orden constitucional liberal democrático”.
La pena máxima por organizar una insurrección en Corea del Sur es la condena a muerte o cadena perpetua. El Ministerio Público había solicitado la primera.
Durante la audiencia hubo una enorme presencia policial, así como manifestaciones en apoyo al político, en una muestra de lo polarizada que está la sociedad surcoreana en torno a este caso legal.
La ley marcial que declaró Yoon suspendía el Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos, e imponía la censura a los medios de comunicación.
Él niega los cargos en su contra.
En el juicio, según la agencia de noticias Reuters, el también exfiscal argumentó que tenía autoridad presidencial para declarar la ley marcial y que su acción tenía como objetivo dar la voz de alarma sobre la obstrucción del gobierno por parte de los partidos contrarios a su administración.
Yoon ya está cumpliendo condena por otra sentencia relacionada con la ley marcial. Aún enfrenta dos juicios más relacionados con ella.
Nacido en Seúl en 1960, Yoon ganó notoriedad en el país gracias a una larga carrera de fiscal en la que se ocupó de algunos casos destacados de corrupción, como el que salpicó en 2016 a la entonces presidenta Park Geun-hye.
Presentándose como un azote contra los delitos contra el patrimonio público y un “antifeminista” en un momento en el que la sociedad surcoreana parecía muy dividida en torno a cuestiones de género, Yoon desembarcó en la política y fue el candidato del conservador Partido del Poder Popular en las elecciones de 2022.
En los comicios, el político derrotó por un margen inferior al 1% a su rival Lee Jae-myung, del izquierdista Partido Democrático.
Yoon se benefició del rechazo generalizado a la gestión anterior de Mon Jae-in, del Partido Democrático, y alcanzó la presidencia tras una campaña centrada en sus promesas de combatir la corrupción.
El voto de los jóvenes varones atraídos por sus promesas de frenar lo que Yoon considera excesos feministas fue otra de las claves de su victoria electoral.
Según le dijo a la BBC Don S. Lee, profesor de Administración Pública de la Universidad Sungkyunkwan, en Seúl, había “grandes esperanzas” entre sus votantes de que el nuevo gobierno liderado por Yoon “perseguiría valores como la ética, la transparencia y la eficiencia”.
Pero esas expectativas se vieron en gran medida defraudadas por los escándalos en los que se vio envuelto el gobernante y sus allegados.
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