Crean sitio web para ayudar a familias de desaparecidos a revisar las prendas halladas en Teuchitlán
Las familias y colectivos que deseen revisar y reconocer pantalones, camisas, vestidos, suéteres, zapatos y mochilas encontrados en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, pueden hacerlo en el sitio rancho-izaguirre.abundis.com.mx. En la página, se encuentra una galería organizada por tipo de prenda, color, marca y talla, con el propósito de facilitar la identificación de los objetos hallados en este centro de adiestramiento y exterminio.
El sitio web fue creado por el programador Ángel Abundis, quien estudió la licenciatura en sociología y una maestría en comunicación por la Universidad de Guadalajara. El joven utilizó los datos compartidos por la Fiscalía de Jalisco —autoridad que por primera vez hizo públicos los indicios de un caso—, los respaldó, los subió a una página web y clasificó.
Ahora las familias buscadoras ven primero la imagen para identificar a simple vista si se parece a la prenda de su persona desaparecida y después leen algunas características como marca de la prenda, talla y otros detalles a destacar, con el fin de confirmar o descartar que pueda ser de su familiar.
Abundis cuenta en entrevista con Animal Político que tras descargar el material compartido por la Fiscalía surgió la iniciativa. “Me doy cuenta que su consulta es bastante complicada y pues que no permite ver en primera instancia las imágenes de las prendas que a las personas que están buscando a sus seres queridos les interesa… Yo soy programador (y el objetivo) era generar un listado que fuera accesible de manera pública”, relata el joven.
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Anteriormente, las personas, familias y colectivos que deseaban revisar los mil 308 indicios registrados del Rancho Izaguirre, debían acceder a una base de Excel con más de mil celdas publicada por la Fiscalía Estatal, y para ver las fotografías de cada prenda, tenían que presionar un enlace para que los dirigiera a una nueva pestaña.
Abundis publicó el proyecto un día después de que la Fiscalía compartió los primeros 495 indicios. La página se ha ido ajustando conforme a las actualizaciones publicadas por la Fiscalía. Actualmente se tienen los mismos indicios que la autoridad, se tratan de mil 308 prendas y objetos, entre los que se encuentran 154 pares de zapatos y 51 prendas de ropa interior.
El programador cuenta que tardó cerca de cuatro horas para poder resguardar la información, para después subirla a una página web, además de costear la compra del sitio, pero enfatiza que “es un esfuerzo mínimo en comparación de lo que hacen los colectivos de búsqueda”.
“Esa es la reflexión y el punto de partida, las familias que están buscando a sus seres queridos están haciendo un esfuerzo emocional, económico, de logística, de tiempo, que es gigantesco, entonces siento yo que como sociedad civil alguna herramienta por muy pequeña que pueda ser, que la podamos aportar, tendríamos que hacer un ejercicio de empatía, de nuestro propio lugar de enunciación cómo podemos apoyar y sumar a los esfuerzos monumentales que ya hacen estos colectivos de búsqueda”.
Familias que identifiquen prenda deben acudir al Ministerio Público
Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) tomó la investigación del caso, se anunció que las familias que identifiquen una prenda deben “contactar a la agencia del Ministerio Público donde se hizo la denuncia por la desaparición, aún si es en otra entidad federativa”, detalla la autoridad en un comunicado.
De esta manera, las familias y colectivos de búsqueda que estén interesados en ver las prendas de manera presencial, para confirmar o descartar el posible indicio, con fines de un avance en su investigación, deben contactar a la agencia del MP donde se hizo la denuncia.
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Anteriormente, cuando el caso solo era investigado por la autoridad local, las personas tenían que marcar a la Fiscalía de Jalisco para agendar una cita de identificación.
En caso de que no exista una denuncia previa, la FGR mencionó que lo mejor sería promover la denuncia para que se avance e investigue el posible hallazgo.
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Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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