Estudiantes de la universidad Tecmilenio campus Las Torres, en Nuevo León, protestaron para denunciar un caso de abuso sexual en contra de un alumno cometido presuntamente por otros jóvenes al interior del plantel.
De acuerdo con las denuncias, un grupo de alumnos agredieron sexualmente a otro joven al interior de un baño de la institución el pasado 11 de marzo.
Tras los hechos, la víctima fue suspendida durante tres días por intentar defenderse, mientras que no hubo consecuencias para los agresores, señalaron los estudiantes que se manifestaron.
Los alumnos exigieron que se investiguen los hechos y se obtenga justicia, así como tener una escuela en la que puedan sentirse seguros y protegidos sin temor a ser víctimas de agresiones sexuales en las instalaciones.
También circuló un comunicado del alumnado en que denuncian que dentro del Tecmilenio hay más víctimas de abuso sexual, acoso, bullying, filtración de fotos, etc. En los cuales, no han existido penalizaciones ni seguimiento por parte de la escuela.
Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que agentes de investigación acudieron al plantel para iniciar las indagatorias de oficio. Posteriormente, el Ministerio Público recibió una querella en la que se adjunta la carpeta de investigación, la cual aún se encuentra en proceso de integración.
El gobernador Samuel García indicó que está enterado del caso y se encuentra en contacto con las autoridades, así como con la directora del plantel, para ayudar a esclarecer el caso.
También dijo que en Nuevo León las víctimas cuentan con su apoyo y aseguró que, en caso de haber delito, se castigará a los responsables. “Este gobierno no protege ni protegerá a ningún agresor”, escribió en su cuenta de X.
Luego de las manifestaciones al interior del plantel, el Tecmilenio emitió un comunicado de prensa en el que aseguró qe tomará las denuncias con seriedad, así como “cualquier inquietud que afecte el bienestar” de la comunidad.
“Estamos acompañando a las familias relacionadas con la situación y la investigación correspondiente en curso”, escribió la institución.
De igual forma, se solicitó a la comunidad “actuar con responsabilidad y prudencia en la difusión de información no verificada”, pues esto podría afectar a las personas involucradas, revictimizar y generar confusión.
En entrevista para el medio ABC Noticias, la directora de Tecmilenio Las Torres, Alejandra Preciado, aseguró que, hasta antes del mediodía, no se tenía ninguna denuncia formal presentada.
Al cuestionarle sobre si tenía conocimiento de las fotografías y videos compartidos en redes sociales como pruebas del abuso sexual, la directora señaló que se estaban siguiendo los protocolos de la institución.
“Nos damos a la tarea en equipo de escuchar a los estudiantes y en el auditorio en este momento se están atendiendo sus inquietudes”, dijo.
Kilmar Ábrego está encarcelado en El Salvador pese a que no tiene antecedentes penales.
La justicia de Maryland le exigió al gobierno de Donald Trump que devuelva a EE.UU. a un hombre que reconoció haber deportado por error a una megaprisión de El Salvador.
La administración Trump envió el mes pasado a Kilmar Ábrego García al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), junto a más de 200 venezolanos y salvadoreños, muchos de los cuales son miembros de las pandillas, según informaron las autoridades sin aportar pruebas.
La Corte Suprema de EE.UU. respaldó parcialmente la semana pasada la orden de la jueza Paula Xinis, que le exigía al gobierno que “facilitara” el regreso del salvadoreño, después de admitir que su deportación fue un “error administrativo”.
Los funcionarios de Trump siguen mostrándose contrarios a la orden, mientras que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo esta semana que no dejará que Ábrego regrese a Estados Unidos.
La jueza Xinis dio este martes al gobierno de Trump dos semanas para brindar más información sobre lo que ha hecho para liberar a Ábrego.
Kilmar Ábrego llegó a Estados Unidos desde El Salvador ilegalmente en 2011.
Fue arrestado en 2019 junto a otros tres hombres en Maryland y detenido por las autoridades federales de inmigración.
Ese mismo año, un juez de inmigración le otorgó protección legal contra la deportación sobre la base de que podría estar en riesgo de persecución por parte de las pandillas de El Salvador.
Ábrego, de 29 años, había estado viviendo con su esposa y sus hijos bajo este estatus legal protegido en Maryland hasta el momento en que fue deportado a mediados de marzo.
La esposa del detenido, Jennifer Vásquez Sura, una ciudadana estadounidense, ha dicho que las administraciones de Trump y Bukele “continúan jugando juegos políticos con su vida”.
La administración Trump informó que la deportación de Ábrego fue un error administrativo. También dijeron que tiene vínculos con la pandilla MS-13, un grupo criminal que figura dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras.
Desde el gobierno de Trump dijeron que un informante confidencial demostró los vínculos de Ábrego con esta banda, algo que los familiares y abogados del salvadoreño desmienten.
La jueza federal que preside su caso dijo que Ábrego no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en El Salvador, y que los vínculos con las pandillas que se le atribuyen son “una acusación singular y sin fundamento”.
Ábrego García no ha sido acusado de tener vínculos con las pandillas.
Bukele dijo este lunes en un encuentro que mantuvo con Trump en la Casa Blanca que no enviaría de vuelta a Ábrego García porque “no nos gusta mucho liberar a los terroristas en nuestro país”, a pesar de que no se han visto pruebas que vinculen al joven con el terrorismo.
“La pregunta es absurda”, dijo Bukele, aliado de Trump desde que este regresó a la Casa Blanca en enero. “No tengo el poder de regresarlo a Estados Unidos”.
La Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en la reunión que “depende de El Salvador si quieren regresarlo”.
Bondi dijo que la Corte Suprema dictaminó “que si El Salvador quiere enviarlo de vuelta, facilitará la acción, proporcionando un avión”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que los demócratas y los medios de comunicación dijeron que habían “deportado a un candidato al padre del año”, alegando una vez más que era un miembro de la pandilla MS-13.
Poco después de su deportación al Cecot, los familiares de Ábrego le exigieron a la administración Trump que lo trajera de vuelta a Estados Unidos.
La jueza Xinis ordenó al gobierno que “facilitara y efectuara” su regreso antes del 7 de abril.
Después de que la administración Trump apelara el fallo ante la Corte Suprema, los jueces dictaminaron unánimemente que la administración Trump debe tratar de “facilitar” su regreso, al tiempo que solicitaron a la jueza del caso que aclare su directiva de “efectuar”.
Los jueces no le dieron al gobierno un plazo para que Ábrego sea liberado.
El martes, la jueza Xinis volvió a ordenar a la administración Trump que proporcionara más información sobre lo que ha hecho para liberar a Ábrego García y agregó que decidiría en dos semanas si el gobierno está actuando de buena fe o en desacato al tribunal.
Un funcionario estadounidense dijo durante el fin de semana que Ábrego García estaba “vivo y seguro” en la megaprisión de El Salvador.
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