Villahermosa, Tabasco registró este jueves una nueva ola de violencia con diversos asaltos a comercios por sujetos armados y encapuchados. Los robos fueron reportados por usuarios de redes sociales y confirmados más tarde por la Secretaría de Seguridad local. El gobernador Carlos Manuel Merino Campos se refirió a lo ocurrido como “hechos delincuenciales”.
Desde la tarde de este jueves, circularon en redes sociales videos de hombres armados y con el rostro cubierto que ingresaban a comercios para robar la mercancía.
“Ante los diversos hechos delincuenciales que se han cometido el día de hoy de manera inmediata di instrucciones a las áreas operativas de seguridad para dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia”, dijo en gobernador en un video.
Estos actos ocurren luego que la noche del 22 de diciembre pasado se registraron quema de vehículos y disparos en varios puntos de Villahermosa, capital del estado. Hechos minimizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por los cuales el gobernadorMerino culpó al “oportunismo electoral”de provocar temor e incertidumbre entre la población.
Hasta el momento, ni el gobernador ni las autoridades de seguridad han dado un balance del número de comercios afectados.
La cadena de supermercados local Súper Sánchez cerró por el resto de este jueves sus tiendas de Villahermosa, de acuerdo con un comunicado. Agregó que el viernes abrirán de nuevo.
“Lamentamos mucho los inconvenientes (…) El cierre es temporal por hoy (jueves), el día de mañana (viernes) estaremos comunicando más información acerca de ésta situación”, agregó en un post de Facebook.
Un reporte de Grupo Imagen mostró que tiendas de conveniencia, farmacias y otros comercios cerraron sus puertas tras los hechos de violencia.
En tanto, las autoridades locales sólo informaron sobre la detención de ocho sujetos presuntamente participantes en estos hechos delictivos.
“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa que derivado de los
hechos delictivos cometidos en comercios de Villahermosa, se detuvieron a 8 presuntos responsables, a quienes se les aseguró motocicletas, celulares, estupefacientes; están siendo puestos a disposición de la autoridad correspondiente”, informó la dependencia en un comunicado.
— Carlos Manuel Merino Campos (@cmmerino) January 5, 2024
La dependencia detalló que en la ranchería Río Viejo fueron detenidos por robo a comercio José David “N” y Juan “N”. Además, sobre el aseguramiento de una motocicleta Italika 2125 de color rojo con negro.
Mientras que en la colonia Guadalupe Borja fueron detenidos Eliseo “N” y Emir Alfredo “N” por posesión de droga, siendo asegurado estupefacientes y una motocicleta.
En tanto, en la colonia Gaviotas Sur, tras conducir una motocicleta con reporte de robo, fue
detenido Jesús “N”. También, en la ranchería Anacleto Canabal 1era. Sección fue detenido
Noé “N” por robo a comercio y en la colonia Centro, también por robo a comercio fueron
detenidos Carlos Alberto “N” y Jesús Adrián “N”.
En la carretera Macuspana-Villahermosa fue recuperada una camioneta Nissan Frontier de
color negro con reporte de robo. Además, en la colonia Gaviotas y Tabasco 2000 fueron detenidas dos personas puestas a disposición del Juez Calificador.
Más tarde, la Secretaría de la Defensa (Sedena) informó que atendió reportes de “actos vandálicos. Agregó que realizó trabajos de reconocimiento “para restablecer la paz”.
“Se desplegó al personal militar y de la Guardia Nacional en las diferentes áreas donde se reportaron actos vandálicos, apoyando a las autoridades civiles en sus labores y quienes, gracias a la labor coordinada, aseguraron a 8 personas vinculadas a estos disturbios, logrando así garantizar la seguridad de la población y permitir que reanuden sus actividades de manera normal”, de acuerdo con un comunicado.
“La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la VIl Región Militar y 30/a. Zona Militar, informa que, en relación a los reportes sobre diversos robos de comercios por parte de personas presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada, el Ejército y Guardia Nacional están llevando a cabo reconocimientos para restablecer la paz y tranquilidad en el estado”.
Una serie de quema de vehículos y balaceras en diferentes puntos de Villahermosa, Tabasco, se registraron la noche del viernes 22 de diciembre y madrugada del sábado 23; al mismo tiempo, en los penales de Huimanguillo, Comalcalco y Villahermosa ocurrieron intentos de motín, con saldo de dos personas muertas.
En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, atribuyó la quema de, al menos, 15 vehículos y las balaceras a grupos criminales locales y confirmó que el saldo de estos hechos fue de una persona muerta; el segundo descenso ocurrió en el intento de motín en el penal de Huimanguillo.
De acuerdo con Bermúdez, el enfrentamiento entre los grupos criminales inició en el Fraccionamiento Tabasco 2000, en la zona Campestre donde él vive, pero descartó un ataque en su contra. Sin embargo, dijo que esta versión del atentado ocasionó los intentos de motines en los penales.
A más de 12 horas de lo ocurrido en Villahermosa, Tabasco, y otros municipios de la entidad, el gobernador Carlos Manuel Merino publicó un comunicado afirmando que la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad del Estado se mantiene en sesión permanente para dar seguimiento.
Detalló que los hechos del 22 de diciembre iniciaron alrededor de las 19:30 horas y que una vez que se tuvo conocimiento de los hechos hubo “una reacción inmediata, coordinada y eficaz para combatir con toda la fuerza del Estado las acciones dirigidas a transgredir el orden público”.
Según Merino, “los delincuentes, al observar la presencia de las autoridades de seguridad, se replegaron sin afectaciones a la sociedad civil” y que por “la rápida respuesta, se pudo restablecer la paz en el menor tiempo posible”.
Hernán Bermúdez explicó, sobre la quema de vehículos y actos vandálicos en Villahermosa, que ocurrieron por una disputa entre grupos locales que dicen ser de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, sin realmente pertenecer a ese grupo.
“Aquí en el estado existen bandas que obviamente forman parte e imitan a este tipo de actuación de las bandas organizadas, pero nosotros como autoridades no hemos detectado un cartel formal dentro del estado, bandas existen”.
Todo comenzó con una persecución entre dichos grupos en dos vehículos, los cuales ingresaron al Fraccionamiento Tabasco 2000 y detonaron armas de fuego.
Acerca de la quema de vehículos, la hipótesis de las autoridades es que los responsables identificaron que uno de sus integrantes no salió del lugar o no se reportaba, por lo que creyeron que se trató de una detención y comenzaron a incendiar autos.
“Sentimos que algún personaje aquí todavía no podía salir o se encontraba en alguna situación y se activan como sucedió hace unos meses, cuando hubo una retención de una persona que formaba parte, como cabeza de un grupo delincuencial, se activó lo mismo, quemaban vehículos, empezaron a hacer algún tipo de vandalismo, inclusive gasolineras, con la finalidad de que nosotros soltáramos a la persona”, dijo.
Los puntos en los que hubo quema de autos, además de las carreteras Villahermosa-Cárdenas, Villahermosa-Nacajuca y Villahermosa- Frontera, fueron en los municipios de Cárdenas, Teapa, Huimanguillo y Paraíso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó la jornada de violencia que se registró la noche del pasado viernes 22 de diciembre en Villahermosa, Tabasco; dijo que “no pasó a mayores” pero que por la cobertura mediática, la noticia llegó “hasta el Vaticano”.
En su conferencia matutina del 26 de diciembre, el presidente López Obrador se quejó de la cobertura mediática sobre los hechos del fin de semana pasado:
“Que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco, así, violencia. Lo de Villahermosa, se enteraron hasta en el Vaticano, fue la nota. Afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron todos y fíjense y ojalá así siga pasando este fin de año, como no nos reunimos revisamos lo de seguridad de 4 días y resulta que está abajo de la media en el caso de homicidios”, aseguró.
El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales y rezan en vigilia por Miguel Uribe Turbay.
Este senador de 39 años del partido Centro Democrático permanece grave en esa clínica tras ser baleado este sábado durante un acto político en Bogotá.
Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
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