Suprema Corte analiza caso de familia Ponce Ríos, desplazada por violencia en Chihuahua; “es una oportunidad histórica para acceso a la justicia”
Este miércoles 8 de mayo, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presenta ante la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de sentencia para proponer que se ampare a los integrantes de la familia Ponce Ríos que habitaban en Chihuahua y que tuvieron que abandonar su hogar debido a la situación de violencia.
Organizaciones civiles defensoras de derechos humanos subrayaron que se trata de “una oportunidad histórica” para que, por medio del más alto tribunal de justicia en el país, se reconozca el problema del desplazamiento interno forzado en el país, así como el acceso a la reparación integral para las víctimas y la justicia.
Los integrantes de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos que han acompañado el caso de la familia Ponce Ríos que dio pie a este proyecto de sentencia, destacaron que dicho recurso legal, de ser aprobado, estaría reconociendo las necesidades específicas de las personas desplazadas internas, y establecería criterios para una reparación del daño, además de que subrayaría la responsabilidad del Estado mexicano en revertir los efectos del desplazamiento en las vidas de al menos 380 mil personas que se estima están desplazadas por la violencia en México.
“La aprobación del amparo no solo beneficiaría a la familia Ponce Ríos, sino también enviaría un mensaje de esperanza a todas las Organizaciones civiles internas en México que luchan por sus derechos”, recalcó la CMDPDH.
La especialista en desplazamiento interno forzado, Ligia de Aquino, agregó que la SCJN tiene la oportunidad de promover justicia para los Ponce Ríos y contribuir para que otras personas desplazadas internas no tengan que enfrentar los mismos retos para acceder a sus derechos.
En una carta difundida a través de redes sociales el día de ayer, 7 de mayo, la familia Ponce hizo también un llamado urgente a los Ministros y Ministras de la Primera Sala de la SCJN para que voten a favor de esta resolución y así “contribuyan a la construcción de un país más justo y respetuoso de los derechos humanos”.
La historia de violencia de los Ponce Ríos inició en el año 2010 con el asesinato de Sigifredo Ponce y dos de sus sobrinos, los hermanos Gerardo y Jonathan. Desde entonces, cuatro generaciones han sido víctimas de persecución, amenazas y delitos perpetrados por grupos de la delincuencia organizada que han obligado a sus integrantes a huir para protegerse. La mayoría de los miembros de esta familia dejaron sus proyectos de vida en Chihuahua para establecerse en Jalisco, después de pasar un tiempo en Aguascalientes.
Este caso es similar al de miles de personas desplazadas internamente en nuestro país que dejan atrás sus proyectos de vida por los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado o de violaciones a los derechos humanos.
La doctora María Artemisa López, investigadora del departamento de Estudios de Administración Pública en El Colegio de la Frontera Norte, explicó que casos como el de los Ponce Ríos son el reflejo de una problemática que trae aparejada la violación de múltiples derechos humanos, empezando por el derecho a la vida y al libre tránsito.
“Cuando una situación particular se vuelve insostenible, orilla a que las personas dejen el lugar donde habitan, y a eso lo conocemos como desplazamiento interno forzado”, planteó.
Derivado de la serie de omisiones por parte de las autoridades de todos los niveles, en 2016 la familia presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se denunciaba la situación de desplazamiento interno, así como la incapacidad del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, para atender y reparar los daños sufridos de manera integral.
Además, como resultado de las graves violaciones a los derechos humanos que padecieron, la familia Ponce recibió la acción urgente 1598/2023 emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas hacia el Gobierno Mexicano. También han denunciado su situación directamente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ni la intervención de la ONU y de la CIDH ni las acciones de las autoridades locales pudieron garantizarles una estancia tranquila ni la justicia.
Luego de huir de Chihuahua, Víctor Manuel Ponce fue desaparecido el 23 de mayo de 2023 en Huejúcar-Monte Escobedo, en el estado de Jalisco. El 14 de junio, Anais Ponce grabó un vídeo denunciando la desaparición de su padre y uno de sus trabajadores: “Les pido que este vídeo se haga viral, que llegue a las más altas autoridades, que llegue a todos los noticieros y sobre todo que llegue al jefe del jefe de la persona que tiene a mi papá. Por favor, regresen a mi papá y regresen a Luis Fernando”. Al día siguiente encontraron los cuerpos en Zacatecas.
Hasta la fecha, ningún integrante de la familia Ponce ha logrado obtener justicia por las violaciones graves a derechos humanos que han marcado su vida. La CMDPDH denunció públicamente la muerte de Víctor Ponce, atribuyendo responsabilidad al estado por su pasividad.
La CMDPDH también señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) falló en gestionar la protección del señor Víctor Ponce y se limitó a presentar una denuncia, situación que agravó el riesgo en el que se encontraba y que derivó en su desaparición y su muerte.
Por otro lado, esta organización defensora de derechos criticó que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), por medio de la Coordinación para Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos, actuó fuera de su reglamento obstaculizando la protección oportuna y adecuada de víctimas siendo “criminalmente negligente”.
La familia Ponce Ríos lleva más de dos décadas luchando por justicia y por la posibilidad de reconstruir sus vidas desde que la violencia los obligó a desplazarse forzadamente de su lugar de origen para sobrevivir. Por esto, la sesión de este 8 de mayo donde se abordará el proyecto de resolución del Amparo en Revisión 795/2023, elaborado por el Ministro Pardo Rebolledo, es una oportunidad histórica para promover el acceso a la reparación integral para las víctimas del desplazamiento interno forzado y su acceso a la justicia en México.
Relacionado
El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales y rezan en vigilia por Miguel Uribe Turbay.
Este senador de 39 años del partido Centro Democrático permanece grave en esa clínica tras ser baleado este sábado durante un acto político en Bogotá.
Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
La polémica reforma laboral
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
“Retórica violenta”
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Un pasado traumatizante
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Qué se sabe del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el precandidato a la presidencia de Colombia que recibió varios impactos de bala
- Quién es Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial del partido de Álvaro Uribe en Colombia que fue baleado en un mitin en Bogotá
- Disparan en un mitin político al precandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe, quien permanece en cuidados intensivos
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
