Suprema Corte analiza caso de familia Ponce Ríos, desplazada por violencia en Chihuahua; “es una oportunidad histórica para acceso a la justicia”
Este miércoles 8 de mayo, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presenta ante la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de sentencia para proponer que se ampare a los integrantes de la familia Ponce Ríos que habitaban en Chihuahua y que tuvieron que abandonar su hogar debido a la situación de violencia.
Organizaciones civiles defensoras de derechos humanos subrayaron que se trata de “una oportunidad histórica” para que, por medio del más alto tribunal de justicia en el país, se reconozca el problema del desplazamiento interno forzado en el país, así como el acceso a la reparación integral para las víctimas y la justicia.
Los integrantes de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos que han acompañado el caso de la familia Ponce Ríos que dio pie a este proyecto de sentencia, destacaron que dicho recurso legal, de ser aprobado, estaría reconociendo las necesidades específicas de las personas desplazadas internas, y establecería criterios para una reparación del daño, además de que subrayaría la responsabilidad del Estado mexicano en revertir los efectos del desplazamiento en las vidas de al menos 380 mil personas que se estima están desplazadas por la violencia en México.
“La aprobación del amparo no solo beneficiaría a la familia Ponce Ríos, sino también enviaría un mensaje de esperanza a todas las Organizaciones civiles internas en México que luchan por sus derechos”, recalcó la CMDPDH.
La especialista en desplazamiento interno forzado, Ligia de Aquino, agregó que la SCJN tiene la oportunidad de promover justicia para los Ponce Ríos y contribuir para que otras personas desplazadas internas no tengan que enfrentar los mismos retos para acceder a sus derechos.
En una carta difundida a través de redes sociales el día de ayer, 7 de mayo, la familia Ponce hizo también un llamado urgente a los Ministros y Ministras de la Primera Sala de la SCJN para que voten a favor de esta resolución y así “contribuyan a la construcción de un país más justo y respetuoso de los derechos humanos”.
La historia de violencia de los Ponce Ríos inició en el año 2010 con el asesinato de Sigifredo Ponce y dos de sus sobrinos, los hermanos Gerardo y Jonathan. Desde entonces, cuatro generaciones han sido víctimas de persecución, amenazas y delitos perpetrados por grupos de la delincuencia organizada que han obligado a sus integrantes a huir para protegerse. La mayoría de los miembros de esta familia dejaron sus proyectos de vida en Chihuahua para establecerse en Jalisco, después de pasar un tiempo en Aguascalientes.
Este caso es similar al de miles de personas desplazadas internamente en nuestro país que dejan atrás sus proyectos de vida por los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado o de violaciones a los derechos humanos.
La doctora María Artemisa López, investigadora del departamento de Estudios de Administración Pública en El Colegio de la Frontera Norte, explicó que casos como el de los Ponce Ríos son el reflejo de una problemática que trae aparejada la violación de múltiples derechos humanos, empezando por el derecho a la vida y al libre tránsito.
“Cuando una situación particular se vuelve insostenible, orilla a que las personas dejen el lugar donde habitan, y a eso lo conocemos como desplazamiento interno forzado”, planteó.
Derivado de la serie de omisiones por parte de las autoridades de todos los niveles, en 2016 la familia presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se denunciaba la situación de desplazamiento interno, así como la incapacidad del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, para atender y reparar los daños sufridos de manera integral.
Además, como resultado de las graves violaciones a los derechos humanos que padecieron, la familia Ponce recibió la acción urgente 1598/2023 emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas hacia el Gobierno Mexicano. También han denunciado su situación directamente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ni la intervención de la ONU y de la CIDH ni las acciones de las autoridades locales pudieron garantizarles una estancia tranquila ni la justicia.
Luego de huir de Chihuahua, Víctor Manuel Ponce fue desaparecido el 23 de mayo de 2023 en Huejúcar-Monte Escobedo, en el estado de Jalisco. El 14 de junio, Anais Ponce grabó un vídeo denunciando la desaparición de su padre y uno de sus trabajadores: “Les pido que este vídeo se haga viral, que llegue a las más altas autoridades, que llegue a todos los noticieros y sobre todo que llegue al jefe del jefe de la persona que tiene a mi papá. Por favor, regresen a mi papá y regresen a Luis Fernando”. Al día siguiente encontraron los cuerpos en Zacatecas.
Hasta la fecha, ningún integrante de la familia Ponce ha logrado obtener justicia por las violaciones graves a derechos humanos que han marcado su vida. La CMDPDH denunció públicamente la muerte de Víctor Ponce, atribuyendo responsabilidad al estado por su pasividad.
La CMDPDH también señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) falló en gestionar la protección del señor Víctor Ponce y se limitó a presentar una denuncia, situación que agravó el riesgo en el que se encontraba y que derivó en su desaparición y su muerte.
Por otro lado, esta organización defensora de derechos criticó que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), por medio de la Coordinación para Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos, actuó fuera de su reglamento obstaculizando la protección oportuna y adecuada de víctimas siendo “criminalmente negligente”.
La familia Ponce Ríos lleva más de dos décadas luchando por justicia y por la posibilidad de reconstruir sus vidas desde que la violencia los obligó a desplazarse forzadamente de su lugar de origen para sobrevivir. Por esto, la sesión de este 8 de mayo donde se abordará el proyecto de resolución del Amparo en Revisión 795/2023, elaborado por el Ministro Pardo Rebolledo, es una oportunidad histórica para promover el acceso a la reparación integral para las víctimas del desplazamiento interno forzado y su acceso a la justicia en México.
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El número de adolescentes involucrados en el tráfico de drogas se ha cuadruplicado en ocho años, según datos del gobierno.
Advertencia: Este artículo contiene detalles explícitos de violencia.
Un grupo de niños vio el cuerpo de Adel camino a la escuela, justo cuando sus padres se dirigían a la comisaría para denunciar su desaparición.
Se reducía a una silueta grotesca y carbonizada, reclinada, con una rodilla en alto, como si estuviera tumbado, en una de las playas cercanas de Marsella.
Tenía 15 años cuando murió de una forma que aquí es habitual: un disparo en la cabeza, su delgado cuerpo rociado con gasolina y prendido fuego.
Alguien incluso filmó la escena en la playa, en la última de una escalofriante serie de asesinatos a tiros vinculados a la rápida evolución del narcotráfico en esta ciudad portuaria, cada vez más alimentado por las redes sociales y ahora marcado por actos de violencia aparentemente aleatorios y el creciente papel de los menores, a menudo obligados a participar en la venta de drogas.
Marsella, en estado de “psicosis”
“Ahora es un caos “, afirmó un pandillero escuálido, levantándose la camisa en un parque cercano para mostrarnos un torso marcado por las cicatrices de al menos cuatro balazos como resultado de un intento de asesinato por parte de una banda rival.
El Ministerio de Justicia francés estima que el número de adolescentes involucrados en tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos ocho años.
“He estado en una pandilla desde los 15 años. Pero todo ha cambiado ahora. Los códigos, las reglas… ya no hay reglas. Nadie respeta nada hoy en día. Los jefes empiezan… a usar a los jóvenes. Les pagan miserias. Y terminan matando a otros sin ningún motivo aparente. Reina la anarquía en toda la ciudad”, aseguró el hombre, ahora de veintipocos años, quien nos pidió que usáramos su apodo, El Inmortal.
Policías, abogados, políticos y organizadores comunitarios en Marsella hablan de una psicosis -un estado de trauma o pánico colectivo- que se apodera de partes de la ciudad, mientras debaten si contraatacar con una acción policial cada vez más contundente o con nuevos intentos para abordar la arraigada pobreza.
“Hay un ambiente de miedo. Es evidente que los narcotraficantes dominan y ganan terreno cada día”, declaró una abogada local, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ella o su familia.
“El Estado de derecho está ahora subordinado a las bandas. Hasta que no tengamos un Estado fuerte de nuevo, debemos tomar precauciones”, puntualizó, sobre su reciente decisión de dejar de representar a las víctimas de la violencia de las bandas.
“Ya no hay reglas”
Durante el verano, varias ciudades francesas impusieron toques de queda nocturnos a los adolescentes tras una oleada de violencia relacionada con el narcotráfico.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo conversaciones el jueves para intentar responder a la crisis.
“Hay tanta competencia en el narcotráfico que la gente está dispuesta a todo”, aseveró el organizador comunitario Mohamed Benmeddour.
Y agregó: “Tenemos chicos de 13 o 14 años que vienen como vigías o traficantes. Los jóvenes ven cadáveres, oyen hablar de ellos, todos los días. Y ya no tienen miedo de matar ni de que los maten”.
El detonante de la actual psicosis en Marsella fue el asesinato, el mes pasado, de Mehdi Kessaci, un policía en prácticas de 20 años sin vínculos con el narcotráfico.
Se cree que su muerte pretendía ser una advertencia para su hermano, un destacado activista antipandillas de 22 años y aspirante a político llamado Amine Kessaci.
Bajo estrecha protección policial, Kessaci habló con la BBC sobre la muerte de Mehdi y la culpa que siente.
“¿Debería haber obligado a mi familia a irse de Marsella? La lucha de mi vida será esta lucha contra la culpa”, lamentó.
Amine Kessaci saltó a la fama en Francia en 2020 tras el asesinato de su hermano mayor, un pandillero llamado Brahim.
“Llevamos años con esta psicosis. Sabíamos que nuestras vidas pendían de un solo hilo. Pero todo cambió desde el covid-19. Los agresores son cada vez más jóvenes. Las víctimas son cada vez más jóvenes”, afirmó.
“Mi hermano pequeño fue una víctima inocente. Hubo una época en que los verdaderos matones tenían un código moral. No se mata de día. No delante de todos. No se queman cadáveres. Primero se amenaza con un tiro en la pierna. Hoy en día, todas estas reglas han desaparecido”.
La acción policial
Ante los actuales niveles de violencia sin precedentes, la policía francesa está respondiendo con lo que denominan “bombardeos” de seguridad en zonas de alta criminalidad de Marsella.
Aunque una banda, la DZ Mafia, parece dominar el negocio, opera una especie de sistema de franquicias con una red fragmentada de pequeños distribuidores, a menudo compuestos por adolescentes e inmigrantes indocumentados, que se enfrentan violentamente por territorio.
Según una estimación, hasta 20.000 personas podrían estar involucradas en el negocio de la droga en la ciudad.
El año pasado, las autoridades confiscaron a las bandas 42 millones de euros (unos US$49 millones) en bienes de origen delictivo.
Videos compartidos en redes sociales muestran habitualmente a miembros de las pandillas armados con rifles automáticos disparándose entre sí en las diversas cités de Marsella: barrios pobres caracterizados por edificios de gran altura y una gran concentración de viviendas sociales.
En una fría tarde de la semana pasada acompañamos a un grupo de policías antidisturbios armados en una de sus misiones habituales de “bombardeo”.
Los agentes se dirigieron a toda velocidad a un bloque de pisos en ruinas en sus furgonetas, mientras un joven pandillero que vigilaba la entrada huía a pie. Divididos en dos grupos, los policías corrieron por ambos lados del edificio intentando atrapar a los traficantes en las escaleras.
“El objetivo es desmantelar los puntos de venta de droga. Hemos clausurado más de 40… y hemos encerrado a mucha gente”, explicó Sébastien Lautard, jefe de la policía regional.
“Denle la vuelta”, ordenó un agente bruscamente, mientras su equipo acorralaba a un joven de 18 años contra una puerta.
En un sucio sótano cercano, la policía encontró docenas de viales y pequeñas bolsas de plástico utilizadas para distribuir cocaína.
Más tarde, un policía explicó que el joven detenido pedía ser arrestado, alegando que había llegado a Marsella desde otra ciudad y que ahora estaba retenido contra su voluntad y obligado a trabajar para una banda de narcotraficantes.
Los agentes se lo llevaron en una furgoneta.
Reclutamiento infantil
“Esto no es El Dorado. Tenemos muchos jóvenes reclutados en redes sociales. Vienen a Marsella pensando que ganarán dinero fácil. Les prometen 200 euros (US$233) al día. Pero a menudo terminan en miseria, violencia y, a veces, la muerte”, declaró el fiscal jefe de la ciudad, Nicolas Bessone.
En su oficina, cerca del antiguo puerto de la ciudad, Bessone describió una industria que alcanza un estimado de 7.000 millones de euros a nivel nacional (unos US$8.200 millones) y se caracteriza por dos novedades: un creciente énfasis en el reclutamiento, la venta y la entrega a domicilio en línea; y un número cada vez mayor de adolescentes obligados a participar en el negocio.
“Ahora vemos cómo los traficantes esclavizan a estos pequeños soldados. Crean deudas ficticias para que trabajen gratis. Los torturan si roban 20 euros para comprar un sándwich. Es ultraviolencia. La edad promedio de los agresores y las víctimas es cada vez menor”, afirmó Bessone.
Instó a la población local a no sucumbir a la psicosis, sino a “reaccionar, a rebelarse”.
La abogada, que nos pidió que ocultáramos su identidad, describió un caso que ella había llevado.
“Un joven, que se negaba rotundamente a formar parte de una red, fue recogido después de la escuela, obligado a participar en el tráfico de drogas, violado, amenazado y su familia también fue amenazada. Se utilizan todos los medios para crear una fuerza laboral”, declaró.
En TikTok decenas de vídeos con música anuncian la venta de drogas en las cités de Marsella “de 10:00 a medianoche”, cada producto con su propio emoji: cocaína, hachís y marihuana.
Otros anuncios buscan reclutar nuevos miembros de bandas con mensajes como “se busca trabajador”, “250€ para vigilantes”, “500€ para transportar drogas”.
¿Soluciones?
Para algunos políticos locales, la solución a los problemas de Marsella es el estado de emergencia y normas de inmigración mucho más estrictas.
“Hay que restaurar la autoridad. Necesitamos acabar con la cultura de la permisividad en nuestro país. Necesitamos dar más libertad y más poder a la policía y al poder judicial”, sentencia Franck Alissio, diputado local del partido populista de extrema derecha Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) y posible candidato a la alcaldía.
Aunque la antigua ciudad mediterránea de Marsella ha sido conocida durante siglos por su numerosa comunidad inmigrante, Alissio argumenta que “hoy en día, el problema es que ya no somos capaces de integrarnos económicamente ni asimilarnos. Hay demasiada inmigración. El problema es la cantidad (de inmigrantes). Y, de hecho, los narcotraficantes, los traficantes, los vigilantes, los líderes de estas mafias, son casi todos inmigrantes o extranjeros con doble nacionalidad”.
Es una afirmación controvertida y difícil de verificar en un país que se esfuerza por evitar incluir ese tipo de detalles en las cifras oficiales.
Alissio sostiene que los sucesivos gobiernos invirtieron miles de millones de euros en los barrios más pobres de Marsella sin ningún resultado. Culpa a los padres y a las escuelas por permitir que los niños se involucren en el narcotráfico, pero añade que su objetivo era “resolver el problema, no hacer sociología”.
Los partidos de extrema derecha han gozado durante mucho tiempo de un fuerte apoyo en el sur de Francia, pero no tanto en la diversa ciudad de Marsella. Críticos de RN, como la abogada cuya identidad hemos ocultado, acusaron al partido de “explotar la miseria y el miedo” y de culpar erróneamente a los inmigrantes de una “gangrena” generalizada en todas las comunidades de Francia.
Philippe Pujol, escritor local y experto en el narcotráfico en Marsella, también recibió protección policial tras el asesinato de Mehdi Kessaci el mes pasado.
“No estoy seguro de que haya una buena razón para este terror. Pero… el terror se está extendiendo. Prefiero tener miedo y ser precavido que correr riesgos innecesarios”, declaró.
Pero refutó las peticiones de una acción policial más contundente, argumentando que solo aliviaba los síntomas de una sociedad en crisis, en lugar de abordar las causas del problema.
Al describir la pobreza arraigada como un “monstruo”, Pujol pintó una imagen de una sociedad radicalizada por décadas de abandono.
“El monstruo es una mezcla de clientelismo, corrupción y decisiones políticas y económicas tomadas en contra del interés público”, opinó Pujol.
“Estos chicos pueden ser unos imbéciles cuando están en grupo, pero cuando estás a solas con ellos, siguen siendo niños, con sueños, que no quieren esta violencia”, aseguró.
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