Este miércoles 8 de mayo, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presenta ante la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de sentencia para proponer que se ampare a los integrantes de la familia Ponce Ríos que habitaban en Chihuahua y que tuvieron que abandonar su hogar debido a la situación de violencia.

Organizaciones civiles defensoras de derechos humanos subrayaron que se trata de “una oportunidad histórica” para que, por medio del más alto tribunal de justicia en el país, se reconozca el problema del desplazamiento interno forzado en el país, así como el acceso a la reparación integral para las víctimas y la justicia.

Los integrantes de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos que han acompañado el caso de la familia Ponce Ríos que dio pie a este proyecto de sentencia, destacaron que dicho recurso legal, de ser aprobado, estaría reconociendo las necesidades específicas de las personas desplazadas internas, y establecería criterios para una reparación del daño, además de que subrayaría la responsabilidad del Estado mexicano en revertir los efectos del desplazamiento en las vidas de al menos 380 mil personas que se estima están desplazadas por la violencia en México.

En una carta difundida a través de redes sociales el día de ayer, 7 de mayo, la familia Ponce hizo también un llamado urgente a los Ministros y Ministras de la Primera Sala de la SCJN para que voten a favor de esta resolución y así “contribuyan a la construcción de un país más justo y respetuoso de los derechos humanos”.

La historia de violencia de los Ponce Ríos inició en el año 2010 con el asesinato de Sigifredo Ponce y dos de sus sobrinos, los hermanos Gerardo y Jonathan. Desde entonces, cuatro generaciones han sido víctimas de persecución, amenazas y delitos perpetrados por grupos de la delincuencia organizada que han obligado a sus integrantes a huir para protegerse. La mayoría de los miembros de esta familia dejaron sus proyectos de vida en Chihuahua para establecerse en Jalisco, después de pasar un tiempo en Aguascalientes.

La doctora María Artemisa López, investigadora del departamento de Estudios de Administración Pública en El Colegio de la Frontera Norte, explicó que casos como el de los Ponce Ríos son el reflejo de una problemática que trae aparejada la violación de múltiples derechos humanos, empezando por el derecho a la vida y al libre tránsito.

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Derivado de la serie de omisiones por parte de las autoridades de todos los niveles, en 2016 la familia presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se denunciaba la situación de desplazamiento interno, así como la incapacidad del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, para atender y reparar los daños sufridos de manera integral.

Además, como resultado de las graves violaciones a los derechos humanos que padecieron, la familia Ponce recibió la acción urgente 1598/2023 emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas hacia el Gobierno Mexicano. También han denunciado su situación directamente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ni la intervención de la ONU y de la CIDH ni las acciones de las autoridades locales pudieron garantizarles una estancia tranquila ni la justicia.

Luego de huir de Chihuahua, Víctor Manuel Ponce fue desaparecido el 23 de mayo de 2023 en Huejúcar-Monte Escobedo, en el estado de Jalisco. El 14 de junio, Anais Ponce grabó un vídeo denunciando la desaparición de su padre y uno de sus trabajadores: “Les pido que este vídeo se haga viral, que llegue a las más altas autoridades, que llegue a todos los noticieros y sobre todo que llegue al jefe del jefe de la persona que tiene a mi papá. Por favor, regresen a mi papá y regresen a Luis Fernando”. Al día siguiente encontraron los cuerpos en Zacatecas.

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Hasta la fecha, ningún integrante de la familia Ponce ha logrado obtener justicia por las violaciones graves a derechos humanos que han marcado su vida. La CMDPDH denunció públicamente la muerte de Víctor Ponce, atribuyendo responsabilidad al estado por su pasividad.

La CMDPDH también señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) falló en gestionar la protección del señor Víctor Ponce y se limitó a presentar una denuncia, situación que agravó el riesgo en el que se encontraba y que derivó en su desaparición y su muerte.

Por otro lado, esta organización defensora de derechos criticó que la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), por medio de la Coordinación para Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos, actuó fuera de su reglamento obstaculizando la protección oportuna y adecuada de víctimas siendo “criminalmente negligente”.

La familia Ponce Ríos lleva más de dos décadas luchando por justicia y por la posibilidad de reconstruir sus vidas desde que la violencia los obligó a desplazarse forzadamente de su lugar de origen para sobrevivir. Por esto, la sesión de este 8 de mayo donde se abordará el proyecto de resolución del Amparo en Revisión 795/2023, elaborado por el Ministro Pardo Rebolledo, es una oportunidad histórica para promover el acceso a la reparación integral para las víctimas del desplazamiento interno forzado y su acceso a la justicia en México.