
El subsidio de verano es un apoyo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorga cada año a habitantes de varios estados de México en los que se consume mucha energía debido a las altas temperaturas por la temporada de calor.
También conocido como tarifa de verano, el subsidio de la CFE solo se destina al uso doméstico, es decir, para cargas que no se consideran de alto consumo.
Para este apoyo no es necesario realizar trámites adicionales, pues el descuento se refleja en el recibo de la luz de manera automática siempre y cuando el consumo no supere el mínimo establecido.

El descuento se divide en distintas tarifas específicas:
Tarifa 1A: Es el servicio doméstico para localidades que en verano tienen temperaturas media mínima de 25 grados centígrados.
Tarifa 1B: Es para lugares con temperaturas media mínima de 28 grados centígrados.
Tarifa 1C: Consiste en el servicio doméstico para sitios con temperatura media mínima de 30 grados centígrados.
Tarifa 1D: Servicio doméstico para localidades que alcancen una temperatura media mínima de 31 grados centígrados.
Tarifa 1E: Servicio doméstico para lugares con temperaturas en verano de 32 grados centígrados.
Tarifa 1F: Servicio doméstico para localidades que alcancen una temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados.
De acuerdo con reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se considera que una localidad alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante un periodo de dos meses seguidos o más.
El pasado 22 de febrero se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde se indicó que se otorgó un subsidio a los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
En el documento se indicó que la región noroeste del país, donde se localizan estas entidades federativas, se caracteriza por ser una región desértica, costera y donde se presentan temperaturas muy elevadas durante el verano.
“Que, por dichas circunstancias, en febrero de 2022, se realizó un ajuste tarifario en dicha región por ser de alto consumo de energía eléctrica en verano, lo que impactó de manera significativa la economía de los habitantes”, detalló el acuerdo.
Ante el descontento y protestas de la población, se introdujeron diferentes esquemas de apoyo o subsidios a las tarifas eléctricas otorgados por los gobiernos estatales con recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en ese momento que firmó el decreto para autorizar el subsidio a la tarifa de luz en esas entidades.
Este lunes 1 de abril entró en vigor el subsidio de energía eléctrica en el estado de Sonora.
A través de un comunicado publicado por el Estado, se informó que el gobernador Alfonso Durazo Montaño gestionó la extensión del subsidio desde octubre de 2023 y el pasado 22 de marzo se firmó un nuevo convenio, aumentando el periodo de seis a siete meses cada año.
Durazo Montaño señaló que en todos los municipios de Sonora se aplicará la tarifa 1f a partir del 1 de abril y hasta el 31 de octubre.
En septiembre de 2023, habitantes de distintos municipios de la entidad, especialmente Hermosillo, protestaron por los altos cobros de la luz durante el verano.
Los habitantes aseguraron en ese momento que los recibos de la CFE tenían tarifas entre 200 y 700% mayores a las previas.
Los manifestantes también pidieron que una ampliación a los subsidios de verano debido a las “impagables” cuentas y puntualizaron que tampoco podían quedarse sin servicio debido a las altas temperaturas que superan los 45 grados.

Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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